CE - 110010325000202000843001SENTENCIA20230710200800

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Demandada: Héctor Delfín Ávila Pineda

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista en el literal b). Reliquidación pensión de jubilación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm. 1, la cual accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por el señor Héctor Delfín Ávila Pineda.

ANTECEDENTES

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 d e 2003, contra la sentencia del 27 de agosto de 2015 ,

ANTECEDENTES

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 d e 2003, contra la sentencia del 27 de agosto de 2015 , proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm. 1, para lo cual invocó la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que e l señor Héctor Delfín Ávila Pineda , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante COLPENSIONES), con el fin de obtener la nulidad parcial de la Resolución N°GNR 096415 del 16 de mayo de 2013 y la nulidad total de la Resolución N°VPB 6779 del 8 de mayo de 2014, por medio de las cuales se reconoció la pensión de jubilación sin la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios y se resolvió de forma negativa el recurso de apelación contra el primer acto, respectivamente.2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

Que como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los

Que como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los factores devengados durante el último año de servicio , ii) r econocer y pagar las sumas debidas en forma indexada y los intereses moratorios, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA; y iv) cancelar las costas que resulten en el proceso.

Que el 27 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm. 1, en audiencia inicial, profirió sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones; decisión que quedó ejecutoriada al no haber sido objeto de recursos.

El 9 de febrero de 2016, COLPENSIONES procedió a emitir la Resolución N°GNR 42908, por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez a favor del señor Héctor Delfín Ávila Pineda y se dio cumplimiento a la orden judicial mencionada, arrojando una mesada pensional equivalente a la suma de $2.500.271 a partir 24 de mayo de 2013, con un retroactivo pensional por valor de $ 55.394.830.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN En la sentencia del 27 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm. 1, accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Héctor Delfín Ávila Pineda . En consecuencia, expresó que el demandante se encuentra cobijado por el régimen de transición que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,

Delfín Ávila Pineda . En consecuencia, expresó que el demandante se encuentra cobijado por el régimen de transición que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la ley) contaba con 18 años de servicio. En este sentido, en lo concerniente a la pensión de cara con las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985 y, en aplicación del criterio desarrollado por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010 , indicó que le resulta aplicable la Ley 33 de 1985 de forma integral e inescindible, es decir, las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto que aquella prevé, con inclusión de todas aquellas sumas devengadas por el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación directa de sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé.

Que, los viáticos fueron incluido en la medida que el actor los devengó por un total de 265 días, es decir, por un tiempo superior al mínimo establecido por el literal i del artículo 45 del Decreto N°1045 de 1978, lo cual le da el carácter de salario; ordenando los respectivos descuentos al Sistema de Seguridad Social, en caso de no haberse efectuado. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentó acción de revisión al considerar3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

que la sentencia está incursa en la causal b) del artículo 20 de la citada legislación.

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

que la sentencia está incursa en la causal b) del artículo 20 de la citada legislación.

Indicó que la decisión objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y que la Resolución N°GNR 096415 del 16 de mayo de 2013, efectuó la liquidación de conformidad con la normatividad aplicable.

Que, e l señor Héctor Delfín Ávila Pineda al estar cobijado por el régimen de transición, dado que tenía más de 40 años de edad y 18 años de labor al momento de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, tenía derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que tiene que ver con el IBL, el cual se encuentra regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 , tal y como lo ha interpretado la Corte Constitucional, entre otras, en la s sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, que se constituía en precedente obligatorio y prevalente para los jueces.

Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema, porque la mesada pensional se incrementó en un 211%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual tal situación se traduce en un abuso palmario del derecho. Contestación de la acción especial de revisión

financiera del sistema, porque la mesada pensional se incrementó en un 211%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual tal situación se traduce en un abuso palmario del derecho. Contestación de la acción especial de revisión El señor Héctor Delfín Ávila Pineda, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al señalar que el fallo emitido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho atendió la Ley 33 de 1985, normativa que le era aplicable y a la sentencia del 4 de agosto de 2010, que contenía la tesis vigente del Consejo de Estado, la cual desarrolla en mayor medida los principios de progresividad, no regresividad y favorabilidad. Que, según lo previsto en el artículo 10 del CPACA la sentencia del 4 de agosto de 2010, emitida por el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para los jueces, de ahí que el Tribunal Administrativo de Boyacá haya acogido el criterio en ella desarrollado para resolver el caso puesto en su conocimiento. Adujo que, la acción de revisión no es un mecanismo para remediar las falencias u omisiones que tuvieron lugar ante los jueces de instancia, así como tampoco para controvertir la interpretación que estos efectuaron sobre las normas que rigen el sub examine. Que, al estar cobijado por el régimen de transición, dado que tenía más de 15 años de servicio al momento de la entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social, tiene derecho a que se reconozca su pensión de conformidad con los presupuestos contenidos en la Ley 33 de 1985, la cual debe aplicarse de forma4

de servicio al momento de la entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social, tiene derecho a que se reconozca su pensión de conformidad con los presupuestos contenidos en la Ley 33 de 1985, la cual debe aplicarse de forma4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

integral e inescindible. Así lo sostuvo no solo el Consejo de Estado, en el proveído referido en precedencia, sino también la Corte Constitucional a través de las providencias T-631 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-158 de 2006, T-251 de 2007, T-101 de 2008 y T-180 de 2008. Expresó que en el presente asunto se configuran las excepciones denominadas «improcedencia de la acción de revisión», «cosa juzgada» y «falta de agotamiento del recurso de apelación». Concepto del Ministerio Público La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó pronunciamiento alguno. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que la parte demandada en su intervención solicitó se declarará la improcedencia la acción especial de revisión, la Sala entrará, previa formulación del problema jurídico, a examinar esta cuestión.

Cuestión previa

La Subsección precisa que, si bien no se desconoce que ni para el recurso extraordinario de revisión ni para la acción especial de revisión el CPACA prevé la posibilidad de proponer excepciones previas, se estima pertinente abordar los argumentos relativos a la cosa juzgada y a la falta de interposición del recurso de

extraordinario de revisión ni para la acción especial de revisión el CPACA prevé la posibilidad de proponer excepciones previas, se estima pertinente abordar los argumentos relativos a la cosa juzgada y a la falta de interposición del recurso de apelación en contra de la decisión objeto de revisión, en la medida que hacen parte de los argumentos de defensa del pensionado.

En criterio del demandado la acción no procede porque la deci sión atacada se encuentra debidamente ejecutoriada y la entidad pensional no presentó recurso de apelación, dentro del cual pudo manifestar los razonamientos que hoy expone a través del mecanismo especial.

Respecto al fenómeno de la cosa juzgada, es preciso recordar que el fin de la acción especial de revisión es invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 1 y perseguir el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales, cua ndo éstas han sido lesionadas en una decisión judicial que fue afectada por situaciones que no pudieron ser contempladas en el curso procesal y, por ende, constituye una excepción al

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo de

2018. Radicación: 1001 -03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668 -2014. Recurrente: Horacio Chala.

Demandado.5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

principio de la cosa juzgada 2, entendido éste como fundamento esencial d el ordenamiento jurídico y garantía del debido proceso.

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

principio de la cosa juzgada 2, entendido éste como fundamento esencial d el ordenamiento jurídico y garantía del debido proceso. De ahí que, contrario a lo expuesto por el pensionado, el que la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm. 1, se encuentre ejecutoriada no impide que se efectúe un pronunciamiento de fondo, pues precisamente la acción de revisión esta instituida para examinar providencias de las que se predica la cosa juzgada.

En consecuencia, no le asiste razón al demandado c uando afirma que la decisión no puede ser objeto de revisión por haber operado la cosa juzgada.

Ahora, frente a la falta de interposición del recurso de apelación, encuentra la Sala que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que pueden ser objeto de revisión las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondo de similar naturaleza la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones, sin delimitar si ello se refiere solo a las sentencias de única, primera o segunda instancia, así como tampoco si para su interposición es necesario que se hayan agotado los recursos ordinarios contra la decisión objeto de revisión.

