CE - 110010325000202001026001SENTENCIA20230709230220

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintidós (22) junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Juan Martínez Gómez Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo d el Magdalena , del 1 3 de noviembre de 201 9, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, el 18 de mayo de 2018, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderad o judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, del 1 3 de noviembre de 201 9, a través de la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, el 18 de mayo de 2018, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Juan Martínez Gómez contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: UGPP del derecho con radicado 47 001 3333 005 2016 00160 01.

Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que al señor Juan Martínez Gómez no le asiste el derecho de reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de las primas de servicios, de vacaciones y de navidad, las cuales no hacen parte de los previstos en el artículo 1 .° de la Ley 62 de 1985 ; ii) declarar que la prestación debe ajustarse a las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985, en concordancia con el Decreto 1848 de 1969; iii) ordenar al demandado reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la reliquidación

concordancia con el Decreto 1848 de 1969; iii) ordenar al demandado reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la reliquidación pensional ordenada en las sentencias objeto de revisión; y iv) condenar a l señor Martínez Gómez a pagar los intereses moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El 2 de agosto de 1934, nació el señor Juan Martínez Gómez. Prestó sus servicios por 28 años, 11 meses y 8 días, en los siguientes períodos y entidades:

• Desde el 4 de julio de 1960 hasta el 25 de enero de 1968, en el departamento del Atlántico – Servicio de Salud. - Desde el 1.° de febrero de 1968 hasta el 30 de junio de 1969, en el Servicio de Salud de Córdoba. - Desde el 1.° de julio de 1969 hasta el 15 de junio de 1989, en el Instituto

Nacional de Salud, División de Saneamiento Básico Seccional de Magdalena.

1. El 2 de agosto de 1989, el señor Martínez Gómez adquirió el estatus jurídico pensional, cuando cumplió 55 años de edad, en los términos de la Ley 33 de 1985. iii) El 12 de febrero de 1993, a través de la Resolución 587 la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a l hoy

1. El 12 de febrero de 1993, a través de la Resolución 587 la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a l hoy demandado en cuantía de $ 81.737,70, efectiva desde el 16 de junio de 1989. Para tal efecto, se tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: UGPP en el último año de servicio, con la inclusión de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985.

1. El 25 de mayo de 2016, por medio de la Resolución RDP 020348 la UGPP negó la solicitud de r eliquidación de la pensión de jubilación del señor Martínez Gómez.

Aquel acto fue confirmado por la Resolución RDP 026952.

1. El 18 de mayo de 2018, el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Juan Martínez Gómez contra la UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1

[…] SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad de la Resolución RDP 020348 de mayo de 2016 y de la Resolución 026952 de 23 de julio de 2016 emitidas por la UGPP en tanto niegan la reliquidación pensional deprecada.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDE NAR a la UGPP a que

2016 y de la Resolución 026952 de 23 de julio de 2016 emitidas por la UGPP en tanto niegan la reliquidación pensional deprecada.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDE NAR a la UGPP a que reliquide la pensión de jubilación del señor JUAN MARTÍNEZ GÓMEZ, teniendo en cuenta para su cálculo, el promedio del 75% de todos los factores devengados por todo concepto en el último año de servicio, incluyendo en el IBL mensual los factores de “asignación básica, prima de antigüedad, bonificación de servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, prima semestral y prima de navidad”, a partir de junio de 1989, como fue ordenado desde el proferimiento (sic) del acto de reconocimiento inicial (Resolución 587 de 1993).

CUARTO: CONDENAR a la UGPP a pagar al señor MART ÍNEZ GÓMEZ JUAN todas las diferencias causadas por la reliquidación de su pensión desde el desde (sic) el 07 de marzo de 2016 hasta la fecha en que efectúe la cancelación efectiva de todos los emolumentos, ajustando dicha suma al valor presente de acuerdo con la fórmula adoptada por el H. Consejo de Estado […]. (Resaltado y comillas originales del texto).

1. El 13 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Magdalena, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente y modificar el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, en los siguientes términos:2

PRIMERO: MODIFÍQUESE el numeral tercero de la sentencia oral de fecha 18 de mayo

el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, en los siguientes términos:2

PRIMERO: MODIFÍQUESE el numeral tercero de la sentencia oral de fecha 18 de mayo de 2018 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. El cual

quedará así:

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UGPP a que reliquide la pensión de jubilación del señor JUAN MARTÍNEZ GÓMEZ, teniendo en cuenta para su cálculo el promedio del 75% de lo devengado en el último año de

1 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI. 2 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI.4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: UGPP servicios, incluyendo en el IBL mensual los factores de: asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, prima de vacaciones, y prima de navidad a partir de junio 1989.

SEGUNDO: MANTÉNGANSE incólumes los demás numerales de la sentencia apelada. […] (Resaltado original del texto)

1. El «5» (sic) de febrero de 2020, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el

Tribunal Administrativo de Magdalena.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Magdalena, el 13 de noviembre de 20 19,3 emitió

Tribunal Administrativo de Magdalena.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Magdalena, el 13 de noviembre de 20 19,3 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar parcialmente y modificar el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia expedida por el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, el 18 de mayo de 2018, que había accedido a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Juan Martínez Gómez de Cortés contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:

1. El a quo con fundamento en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,4 emitida por el Consejo de Estado, accedió a las pretensiones de la demanda, de manera que ordenó la reliquidación de la pensión del actor en el equivalente al 75 % de todo lo devengado durante el último año de servicio.

1. El motivo de inconformidad de la entidad recurrente radica en que, en su criterio, la pensión del demandante fue liquidada , en sede administrativa, de manera correcta, toda vez que se tuvieron en cuenta únicamente los factores salariales contenidos en la Ley 33 y 62 de 1985.

