CE - 110010325000202100019001SENTENCIA20230718141119

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandados: Fabio Fidel Santana Fontalvo Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de

2003. Reliquidación de pensión de jubilación – Decreto 546 de 1971. __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, del 10 de julio de 2019, a través de la cual se modificó la providencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, el 29 de agosto de 20 19, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderad a judicial, solicitó infirmar parcialmente la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, del 10 de julio de 2019, a través de la cual se modificó la providencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Santa Marta, el 29 de agosto2

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021) Demandante: UGPP de 2018, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Fabio Fidel Santana Fontalvo contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 47 001 3333 002 2016 00474 01.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) declarar que al señor Fabio Fidel Santana Fontalvo, no le asiste el derecho de reliquidación de su pensión de jubilación con la tasa de reemplazo del 85 % del promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años de servicio ; ii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del demandado, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años de servicios, «de conformidad con la normativa y la jurisprudencia aplicable»; y iii) ordenar al demandado reintegrar los

los salarios devengados en los últimos 10 años de servicios, «de conformidad con la normativa y la jurisprudencia aplicable»; y iii) ordenar al demandado reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la reliquidación pensional ordenada en la sentencias objeto de revisión.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:

1. El señor Fabio Fidel Santana Fontalvo prestó sus servicios en la Rama Judicial desde el 1.° de septiembre de 1979 hasta el 24 de febrero de 2020 y el último cargo que desempeñó fue el de escribiente Grado 6, en el Juzgado Promiscuo del Circuito

de Plato, Magdalena.

1. El 3 de febrero de 2009, el señor Santana Fontalvo adquirió el estatus jurídico de pensionado.

1. El 8 de febrero de 2016, a través de la Resolución RDP 005197, la UGPP reconoció una pensión de jubilación a l hoy demandado. Para tal efecto, la entidad tomó una tasa de reemplazo del 75 % sobre el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio comprendidos desde el 1.° de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2015, ten iendo en cuenta la asignación básica y la bonificación por servicios. Aquella decisión fue confirmada por las Resoluciones RDP 015304 y RDP 015739 del 12 y 14 de abril de 2016, respectivamente.3

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021)

Demandante: UGPP

015739 del 12 y 14 de abril de 2016, respectivamente.3

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021) Demandante: UGPP iv) El señor Santana Fontalvo formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de obtener el reconocimiento del pago de una pensión de jubilación, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de Decreto 546 de 1971 y el Decreto 1045 de 1978.

1. El 29 de agosto de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Santa Marta profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:1

1.- DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 005197 del 08 de febrero de 2016, RDP 015304 del 12 de abril de 2016 y, RDP 015739 del 14 de abril de 2016, por medio de las cuales la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI ÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL "U.G.P.P.", reconoció la pensión de vejez, y negó la reliquidación de la misma, al señor FABIO FIDEL SANTANA FONTALVO, identificado con C.C. No.12.551.346, conforme la parte motiva.

2.- A título de restablecimiento del derecho CONDENAR a UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL "U.G.P.P.", a reliquidar la Resolución No. RDP 005197 del 08

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL "U.G.P.P.", a reliquidar la Resolución No. RDP 005197 del 08 de febrero de 2016 y pagar en debida forma el valor de la pensión de vejez a favor del señor FABIO FIDEL SANTANA FONTALVO identificada (sic) con cédula de ciudadanía No. 12.551.346, teniendo en cuenta el 75% de la asignación mensual devengada en el último año de s ervicio (Al momento del retiro definitivo del servicio) con la inclusión de los siguientes factores salariales: asignación básica mensual, bonificación por servicios prestados, más los que no fueron incluidos, incremento del 2.5% mensual, prima de antigüedad, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, así como la doceava parte de la prima d e servicios, de vacaciones, de navidad, y de productividad PRIMA DE VACACIONES (sic); desde la fecha en que fue expedida dicha resolución pensional. Sin que opere la prescripción trienal.

En caso de no haberse efectuado aportes respecto de los factores s alariales, cuya inclusión se ha ordenado en esta sentencia, la UGPP, deberá deducir dichos aportes en la proporción que correspondía al demandante. […]

3.- DECLARAR no probada las excepciones propuestas por la parte demandada, por los motivos expuestos en esta providencia.

4.- DECLARAR que no se encuentran prescritas las mesadas, conforme la parte motiva.

