CE - 110010325000202100306001SENTENCIA20230927203245
Detalles
- Título
- CE - 110010325000202100306001SENTENCIA20230927203245
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: Betty Cecira Gómez Arenas Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación __________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Juzgado Único Administrativo de Leticia, el 17 de agosto de 2018, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), por conducto de apoderad a judicial,
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), por conducto de apoderad a judicial, solicitó infirmar la sentencia del Juzgado Único Administrativo de Leticia, el 17 de agosto de 2018, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Betty Cecira Gómez Arenas contra la UGPP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 91 001 33 33 001 2017 00142 01.
Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i ) declarar que la señora Betty Cecira Gómez Arenas , en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es2
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: UGPP acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana ; ii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional;1 y iii) ordenar a la demandada reintegrar los dineros, debidamente indexados, recibidos en exceso por virtud de la reliquidación pensional ordenada en las sentencias objeto de revisión.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente, señaló los siguientes:
pensional ordenada en las sentencias objeto de revisión.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente, señaló los siguientes:
- El 7 de mayo de 1943, nació la señora Betty Cecira Gómez Arenas. Prestó sus
servicios en los siguientes períodos y entidades:
- Desde el 1.° de febrero de 1970 hasta el 28 de febrero de 1974, en el INEM, sede Bucaramanga, Ministerio de Educación Nacional. - Desde el 1.° de marzo de 1974 hasta el 31 de mayo de 1976, en el INEM, sede Cartagena, Ministerio de Educación Nacional. Tuvo una licencia desde el 17 de junio hasta el 19 de julio de 1974. - Desde el 1.° de junio de 1976 hasta el 13 de mayo de 1978, en el INEM, sede Ibagué, Ministerio de Educación Nacional. Tuvo una licencia desde el 13 de febrero hasta el 13 de mayo de 1978. - Desde el 1.° de febrero de 1978 hasta el 21 de noviembre de 1997, en la Secretaría de Educación departamental de Amazonas. - Desde el 21 de enero de 1998 hasta el 15 de diciembre de 1999, en la Gobernación de Amazonas y e l último cargo que desempeñó fue el de jefe de la División de Planeación Educativa.
1 La entidad demandante cita las las Sentencias C-168 de 1995, C258 de 2013, SU230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-023 de 2018 y T-039 de 2018 y los Autos 326 de 2014 y 227 de 2017. Folio 2 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.3
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: UGPP - Desde el 1.° de junio de 1995 hasta el 30 de enero de 2001, cotizó en el
Instituto de Seguro Social, «tiempos privados Pontificia Universidad Javeriana».
- El 7 de mayo de 1998, la señora Gómez Arenas adquirió el estatus jurídico pensional.
- El 4 de octubre de 2004, a través de la Resolución 20426 la extinta Caja Nacional de Previsión Social ( CAJANAL) reconoció una pensión de jubilación a la hoy demandada en cuantía de $ 876.561,51, a partir del 1.° de febrero de 2001, condicionada al retiro definitivo del servicio . Para tal efecto, se tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio devengado en 6 años y 10 meses de servicio y con la inclusión de los factores salariales de asignación básica, bonificación por servicios prestados y sobresueldo, de conformidad con las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993.
- El 13 de junio de 2017, mediante la Resolución RDP 024829 la UGPP negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la hoy demandada, la cual fue
de 1993.
- El 13 de junio de 2017, mediante la Resolución RDP 024829 la UGPP negó la reliquidación de la pensión de jubilación de la hoy demandada, la cual fue confirmada por la Resolución RDP 034544 del 4 de septiembre de 2017.
