CE - 110010325000202100154001SENTENCIA20230711213246
Detalles
- Título
- CE - 110010325000202100154001SENTENCIA20230711213246
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Humberto Gallo Reinosa Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Reliquidación de pensión de jubilación , funcionarios del INPEC __________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5, del 9 de septiembre de 2020, a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Doce Administrativo de Tunja, el 12 de agosto de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), por conducto de apoderada j udicial, pretende infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5, del 9 de septiembre de 2020, a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Doce Administrativo de Tunja, el 12 de agosto de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Humberto Gallo2
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: UGPP Reinosa, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 1500133330 12 2018 00010 02.
Con fundamento en lo anterior, además solicita i) declarar que el señor Humberto Gallo Reinosa en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; ii) ordenar a la UGPP reliquidar la mesada pensional del demandado, teniendo en cuenta los factores salariales contenidos en las Leyes 33 y 62 de 1985, esto es, la asignación básica, auxilio de alimentación, auxilio de transporte y bonificación por servicios , excluyendo las primas de vacaciones, de navidad, de servicios, y de riesgo, sobre los cuales tampoco se hicieron aportes o descuentos por el empleador INPEC; iii)
básica, auxilio de alimentación, auxilio de transporte y bonificación por servicios , excluyendo las primas de vacaciones, de navidad, de servicios, y de riesgo, sobre los cuales tampoco se hicieron aportes o descuentos por el empleador INPEC; iii) ordenar al demandado reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la reliquidación pensional ordenada en la sentencia objeto de revisión; y iv) condenar al señor Gallo Reinosa a pagar los intereses moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:
- El 12 de mayo de 1948, nació el señor Humberto Gallo Reinosa.
- El señor Gallo Reinosa prestó sus servicios en los siguientes períodos y
entidades:
- Desde el 1.° de agosto de 1970 hasta el 5 de noviembre de 1972, en la Policía Nacional. - Desde el 22 de julio de 1974 hasta el 30 de marzo de 1976, y entre el16 de agosto de 1997 y el 12 de enero de 1995, en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
- El 2 de septiembre de 1993, el demandado adquirió el estatus jurídico de pensionado, cuando cumplió 20 años de servicio.3
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: UGPP iv) Fue retirado del servicio a través de la Resolución 0071 del 12 de enero de 1995,
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: UGPP iv) Fue retirado del servicio a través de la Resolución 0071 del 12 de enero de 1995, mientras ocupaba el cargo de inspector, código 5170 -05, de la Penitenciaría
Nacional el Barne, Tunja.
- El 4 de marzo de 1996, la Caja Nacional de Previsión Social expidió la Resolución 002444, por medio de la cual reconoció una pensión de jubilación al señor Humberto Gallo Reinosa, efectiva a partir del 19 de enero de 1995. Para tal efecto, la autoridad pensional tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado en el último año de servicio , lo cual arrojó una cuantía de $ 196.144,25, «de acuerdo con las Leyes 33 y 62 de 1985, al haber cumplido los requisitos [del artículo] 96 Ley 32 de 1986».
- El 4 de abril de 2017, a través de la Resolución RDP 14235 la UGPP negó la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación , la cual fue confirmada por la Resolución RDP 029086 del 21 de julio de 2017.
- El 12 de agosto de 2019, el Juzgado Doce Administrativo Oral de Tunja profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Humberto Gallo Reinosa contra la UGPP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1
[…] SEGUNDO: Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 014235 del 04 de abril
demanda interpuesta por el señor Humberto Gallo Reinosa contra la UGPP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1
[…] SEGUNDO: Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 014235 del 04 de abril de 2017 y RDP 029086 del 21 de julio de 2017, mediante las cuales la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP negó la reliquidación de l a pensión jubilación del demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP, a título de restablecimiento del derecho a reliquidar la pensión de jubilación del señor HUMBERTO GALLO REINOSA, identificado con C. C. No. 10.213.035 de Manizales, a partir del 07 de diciembre de 2013, aplicando el régimen pensional contenido en la Ley 36 de 1986 y el Decr eto 1045 de 1978, es decir, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, esto es, del periodo comprendido entre el 18 de enero de 1994 al 18 de enero de 1995, incluyéndose además de la asignación básica, Bonificación por servicios prestados y auxilios de alimentación y transporte, la prima de riesgo, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios , de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
prestados y auxilios de alimentación y transporte, la prima de riesgo, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios , de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
1 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 13 de la plataforma SAMAI .4
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
CUARTO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP, a título de restablecimiento del derecho a pagar al señar HUMBERTO GALLO ERINOSA, identificada con C. C. No. 10.213.035 de Manizales, el valor de la diferencia en todas las mesadas pensi onales dejadas de cancelar desde el 07 de diciembre de 2013, par prescripción, cifras que serán indexadas mes a mes can fundamenta en la dispuesta en el artícul o 187 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa, aplicando para ello la fórmula mencionada en la parte motiva de la presente decisión.
