CE - 110010325000202000975001SENTENCIA20230718141510

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Judith Cardona de Hernández Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Pensión gracia. __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar del 9 de diciembre de 2019, a través de la cual revocó la providencia emitida por el Juzgado Doce Administrativo de Cartagena el 30 de junio de 2017, que había negado las pretensiones de la demanda, y en su lugar, accedió a ellas.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderad a judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar del 9 de diciembre de 2019, a través de la cual revocó la providencia emitida por el Juzgado Doce Administrativo de Cartagena el 30 de junio de 2017, que había negado las pretensiones de la demanda, y en su lugar, accedió a ellas, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13 001 33 33 012 2015 005482

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020)

Demandante: UGPP

01.

Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que a la señora Judith Cardona de Hernández no le asiste el derecho al reconocimiento de una pensión gracia, pues le fueron computados tiempos laborados de carácter nacional comprendidos desde el 7 de julio de 1994 hasta el 23 de enero de 2014; ii) ordenar a la demandada reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la sentencia objeto de revisión; y iii) condenar a la señora Cardona de Hernández a pagar los intereses moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, l a apoderada de la entidad recurrente señaló los

Hernández a pagar los intereses moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, l a apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 18 de noviembre de 1948, nació la señora Judith Cardona de Hernández.

1. La señora Judith Cardona de Hernández prestó sus servicios en los siguientes

períodos y entidades:

• Desde el 26 de enero de 1968 hasta el 15 de julio de 1979, en la Secretaría de Educación del departamento de Bolívar, como docente nacionalizada, por virtud del nombramiento realizado mediante el Decreto 34 de 1968.

• Desde el 7 de julio de 19 94 hasta el 23 de enero de 2014, en la Secretaría de Educación de Cartagena, nombrada por virtud del Decreto 556 de 1994, «con vinculación NACIONALCertificación de fecha 8 de mayo de 2014».

1. El 18 de enero de 2005, a través de la Resolución 01705, se negó a la señora Cardona de Hernández el reconocimiento de una pensión gracia, con fundamento en que no acreditó 20 años de servicio como docente del orden municipal, departamental o distrital. Aquel acto fue confirmado por la Resolución 0001185 del 9 de marzo de 2005.3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020) Demandante: UGPP iv) El 30 de junio de 2019, el Juzgado Doce Administrativo de Cartagena, mediante sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda .1 Aquella

Demandante: UGPP iv) El 30 de junio de 2019, el Juzgado Doce Administrativo de Cartagena, mediante sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda .1 Aquella decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 30 de abril de

2019.2

1. Como consecuencia de lo anterior, la señora Cardona de Hernández interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar por la providen cia emitida el 30 de abril de 2019, la cual fue resuelta de forma negativa por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el 24 de julio de 2019.

1. El 25 de octubre de 2019, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, revocó la sentencia emitida en primera instancia por la Sección Tercera, Subsección B de esa corporación , y en su lugar, dejó sin efectos la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 30 de abril de 2019, y le ordenó expedir una nueva decisión, en los siguientes términos:3

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 24 de junio de 2019, por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de

esta decisión. En su lugar:

AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora Judith Cardona de Hernández y, como consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 30 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente

sentencia de 30 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se sirva proferir una nueva decisión en la que aplique las reglas fijadas en la sentencia de unificación dictada el 21 de junio de 2018 por la Sección Segunda del Consejo de Estado (3805-2014). (Resaltado original del texto)

1. El 9 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia de segunda instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Judith Cardona de Hernández contra la UGPP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:4

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia apelada, por lo considerado en esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1 Expediente digital del proceso ordinario visible a índices 19 y 20 de la plataforma SAMAI. 2 Expediente digital del proceso ordinario visible a índices 19 y 20 de la plataforma SAMAI. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Terc era, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2019, radicado 11001031500020190286701. 4 Expediente digital del proceso ordinario visible a índices 19 y 20 de la plataforma SAMAI.4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020)

Demandante: UGPP

• Resolución, No. RDP 039401 del 30 de diciembre de 2014,5 por la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión gracia

Demandante: UGPP

• Resolución, No. RDP 039401 del 30 de diciembre de 2014,5 por la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión gracia - Resolución No. RDP 010264 del 17 de marzo de 2015, por la cual se resuelve el recurso de apelación en contra de la resolución RDP 039401 del 30 de diciembre de 2014.6

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL "UGPP", reconocer y pagar la pensión gra cia a la señora JUDITH CARDONA DE HERNÁNDEZ, a partir del 7 de julio de 2005 y de conformidad con lo señalado en la parte considerativa.