5Niéguense las demás suplicas de la demanda. […]

1. El 10 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Magdalena, emitió sentencia

5Niéguense las demás suplicas de la demanda. […]

1. El 10 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Magdalena, emitió sentencia de segunda instancia, en el entendido de modificar la providencia expedida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Santa Marta, en los siguientes términos:2

1 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI. 2 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI .4

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021) Demandante: UGPP 1.- MODIFICAR la sentencia de fecha 29 de agosto de 2018 expedida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta por las consideraciones anotadas en la presente providencia, la cual quedará así:

PRIMERO. - Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. RDP 005197 del 8 de febrero de 2016 "Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicio de VEJEZ" proferida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

SEGUNDO. - Declarar la nulidad de las Resoluciones No. RDP 015304 del 12 de abril de 2016 "Por la cual se resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución 5197 del 8 de febrero de 2016" y No. RDP 015739 del 14 de abril de 2016 " Por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 5197 del 8 de febrero de 2016", proferidas por l a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 5197 del 8 de febrero de 2016", proferidas por l a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, a reliquidar la pensión mensual vitalicia de vejez del señor Fabio Fidel Santana Fontalvo identificado con C.C. No. 12.551.346, reconocida a tra vés de Resolución No. RDP 005197 del 8 de febrero de 2016, aplicando la tasa de reemplazo del 85% sobre el índice base de liquidación conformado por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el actor durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión - 1 de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2015. Adicionalmente, deberá la entidad accionada incluir como factor salarial además de la asignación básica mensual y la bonificación por servidos prestados; la prima de antigüedad.

CUARTO. - ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social rembolsar al señor Fabio Fidel Santana Fontalvo, los valores correspondientes por concepto de descuentos por aportes de incremento 2.5% mensual, los cuales deberán ajustarse de acuerdo con la fórmula señalada en lo parte motiva de esta sentencia.

La orden anterior se encuentra condicionada a que en efecto la entidad demandadaUGPP - haya recibido los pagos efectuados p or el empleador - Ramo Judicial - por tal

señalada en lo parte motiva de esta sentencia.

La orden anterior se encuentra condicionada a que en efecto la entidad demandadaUGPP - haya recibido los pagos efectuados p or el empleador - Ramo Judicial - por tal concepto.

QUINTO. - DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por lo pare demandada, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEXTO. - DECLARAR que no se encuentren prescritas las mesadas, conforme la parte motiva.

SÉPTIMO. - NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […] (Resaltado, comillas, subrayado y cursiva originales del texto)

1. El 8 de agosto de 2019, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal

Administrativo del Magdalena.

1. El 13 de mayo de 2020, la UGPP expidió la Resolución RDP 011517 mediante la cual dio cumplimiento a la providencia referida.5

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021)

Demandante: UGPP

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Magdalena emitió el 10 de julio de 2019, sentencia de segunda instancia, en el sentido de modificar la providencia expedida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Santa Marta, el 29 de agosto de 2019, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Fabio Fidel Santana Fontalvo contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:3

1. El Consejo de Estado , en sede de revisión, a través de la providencia del 5 de

Fabio Fidel Santana Fontalvo contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:3

1. El Consejo de Estado , en sede de revisión, a través de la providencia del 5 de febrero de 2019, dejó claro que las reglas jurisprudenciales que se establecieron en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, son de obligatorio cumplimiento, comoquiera que son extensivas a los regímenes pensi onales especiales, pues no existe fundamento alguno para que se dé un tratamiento diferenciado y vent ajoso a tal régimen el cual justifique el des conocimiento del principio de igualdad frente a los otros pensionados.

1. Revisado el acervo probatorio se observa que el demandante es beneficiario del régimen de transición, toda vez que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 40 años de edad. En consecuencia, tiene derecho a que su pensión se reconozca y liquide bajo las condiciones del artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

Ahora, en aplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, la pretensión del actor consistente en que se ordene la reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta la asignación más alta percibida en el último año de servicio, está llamada a fracasar.

Lo anterior, tiene fundamento en que el señor Fabio Fidel Santana Fontalvo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 40 años de edad y 14 años y 7 meses de servicio prestados a la Rama Judicial, restá ndole para adquirir el derecho pensional, en términos del Decreto 546 de 1971 ,

fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 40 años de edad y 14 años y 7 meses de servicio prestados a la Rama Judicial, restá ndole para adquirir el derecho pensional, en términos del Decreto 546 de 1971 , aproximadamente más de 10 años de edad. En ese orden, para el cálculo del monto pensional, el IBL corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales

3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 22 de la plataforma SAMAI .6

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021) Demandante: UGPP cotizó durant e los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994.

1. Respecto a los factores salariales, es procedente declarar la nulidad de los actos demandados, toda vez que en la liquidación de prestación no se tuvo en cuenta el factor salarial de prima de antigüedad, el cual, según lo probado en el expediente, fue objeto de cotización durante los últimos 10 años de servicio anteriores al reconocimiento del derecho pensional y , además, se encuentra enlista do en el Decreto 1158 de 1994. En lo relacionado con el incremento por 2.5 %, si bien fue devengado por el demandante, no es posible incluirlo porque no está contemplado en el referido decreto.

