CE - 110010326000201100052001SENTENCIA20230816151742

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 11001-03-26-000-2011-00052-00 (41911)

Actor: LUIS FERNANDO OLIVEROS VILLAREAL

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS Referencia: NULIDAD NULIDAD SIMPLE-Medio de control idóneo para la anulación de actos administrativos. CADUCIDAD EN NULIDAD SIMPLE-La acción puede intentarse en cualquier tiempo. DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO-La pérdida de fuerza ejecutoria no impide el estudio de legalidad. CONCURSO DE MÉRITOS-Su diseño permite la confección de listas cortas o de precalificación para futuros procesos de contratación. CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LISTA DE PRECALIFICACIÓN-Regulación y antecedentes.

CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LISTA DE PRECALIFICACIÓN-Acto administrativo general objeto de control de legalidad por el juez administrativo. REQUISITOS PARA INTEGRAR LA LISTA DE PRECALIFICACIÓN-Deben ser objetivos según el artículo 24.5 de la Ley 80 y el artículo 5 de la Ley 1150. CONCURSO DE MÉRITOS-La experiencia específica y el equipo de trabajo se califican con puntos. SUBCONTRATACIÓN-Negar la participación de subcontratistas afecta la selección objetiva. INEFICACIA DE PLENO DERECHO-Sanción por la falta de objetividad de los requisitos para participar y ofertar. INEFICACIA DE PLENO DERECHO-No requiere declaración judicial.

PLENO DERECHO-Sanción por la falta de objetividad de los requisitos para participar y ofertar. INEFICACIA DE PLENO DERECHO-No requiere declaración judicial. La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad interpuesta por Luis Fernando Oliveros Villareal contra la nota 2 del numeral 3.3.2 —Experiencia Para Calificar y el inciso 4 del numeral 3.4 —Reglas Aplicables de Experiencia General— contenidos en el documento de precalificación emitido por el INVIAS, para la conformación de lista corta de precalificados n.? CM-PRE-SGT-SAT-017-2011. SÍNTESIS DEL CASO Mediante documento de precalificación, el INVIAS dio a conocer las reglas de precalificación n.” CM-PRE-SGT-SAT-017-2011, para la conformación de lista corta de precalificados para la realización de estudios y diseños de carreteras grupo 1. En la nota 2 del numeral 3.3.2 —-Experiencia Para Calificar— y en el inciso 4 del numeral 3.4 —Reglas Aplicables de Experiencia Generaldispuso que no se tendrían en cuenta subcontratos. Oliveros Villareal pide la nulidad de esos apartes con fundamento en que violan los artículos 24.5 de la Ley 80 de 1993, 5 y 8 de la Ley 1150 de 2007 y 10 y 64 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008.2 Expediente n. 41,191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones ANTECEDENTES El 12 de septiembre de 2011, Luis Fernando Oliveros Villareal formuló demanda de

Expediente n. 41,191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones ANTECEDENTES El 12 de septiembre de 2011, Luis Fernando Oliveros Villareal formuló demanda de nulidad contra INVIAS. Pidió que se anulara la nota de la sección 3.3.2 y el párrafo 4 de la sección 3.4 del documento de precalificación emitido por el INVIAS, n.? CMPRE-SGT-SAT-017-2011 y, con la admisión de la demanda, que se suspendiera provisionalmente. En apoyo de sus pretensiones explicó, en los cargos primero y segundo, que esos apartes violaron los artículos 24.5 de la Ley 80 de 1993, 5 y 8 de la Ley 1150 de 2007 y 64 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008 porque no son objetivos, proporcionales y no fueron justificados. En el cargo tercero indicó que se desconoció el «principio»de la contratación estatal según el cual prima el fondo sobre la forma, contenido en el artículo 10 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008.

