CE - 110010325000202100611001SENTENCIA20240205103326

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 11001-03-25-000-2021-00611-00 (2941 -2021)

Demandante: Jhon James Fernández López Demandada: Procuraduría General de la Nación, PGN Tema: Sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad a servidor público encargado como gobernador

Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de enero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda.

I.- Antecedentes

1.- La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, Jhon James Fernández López solicitó la nulidad de los fallos discip linarios de l 12 de enero y 27 de abril de 2018 proferidos por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal y la Sala Disciplinaria de la PGN, respectivamente, por medio de los cuales fue sancionado con destitución del cargo de gobernador encargado del departamento del Quindío e inhabilidad general por 10 años.

A título de restablecimiento solicitó que se cond enara a la entidad demandada a:

por medio de los cuales fue sancionado con destitución del cargo de gobernador encargado del departamento del Quindío e inhabilidad general por 10 años.

A título de restablecimiento solicitó que se cond enara a la entidad demandada a: (i) pagarle las siguientes sumas: ( a) por daño emergente, la suma de $15.000.000.00, por los gastos de la defensa técnica realizada dentro del proceso disciplinario, y (b) por lucro cesante, los salarios, emolumentos y beneficios prestacionales que dejó de percibir desde que se materializó la sanción hasta cuando terminó el periodo constitucional , es decir , el 31 de diciembre de 2019 , y (ii) pagarle por concepto de daño moral la suma de 100 SMLMV , y (iii) solicitarle excusas públicas.

1.1.- Fundamentos fácticos

1 Señalado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administr ativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011.2

Demandante: Jhon James Fernández López Radicado: 11001-03-25-000-2021-00611-01 (2941-2021) Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

Para febrero de 2013 e l demandant e estuvo e ncargado c omo gobernador del departamento del Quindío, época en la que suscribió el convenio interadministrativo núm. 2 del mismo año, con la Empresa Sanitaria del Quindío SA ESP , ESAQUIN, y PROVIQUINDIO EICE 2, que tenía por objeto «EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y

SA ESP , ESAQUIN, y PROVIQUINDIO EICE 2, que tenía por objeto «EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUI NDÍO», por valor de $2.714.966.619,583, sin tener en cuenta que dichas entidades no tenían la capacidad para ejecutar las actividades que desarrollaban el objeto del contrato.

El 26 de agosto de 2015 Alejandro Rodríguez y Marco Tulio Sintura presentaron solicitud de intervención por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales de la PGN ante la Empresa Sanitaria del Quindío SA ESP y PROVIQUINDIO EICE, por considerar que existía desconocimiento de las normas de contratación estatal en unos convenios suscritos entre la vigencia 2012 a 2015.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal abrió indagación preliminar en averiguación de responsables mediante auto del 12 de abril de 2016, y ordenó practicar pruebas4.

El 13 de junio de 2016 se comisionó a Iván Gerardo Jácome Gutiérrez, profesional adscrito a la Delegada, para la práctica de las respectivas pruebas . Los días 5 y 6 de julio del mismo año, se desarrolló la diligencia de visita especial a la Gobernación del Quindío, a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, y a la Empresa Sanitaria del Quindío SA ESP , en las cuales se recaudaron los convenios interadministrativos, pudié ndose determ inar con ello e n e se momento que el actor era sujeto disciplinable por la conducta reprochada, entre otros.

la Empresa Sanitaria del Quindío SA ESP , en las cuales se recaudaron los convenios interadministrativos, pudié ndose determ inar con ello e n e se momento que el actor era sujeto disciplinable por la conducta reprochada, entre otros.

La autoridad disciplinaria profirió auto de citación a audiencia el 1 de septiembre de 2017, en el que endilgó al actor el hecho de haber incurrido a título de culpa gravísima en la falta gravísima dispuesta en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que d ispone, «Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 31. Participar en la etapa precontractual o en la ac tividad contractual, en detrim ento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley», en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1150/07, literal c), numeral 4) del artículo 2 de la Ley 1150/07 , modificado por la Ley 1474 de 2011, artículos 11 y 24, de la Ley 80 de 1993, debido a que las actividades contractuales del Convenio núm. 2 de 2013 que debía realizar ESAQUIN S.A., fueron subcontratad as co n terceras personas porque dicha entidad no tenía la capacidad técnica y operativa

2 Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, ambas empresas descentralizadas del Ente Departamental. 3 Porque procedieron a tercerizarlas, con lo que se conculcó el principio de transparencia y el deber de selección objetiva. 4 Entre otras: «(…) a. Practicar visita especial a la Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN S.A.