CUARTO: DECLÁRANSE prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 29 de agosto de 2011, por las razones expuesta s en la parte motiva de esta sentencia. […]

(Resaltado, cursiva y comillas originales del texto)

1. El 1 9 de diciembre de 201 9, quedó ejecutori ada la sentencia emitida por el

Tribunal Administrativo de Bolívar.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Bolívar, el 9 de diciembre de 201 9, revocó la providencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Cartagena, el 30 de junio de 2017, que había negado las pretensiones de la demanda presentada por la señora Judith Cardona de Hernández contra la UGPP, y en su lugar, accedió a ellas,

junio de 2017, que había negado las pretensiones de la demanda presentada por la señora Judith Cardona de Hernández contra la UGPP, y en su lugar, accedió a ellas, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:7

1. En cuanto a la prueba del tiempo de servicio y de la forma de vinculación, es preciso señalar que la valoración no se centra en la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino en el contenido de los datos puntuales que ofrezca el tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que se prestará el servicio, su naturaleza y los extremos temporales; con el fin de

5 La Sala advierte que por medio de la Resolución RDP 039401 del 30 de diciembre de 2014, la UGPP negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a la demandada. Expediente digital del proceso ordinario visible a índices 19 y 20 de la plataforma SAMAI. 6 Esta Subsección observa que a través de la Resolución RDP 010264 del 17 de marzo de 2015, la UGPP resolvió un recurso de apelación contra la Resolución RDP 039401 de 2014, en el sentido de confirmar su contenido . Expediente digital del proceso ordinario v isible a índices 19 y 20 de la plataforma SAMAI. 7 Expediente digital del proceso ordinario visible a índices 19 y 20 de la plataforma SAMAI.5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020) Demandante: UGPP esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de

1913.

1. En la sentencia de unificación del 21 de junio del 2018,8 el Consejo de Estado fijó

Demandante: UGPP esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de

1913.

1. En la sentencia de unificación del 21 de junio del 2018,8 el Consejo de Estado fijó entre otras reglas, aquella según la cual, para demostrar la calidad de docente territorial se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo y en los que se pueda establecer que la plaza a ocupar tiene la calidad de territorial o la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca del tipo de vinculación.

1. De conformidad con el acervo probatorio, la señora Judith Cardona de Hernández prestó sus servicios como docente, de la siguiente manera:9

• Certificación laboral expedida por la FIDUPREVISORA S.A. (fIs. 12-13 cuad. N°1), que señala que la señora Judith Cardona de Hernández, prestó sus servicios como docente de vinculación Nacionalizado desde el 26 de enero de 1968 hasta el 15 de julio de 1979.

• Obra en la foliatura certificación laboral expedida por la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena de Indias, la cual informa (fI. 17 cuad. N° 1) que la señora Judith Cardona de Hernández, prestó sus servicios como docente Nacional desde el 07 de julio de 1994, hasta al 23 de enero de 2014.

• Milita también el Decreto de nombramiento N°566 del 16 de junio de 1994 expedido por la Alcaldía de Cartagena, por medio de la cual, se nombra en propiedad a la demandante para desempeñar cargos de docentes de tiempo completo en las Escuelas y Colegios

la Alcaldía de Cartagena, por medio de la cual, se nombra en propiedad a la demandante para desempeñar cargos de docentes de tiempo completo en las Escuelas y Colegios del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. (fls.1 9-22)

• Acta de diligencia de posesión N°190, por medio del cual, la señora Judith Cardona de Hernández, toma posesión del cargo de Docente de tiempo completo, nombrada mediante Decreto N 566 del 16 de junio de 1990 (fl.23) En el sub judice, el tiempo de servicios como docente de vinculación NACIONALIZADO comprendido entre el 26 de enero de 1968 y el 15 de julio de 1979 equivalente a 11 años, 5 meses y 19 días, se tiene como válido para optar por la pensión. (Resaltado y subrayado original del texto)

Además, sería del caso colegir que el lapso laborado entre el 07 de julio de 1994 y el 23 de enero de 2014, equivalente a 19 años, 6 meses y 16 días, debe desestimarse por acreditarse en el plenario que dicho periodo obedece a una vinculación como docente de orden nacional, tal y como se encuentra plasmado en el formato de certificado de historia laboral e xpedido por la Secretaria de Educación Distrit o de Cartagena (fI. 17); sin embargo, dado el alcance que debe dársele a dicha certificación, según lo ordena el Honorable Consejo de Estado en la sentencia de tutela que dio pábulo a este fallo de reemplazo, h a de entenderse que, en armonía con lo expuesto en el

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de

este fallo de reemplazo, h a de entenderse que, en armonía con lo expuesto en el

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 9 Expediente digital del proceso ordinario visible a índices 19 y 20 de la plataforma SAMAI .6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020) Demandante: UGPP Decreto No. 566 del 16 de julio de 1994, por medio del cual se le nombró a la actora como docente en propiedad para el Distrito de Cartagena (fI. 19) y con las reglas expuestas en el fallo de unificación citado ut supra, tal vinculación es del carácter territorial. (Resaltado fuera del texto)

1. En cuanto al requisito de la edad, está demostrado que la docente nació el 18 de noviembre de 1948 y que al momento de solicitar el reconocimiento de una pensión gracia el 29 de agosto de 2014, tenía más de 50 años de edad.

1. En consecuencia, la actora acreditó 20 años de servicio en la docencia oficial, «ya sea de carácter Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado para acceder al reconocimiento de una pensión gracia de jubilación».

1. Por lo expuesto, se impone revocar la sentencia apelada en cuanto negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder a ellas. En ese sentido, se declara la nulidad de las Resoluciones RDP 039401 del 30 de diciembre del 2014 y

pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder a ellas. En ese sentido, se declara la nulidad de las Resoluciones RDP 039401 del 30 de diciembre del 2014 y RDP 010264 del 17 marzo del 2015.

A título de restabl ecimiento del derecho, se ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar una pensión gracia a favor de la actora, a partir del 7 de julio de 2005, con efectos fiscales desde el 29 de agosto de 2011, por prescripción trienal. La liqu idación de la prestación se hizo en el equivalente al 75 % de todo lo devengado en el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus de pensionada, esto es, el 7 de julio de 2005.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de la Ley 114 de 1913, pues desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 121, 123 inciso 3.° y 124 de la Constitución Política, en la medida en que pasó por alto que la demandada laboró desde el 7 de julio de 1994 hasta el 23 de enero de 2014, en calidad de docente nacional y que los recursos que «pagaban los salarios eran de la NACIÓN».7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020)

nacional y que los recursos que «pagaban los salarios eran de la NACIÓN».7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020)

Demandante: UGPP

1. La cuantía del derecho reconocido exc ede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido al reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora Judith Cardona de Hernández sin cumplir con los requisitos para ello, específicamente, los 20 años de servicio como docente del orden departamental, municipal o nacionalizado. En efecto, desde el 7 de julio de 1994 hasta el 23 de enero de 2014, se vinculó como docente nacional, como correctamente, lo sostuvo el Juzgado Doce Administrativo de Cartagena, en la sentencia de primera instancia emitida el 30 de junio de 2017 y, en un segundo momento, el Tribunal Administrativo de Bolívar en la providencia del 30 de abril de 2019, que posteriormente el Consejo de Estado dejó sin efectos, en el marco de l a acción de tutela con radicado

11001031500020190286701.

Así, las decisiones previas a la sentencia que hoy se revisa eran acertadas , comoquiera que al valorar la certificación de la historia laboral expedida por la Secretaría de Educación de Cartagena, concluyeron que entre los años 1994 y 2014, la vinculación como docente de la señora Cardona de Hernández fue nacional, razón por la cual aquellos años no podían ser considerados para efectos de completar los 20 años de servicio oficial que se exigían para otorgar la pensión de gracia. No obstante, el tribunal en la sentencia objeto de revisión acogió la interpretación dada a la certificación de la historia laboral de la demandada, por el

de completar los 20 años de servicio oficial que se exigían para otorgar la pensión de gracia. No obstante, el tribunal en la sentencia objeto de revisión acogió la interpretación dada a la certificación de la historia laboral de la demandada, por el Consejo de Estado en la sentencia del 25 de julio de 2019, dentro de la acción de tutela referida.