1. Está acreditado que el señor Juan Martínez Gómez es beneficiario del régimen de transición contenido en el parágrafo 2° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, que dispuso que quienes a la fecha de su vigencia hubiesen cumplido con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación tendrían derecho a que su prestación se reconociera de acuerdo con las normas anteriores, que, en su criterio, son las

dispuso que quienes a la fecha de su vigencia hubiesen cumplido con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación tendrían derecho a que su prestación se reconociera de acuerdo con las normas anteriores, que, en su criterio, son las contenidas en los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978. Lo anterior, teniendo en

3 Expediente digital visible a índice 2 de la plataforma SAMAI. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicación 2500023250002006-0750901 (0112-09).5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: UGPP cuenta que prestó sus servicios desde el 1° de julio de 1969 hasta el 15 de junio de 1989, de tal suerte que, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, esto es, el 13 de febrero de 1985, contaba con más de 15 años de servicio.

1. En ese orden, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, emitida por el Consejo de Estado, no es aplicable al sub lite , puesto que hace referencia únicamente a las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y no al previsto en la Ley 33 de 1985.

1. El demandante durante el último año de servicio comprendido entre el 15 de junio de 1988 y el 15 de junio de 1989, percibió la asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados, las primas de antigüedad, de servicios, de vacaciones, semestral y de navidad. En tal sentido, en atención al artículo 45 del

de 1988 y el 15 de junio de 1989, percibió la asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados, las primas de antigüedad, de servicios, de vacaciones, semestral y de navidad. En tal sentido, en atención al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, sólo tiene derecho a que se incluyan en su pensión de jubilación los factores de asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados y primas de servicios, de vacaciones y de navidad.

1. Por lo expuesto, se impone confirmar parcialmente la s entencia emitida en primera instancia, comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al demandante en el equivalente al 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicio, con efectos fiscales desde el 7 de marzo de 2016, por prescripción trienal.

Por su parte, se modifica el numeral tercero de la providencia apelada, en el entendido de incluir en la pensión de jubilación únicamente los factores de asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados , y primas de servicios, de vacaciones y de navidad, con exclusión de las primas de antigüedad y semestral reconocidas por el a quo. 1.2. Las causales de revisión invocadas

El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est as, expuso los siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de las Leyes 33 y 62 de 1985 y con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios6

siguientes argumentos:

1. El juzgador se apartó de las Leyes 33 y 62 de 1985 y con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: UGPP superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

1. En el expediente se acreditó que el señor Martínez Gómez es beneficiario del régimen de transición consagrado en parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, porque contaba con más de 15 años de servicio a su entrada en vigencia, lo que le permitía pensionarse con la edad del régimen anterior; sin embargo, tal como quedó expuesto en precedencia, aquel régimen pensional (Decreto 1848 de 1969) contemplaba para el caso de los hombres, el mismo requisito de edad de la Ley 33 de 1985. Así mismo está demostrado que el 2 de agosto de 1989, adquirió el estatus jurídico de pensionado, de manera que para aquella data regían las Leyes 33 y 62 de 1985.

1. El juzgador inaplicó el artículo 1.° de la ley 62 de 1985, en cuanto a los factores salariales, comoquiera que ordenó emolumento que no hacen parte de la base de liquidación para el pago de aportes del servidor público, y en consecuencia, no podían ser considerados para efectos pensionales, a saber: las primas de servicios, de vacaciones y de navidad.

liquidación para el pago de aportes del servidor público, y en consecuencia, no podían ser considerados para efectos pensionales, a saber: las primas de servicios, de vacaciones y de navidad.

1. La UGPP, en sede administrativa, decidió correctamente negar la reliquidación pensional pretendida por el pensionado, en la medida que los factores salariales que solicitaba fueran incluidos dentro del cálculo de la prestación no se encuentran dentro del listado taxativo que consagra la norma . A dicionalmente, no existe evidencia que permita establecer que los emolumentos pretendidos y finalmente ordenados incluir por los fallos judiciales objeto de la presente acción, hayan servido de base para calcular los aportes del demandado. v) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional devengada por el señor Martínez Gómez se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: UGPP Vencido el término para presentar con testación a la acción especial de revisión, la parte demandada guardó silencio.5

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.6 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.6 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.7

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Segurid ad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».8

Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la interp osición de est e recurso, teniendo en cuenta

5 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor Juan Martínez Gómez guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 22 de junio de 202 1, esta corporación notificó

5 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor Juan Martínez Gómez guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 22 de junio de 202 1, esta corporación notificó personalmente, por medio electrónicos, al demandado el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP; actuación visible a índice 8 de SAMAI. 6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos c onocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 8 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, tambi én reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: UGPP que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos

Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 6 de febrero de 20209 y la acción especial de revisión se interpuso el 4 de noviembre de 20 20,10 por lo que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Magdalena, del 13 de noviembre de 201 9, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las

9. Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las partes el 1.° de febrero de 2020, visible en el expediente ordinario obrante en forma digital a índice 13 de la plataforma SAMAI, de manera que cobró ejecutoria el 6 del mismo mes y año. 10 Índices 1 y 2 de la plataforma SAMAI9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: UGPP providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del G obierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resul tado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resul tado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación. ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: UGPP limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,12 procede contra

11 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 12 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario

proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 12 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimie nto Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01026-00 (3170-2020) Demandante: UGPP sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.4.2. Alcance de las causales de revisión

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 20 03 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensione s irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».13

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».14

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, d e modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario».15

13 Consejo de Es tado, Sala Cuatro Especial de Decisión , sentencia de 5 de diciembre de 2017, radicado 2017-01529 (REV). 14 Ibidem.

erario».15

13 Consejo de Es tado, Sala Cuatro Especial de Dec