Departamental. 3 Porque procedieron a tercerizarlas, con lo que se conculcó el principio de transparencia y el deber de selección objetiva. 4 Entre otras: «(…) a. Practicar visita especial a la Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN S.A. ESP con el fin de inspeccionar y recaudar toda la informa ción relac ionada con convenios interadministrativos convocantes por dicha empresa con la Gobernación del Quindío durante las vigencias 2012 a 2015».3

Demandante: Jhon James Fernández López Radicado: 11001-03-25-000-2021-00611-01 (2941-2021) para ejecutar el objeto del convenio definido, vulnerando con ello los principios de transparencia, moralidad y el deber de selección objetiva5.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal mediante fallo de primera instancia de l 12 de enero de 2018 sancionó al actor con destitución del cargo de gobernador (e) del Quindío e inhabilidad general por 10 años.

La Sala Disciplinaria de la PGN en fallo de se gunda instancia del 27 de abril del mismo año, resolvió confirmar la decisión impugnada.

1.2.- Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 29 de la Constitución Política y 28 y 9, 20, 84,90, 92, 101, 128, 129, 131, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002.

En el concepto de violación se señaló que la entidad accionada vulneró el debido proceso, así como el derecho de defensa y contradicción, en atención a los siguientes argumentos:

En el concepto de violación se señaló que la entidad accionada vulneró el debido proceso, así como el derecho de defensa y contradicción, en atención a los siguientes argumentos:

La autoridad disciplinaria adelantó la etapa de indagación preliminar sin vincular al actor, pese a tenerlo identificado plenamente desde un principio, impidiendo que ejerciera su defensa y participara activamente en el trámite del procedimiento desde el primer momento.

El auto de citación a audiencia incumplió con requisitos legales, pues en él no se expuso con claridad la conducta típica objeto de reproche, no contó con los elementos estructurales de un pliego de cargos, careció de interpretación clara de la forma como fueron vulnerados los prec eptos norm ativos referidos c omo infringidos, tampoco se describieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos, coartando así el ejercicio del derecho de defensa, tampoco se hizo una valoración adecuada de las pruebas allegad as al p lenario, pues el operador se limitó a enlistar el material obrante en el expediente sin darle el mérito probatorio a cada una.

El auto de citación a audiencia violó la presunción de inocencia, en razón a que contenía conclusiones sobre los hechos materi a de la investigació n y prejuzgamientos sobre la responsabilidad del disciplinado.

La autoridad disciplinaria profirió el auto de citación a audiencia con infracción de las normas en que debería fundarse por inexistencia de tipicidad y vulneración del principio de congruencia, en razón a que la conducta endilgada al actor en dicho auto fue variada en el fallo de primera insta ncia al agregársele nuevos elementos

las normas en que debería fundarse por inexistencia de tipicidad y vulneración del principio de congruencia, en razón a que la conducta endilgada al actor en dicho auto fue variada en el fallo de primera insta ncia al agregársele nuevos elementos de la tipicidad que no fueron sometidos a contradicción, resultando en una acusación diferente. Aunado a lo anterior, el reproche de tipicidad no especificó las normas vulneradas, ni concretó las prohibiciones quebranta das, solo se limitó a

5 La conducta del disciplinado desnaturalizó la figura legal de los convenios interadministrativos porque dadas sus c aracterísticas propias era notable su uso indebido en los pactos suscritos. Se advirtió que los responsables debieron cerciorarse que la entidad con la cual suscribieron este tipo de convenios, al menos tenían la capacidad técnica de ejecutar las obligaciones esenciales del objeto contractual, sin embargo, logró constatarse que dichas empresas sirvieron de intermediarios para que materialmente terceras personas cumplieran los objetos contractuales.4

Demandante: Jhon James Fernández López Radicado: 11001-03-25-000-2021-00611-01 (2941-2021) mencionar de forma abstracta la vulneración de principios que rigen la contratación estatal.

La PGN en segunda instancia también incurrió en infracción de las normas en que debería fundarse po r incongruencia del fallo de alzada y la modificación de facto del cargo formulado, esto , por cuanto introdujo nuevos elementos que no habían sido conocidos por la defensa rela tivo a la califica ción de corrupción, sin que se hubiese hecho pronunciamiento sobre ello, razón por la cual no tuvo la oportunidad de contradecir el argumento.

sido conocidos por la defensa rela tivo a la califica ción de corrupción, sin que se hubiese hecho pronunciamiento sobre ello, razón por la cual no tuvo la oportunidad de contradecir el argumento.

La autoridad de segunda instancia disciplinaria profirió el fallo con falta de motivación, pues no resolvió el argumento esbozado en el recurso de alzada, que cuestionaba porqué se consideró que la conducta reprochada fue realizada a título de culpa gravísima, y no con culpa grave.

La autoridad disciplinante incurrió en indebida valoración probato ria, esto , por cuanto existieron alrededor de 16.000 convenios interadministrativos en las mismas condiciones frente a l os cuales no se reprochó ninguna conducta, no existiendo infracción a un deber elemental, pues el actor tenía convencimiento sobre la le galidad de la actuación; tampoco valoró los documentos que acreditaban la capacidad de ESAQUIN SA ESP para ejecutar cont ratos. No fue valorado que un grupo de personas ejercieron el cargo, y la responsabilidad principal era de la titular del cargo, entonce s, no toda la resp onsabilidad estuvo radicada en el actor; no valoró que la obra no fue subcontratada en un 100%; y tampoco hubo un examen tendiente a buscar eximentes de responsabilidad o situaciones a favor del disciplinado.

En la segunda instancia la PGN incurrió en falta de competencia en la designación de funcionario ad hoc en el trámite de impedimento, porque el procurador general de la nación decidió aceptar el impedimento presentado por Jaime Mejía Ossmanquien manifestó impedimento para conoc er d e la actuación por que había recibido condecoración de parte de la ex gobernadora Sandra Hurtado Palacio -, y designó a otro

de la nación decidió aceptar el impedimento presentado por Jaime Mejía Ossmanquien manifestó impedimento para conoc er d e la actuación por que había recibido condecoración de parte de la ex gobernadora Sandra Hurtado Palacio -, y designó a otro delegado para adelantar el trámite, el cual no era el juez natural, ni el competente para el caso.

El operador disciplinario des conoció el precedente administrativo de la PGN, ya que dicho ente ha decidido casos similares en los cuales cal ificó la falta con culpa grave y no gravísima, c omo la reprochada al actor, entonces, en muchos casos similares, la misma conducta significó una sanción menos gravosa a la destitución que fue impuesta, vulnerando con ello también los principios de segurida d jurídica e igualdad.

La sanción impuesta transgredió el principio de proporcionalidad, en razón a que la autoridad no tuvo en cuenta la ausencia d e antecedentes disciplinarios como circunstancia atenuante; tampoco tuvo en cuenta que él no fue quien determinó la modalidad contractual empleada, no tuvo injerencia en la fase precontractual, ni valoró que ejerció el cargo de gobernador de forma temporal en razón a qu e fue un encargo, aspectos que no fueron valorados para dosificar la sanción.5

Demandante: Jhon James Fernández López Radicado: 11001-03-25-000-2021-00611-01 (2941-2021) El procurador general de la nación incurrió en desviación de poder, porque hizo manifestaciones en medios de comunicación previo a la resolución de la apelación, a fectando la imparcialidad, porque dictaminó que los hechos investigados eran constitutivos de hechos de corrupción , en consecuencia, la

manifestaciones en medios de comunicación previo a la resolución de la apelación, a fectando la imparcialidad, porque dictaminó que los hechos investigados eran constitutivos de hechos de corrupción , en consecuencia, la máxima autoridad de esa entidad predeterminó la línea de argumentación de los hechos materia de investigación.

La autoridad disciplinaria realizó un indebido análisis de la culpabilidad, porque el actor fue sancionado en primera i nstancia a título de culpa gravísima, sin embargo, la segunda instancia indicó que el disciplinado actuó con la intención de eludir procesos de selección objetiva, lo que indicaría dolo, pero no existe prueba en el plenario que permita establecer la intenc ionalidad o finalidad con que realizó la conducta reprochada. Tampoco tuvo en cuenta que similares convenios fueron suscritos en otras localidades sin ser objeto de reproche.

2.- Contestación de la demanda6

La PGN, a través de apoderado 7 contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, con base en los siguientes argumentos:

En el proceso disciplinario adelantado en contra del acc ionante fueron respetadas todas las garantías propias del debido proceso.

De haber existido alguna irregularidad procesal en las diligencias preliminares, debió desplegarse los mecanismos para advertir dicha situación, no obstante, no hubo ninguna manifes tación en ese sentido, con lo que habría quedado convalidada cualquier irregularidad.

