CE - 110010326000201300062002SENTENCIA20230815151159

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023) Radicación número: 11001-03-26-000-2013-00062-00(47270)

Actor: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Demandado: JOSÉ GUILLERMO BOTERO COTES Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA-Para conocer las repeticiones contra representantes legales de entidades del orden nacional. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN REPETICIÓNSubrogación legal de derechos en repetición. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. PROVIDENCIAS JUDICIALES-Valor probatorio. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen legal aplicable a hechos ocurridos después de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos y condiciones para su ejercicio PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE EN REPETICIÓN-Violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, art. 6.1 Ley 678. CARGA DE LA PRUEBA EN REPETICIONES EN VIGENCIA DE LA LEY 678 DE 2001-Le corresponde al demandado desvirtuar la presunción. PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE-Se desvirtúa porque la formalidad que omitió el acto administrativo era una irregularidad incapaz de afectar la validez del acto. ACTO ADMINISTRATIVO-Nulidad por expedición irregular. CONGRUENCIA DEL FALLOLos alegatos de conclusión y la sustentación de la apelación no son la oportunidad prevista para formular

validez del acto. ACTO ADMINISTRATIVO-Nulidad por expedición irregular. CONGRUENCIA DEL FALLOLos alegatos de conclusión y la sustentación de la apelación no son la oportunidad prevista para formular nuevas pretensiones. COSTAS-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en única instancia, art. 188 CPACA, 365 y 366 CGP. La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión del 5 de mayo de 2005, decide en única instancia la demanda de repetición interpuesta por la Universidad Popular del Cesar contra José Guillermo Botero Cotes. SÍNTESIS DEL CASO El 14 de diciembre de 2006, por Resolución n. 2003, José Guillermo Botero Cotes rector de la Universidad Popular del Cesardeclaró insubsistente el nombramiento de Jorge Fidel Navarro Becerra como profesional universitario. Como el acto administrativo se declaró nulo por no informar la novedad al Consejo Superior de la Universidad, y la entidad pagó la condena, demandó en repetición al funcionario. Alegó presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de la ley. 1 Acta n”. 15 de esa fecha.2 Expediente n. 47.270

Demandante: Universidad Popular del Cesar Niega pretensiones ANTECEDENTES El 21 de enero de 2013, la Universidad Popular del Cesar, a través de apoderado judicial, formuló demanda de repetición contra José Guillermo Botero (:otes, para que se le declarara patrimonialmente responsable de la condena por $149.866.991, impuesta por el Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 29 de julio de 2010. En apoyo de las pretensiones, la parte demandente afirmó

que se le declarara patrimonialmente responsable de la condena por $149.866.991, impuesta por el Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 29 de julio de 2010. En apoyo de las pretensiones, la parte demandente afirmó que la conducta de José Guillermo Botero Cotes fue gravemente culposa, porque desconoció la ley y el estatuto orgánico de la universidad. El demandaulo tenía el deber de informar al Consejo Superior de la Universidad los nombremientos y retiros de los empleados y omitió ese procedimiento antes de desvincular a Jorge Fidel Navarro Becerra. El 25 de julio de 2013, se admitió la demanda y se ordenó su notificación personal al demandado y al Ministerio Público. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, José Guillermo Botero Cotes adujo que expidió el acto administrativo conforme a la Ley, pues podía declarar la insubsistencia del empleado en provisionalidad sin motivar la decisió.. Agregó que, para el momento en que expidió la resolución, el Acuerdo 001 Jel 22 de enero de 1994 —que fundamentó la condena— había sido derogado por el Acuerdo 003 de 7 de diciembre de 2006 y el demandado tenía la atribución de nombrar o remover empleados sin consultar o pedir autorización del Consejo Superior de la Universidad. El 5 de septiembre de 2022 se celebró audiencia inicial y se decretaron las pruebas. El 18 de noviembre de 2022, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamante. La demandante reiteró lo expuesto y alegó que la insubsistencia de Jorge Fidel

El 18 de noviembre de 2022, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamante. La demandante reiteró lo expuesto y alegó que la insubsistencia de Jorge Fidel Navarro Becerra no se expidió para mejorar el servicio público, sino que fue producto de caprichos y persecuciones del demandado como Rector en la época. El demandado adujo que la providencia que anuló el acto administrativo se fundamentó en un reglamento derogado y que no estaba probada su culya grave. El Ministerio Público conceptuó desfavorable a las pretensiones, porque el medio3 Expediente n. 47.270

Demandante: Universidad Popular del Cesar Niega pretensiones de control estaba caducado. Sostuvo que la entidad hizo el último pago se hizo el 8 de noviembre de 2010 y el término vencía el 9 de noviembre de 2012.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1” del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para decidir en única instancia este proceso, de conformidad con el artículo 149.13 CPACA y el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, vigentes para la fecha de presentación de la demanda, según los cuales estudia la acción de repetición que se ejerza contra los representantes legales de entidades del orden nacional.