En el cuarto cargo sostuvo que se violaron los artículos 24.5, 24.8 y 25.3 de la Ley 80 de 1993, porque se desconoció la selección objetiva y se actuó con desviación o abuso de poder. El 6 de octubre de 2011 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público. Se negó la solicitud de suspensión provisional, porque no se advertía contravención evidente con las normas superiores invocadas. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse

entidad demandada y al Ministerio Público. Se negó la solicitud de suspensión provisional, porque no se advertía contravención evidente con las normas superiores invocadas. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, el INVIAS sostuvo que el requisito permite la participación de múltiples oferentes. En cuanto a los cargos primero y segundo afirmó que la regla demandada es objetiva y está justificada pues el subcontratista pudo ejecutar solo una parte de la obra o actividad y pretende hacerse a la experiencia total que daría el contrato, asunto que dificultaría la evaluación del requisito. Agregó, frente a este cargo, que la regla obedece a la posibilidad de que exista más de un proponente que pretenda la misma experiencia y que se opta por asignarla al contratista principal y no al subcontratista. Señaló, frente al tercer cargo, que se trata de una exigencia de fondo y no formal, porque define si es al contratista principal o al subcontratista a quien se le otorga la experiencia y facilita la validación del requisito. Manifestó, frente al cargo cuarto, que la selección es objetiva porque se evalúan los contratos firmados como consecuencia de un proceso de selección y se evita doble valoración de la misma experiencia, lo cual descarta la desviación de poder y facilita la integración de la lista.3 Expediente n. 41.191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones El 11 de mayo de 2012 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó desfavorable a la pretensión de nulidad,

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público conceptuó desfavorable a la pretensión de nulidad, pues se trata de una regla objetiva porque permite seleccionar al proponente que tiene la experiencia para ejecutar el contrato y porque evita que la experiencia sea valorada en favor de más de un proponente, en especial, en los eventos en los que se subcontrata solo una parte del objeto.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la nulidad de un acto administrativo según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1% de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en única instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 128.1 CCA, según el cual conoce de las acciones de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.

Acción procedente

2. La acción de nulidad es el medio de control idóneo para perseguir la anulación de un acto administrativo, por infracción de las normas en que deberían fundarse, falta de competencia, expedición irregular, desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, falsa motivación o desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió. Como en este caso se solicita la nulidad de un acto administrativo de carácter general, como adelanta se explicará, la acción es procedente (art. 84 CCA).

Demanda en tiempo

3. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la4

de un acto administrativo de carácter general, como adelanta se explicará, la acción es procedente (art. 84 CCA). Demanda en tiempo

3. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la4

Expediente n. 41.191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones expedición del acto, según el artículo 136.1 CCA.

Legitimación en la causa

4. Como toda persona puede solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos, según el artículo 84 CCA, Luis Fernando Oliveros Villareal está legitimado en la causa por activa. El INVÍAS está legitimado en la causa por pasiva, porque expidió el acto administrativo demandado -documento de precalificaciónpara la conformación de lista corta de precalificados n.? CM-PRE-SGT-SAT-0172011 para la realización de estudios y diseños de carreteras grupo 1. ll. Acto objeto de control

5. La convocatoria de precalificación n.? CM-PRE-SGT-SAT-017-2011 contiene las condiciones de participación para la conformación de la lista de precalificados para la realización de estudios y diseños de carreteras grupo 1.

En ese documento, el INVIAS definió los requisitos que debían cumplir los interesados en integrar la lista de precalificados. En cuanto a la experiencia, dispuso, en los apartes demandados, lo siguiente: (i) en la sección 3.3.2. dejó una nota aclaratoria en la que textualmente dice «para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos»; (ii) en el apartado 3.4 señaló lo siguiente: «los contratos válidos para acreditar la experiencia general serán aquellos

nota aclaratoria en la que textualmente dice «para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos»; (ii) en el apartado 3.4 señaló lo siguiente: «los contratos válidos para acreditar la experiencia general serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquiera otra derivación de estos se entenderá para efectos de la convocatoria como subcontrato. Por tanto, mediante un contrato se podrá acreditar experiencia por una vez, es decir la generada por el contrato principal o de primer orden. En ningún caso se podrá acreditar experiencia por más de una vez en relación al mismo contrato» Se trata pues, de un acto general, que tiene un efecto jurídico fundamental: determinar los requisitos para la integración de la lista. Esa convocatoria tiene una regulación que, como se verá [núm. 12], establece los requisitos de la convocatoria y dispone, como efecto, que de abrirse el concurso de méritos, quienes integran la lista serán los que presenten las ofertas a la entidad.5 Expediente n. 41.191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones

1. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si es nulo un requisito, contenido en una convocatoria para la integración de una lista de precalificación para un futuro concurso de méritos, que excluye a los subcontratistas, porque afecta la selección objetiva.