1. Pese a lo expuesto, en virtud del principio de favorabilidad, en concordancia con el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, es procedente aplicar al sub lite el artículo 34 de la Ley 100 de

el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, es procedente aplicar al sub lite el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:

[Comoquiera que] el actor cotizó 1855 semanas […] en aplicación a lo dispuesto en la citada normatividad, por las primeras 1000 semanas el monto mensual de la pensión de vejez era equivalente a 65 %, sin embargo, por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje se incrementó en un 2 %, para llegar a un porcentaje de 73 % del IBL; por último, por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este porcentaje se incrementó en 3 % hasta completar un monto máximo del 85 % del ingreso base de liquidación, tal como ocurrió el presente asunto, pues se reitera, el actor superó las 1400 semanas, empero se fijó en el acto demandado que la tasa de reemplazo de la pensión era del 75 % sobre el IBL. […] (Subrayado y resaltado original del texto)

Así las cosas, contrario a lo dispuesto en los actos administrativos demandados y por el a quo, en virtud del principio de favorabilidad, el porcentaje a aplicar para la tasa de reemplazo no es del 75 % sino del 85 %.

1. Por lo tanto , se impone modificar la providencia impugnada comoquiera que ordenó la reliquidación del pensión de jubilación del demandante en el equivalente al 75 % de la asignación mensual devengada en el último año de se rvicio con la inclusión, además de la asignación básica mensual y la bonificación por servicios

ordenó la reliquidación del pensión de jubilación del demandante en el equivalente al 75 % de la asignación mensual devengada en el último año de se rvicio con la inclusión, además de la asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados; del incremento del 2.5  % mensual, prima de antigüedad, auxilio s de alimentación y de transporte, así como la doceava parte de la prima de servicios, de vacaciones, de navidad y de productividad.7

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021)

Demandante: UGPP

En su lugar, se ordena a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación del señor actor, en el equivalente al 85 % sobre el IBL conformado por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó entre el 1.° de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2015, esto es, los factores salariales de asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima de antigüedad.

Finalmente, si la UGPP realizó descuentos sobre el emolumento denominado incremento 2.5 % mensual y en el evento en que estos hayan sido efectivamente pagados a la entidad administradora de pensiones, dichos valores deben ser reembolsados al pensionado.

1.2. La causal de revisión invocada

La apoderada de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:

1. En el expediente se acreditó que el señor Santana Fontalvo es beneficiario del

artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:

1. En el expediente se acreditó que el señor Santana Fontalvo es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende le es aplicable el Decreto 546 de 1971, lo cual fue reconocido por el tribunal . No obstante, el juzgador aplicó una tasa de reemplazo del 85 % cuando lo cierto es que la prestación debía liquidarse en el equivalente el 75 %, conforme lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971.

En ese orden, en el sub lite no se cuestiona los factores ni el período de los últimos 10 años que conforman el IBL, los cuales fueron aplicados en la reliquidación de la pensión de jubilación del demandado, sino que el reproche está enfocado a la referida tasa.

1. No es viable la aplicación de la parte de una norma que establece un porcentaje superior, esto es, el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, invocando la aplicación del principio de favorabilidad, pues eso reñiría con el principio de inescindibilidad de la ley, ya que genera la aplicación de dos regímenes pensi onales diferentes a una prestación.8

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021) Demandante: UGPP iii) Es procedente la devolución de sumas de dinero pagadas, porque la tasa de reemplazo debe corresponder al 75 % con base en el Decreto 546 de 1971 , de manera que la orden emitida por el juzgador presupone que el demandando se

1. Es procedente la devolución de sumas de dinero pagadas, porque la tasa de reemplazo debe corresponder al 75 % con base en el Decreto 546 de 1971 , de manera que la orden emitida por el juzgador presupone que el demandando se beneficie de un pago ilegal no autorizado ni establecido en el ordenamiento jurídico.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Vencido el término para presentar contestación a la acción especial , la parte demandada guardó silencio.4

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.5 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso e xtraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.6

De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda

4 Tras revisar el expediente digital en el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor Fabio Fidel

de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda

4 Tras revisar el expediente digital en el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor Fabio Fidel Santana Fontalvo , guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 17 de febrero de 202 2, esta corporación, notificó por correo electrónico al demandado el conteni do de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP y de su auto admisorio; a ctuación visible a índice 18 de la plataforma SAMAI. 5 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado» .9

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021) Demandante: UGPP y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».

Finalmente, es oportuno señalar que conforme a l numeral 6 del artícul o 6 del Decreto 575 de 2013 y a l artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

legitimada para la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 8 de agosto de 20197 y la acción especial de revisión se interpuso el 26 de enero de 2021,8 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de l Magdalena, del 10 de julio de 2019, se encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite acudir a la acción especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.4. Marco normativo

2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas

7 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas

7 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las partes el 2 de agosto de 2019, índice 22 de la plataforma SAMAI, de manera que cobró ejecutoria el 8 del mismo mes y año. 8 Índice 1 de la plataforma SAMAI.10

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021) Demandante: UGPP periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los

siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.11

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.11

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00019-00 (0028-2021) Demandante: UGPP iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspe ctos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su a lcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la inst itución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la inst itución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró9 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,10 procede contra

9 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca