CE - 110010325000202001018001SENTENCIA20230629223428

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandados: Aquilino Sánchez Montaño

Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación – Ley 33 de 1985. __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Casanare, del 8 de agosto de 2019, a través de la cual revocó la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, el 8 de abril de 2019, que había negado las pretensiones de la demanda, y en su lugar, accedió parcialmente a ellas.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

de la demanda, y en su lugar, accedió parcialmente a ellas.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por co nducto de apoderad o judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de l Casanare, del 8 de agosto de 2019, a través de la cual revocó la providencia emitida por el Juzgado2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP Primero Administrativo de Yopal, el 8 de a bril de 2019 , que había negado las pretensiones de la demanda formulada por el señor Aquilino Sánchez Montaño contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 85 001 3333 001 2016 00316 01, para, en su lugar, acceder parcialmente a ellas.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Casanare, del 8 de agosto de 2019 ; ii) declarar que al señor Aquilino Sánchez Montaño no le asist e el derecho de reliquidac ión de su pensión de jubilación con la tasa de reemplazo del 85 % contenida en el artículo 34 de la Ley 100 de 199 3; iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del

de jubilación con la tasa de reemplazo del 85 % contenida en el artículo 34 de la Ley 100 de 199 3; iii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del demandado, en aplicación de la Ley 33 de 1985, en lo relacionado con la edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo del 75 % y de la Ley 100 de 1993 , en lo referente al IBL; iv) ordenar al demandado reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la reliquidación pensional ordenada en la sentencia objeto de revisión ; y v) condenar al señor Sánchez Montaño a pagar los intereses moratorios, en los términos del artículo 192 del CPACA, por concepto de la indebida reliquidación de su pensión de jubilación.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 30 de enero de 1944, nació el señor Aquilino Sánchez Montaño. Prestó sus servicios por un total de 30 años, 6 meses y 11 días, en los siguientes períodos y

entidades:

• Desde el 1 de agosto de 1972 hasta el 31 de diciembre de 1973, en el departamento de Cundinamarca. - Desde el 6 de mayo de 1974 al 5 de mayo de 1977, en la Beneficencia de Cundinamarca. - Desde el 12 de abril de 1977 al 15 de mayo de 1979, en el Ministerio de

Justicia.3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020)

Demandante: UGPP

• Desde el 12 de abril de 1977 al 15 de mayo de 1979, en el Ministerio de

Justicia.3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP - Desde el 1 de marzo de 1978 al 18 de marzo de 1979, en el Hospital Santa Clara. - Desde el 1 de enero de 1979 al 1 de marzo de 1993, en el Hospital departamental Hernando Moncaleano Perdomo. - Desde el 4 de julio de 1979 al 30 de agosto de 1992, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. - Desde el 1 de septiembre de 1992 al 30 de junio de 2003, en el Hospi tal de Yopal y el último cargo que ocupó fue el de médico especialista en patología.

Finalmente, desde el 4 de abril de 1995 al 30 de marzo de 2002, realizó cotizaciones en el Instituto de Seguro Social.

1. El 30 de enero de 1999, el señor Sánchez Montaño adquirió el estatus jurídico de pensionado.

1. El 21 de abril de 20 03, a través de la Resolución 7905, la extinta CAJANAL reconoció una pensión de jubilación al hoy demandado, en cuantía de $ 3.045.510, a partir del 1.° de mayo de 2002, condicionada a la acreditación del retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, la entidad tomó una tasa de reemplazo del 75 % sobre el promedio de lo devengado en los últimos 8 años y 1 mes de servicio, teniendo en cuenta la asignación básic a, la bonificación por servicios , la prima técnica y horas extras y nocturnas.

el promedio de lo devengado en los últimos 8 años y 1 mes de servicio, teniendo en cuenta la asignación básic a, la bonificación por servicios , la prima técnica y horas extras y nocturnas.

1. El 14 de marzo de 2006, CAJANAL expidió la Resolución 12407 mediante la cual negó una solicitud elevada por el señor Sánchez Montaño, con fundamento en que los valores resultantes del ejercicio de liquidación eran inferiores a los reconocidos inicialmente. Por lo tanto, en virtud del principio de favorabilidad mantuvo la mesada inicialmente reconocida.