IV. Análisis de la Sala La pérdida de fuerza ejecutoria no impide estudio de legalidad

6. Un acto administrativo en firme pierde obligatoriedad y no puede ser ejecutado si desaparecen sus fundamentos de derecho, de conformidad con el artículo 66.2

La pérdida de fuerza ejecutoria no impide estudio de legalidad

6. Un acto administrativo en firme pierde obligatoriedad y no puede ser ejecutado si desaparecen sus fundamentos de derecho, de conformidad con el artículo 66.2

CCA, retomado por el artículo 91.2 CPACA. Sin embargo, los efectos del acto administrativo, producidos antes de la configuración de la causa de pérdida de ejecutoria, son eficaces, circunstancia que habilita a esta jurisdicción a pronunciarse sobre su legalidad!. La convocatoria de precalificación n.” CM-PRE-SGT-SAT-017-2011 se rigió por las reglas del Decreto reglamentario 2474 de 2008, que fue derogado por el Decreto 1510 de 2013 hoy compilado, a su vez, en el Decreto 1082 de 2015, de manera que perdió el fundamento de derecho que justificó su existencia. No obstante, el acto administrativo demandado es susceptible de control de legalidad mientras produjo efectos?. Cargos primero, segundo y cuarto

7. En los cargos primero, segundo y tercero la demanda afirma que se vulneraron los artículos 24.5, 24.8 y 25.3 de la Ley 80 de 1993, 5 y 8 de la Ley 1150 de 2007 y 64 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008. El fundamento de estos cargos es el mismo: el desconocimiento de normas superiores y la vulneración de la selección 1 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de mayo de 1997, Rad. n”. CA-004 [fundamento jurídico párr. 4].

1 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de mayo de 1997, Rad. n”. CA-004 [fundamento jurídico párr. 4]. 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de octubre de 2001, Rad. 6328 [fundamento jurídico IV], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Primera, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 45-48, disponible en https: //bit.ly/3xCnT8).6 Expediente n'. 41.191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones objetiva, pues, afirma, que negar la experiencia adquirida en subcontratos no es una regla proporcional, justificada y no apunta a la escogencia de la mejor propuesta.

Como los cargos tienen por fundamento un mismo señalamiento serán estudiados en conjunto.

8. El INVIAS abrió la convocatoria n.? CM-PRE-SGT-SAT-017-2011 en el mes de junio de 2011. Como se trata de un proceso de selección dirigido por una entidad de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, el régimen jurídico aplicable al proceso de selección era el previsto en esa ley, con la modificación introducida por la Ley 1150 de 2007.

9. La Ley 80 de 1993 busca garantizar que la formación del contrato se dé con publicidad de las bases del proceso de selección y propicie la igualdad de oportunidades de quienes participen. El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 se refiere, especialmente, a los procedimientos de selección, particularmente en la definición

publicidad de las bases del proceso de selección y propicie la igualdad de oportunidades de quienes participen. El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 se refiere, especialmente, a los procedimientos de selección, particularmente en la definición de las bases de los mismos -elaboración de los pliegos o sus equivalentesy a la publicidad que debe darse a éstos y a la contratación pública en general. Previo a la apertura de la licitación, la Administración debe elaborar los pliegos de condiciones conforme a lo dispuesto en los artículos 24.5 y 30.2 de la Ley 80 de 1993 [antes previsto en el art. 30.h Decreto 222 de 1983]. De modo que, los pliegos o sus equivalentes regulan el procedimiento de selección y, por ello, deben contener reglas claras, objetivas y completas de escogencia del contratista [factores de selección]. Los pliegos o sus equivalentes, pues, disciplinan el desarrollo y las etapas del proceso de selección. Además, los pliegos consignan el borrador del clausulado [minuta] del contrato por celebrar. En todo caso, en los contratos se podrán incluir todas las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias, siempre que no contravengan normas imperativas, ni los principios de la Ley 80 [transparencia, economía y responsabilidad, según el artículo 23 y con el preciso alcance fijado en los artículos 24, 25 y 26, respectivamente] y los fines que no son otros que los del Estado (art. 3 en armonía con el art. 2 CN), todo de conformidad con el artículo 40 del estatuto. Los pliegos o sus equivalentes son «documentos contractuales» de enorme significación. Y como tales, constituyen un imprescindible marco de referencia para7