- El 1 7 de agosto de 201 8, el Juzgado Único Administrativo de Leticia, profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Betty Cecira Gómez Arenas contra la UGPP. En ese orden, resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:2
PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 024829 de 13 de junio de 2017 y RDP 034544 de 4 de septiembre de 2017, en cuanto negaron la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Betty Cecira Gómez Arenas , incluyendo todos los factores salariales solicitados por la demandante. De acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO de la (sic) Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, reliquidará la pensión de jubilación de la señora Betty Cecira Gómez Arenas , en el 75 % de lo devengado en el último año de servicio s, conforme a las bases expuestas en la parte motiva de esta providencia, para lo cual se tendrá en cuenta, no sólo la remuneración básica mensual, sino también: las doceavas (1/12) parte (sic) de la prima de servicios, prima de
providencia, para lo cual se tendrá en cuenta, no sólo la remuneración básica mensual, sino también: las doceavas (1/12) parte (sic) de la prima de servicios, prima de
2 Folios 126 al 133.4
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: UGPP vacaciones, prima de navidad y bonificación, y pagará las diferencias en las mesadas pensionales causadas, con efectos fiscales a partir del 14 de marzo de 2014, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
[…] QUINTO. DECLARAR de oficio la excepción de Prescripción, respecto de las sumas causadas con antelación al 14 de marzo de 2014.
SEXTO. CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, a pagar a favor del demandante, las diferencias causadas en todas las mesadas pensionales, a partir del 14 de marzo de 2014, por ocurrir el fenómeno de la prescripción conforme a lo indicado en el numeral anterior. Realizando los descuentos sobre los factores respecto de los cuales no se hayan hecho las deducciones de ley para seguridad social en los términos que se han indicado en esta sentencia, teniendo en cuenta el término de prescripción. […] (Resaltado original del texto)
- El 17 de agosto de 201 8, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el
Juzgado Único Administrativo de Leticia.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Juzgado Único Administrativo de Leticia, el 1 7 de agosto de 20 18,3 emitió
Juzgado Único Administrativo de Leticia.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Juzgado Único Administrativo de Leticia, el 1 7 de agosto de 20 18,3 emitió sentencia de primera instancia, en el sentido acceder a las pretensiones de la demanda impetrada por la señora Betty Cecira Gómez Arenas contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
- Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, 4 emitida por el Consejo de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador perci biera como contraprestación del servicio.
- En atención a la referida providencia de unificación , a los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicárseles en su integridad la Ley 33 de 1985 en v irtud del principio de inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.
3 Folios 126 al 133. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado 2500023250002006-0750901 (0112-09).5
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: UGPP No es procedente aplicar la Sentencia C-258 de 2013, emitida por la Corte Constitucional, porque se circunscribe al régimen pensional especial de los
Demandante: UGPP No es procedente aplicar la Sentencia C-258 de 2013, emitida por la Corte Constitucional, porque se circunscribe al régimen pensional especial de los Congresistas y demás funcionarios ahí señalados.
En ese orden, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la cual observa los principios de igualdad, confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica, progresividad y favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en la Sentencia SU -230 de 2015, emitida por la Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985. Lo anterior, además, tiene fundamento en los artículos 10 y 270 del CPACA.
- En el sub lite se acreditó que la demandante es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de servicio, comprendido entre el 14 de diciembre de 1998 y el 15 de diciembre de 1999.
- Está probada la excepción de prescripción extintiva del derecho de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 14 de marzo de 2014.
- Por lo tanto, se impone declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 024829 de 13 de junio de 2017 y RDP 034544 de 4 de septiembre de 2017 . A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación de la demandante, a partir del 7 de mayo de 1998, con efectos
restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación de la demandante, a partir del 7 de mayo de 1998, con efectos fiscales desde el 14 de marzo de 2014, por prescripción trienal, en el equivalente al 75 % de lo devengado en el último año de servicio , comprendido entre el 14 de diciembre de 1998 y el 15 de diciembre de 1999, a saber: asignación básica y las doceavas partes de las primas de servicios, de vacaciones y de navidad y de la «bonificación».
Se ordena la indexación de la primera mesada pens ional y se autoriza a la entidad a descontar los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal.
1.2. Las causales de revisión invocadas6
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021)
Demandante: UGPP
La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de est as, expuso los siguientes argumentos:
- El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.
principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.