1. Debe recordarse que los fondos educativos regionales administraban la educación con los recursos de la Nación «por lo que el acto administrativo que nombra a la docente, correspondía en realidad a una vinculación de docente oficial de carácter NACIONAL». Conviene señalar que la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, emitida por el Consejo de Estado, considera como docente nacionalizado a los docentes cuyo nombramiento hubiere intervenido el delegado del Ministerio de Educación, sin importar, además, que la fuente de financiamiento sea nacional, en desconocimiento de la naturaleza de los recursos del situado fiscal.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020)

Demandante: UGPP

La señora Judith Cardona de Hernández, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:10

1. Está acreditado en el expediente que la demandada fungió como docente territorial en el período comprendido entre el 7 de julio de 1994 y el 23 de enero de 2014, porque, por un lado, el Decreto de nombramiento 566 del 16 de junio de 1994,

territorial en el período comprendido entre el 7 de julio de 1994 y el 23 de enero de 2014, porque, por un lado, el Decreto de nombramiento 566 del 16 de junio de 1994, fue suscrito por el alcalde de Cartagena, como representante del ente territorial, sin la intervención del Ministerio de Educación; y por el otro, el nombramiento fue realizado en la Escuela Rural Mixta Olaya Herrera, el cual no es del orden nacional sino territorial.

1. En el sub lite es aplicable la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, emitida por el Consejo de Estado , a través de la cual se señaló que para probar la calidad de docente territorial se requiere «copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.».11

1. La demandada siempre fue docente territorial, lo cual le permitió cumplir con los requisitos que la ley exige para obtener una pensión gracia, entre ellos, contar con 20 años de servicio.

1. Finalmente, teniendo en cuenta que las pretensiones de la acción especial de revisión no están llamadas a prosperar, se impone condenar en costas a la UGPP.

1.4. El ministerio público

10 Memorial allegado por correo electrónico visible a índice 21 de la plataforma SAMAI. 11 La demandada cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección

1.4. El ministerio público

10 Memorial allegado por correo electrónico visible a índice 21 de la plataforma SAMAI. 11 La demandada cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18, del 21 de junio de 2018, radicado 25000 -2342-000-2013-04683-01(3805-14).9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020) Demandante: UGPP El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó declarar infundada la acción especial de revisión, por las razones que se indican a continuación:12

1. Si bien en algunas certificaciones que obran en el expediente digital, la vinculación de la docente Judith Cardona de Hernández, entre el 7º de julio de 1994 y el 23 de enero de 2014, era de carácter nacional, lo cierto es que una lectura del Decreto 566 del 16 de junio de 1994, permite inferir que dichos nombramientos fueron realizados en plazas docentes creadas mediante Decreto Distrital 547 de 1994, es decir en cargos de carácter territorial.

1. Lo anterior, sin perjuicio del origen de los recursos con los cuales se sufragaron los pagos salariales a la docente, pues, como se adujo en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018.

1. En consecuencia, la sentencia censurada no fue proferida en contravía de la normativa aplicable al sub lite, pues una vez valoradas las pruebas aportadas se

del 21 de junio de 2018.

1. En consecuencia, la sentencia censurada no fue proferida en contravía de la normativa aplicable al sub lite, pues una vez valoradas las pruebas aportadas se logró establecer que la v inculación de la señora Judith Cardona de Hernández es de carácter territorial y que además acreditó el cumplimiento de los requisitos que exige la Ley 114 de 1913 para acceder a la pensión gracia . Por lo tanto, no se configuran las causales de revisión invocadas.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.13 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,

12 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI, visible a índice 23. 13 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020) Demandante: UGPP es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.14

Demandante: UGPP es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.14

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguri dad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».15

Finalmente, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lu gar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 13 de enero de 202016

dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 13 de enero de 202016 y la acción especial de revisión se interpuso el 23 de octubre de 2020,17 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, del 9

14 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 15 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, tambi én reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 16 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las partes el 16 de diciembre de 2019, índice 2 visible en la plataforma SAMAI, contentivo del expediente digital del proceso ordinario. De esa manera, aquella cobró ejecutoria el 13 del enero de 2020. 17 Índice 1 de la plataforma SAMAI.11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020) Demandante: UGPP de diciembre de 201 9, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho

contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLIC A. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y12

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00975-00 (2943-2020) Demandante: UGPP que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del

ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de