conformidad con el artículo 40 del estatuto. Los pliegos o sus equivalentes son «documentos contractuales» de enorme significación. Y como tales, constituyen un imprescindible marco de referencia para7 Expediente n. 41.191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones la ejecución del contrato y, claro está, sirve para interpretarlo, con el fin de desentrañar la intención de las partes (arts. 23 y 28 de la Ley 80 y 1618 y ss. CC).

De modo que, aunque son de enorme importancia, los pliegos o sus equivalentes en modo alguno «prevalecen» sobre el contrato y sus estipulaciones. Lo acordado es ley para las partes y solo se extingue por mutuo disenso de ellas (arts. 1602 y 1625 CC), por declaración judicial de resolución o terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 1546 y 1625.9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625.8 y 1740 CC y 44 Ley 80). En definitiva, los pliegos o sus equivalentes son un marco de referencia fundamental en la etapa precontractual, como durante la ejecución del contrato. Los pliegos son a la vez expresión del «principio de transparencia», que propende por la igualdad de oferentes y la selección objetiva (art. 24) y del «principio de economía», con arreglo al cual, los procedimientos contractuales son mecanismos para cumplir los fines estatales (art. 25). El pliego de condiciones o sus equivalentes, como acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los participes del proceso, únicamente puede

fines estatales (art. 25). El pliego de condiciones o sus equivalentes, como acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los participes del proceso, únicamente puede ser objeto de modificaciones en las oportunidades previstas en el estatuto contractual, esto es, con antelación al cierre del proceso?. Después de presentadas las ofertas, la Administración no puede modificar las reglas previstas en el pliego de condiciones, sino únicamente interpretarlas. Los pliegos son, pues, intangibles, inalterables e inmodificables a partir de ese momento. El artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993 prevé que los pliegos de condiciones o sus equivalente deben: (i) indicar los requisitos objetivos para participar en los procesos de selección, (ii) definir reglas objetivas, justas, claras y completas, que permitan la confección de ofrecimientos que tengan estas características, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta; (iii) definir con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato; (iv) no incluir condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad de los datos, informes 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 1999, Rad. N12344 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 181, disponible en https: //cutt. Iy/OQ9KFJH.8 Expediente n. 41.191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones

Imprenta Nacional, 2018, p. 181, disponible en https: //cutt. Iy/OQ9KFJH.8 Expediente n. 41.191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones y documentos que se suministren; y (v) definir el plazo para la liquidación del contrato —cuando sea procedente—.

En cuanto a los procedimientos de selección, esta regla de la contratación pública excluye una actividad oculta, secreta, oscura y arbitraria en la actividad contractual. Al contrario, propende una selección objetiva de la propuesta y del contratista del Estado mediante la inclusión de una serie de criterios objetivos que faciliten la participación de oferentes idóneos y la selección de la mejor propuesta. Los primeros permiten la participación de los sujetos, esto es, habilitan jurídica, financiera o técnicamente la concurrencia de los interesados al proceso y, por ende, conciernen a la idoneidad de los oferentes. Los segundos posibilitan la selección de la propuesta, esto es, están referidos a calificar la oferta, a darle un puntaje, para establecer el mérito de la misma frente al objeto a contratar. En la elaboración de estos requisitos la entidad tiene una amplia discrecionalidad. Sin embargo, deben construirse con fundamento en los fines perseguidos con la contratación estatal, que son los mismos del Estado (arts. 2 CN y 3. de la Ley 80 de 1993). Los requisitos habilitantes, como los relativos a la comparación de las propuestas, deben relacionarse con el objeto del proceso y su eficacia y validez se soportan en las necesidades que pretende satisfacer la Administración. Por esta razón, los criterios de habilitación y selección de las propuestas deben ser