QUINTO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN D E PRESCRIPCIÓN, pr opuesta p or la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, de conformidad con lo expuesta en la parte motiva.
SEXTO: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL
YCONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, deberá
SOCIAL - UGPP, de conformidad con lo expuesta en la parte motiva.
SEXTO: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL YCONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, deberá efectuar las deducci ones par concepto de aportes para pensi ón y salud sobre los factores que aquí se ordenan incluir en la base de liquidación, durante las últimas cinco (5) años de su vida laboral por prescripción extintiva en el porcentaje que correspondía al ent onces empleado mes a mes y trasladarlos a la entidad a cargo de la pensión debidamente indexadas conforme al IPC. Pero haciendo la salvedad que dichos valores no deben superar el monto de las diferencias causadas a favor del demandante, caso en el cual solamente hasta dicha suma se podrán realizar los descuentas ordenados. […] (Resaltado original del texto).
- El 9 de septiembre de 20 20, el Tribunal Administrativo d e Boyacá, emitió sentencia de segunda instancia, mediante la cual confirmó la providencia emitida
por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Tunja.2
- El 15 de septiembre de 2020, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5, mediante sentencia del 9 de septiembre de 20 203 confirmó la providencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Tunja el 12 de agosto de 2019 , que había accedido a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Humberto Gallo Reinosa contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
Administrativo Oral de Tunja el 12 de agosto de 2019 , que había accedido a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Humberto Gallo Reinosa contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
2 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 13 de la plataforma SAMAI. 3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 13 de la plataforma SAMAI.5
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: UGPP i) De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, el problema jurídico se circunscribe a determinar cuáles son los factores a incluir en la liquidación de la pensión de j ubilación del señor Gallo Reinosa , de manera que la controversia no gira en torno al régimen pensional aplicable, pues sobre ese aspecto no hay reproche alguno.
- Teniendo en cuenta que l os miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC están exceptuados del régimen establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985 , si para el 21 de febrero de 1994 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 407 de 1994), se enc ontraban prestando sus servicios en la referida institución, t enían derecho a una pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de Ley 32 de 1986. Se llega a dicha conclusión, además, en aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, que justifica que no sea necesario verificar la edad o el tiempo laborado para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Legislativo 01 de 2005, que justifica que no sea necesario verificar la edad o el tiempo laborado para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
- Al señor Gallo Reinosa le es aplicable la Ley 32 de 1986, porque a la entrada en vigencia de los «Decretos 407 de 1994 y 2090 de 2003 », laboraba en el INPEC, en razón a que prestó sus servicios desde el 22 de julio de 1974 hasta el 12 de enero de 1995.
- El actor tiene derecho a que su pensión sea reliquidada con la inclusión de todos los factores salariales «que habitual y periódicamente haya percibido en e l último año de servicios», en aplicación del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, 4 pues aunque la Ley 32 de 1986 no los contempló expresamente, su artículo 114 remite «al régimen general vigente para los empleados públicos del orden nacional».
Pese a que la prima de riesgo no est á contenida en el referido decreto y que no constituye factor salarial, el Consejo de Estado en las sentencias del 7 de mayo de 2015 y 2 de marzo de 2016, señaló que sí debe ser incluida en la liquidación pensional. Así mismo, se demostró que el actor la devengó en su último año de servicio.
4 El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5, citó al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, radicado 05001-23-31-000-2011-00740-01 (0232-14).6
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, radicado 05001-23-31-000-2011-00740-01 (0232-14).6
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: UGPP Respecto a la bonificación por recreación , no es procedente su inclusión comoquiera que no se encuentra enlistada en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, aunado al hecho que no tiene la connotación salarial pues su finalidad es estimular las actividades de descanso y esparcimiento del trabajador.
- Finalmente, en el sub lite no es dable el análisis de las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, invocadas por la entidad demandada en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda, por cuanto hacen referencia a los factores de salario a aplicar a quienes se benefician del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no obstante, se reitera, en el caso del demandante, al ser beneficiario de la Ley 32 de 1986, la liquidación de la pensión se rige por el Decreto 1045 de 1978.