1. El 9 de septiembre de 2015, por medio de la Resolución RDP 036701, la UGPP negó una nueva solicitud de reliquidación pensional, en consideración a la imposibilidad de tener en cuenta factores salariales adicionales a los previstos en el Decreto 1158 de 1994. Aquella decisión fue confi rmada por la Resolución RDP 052900 del 14 de diciembre de 2015.4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020)

Demandante: UGPP

1. El 8 de abril de 2019, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Yopal profirió providencia de primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, emitida por el Consejo de Estado.1

1. El 8 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Casanare, emitió sentencia de segunda instancia, en el entendido de revocar la providencia expedida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Yopal, que había negado las pretensiones

1. El 8 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo del Casanare, emitió sentencia de segunda instancia, en el entendido de revocar la providencia expedida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Yopal, que había negado las pretensiones de la demanda, para en su lugar acceder parcialmente a ellas, en los siguientes términos: 2

1° REVOCAR la sentencia desestimatoria del 08/04/2019 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal; en su lugar, se adoptan las siguientes disposiciones:

1.1 DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 12407 del 16/03/2006 (parcial), RDP 036701 del 09/09/2015 y RDP 052900 del 14/12/2015, expedidas por la (sic) CAJANAL, sucedida por la UAE DE GESTIÓN PENSIONAD Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-, en cuanto la primera fijó tasa (sic) de reemplazo del 75% del IBL y las demás negaron la reliquidación de la pensión ordinaria de jubilación de AQUILINO SÁNCHEZ MONTAÑO, por las razones indicadas en la motivación.

1.2 ORDENAR a la UAE DE GESTIÓN PENSIONAD Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPreliquidar la pensión ordinaria de jubilación de AQUILINO SÁNCHEZ MONTAÑO, identificado con cédula de ciudadanía 17.095.571, con tasa de reemplazo del ochenta y cinco por ciento ( 85%) sobre el IBL que determinó en el acto de reconocimiento; en consecuencia, fijar el valor

ciudadanía 17.095.571, con tasa de reemplazo del ochenta y cinco por ciento ( 85%) sobre el IBL que determinó en el acto de reconocimiento; en consecuencia, fijar el valor de la primera mesada en la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ( $3.451.578), la cual deberá reajustarse año por año conforme a parámetros anuales propios de las de su especie, según se indicó en motivación.

1.3 ORDENAR a la UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPpagar el valor actualizado de las diferencias entre las mesadas a que tiene derecho el demandante en virtud de la reliquidación y lo que ya pagó, con aplicación de la ecuación indicada en la parte considerativa, separadamente para cada periodo mensual, a partir del 29/04/2012. Dichas diferencias causarán intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, acorde con las reglas de la Ley 1437 de 2011.

1.4 DENEGAR las demás pretensiones del demandante.

[…] 2° Sin condena en costas en las dos instancias. […] (Resaltado original del texto)

1 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 15 de la plataforma SAMAI . 2 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 15 de la plataforma SAMAI .5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP viii) El 21 de agosto de 2019, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo del Casanare.

Demandante: UGPP viii) El 21 de agosto de 2019, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo del Casanare.

1. El 4 de marzo de 2020, la UGPP expidió la Resolución RDP 006170 mediante la cual dio cumplimiento a la providencia referida, en el sentido de reliquidar la pensión de jubilación del señor Sánchez Montaño en cuantía de $ 3.451.578, efectiva a partir del 30 de enero de 2004, con efectos fiscales desde el 29 de abril de 2012.

Para tal efecto, se tomó una tasa de reemplazo del 79.29 %. «Cabe destacar que la reliquidación pensional antes referida se sujetó en términos de monto de mesada a lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Casanare en su fallo del 8 de agosto de 2019, sin embargo, para llegar a ello, fue necesario aplicar las disposiciones legales que correspondían al caso concreto, esto es, la Ley 797 de 2003».

1. El 2 de abril de 2020, la UGPP emitió la Resolución RDP 008640 a través de la cual suprimió el artículo primero de la Resolución RDP 006170 de 2020, que ordenaba el pago de indexación.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Casanare emitió el 8 de agosto de 2019, sentencia de segunda instancia, en el sentido de revocar la providencia expedida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Yopal, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda , con sustento en las siguientes consider aciones jurídicas:3

segunda instancia, en el sentido de revocar la providencia expedida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Yopal, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda , con sustento en las siguientes consider aciones jurídicas:3

1. En el sub lite no está en discusión que el demandante a. es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y b. prestó servicios por un total de 1.921 semanas.

1. La parte actora con el recurso de apelación, en virtud del principio de favorabilidad, solicitó aplicar una tasa de remplazo del 85 %, esto es, una superior a la reconocida por la administración, en atención al número de semanas cotizadas,

3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI.6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP sin embargo, no explicó cuál era el fundamento jurídico de su petición. Se precisa que el recurrente no discutió el IBL utilizado por la administración y no es factible, de oficio, revisarlo, pues las reglas jurisprudenciales de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, s eñalan que aquel no integra las garantías del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1. De acuerdo con el acervo probatorio , se acreditó que la entidad demandada aplicó una tasa de reemplazo del 75 % teniendo en cuenta los factores salariales devengados desde 1 994 hasta el 2003 (Resolución 12407 del 16 de marzo de

1. De acuerdo con el acervo probatorio , se acreditó que la entidad demandada aplicó una tasa de reemplazo del 75 % teniendo en cuenta los factores salariales devengados desde 1 994 hasta el 2003 (Resolución 12407 del 16 de marzo de 2003). No obstante, en virt ud de los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa es pertinente dar aplicación al artículo 34 de la Ley 100 de 1993, sin las modificaciones realizadas por la Ley 797 de 2003, comoquiera que la tasa inicialmente utilizada por la UGPP resulta inferior a la que le correspondería al actor

para el mismo tiempo de cotización, a saber:

Así, al tomar la tasa del 85 % al IBL que fijó CAJANAL, según los art ículos 21 de la Ley 100 de 1993 y 1.° del Decreto 1158 de 1994, la primera mesada pasa de tener una cuantía de $ 3.045.510 a $ 3.451.578.

1. «[P]ara no desfigurar la protección integral del monto y del valor constante de la pensión, la primera mesada así calculada se reajustará año por año, desde el 01/07/2003 (fecha de retiro definitivo del servicio), conforme a la regulación general de las pensiones ordinarias, para establecer cuál debió ser su valor para cada7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP anualidad, de manera que se mantenga la progresión aritmética de los incrementos en la base de cálculo de las diferenc ias no prescritas ». En esa medida, las diferencias causadas a partir del 29 de abril 2012, por prescripción trienal, entre lo

en la base de cálculo de las diferenc ias no prescritas ». En esa medida, las diferencias causadas a partir del 29 de abril 2012, por prescripción trienal, entre lo que debió pagarse por cada mesada y lo efectivamente pagado, se actualizarán a valor presente a la fecha de ejecutoria de este fallo.

1. Por lo expuesto, se revocó la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se accedió parcialmente a ellas. Así, se declara la nulidad parcial de la Resolución 12407 de 2006 y la nulidad de las Resoluciones RDP 036701 y RDP 052900 de 2015, en cuanto la primera fijó tasa de reemplazo del 75 % y las demás negaron la reliquidación de la pensión de jubilación del actor.

A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada a. reliquidar la prestación en el equivalente al 85 % del IBL tenido en cuenta en el acto de reconocimiento; b. fijar el valor de la primera mesada en la suma de $ 3.451.578, la cual debe ajustarse año a año, conforme lo antes expuesto; y c. pagar el valor actualizado de las diferencias entre las mesadas a que tiene derecho el demandante en virtud de la reliquidación y lo que ya se le pagó, a partir del 29 de abril de 2012, por prescripción trienal. Sin condena en costas.

1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta s, expuso los siguientes argumentos:

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta s, expuso los siguientes argumentos:

1. En el expediente se acreditó que el señor Aquilino Sánchez Montaño es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende, el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985.

No obstante, el juzgador aplicó una tasa de reemplazo del 85 %, desconociendo que la prestación debía liquidarse con la tasa del 75 %, conforme lo dispuesto en la referida Ley 33 de 1985.

1. El tribunal inobservó las formas propias de cada juicio, pilar del debido proceso, en la medida en que ordenó la reliquidación pensional bajo los parámetros de una8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP norma que no le resulta aplicable al demandado, esto es, el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, lo cual afecta la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1. No es viable la aplicación de la parte de una norma que establece un porcentaje superior, esto es, el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, invocando la condición más beneficiosa, pues eso reñiría con el principio de inescindibilidad de la ley, ya que genera la aplicación de dos regímenes pensionales diferentes a una prestación. El tribunal seleccionó partes de la Ley 33 de 1985, en lo atinente a la edad y el tiempo

beneficiosa, pues eso reñiría con el principio de inescindibilidad de la ley, ya que genera la aplicación de dos regímenes pensionales diferentes a una prestación. El tribunal seleccionó partes de la Ley 33 de 1985, en lo atinente a la edad y el tiempo y en cuanto a la tasa de reemplazo, tomó lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 (texto original), con el fin de aplicar el 85 %.

Si ello resultaba más favorable bajo la óptic a del juzgador, debió aplicar íntegramente la Ley 100 de 1993, con la modificación de Ley 797 de 2003, que fija la edad pensional a los 60 años (30/1/2004) y tasa de reemplazo que oscila entre el 55 al 80 %.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

El señor Aquilino Sánchez Montañ o por intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:4

1. A pesar que el tribunal orden ó un reajuste del 75  % al 85  % en la tasa de reemplazo de la pensión de jubilación, lo cual implicaría un aumento en la pensión del 11,764  %; lo cierto es que la hoy entidad recurrente únicamente ajust ó al 79,25%, es decir, aumentó la pensión en un 5,362 %.

En todo caso , los valores que por concepto de reajuste pensional ha recibido el señor Aquilino Sánchez Montaño, por la tasa de remplazo aplicada, fueron en virtud de una sentencia dictada dentro de u n proceso ordinario adelantado en

En todo caso , los valores que por concepto de reajuste pensional ha recibido el señor Aquilino Sánchez Montaño, por la tasa de remplazo aplicada, fueron en virtud de una sentencia dictada dentro de u n proceso ordinario adelantado en cumplimiento de todas las garantías procesales. En consecuencia, es improcedente la pretensión de devolución de las sumas reconocidas, en consideración a que el demandado actuó bajo los principios de buena fe y confianza legitima.

4 Actuación visible a índice 14 de la plataforma SAMAI.9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP ii) La entidad recurrente, a través de la Resolución RDP 006170 del 4 de marzo de 2020, no dio cumplimiento a la sentencia objeto de revisión porque, por un lado , señaló que la fecha de adquisición del estatus jurídico pensional del demandado fue el 30 de enero de 2004, cuando lo cierto es que en la Resolución 07905 del 2 1 de abril de 2003, se sostuvo que e l «1.° de julio de 2003 » (sic) adquirió el estatus, lo cual no fue modificado por el tribunal. Lo anterior, condujo a que la UGPP, de manera arbitraria, descontara del retroactivo pensional, los valores pagados entre el 1.° de julio de 2003 (día siguiente al retiro del servicio) y el 29 de enero de 2004 (día anterior al estatus pensional).

Por otro lado, tomó una tasa de reemplazo del 79.29 % y no del 85 % como lo indicó el operador judicial.

anterior al estatus pensional).

Por otro lado, tomó una tasa de reemplazo del 79.29 % y no del 85 % como lo indicó el operador judicial.

1. A pesar que inicialmente la UGPP acató la orden de actualizar los valores a pagar indexando las mesadas, con posterioridad en la Resolución RDP 008640 del 2 de abril de 2020, dispuso revocar lo dispuesto en el artículo séptimo de la Resolución RDP 006170 de 4 de marzo de 2020 y, por ende, también dedujo el valor por el citado concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.5 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.6

5 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos c onocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» .10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020)

Demandante: UGPP

6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» .10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».

Finalmente, es oportuno señalar que confo rme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las a cciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 15 de agosto de 20197

dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 15 de agosto de 20197 y la acción especial de revisión se interpuso el 3 de noviembre de 2020,8 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Casanare, del 8 de agosto de 201 9, se encuentra inmersa en la s causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva

7 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 15 de la plataforma SAMAI . 8 Índice 1 de la plataforma SAMAI.11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impo ngan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario

pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualme nte se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:12

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimi ento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación. ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto d el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos

debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando s e concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.13

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01018-00 (3132-2020) Demandante: UGPP Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró9 que el recurso extraordinario

Demandante: UGPP Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró9 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,10 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el le