propuestas, deben relacionarse con el objeto del proceso y su eficacia y validez se soportan en las necesidades que pretende satisfacer la Administración. Por esta razón, los criterios de habilitación y selección de las propuestas deben ser determinantes y útiles, con el fin de permitir la participación de personas idóneas y para facilitar la comparación de las ofertas. Solo de esta forma se puede escoger la que resulte más favorable para los fines e intereses que se persiguen con la contratación”. No puede, entonces, aceptarse en los pliegos de condiciones o en sus equivalentes, según el procedimiento de selección respectivo, que se incluyan como requisitos habilitantes o criterios ponderables, cláusulas, disposiciones o factores arbitrarios. Estos criterios, se reitera, deben ser esenciales para garantizar la participación de personas idóneas e indispensables para medir o evaluar sustancialmente el mérito 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2006, Rad. 16041 [fundamento jurídico 4.1.3.] en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 183, disponible en https://bit.Iy/3gijduK. > Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, Rad 31477, [fundamento jurídico a]. .9 Expediente n. 41.191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones de una propuesta frente a las necesidades concretas de la administración.

La exigencia de criterios objetivos por la Ley 80 de 1993 garantiza la libertad en la

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Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones de una propuesta frente a las necesidades concretas de la administración.

La exigencia de criterios objetivos por la Ley 80 de 1993 garantiza la libertad en la iniciativa privada y la libre competencia económica (art. 333 CN). Dos postulados fundamentalesque deben observarse en todos los procedimientos de contratación del Estado y que motivaron la expedición de ese estatuto. El artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993, al disponer que la escogencia del contratista debe hacerse de acuerdo con unas reglas claras, completas, objetivas y públicas, busca, pues, garantizar la imparcialidad de la administración y permitir un control más eficaz de estos procedimientos?. Postulados que, para algunos, revelan que los procesos de selección son expresiones del derecho de la competencia aplicado al ámbito de la contratación pública, pues garantizan la libre concurrencia y la igualdad de condiciones de los oferentes. Su eficacia y correcta aplicación hacen parte de un derecho administrativo de la libertad. Un derecho que al asegurar la selección objetiva, desprovista de arbitrariedad, con arreglo a principios y procedimientos establecidos, busca que el contrato se celebre con el proponente cuya oferta sea más favorable a la entidad. Estos procesos de selección son actos reglados () para mejorar la situación administrativa para negociar, quitarle al negocio cualquier viso clandestinidad y (iii) propiciar que lo satisfactorio o no de la propuesta depende de que se ajuste al pliego (o su equivalente).

10. En concordancia con esta regla, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la selección es objetiva cuando se escoge la oferta más favorable a la entidad

que se ajuste al pliego (o su equivalente).

10. En concordancia con esta regla, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la selección es objetiva cuando se escoge la oferta más favorable a la entidad y a sus fines, sin que medien factores subjetivos. La norma define que el ofrecimiento más favorable es aquel que es más ventajoso para la entidad, con fundamento en los factores de escogencia previstos en los pliegos de condiciones o en el análisis previo a la suscripción del contrato —contratación directa—. No pueden tenerse en cuenta factores diferentes a los contenidos en dichos documentos o sólo alguno de ellos.

Además, la norma diferenció los requisitos habilitantes, indispensables para participar en el proceso y de simple verificación por la entidad, de aquellos a los 6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de julio de 1997, Rad 9523, [fundamento jurídico 3.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 34, disponible en httos-//bt.ly/3gjjduK.10 Expediente n. 41.191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones cuales se asignarían puntajes y con base en los cuales se escogería la oferta más favorable. Frente a estos requisitos, la norma dispuso que su exigencia por las entidades públicas debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor (art. 5.1).