En el procedi miento disciplinario se explicó suficientemente la imputación planteada al disciplinado, esto es la conducta realizada y la manera en que se incumplieron l os deberes fun cionales que le asistían en el asunto, se calificaron

En el procedi miento disciplinario se explicó suficientemente la imputación planteada al disciplinado, esto es la conducta realizada y la manera en que se incumplieron l os deberes fun cionales que le asistían en el asunto, se calificaron las faltas y las pruebas que respaldaban las conclusiones.

El actor tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de todo el procedimiento disciplinario y el reproche disciplinario aludido, por lo que pudo ejercer su derecho de defensa a plenitud, sin embargo, sus explicaciones no lograr on desvirtuar los cargos disciplinarios.

La autoridad disciplinante valoró de manera correcta y debida los elementos materiales de pruebas allegados a l plenario, los ana lizó de manera integral y de conformidad con las reglas de la sana crítica, dándo le a cada uno el mérito probatorio que correspondía, en consecuencia, las decisiones obedec ieron a una adecuada valoración, y a una motivación ajustada a derecho.

3.- La sentencia apelada

6 Visible en índice 2, documento «7_ED_ACTUACIONE_001DEMANDAANEX OSJOHN(.pdf) NroActua 2», folio digital 133, del expediente digitalizado en SAMAI. 7 Abogado Gabriel Julián Porras Castillo.6

Demandante: Jhon James Fernández López Radicado: 11001-03-25-000-2021-00611-01 (2941-2021) El Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia de primera instan cia del 28 de enero de 2021 8 negó las pretensiones de la demanda -sin condena en

costas-, con base en los siguientes argumentos:

No hubo vulneración del debido proceso en la indagación preliminar, toda vez que,

del 28 de enero de 2021 8 negó las pretensiones de la demanda -sin condena en costas-, con base en los siguientes argumentos:

No hubo vulneración del debido proceso en la indagación preliminar, toda vez que, de acuerdo con los lineamientos del artículo 150 del CDU, dicha etapa está señalada con el propósito legal de que la autoridad disciplinaria pueda recopilar elementos que clarifiquen si la conducta aparentemente irregular es constitutiva de falta disciplinaria o si se actuó al amparo de una causal d e exclusión de responsabilidad y, a su turno, individualizar a los presuntos autores de las conductas, como efectivamente se hizo, por consiguiente, el h echo de que el actor hubiese sido referenciado en las quejas iniciales y/o aparezca en un documento aportado, no implicaba automáticamente que hubiere cometido falta alguna o participado en la suscripción de los convenios objeto de reproche y por tal motivo tuviese que estar vinculado desde el inicio de la actuación, pues se debía verificar la ocurrencia de los hechos, la configuración de la falta disciplinaria, e identificar los posibles responsables.

No se vulneró el debido proceso respecto del auto de cit ación a audiencia , en razón a que se cumplieron con los lineamientos del artículo 177 del CDU, pues se hizo una descripción de cada uno de los ítems relacionados en la normatividad en cita9, por lo que el reproche disciplinario se observa diáfano.

Los elementos d e prueba allegados al plena rio dan cuenta de que el actor suscribió un convenio interadministrativo con ESAQUIN SA ESP , en su entonces condición de gobernador encargado, lográndose constatar que dichos convenios interadministrativos fueron subc ontratados posteriormente con terceras personas,

suscribió un convenio interadministrativo con ESAQUIN SA ESP , en su entonces condición de gobernador encargado, lográndose constatar que dichos convenios interadministrativos fueron subc ontratados posteriormente con terceras personas, lo que revelaba la incapacidad técnica de la entidad estatal con la cual se hizo el convenio para desarrollar y ejecutar los objetos contractuales, vulnerando así los principios de transparencia, moralidad y el deber de s elección objetiva característicos de la contratación estatal.

El argumento referido al presunto prejuzgamiento presentado en el auto de citación a audiencia no tiene asidero, pues la norma disciplinaria señala el deber de estimar la res ponsabilidad subjetiva que podría considerarse, sin que con ello se alcance a predeterminar una decisión o emitir un juicio definitivo. Aunado a lo anterior, el implicado fue convocado al procedimiento con el objeto de que participara activamente en este, ejerciera su derecho de defensa y contradicción, y así desvirtuar el presunto incumplimiento de deberes funcionales reprochados, concluyéndose que no hubo prejuzgamiento.