Por consiguiente, de una lectura armónica de la norma referida y el artículo 248 del CPACA, es razonable concluir que la acción especial de revisión: i) procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones del Consejo

Por consiguiente, de una lectura armónica de la norma referida y el artículo 248 del CPACA, es razonable concluir que la acción especial de revisión: i) procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos y, ii) no prevé como un requisito para su procedencia que se hayan interpuesto los recursos ordinarios en contra de la decisión que se pretende revisar.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C -520 de 2009 3, al estudiar la constitucionalidad del artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, que si bien no es la norma que en materia sustancial rige el presente caso, lo cierto es que, el análisis efectuado con respecto a ella es aplicable al artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, en c uanto ambas disposiciones guardan identidad, aseveró que no resulta compatible «con el derecho a la igualdad y al acceso a la justicia, que se exija la interposición de un recurso de apelación como condición procesal para acceder al recurso extraordinario de revisión. Dada la naturaleza de las causales del recurso extraordinario, la mayoría referidas a hechos no conocidos al momento en que se dicta la sentencia, no resulta jurídicamente viable sujetar el ejercicio de recursos extraordinarios al uso de los de naturaleza ordinaria».

2 La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad jurídica. En términos

sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico de «[…] carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia […]». Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A, treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-25-000-2010-01147-01(1365-14). 3 Sentencia del 4 de agosto de 2009.6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

Así las cosas, teniendo en cuenta que tal exigencia no se encuentra prevista en las Leyes 797 de 2003 y 1437 de 2011, para la revisión de providencias que imponen el pago de prestaciones periódicas a cargo del erario o de entidades de naturaleza pública no es posible para el juez incluirla so pena de entorpecer el acceso a la administración de justicia, vulnerar el derecho al debido proceso y desconocer la finalidad de este mecanismo extraordinario, que no es otra que busca r la verdad material y proteger el Tesoro público.

De conformidad con las anteriores razones, la Subsección advierte que el hecho de no interponer el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 27 de agosto

material y proteger el Tesoro público.

De conformidad con las anteriores razones, la Subsección advierte que el hecho de no interponer el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 27 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho núm. 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm. 1, no impide a la parte interesada solicitar posteriormente la revisión de tal providencia. Por las razones expuestas, los argumentos propuestos por la parte demandada no son de recibo y, en consecuencia, se entrará a estudiar de fondo el asunto.

Problema jurídico

Deberá resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación de l señor Héctor Delfín Ávila Pineda, como beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de l 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, excedió lo debido conforme a lo previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario de revisión, ii) Causal de revisión invocada en la demanda; iii) aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y iv) se examinará el caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador

por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones4 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa

4 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

juzgada y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 5 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquel las establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

En lo que respecta a la procedibilidad de la acción la jurisprudencia ha advertido que son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación7.

Conviene señalar que la norma fue creada para contrarrestar los graves casos de corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos pensionales de manera irregular. La acción de revisión no fue creada para reabrir el debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar judicialmente las pensiones que se hayan sido reconocidas con violación al debido proceso y/o liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.

Así, el fin principal está en salvaguardar el equilibrio entre la prestación y s u legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira8.

legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira8.

Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (212912), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría - para promover la revisión, quienes eran terceros en el p roceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]” 6 Ibidem. 7 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual dispone:

« b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Para el análisis de la causal antes mencionada, corresponde al juez determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadran en dentro de contenido en ella dispuesto por el legislador, para dilucidar si la prestación reconocida fue irregularmente otorgada o contraria a lo previsto y ordenado en la ley.

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de la causal especial aludida.

Acerca de la segunda causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la mencionada ley, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto que direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»9. De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de l a República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de

Nacional y se estudió por parte del Congreso de l a República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem estaba dirigido a reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.

9 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=72229

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».

presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».

Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C -258 de 2013, SU -230 de 2015 y SU -247 de 2016, entre otras, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de un lado, el Consejo de Estado venía sosteni endo que el IBL lo constituían los factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte Constitucional indicó que aquel estaba constituido po r los factores salariales devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia

devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia frente a la interpretació