- En consecuencia, se confirma la provi dencia de primera instancia teniendo en cuenta que el a quo ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos expuestos, con efectos fiscales desde el 7 de diciembre de 2013, por prescripción, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en el último año de servicio, es decir, asignación básica, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de riesgo y las doceavas partes de la bonificación por
prescripción, con la inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en el último año de servicio, es decir, asignación básica, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de riesgo y las doceavas partes de la bonificación por servicios y de las primas de vacaciones, navidad y de servicios.
1.2. La causal de revisión invocada
La apoderada de la entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:
- Pese a que la Ley 32 de 1986 no señaló los factores salariales para la liquidación de la pensión de jubilación del personal del INPEC, se debe acudir a su artículo 114 y al artículo 184 del Decreto 407 de 1994, los cuales permite aplicar el régimen contenido en las Leyes 33 y 62 de 1985 que regulan a los servidores públicos nacionales incluidos los de la referida institución.
No obstante, el juzgador, en aplicación errónea del Decreto 1045 de 1978, ordenó la inclusión de las primas de vacaciones, de navidad, de servicios y de riesgo ,7
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: UGPP devengadas en el último año de servicio del demandado, cuando lo cierto es que aquellos no están enlistados en Leyes 33 y 62 de 1985.
- Debe observarse la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado, que señaló que los factores a incluir deben ser los
aquellos no están enlistados en Leyes 33 y 62 de 1985.
- Debe observarse la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado, que señaló que los factores a incluir deben ser los enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985, sobre los cuales efectivamente se hayan realizado los descuentos respectivos o cotizaciones al sistema de pensiones , en aplicación del principio de solidaridad.
Sin embargo, el tribunal desconoció que el demandado y su empleador no realizaron los aportes pensionales de todos los emolumentos ordenados, pues se acreditó que únicamente aquellos aportes se efectuaron sobre la asignación básica , el subsidio de alimentación y el auxilio de transporte.
- No es posible incluir la prima de riesgo en la reliquidación de la prestación porque el artículo 11 del Decreto 446 de 1994 , expresamente consagra que no es factor salarial, máxime si para la fecha de expedición de la Ley 860 de 2003, como para su entrada en vigencia, el demandado ya no laboraba en el INPEC.
- Con el fin de dar aplicación al principio de justicia material, restablecer el imperio de la justicia, el inter és general y el equilibrio financiero del sistema pensional, se debe infirmar las sentencias objeto de revisión, y en su lugar, ajustar la pensión de jubilación del demandado conforme a los factores salariales enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
Vencido el término para presentar contestación a la acción especial , la parte demandada guardó silencio.5
2. Consideraciones
33 y 62 de 1985.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
Vencido el término para presentar contestación a la acción especial , la parte demandada guardó silencio.5
2. Consideraciones
5 Tras revisar el expediente digital en el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor Humberto Gallo Reinosa, guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 22 de junio de 2021, esta corporación, notificó por correo electrónico al demandado el contenido de la acción espe cial de revisión interpuesta por la UGPP y de su auto admisorio; actuación visible a índice 10 de la plataforma SAMAI.8
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021)
Demandante: UGPP
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.6 Así mismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el r eparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.7
De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».8
Es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para la interposición de esta demanda, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 8 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, tambi én
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 8 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sentencia SU -427 de 2016, tambi én reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.9
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: UGPP dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 16 de septiembre de 20209 y la acción especial de revisión se interpuso el 23 de marzo de 2021,10 por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del 9 de septiembre de 2020, se encuentra inmersa en la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permite acudir a la acción especial de revisión «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATUR ALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Haciend a y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
9 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electr ónicamente a las partes el 11 de septiembre de 20 20, índice 13 visible en la plataforma SAMAI, contentivo del expediente digital del proceso ordinario. De esa manera, aquella cobró ejecutoria el 1 6 del mismo mes y año. 10 Índice 1 de la plataforma SAMAI.10
expediente digital del proceso ordinario. De esa manera, aquella cobró ejecutoria el 1 6 del mismo mes y año. 10 Índice 1 de la plataforma SAMAI.10
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: UGPP La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que pr esenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
- Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
- Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
- Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
- Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo or denado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
- De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la11
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: UGPP liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
- Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley. Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,12 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
11 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar e l imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 12 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Pr ocedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrat ivo, Artículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.12
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00154-00 (0890-2021) Demandante: UGPP 2.4.2. Alcance de la causal de revisión invocada
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.4.2
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