8 Visible en índice 2, documento «27_ED_ACTUACIONE_024SENTENCIA1 ªINSTAN(.pdf) NroActua 2», del expediente digitalizado en SAMAI. 9 Artículo 177.Calificado el procedimiento a seguir conforme a las normas anteriores, el funcionario competente, mediante auto que debe notificarse personalmente, ordenará adelantar proceso verbal y citará a audiencia al posible responsable. En el auto que ordena adelantar proceso verbal, debe consignarse la identificación del funcionario cuestionado, el cargo o empleo desempeñado, una relación sucinta de los hechos reputados

y citará a audiencia al posible responsable. En el auto que ordena adelantar proceso verbal, debe consignarse la identificación del funcionario cuestionado, el cargo o empleo desempeñado, una relación sucinta de los hechos reputados irregulares y de las normas que los tipifican, la relación de las pruebas tomadas en cuenta y de las que se van a ordenar, lo mismo que la responsabilidad que se estima puede caber al funcionario cuestionado. (…)7

Demandante: Jhon James Fernández López Radicado: 11001-03-25-000-2021-00611-01 (2941-2021) La autoridad disciplinaria no vulneró el debido proceso por aplicar el procedimiento verbal, puesto que acató los lineamientos establecidos en el artículo 175 del CDU, pues se trató de un reproche sobre la configuración de una falta gravísima, esto es la establecida en el artículo 48 , numeral 31 , de la Ley 734 de 2002; se citó a audiencia al implicado, y c oncluidas las intervencion es se emitió fallo motivado conforme con el artículo 178 ídem.

La adecuación típica realizada por la autoridad disciplinaria se hizo de manera correcta, y desde un principio, cuando al actor se vinculó al trámite, se le censuró con t otal claridad la desnaturalización y uso indebido de los convenios interadministrativos para el cumplimiento de los fines del Estado y, particularmente, del departamento del Quindío, pues con dicho instrumento se habilita de forma excepcional la realización de una contratación directa bajo ciertas condiciones que en este caso no se cumplían, por lo que no debió aplicarse esta figura.

Las pruebas recaudadas permitieron determinar que la suscripción del convenio

habilita de forma excepcional la realización de una contratación directa bajo ciertas condiciones que en este caso no se cumplían, por lo que no debió aplicarse esta figura.

Las pruebas recaudadas permitieron determinar que la suscripción del convenio interadministrativo núm. 2 de 2013 resultó ser una práctica contraria al deber de selección objetiva, así como de los principios de moralidad y transparencia de la contratación estatal, en razón a que las entidades departamentales con las cuales se contrató no tenían la capacidad técnica para ejecut arlos, cuando esta figuraconvenios interadministrativos - exige precisamente este presupuesto para su implementación10.

No se prese ntó incongruencia entre el cargo endilgado al demandante en el auto de citación a audiencia y los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, puesto que desde el inicio de la actuación la autoridad disciplinaria describió con claridad el deber in cumplido, y la conducta típicamente reprochada al actor, dicho raciocinio no fue especulativo, ni incongruente con lo consig nado e n los fallos acusados; el parámetro normativo tomado como sustento de tipificación de la conducta se observa sintetizado con e xactitud en los actos atacados, teniendo en cuenta las reglas vigentes de obligatoria observancia para el actor como gobernador encargado del departamento del Quindío11.

Los principios de la contratación estatal aludidos como vulnerados desde la iniciación de la actuación fueron precisados en deberes legales inobservados, y se explicó la manera en que la conducta transgredió el régimen de contratación estatal, por todo ello, no se aprecia incongruencia en el ejercicio de adecuación

iniciación de la actuación fueron precisados en deberes legales inobservados, y se explicó la manera en que la conducta transgredió el régimen de contratación estatal, por todo ello, no se aprecia incongruencia en el ejercicio de adecuación típica, ni una falta de razón por parte del operador disciplinario, en consecuencia, los principios invocados por la autoridad disciplina ria sí se concreta ron y explicaron con exactitud en deberes legales incumplidos, respetando la garantía del debido proceso y el principio de tipicidad.