- En el expediente se acreditó que la señora Gómez Arenas es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ende le es aplicable la Ley 33 de 1985.
En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación emitida por el DANE. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional,5 criterio que constituye precedente obligatorio.
5 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de
por el DANE. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional,5 criterio que constituye precedente obligatorio.
5 La entidad recurrente cita lo ha señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-223 de 2018 y T-039 de 2018.7
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: UGPP iii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional que percibe la demandada, comoquiera que, se insiste, adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de aquella norma.
- La mesada pensional devengada por la señora Gómez Arenas se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte demandada guardó silencio.6
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.7 Asimismo, atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.8 De igual manera, de conformidad con el art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de Estado es competente para conocer de la revisi ón de las providencias judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
6 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la S ala advierte que la señora Betty Cecira Gómez Arenas, guardó silencio. Lo anterior, pese a que esta corporación el 10 de septiembre de 2021, notificó personalmente de manera electrónica a la demandada el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP. Actuación visible a índice 8 de la plataforma SAMAI. 7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.». 8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». Adicionalmente, la Sala resalta que la presente acción especial de revisión fue interpuesta antes de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 8 de noviembre de 2019 como consta en el folio 11 reverso del cuaderno de la acción de revisión; razón por la cual su trámite no está regido
la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, esto es, el 8 de noviembre de 2019 como consta en el folio 11 reverso del cuaderno de la acción de revisión; razón por la cual su trámite no está regido por las reglas de competencia consagradas en la referida norma.8
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: UGPP público o a fondos de naturaleza p ública la obligación de cubrir sumas peri ódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Segurid ad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la Rep ública o del Procurador General de la Nación».9
Así mismo, es oportuno señalar que conforme el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 y, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), está legitimada para la interposición de est e recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016.
De otro lado , mediante el auto de l 1.° de julio de 2021,10 esta Sala al admit ir la acción especial de revisión objeto de estudio, señaló lo siguiente:
[…] v) Juez natural: La competencia para resolver el pluricitado medio de impugnación,
De otro lado , mediante el auto de l 1.° de julio de 2021,10 esta Sala al admit ir la acción especial de revisión objeto de estudio, señaló lo siguiente:
[…] v) Juez natural: La competencia para resolver el pluricitado medio de impugnación, con base en las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, recae, de manera exclusiva y concreta, en el Consejo de Estado, independientemente de si la providencia objeto del recurso fue proferida por un juzgado o tribunal administrativo.11 (Resaltado original del texto).
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 17 de agosto de 201812 y la acción especial de revisión se interpuso el 8 de noviembre de 2019,13 por lo
9 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a trav és de la Sen tencia SU-427 de 2016, tambi én reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acci ón de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003. 10 Folios 160 al 162. 11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 20 de febrero de 2019, proferido dentro del proceso 85001 -23-33-000-2016-00113-01 (2816 -2016), con ponencia del suscrito magistrado. 12 Folio 134.
dentro del proceso 85001 -23-33-000-2016-00113-01 (2816 -2016), con ponencia del suscrito magistrado. 12 Folio 134. 13 Folio 11 reverso.9
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: UGPP que es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Juzgado Único Administrativo de Leticia, del 1 7 de agosto de 201 8, se encuentra inmersa en la s causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 , que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias , a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.10
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: UGPP Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
Demandante: UGPP Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
- Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
- Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
- Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la l ey, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
- De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
- De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación d e aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
- Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.11
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: UGPP Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mec anismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del art ículo 249 del CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró14 que el recurso extraordinario de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,15 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
de revisi ón, previsto en la mayor ía de las áreas del derecho ,15 procede contra sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada». En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra. 2.4.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21 de la Ley 797 de 2003 « contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material,
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperi o de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 15 Corte Constitucional, sentencia C -520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el C ódigo de Procedimie nto Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, art ículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Art ículo 188. (modificado por el art ículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisi ón en materia contenciosoadministrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.12
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00306-00 (1692-2021) Demandante: UGPP judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».16
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».16
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial pa
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.