La selección objetiva es, pues, un deber en la actividad contractual, que orienta los

entidades públicas debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor (art. 5.1). La selección objetiva es, pues, un deber en la actividad contractual, que orienta los procesos de selección. Además, es un fin en la contratación estatal, pues permite la escogencia de la mejor oferta para los intereses perseguidos con la contratación. En tal virtud, los factores y criterios de habilitación y selección en los respectivos pliegos de condiciones o sus equivalentes juegan un papel preponderante y, por ello, deben ser fijados de manera objetiva y clara y en función a la específica necesidad.

11. Esta exigencia de objetividad, en cuanto al requisito de experiencia resulta, además, de una particular importancia, en cuanto al concurso de méritos se refiere.

El artículo 71 del Decreto 150 de 1976 -primer estatuto contractual de la administraciónestableció que ese sería el procedimiento para la adjudicación de las actividades inherentes a la consultoría. La norma indicó que el concurso supondría una invitación pública o privada, para formular propuestas y debería ser adjudicado al proponente inscrito que demostrara estar mejor calificado. Debía ponderarse su capacidad técnica, experiencia y organización para el servicio profesional de que se tratara y con equitativa distribución de los negocios. Luego, el artículo 39 del Decreto Ley 222 de 1983 -anterior estatuto de contratación púbicahizo referencia expresa, para efectos de los contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas, al concurso de méritos. La norma dispuso que este era el procedimiento para la adjudicación de los contratos de consultoría y que los criterios relevantes serían capacidad técnica, experiencia y organización para el

entidades descentralizadas, al concurso de méritos. La norma dispuso que este era el procedimiento para la adjudicación de los contratos de consultoría y que los criterios relevantes serían capacidad técnica, experiencia y organización para el servicio profesional. El Decreto 1522 de 1983 reglamentó lo relativo al concurso de méritos y estableció que el orden de elegibilidad se establecería de acuerdo a las condiciones técnicas de la propuesta (art. 30). De manera que el estatuto vigente antes de la Ley 80 de 1993 y su norma reglamentaria, insistieron en la importancia que tiene en la selección de consultores la experiencia profesional y la capacidad técnica del proponente.11 Expediente n. 41.191

Demandante: Luis Fernando Oliveros Villareal niega pretensiones En vigencia de la Ley 80 de 1993, el legislador definió a la licitación pública o concurso como el mecanismo de preferencia para llegar al contrato estatal, es decir, como procedimiento general de toda contratación de la Administración pública (art. 30). El numeral 1 del artículo 24 previó como excepción a dicho procedimiento, aquellos eventos en los cuales la norma autorizaba la contratación directa, según se puede apreciar en su texto original.

Conforme con esa regulación, la licitación pública era el género y debía seguirse para la selección de contratistas, y el concurso era la especie para aquellos eventos en los cuales el objeto a contratar consistía en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, según el artículo 30. Así, aunque en su versión original la Ley 80 de 1993 no se refirió expresamente al concurso de méritos, como lo hacían las normas que la antecedieron, previó esta modalidad para el tipo de

intelectuales o especializados, según el artículo 30. Así, aunque en su versión original la Ley 80 de 1993 no se refirió expresamente al concurso de méritos, como lo hacían las normas que la antecedieron, previó esta modalidad para el tipo de contrato de consultoría al que se refirió en el numeral 2 del artículo 32. No cabe duda de que las calidades personales, intelectuales y de experiencia, siguieron siendo, como en las normas de contratación anteriores, los aspectos centrales en la selección de consultores. La Ley 1150 de 2207 modificó en forma importante esta estructura. Esta ley, en varios aspectos supuso por desventura una contrarreforma de la Ley 80 de 1993 al hacer suyos criterios jurisprudenciales discutibles, dispuso que en adelante las modalidades de selección serían: (i) la licitación pública, que se conserva como la regla general de escogencia de contratistas; (ii) el concurso de méritos, cuya variación en el nombre consistió en añadir las palabras “de méritos” a la nominación que tenía antes, pero sobre todo se separó del procedimiento de licitación público; (iii) la contratación directa, que conservó la denominación que tenía, y (iv) la selección abreviada, que no tiene antecedente normativo, es decir, corresponde a una modalidad que, como nombre por lo menos, aparece por primera vez en esta ley (art. 2 Ley 1150 de 2007). Segú