Tampoco se configuró la incongruencia señalada entre el fallo disciplinario de primera instancia con el de segunda, ya que el cargo reproch ado no fue modificado en la alzada; luego de revisar el material probatorio obrante en el

10 Ello quedó demostrado con la subcontratación que las entidades contratistas realizaron p ara la ejecución del objeto contractual, en consecuencia, la subcontratación de la esencia del objeto contractual denota el incumplimiento de los principios referidos en los términos señalados. 11 y se aclaró, que no por el hecho de estar encarga do le merec ían menores res ponsabilidades y prohibiciones que al titular8

Demandante: Jhon James Fernández López Radicado: 11001-03-25-000-2021-00611-01 (2941-2021) plenario, se observa que existe total coherencia entre los parámetros fácticos y normativos indicados en primera instancia con lo analizado en la se gunda; la circunstancia de haberse ahondado en conceptos y jurisprudencia aplicable para reforzar el incumplimie nto del deber funcional censurado, no resta congruencia al

normativos indicados en primera instancia con lo analizado en la se gunda; la circunstancia de haberse ahondado en conceptos y jurisprudencia aplicable para reforzar el incumplimie nto del deber funcional censurado, no resta congruencia al cargo formulado desde la primera instancia, pues ello fue consigna do con la finalidad de dar respuesta a las discrepancias planteadas en el recurso de apelación interpuesto.

Los argumentos de defe nsa no lograron derr umbar el razonamiento del incumplimiento de un deber sustancial, y sí se abordaron todos los puntos de lo s recursos de apela ción, uno por uno; así mismo, para sostener el incumplimiento del deber reprochado, se valoraron las pruebas practicadas en el procedimiento de manera integral, y de conformidad con las reglas de la sana crítica, con las cuales se pudo corroborar la ocurrencia de una conducta constitutiva de falta disciplinaria.

No tiene asidero el argumento referido a la presunta inobservancia de los argumentos planteados en el recurso de apelación del proceso administrativo, ya que la autoridad discip linaria de segunda i nstancia s í tuvo en cuenta todas las discrepancias planteadas por el defensor del accionante respecto de la dec isión primigenia, sin embargo, estas inconformidades no prosperaron, por lo que no había motivos para modificar las conclusio nes establecidas en la primera instancia.

Tampoco tiene sustento el argumento referido a la falta de competencia de los funcionarios que adelantaron el procedimiento, en raz ón a que no se encuentra sustento probatorio ni jurídico que otorgue viabilidad a dicho vicio, pues qu ienes instruyeron y decidieron el asunto gozaban de plena capacidad para disciplinar al

funcionarios que adelantaron el procedimiento, en raz ón a que no se encuentra sustento probatorio ni jurídico que otorgue viabilidad a dicho vicio, pues qu ienes instruyeron y decidieron el asunto gozaban de plena capacidad para disciplinar al implicado en su condición de gobernador encargado del departamento del Quindío, conforme lo señalan los artículos 277 y 278 de la CP, poder derivado de la designación e special efectuada por el procurador general de la Nación en el asunto.

En la demanda no se explicó con claridad el motivo para determinar que los procuradores delegados que adoptaron decisiones en el sub judice, no son «su juez natural »; además, el hecho de haberse aceptado un impedimento en el procedimiento disciplinario y designado a otro procurador delegado, no desdice de la competencia de la entidad para emitir las decisiones cuestionadas.

No se vulneró el derecho a la igualdad del d isciplinado, ni s e desconoció el precedente administrativo de la PGN, debido a que el juicio disciplinario supone la evaluación de una responsabilidad subjetiva, en el que las particularidades del asunto y la condición del disciplinado, entre otras variabl es, pueden determ inar el énfasis del reproche y la sanción a imponer, por ende, la decisión administrativa en estos casos no podría evaluar los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

No se presentó desviación de poder por parte de la autoridad disciplinan te, porque las manifestaciones realizadas por el procurador general de la Nación en medios de comunicación nacional n o constituyen prejuzgamiento, ya que lo señalado por este no refleja que se haya predeterminado la decisión, pues se trató de unas

las manifestaciones realizadas por el procurador general de la Nación en medios de comunicación nacional n o constituyen prejuzgamiento, ya que lo señalado por este no refleja que se haya predeterminado la decisión, pues se trató de unas referencias generales sob re el lineamiento misional de dicha entidad tendiente a9

Demandante: Jhon James Fernández López Radicado: 11001-03-25-000-2021-00611-01 (2941-2021) poner énfasis y celeridad a investigaciones de fenómenos advertidos en varias regiones del país, entre ellos en el departamento del Quindío , sobre conductas violatorias de las normas vigentes de la contratación estatal.

El cargo alusivo a una variación indebida en el grado de culpabilidad de la conducta reprochada al actor no tiene asidero, ya que el juicio de la conducta en las dos instancias se adecuó al concepto de culpa gravísim a, esto es a una desatención supina de reglas de obligatorio cumplimiento o una violación de deberes objetivos de cu idado; en las dos oportunidades de análisis se censuró la falta d