Acción procedente

Ley 678 de 2001, vigentes para la fecha de presentación de la demanda, según los cuales estudia la acción de repetición que se ejerza contra los representantes legales de entidades del orden nacional. Acción procedente

2. La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso 1% del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 164.1 CPACA o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4% del artículo 177 CCA, régimen jurídico del proceso en el que se impuso la condena. La demanda se interpuso en tiempo —-21 de enero de 2013porque el último pago de la condena se hizo el 15 de marzo de 2011, según4

Expediente n. 47.270

Demandante: Universidad Popular del Cesar Niega pretensiones da cuenta copia auténtica del volante de consignación de «pensión por sentencia» en favor de Jorge Fidel Navarro Becerra [núm. 11.4].

Legitimación en la causa

4. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la ley o en

Legitimación en la causa

4. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la ley o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda

(art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los derechos del acreedor viene a ocupar su lugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor?. El artículo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001 establece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repeticiór. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la en:idad tiene derecho a repetir lo pagado —por ministerio de la ley— contra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado. La Universidad Popular del Cesar está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una condena judicial. Con ocasión de este pago se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como gravemente culposa del

la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una condena judicial. Con ocasión de este pago se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como gravemente culposa del servidor público [núm. 11]. José Guillermo Botero Cotes está legitimado en la causa por pasiva, pues fue el servidor público que —según la demancia-— con su conducta gravemente culposa o dolosa dio lugar a la indemnización por el Estado, proveniente de una sentencia judicial. Aquel era el rector de la Universidad Popular del Cesar para la época de los hechos, según da cuenta certificado 2 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1935 [fundamento jurídico 8] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII, n. 1904, p. 393.5 Expediente n. 47.270

Demandante: Universidad Popular del Cesar Niega pretensiones original expedido por el coordinador del Grupo de Gestión de Desarrollo Humano de la Universidad Popular del Cesar (f. 73 c. ppal). ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el rector de una universidad desvirtuó la presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

TA Análisis de la Sala

5. Las copias simples se valorarán según el artículo 246 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 CPACA.

6. Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones

remisión expresa del artículo 211 CPACA.

6. Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales?. Las sentencias del 7 de mayo de 2009 y del 29 de julio de 2010, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, serán valoradas.

Régimen jurídico aplicable

7. Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 14 de diciembre de 2006, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001 que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial n. 44.509, el 4 de agosto de 2001 La Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas «presunciones legales» (artículos 5% y 6% de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 CC. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844 [fundamento jurídico 3.3.3.2]. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento

jurídico 3.3.3.2]. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento jurídico 2.2].6 Expediente n. 47.270

Demandante: Universidad Popular del Cesar Niega pretensiones La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artícu.os 5 y 6 encontró que estaban ajustados a la CN, pues esas «presunciones» no implican atribución inmediata de responsabilidad del demandado, al ser mecanismos procesales que buscan que la entidad pruebe el supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probetorio5.

El artículo 243 CN dispone que los fallos que la Corte Constitucional dicte, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Una vez en firme y ejecutoriada la decisión, esta tizne fuerza vinculante, obligatoria para todos, incluidos, por supuesto, los jueces de la República. Si la Corte condiciona la decisión de constitucionalidad de Ln precepto legal, esa interpretación condicionada descarta expresamente otras interpretaciones posibles. Las sentencias interpretativas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad alteran parcialmente el contenido de la clisposición, al tiempo que expulsa del ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la norma acusada. Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición

8. La procedencia de la acción de repetición —a más de la condición de servidor o

al tiempo que expulsa del ordenamiento cualquier otra interpretación que admita la norma acusada. Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición

8. La procedencia de la acción de repetición —a más de la condición de servidor o exservidor público, que ya fue analizada [núm. 4]- requiere: (1) la obligación reparatoria a cargo del Estado, (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o cravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerze funciones públicasf.

Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante

9. El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como 5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-374 del 14 de mayo de 2002 [fundamento jurídico 6] y C-778 del 11 de septiembre de 2003 [fundamento jurídico 7]. $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 270C6 [fundamento jurídico 2.1] y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo .Jel 2014, Rad. 42183 [fundamentos jurídicos 12, 13 y 15].7

Expediente n. 47.270

Demandante: Universidad Popular del Cesar Niega pretensiones consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo.

La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, conforme al artículo 2 de la Ley 678 de 2001.

La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, conforme al artículo 2 de la Ley 678 de 2001.

10. Está acreditado que el 29 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo Cesar anuló la Resolución de insubsistencia n. 2003 del 14 de diciembre de 2006 y condenó a la Universidad Popular del Cesar reintegrar a Jorge Fidel Navarro Becerra y pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, según da cuenta copia auténtica de las providencias (f. 18 a 30 y 31-42 c. ppal.).

Segundo presupuesto: El pago

11. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 29 de julio de 2010, con apoyo en los siguientes medios de prueba: 11.1. El 13 de octubre de 2010, el rector de la Universidad Popular del Cesar ordenó adelantar los trámites para la reincorporación y el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Cesar a favor de Jorge Fidel Navarro Becerra, según da cuenta copia auténtica de la Resolución n”. 2661 de noviembre de 2010 (f. 50-51 c. ppal.). 11.2. El 5 de noviembre de 2010, el rector de la Universidad Popular del Cesar reconoció y ordenó el pago de $149.866.991 a favor de Jorge Fidel Navarro

de 2010 (f. 50-51 c. ppal.). 11.2. El 5 de noviembre de 2010, el rector de la Universidad Popular del Cesar reconoció y ordenó el pago de $149.866.991 a favor de Jorge Fidel Navarro Becerra, por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, distribuidos así: $128.587.664 a Jorge Fidel Navarro Becerra, $10.438.013 por pensión, $457.731 por ARP, $3.945.282 a caja de compensación y $2.958.963 a ICBF, según da cuenta copia auténtica de la Resolución n. 2661 (f. 50 a 51 c. ppal.). 11.3. El 8 de noviembre de 2010, la Universidad Popular del Cesar pagó $128.287.930 a Jorge Navarro Becerra, por concepto de «pago reintegro según8 Expediente n. 47.270

Demandante: Universidad Popular del Cesar Niega pretensiones sentencia judicial», según da cuenta copia auténtica del comprobante de egreso con firma del pagador y del beneficiario (f. 49 c. ppal.). 11.4. El 17 de diciembre de 2010, la Universidad Popular del Cesar giró un cheque por $7.361.976, a favor de Jorge Navarro Becerra, por concepto de aportes al ICBF, SENA, cajas de compensación y riesgos profesionales, ordenados en la Resolución 2061 del 5 de noviembre de 2010 y en sentencia judicial, según da cuenta copia auténtica del comprobante de egreso con firma del pagaclor (f. 69 c. ppal.) El 19 de enero de 2011, se consignaron esas sumas a llas cuentas bancarias de cada entidad, según da cuenta copia auténtica de los formatos de

ppal.) El 19 de enero de 2011, se consignaron esas sumas a llas cuentas bancarias de cada entidad, según da cuenta copia auténtica de los formatos de transacciones de los bancos Davivienda y Colmena BCSC (f. 70 c. ppal.). 11.5. El 15 de marzo de 2011, la Universidad Popular pagó $13.917.361, por concepto de pensión al ISS por sentencia a favor de Jorge Navarro Becerra, según da cuenta copia auténtica del formato de transferencia del banco de Occidente (f. 71 c. ppal.).

Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente

12. Como el régimen sustantivo de esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5? y 6” de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la zarga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al dzmandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado.

Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba”, una vez la entidad demandante acredita que el servidor ¡Jel Estado incurrió en alguno de los supuestos que «presumen» el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente

demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar, si no obstante configurarse alguna de las 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 40.755 [fundamento jurídico 14].9 Expediente n”. 47.270

Demandante: Universidad Popular del Cesar Niega pretensiones «presunciones», el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa.

El juez evaluará todos los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador.

13. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 13.1. El 14 de diciembre de 2006, José Guillermo Botero Cotes, rector de la Universidad Popular del Cesar, declaró insubsistente el nombramiento de Jorge Fidel Navarro Becerra en el cargo de profesional universitario, código 2044, grado 10, según da cuenta copia auténtica de la Resolución n. 2003 (f. 34 p. 37 expediente digital índice 145 SAMA)). 13.2. El 29 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo del Cesar anuló la Resolución n. 2003 del 14 de diciembre de 2006 y condenó a la Universidad Popular del Cesar a reincorporar al funcionario y pagarle los sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 31-42 c. ppal.).

Popular del Cesar a reincorporar al funcionario y pagarle los sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 31-42 c. ppal.).

14. Las «presunciones legales» de dolo o culpa grave, previstas en los artículos 5” y 6” de la Ley 678 de 20018, corresponden a un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de otro debidamente probado. Esa presunción no excluye la posibilidad de que exista un error en el razonamiento del hecho del cual se parte para obtener una deducción o en el hecho probado cuando resulte falso o inexacto. Por eso, el demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la «presunción legal», aun cuando fueren ciertos los antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley, como también cuando éstos terminen siendo falsos?. En eventos de acción de repetición por la expedición de un acto administrativo, la declaración de nulidad del acto no implica automáticamente la responsabilidad patrimonial del servidor público. Pues, 8 Declarado exequible por la Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002 [fundamento jurídico 4] y sentencia C-455 de 2002 [fundamento jurídico 6]. 2 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34816 [fundamento jurídico 3.2.3].10

Expediente n. 47.270

Demandante: Universidad Popular de! Cesar Niega pretensiones se reitera, el servidor público puede aportar pruebas que desvirtuen la presunción??.

Las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato

Demandante: Universidad Popular de! Cesar Niega pretensiones se reitera, el servidor público puede aportar pruebas que desvirtuen la presunción??.

Las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del exservidor público, sin perjuicio de que el agente aporte medios de prueba tendientes a desvirtuar la «presunción legal»!. La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6, por violación manifiesta e inexcusable de normas derecho, se configura cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o ext'alimitación en el ejercicio de las funciones??.

15. Según el artículo 84 CCA (retomado por el artículo 137 CPACA), una de las causales por las cuales procede la nulidad de los actos administrativos es que estos se hayan expedido en forma irregular. Este vicio de nulidad se presenta cuando la Administración no ha observado las formas sustanciales previstas en la Ley para la formación y expedición del acto administrativo.

La ley, como garantía para los administrados, establece ciertos tramites que deben observarse en expedición de determinados actos administrativos. Esos procedimientos son de forzoso cumplimiento en la medida en que se trata de normas de orden público. Las formas son, al tiempo, garantía para los ciudadanos frente al ejercicio arbitrario de la función administrativa y deberes de la «nutoridad al momento de exteriorizar su voluntad. Hay simples omisiones e irregularidades que no afectan la validez de los actos administrativos. Estas no constituyen una garantía del afectado con la decisión.

momento de exteriorizar su voluntad. Hay simples omisiones e irregularidades que no afectan la validez de los actos administrativos. Estas no constituyen una garantía del afectado con la decisión.

16. Según la demanda, Jorge Guillermo Botero Cotes -—al expedir el acto de insubsistencia de Jorge Fidel Navarro Becerra— actuó con culpa greve porque desconoció de forma manifiesta e inexcusable normas de derecho (num. 1% art. 6

Ley 678 de 2001). José Guillermo Botero era el rector de una universide d pública y 19 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34816 [fundamento jurídico 3.2.3]. 11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 201.1, Rad. 40.755 [fundamento jurídico 15]. 12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816 [fundamento jurídico 3.2.3].11 Expediente n. 47.270

Demandante: Universidad Popular del Cesar Niega pretensiones desconoció normas internas de la institución, pues desvinculó a un empleado sin consultar con el Consejo Superior de la universidad, omisión que generó la nulidad del acto y la posterior condena a la entidad demandante.

17. Frente a la conducta de Jorge Guillermo Botero Cotes está acreditado que: 17.1. El 29 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo del Cesar anuló la Resolución n. 2003 del 14 de diciembre de 2006, que declaró insubsistente el

17.1. El 29 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo del Cesar anuló la Resolución n. 2003 del 14 de diciembre de 2006, que declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad de Jorge Fidel Navarro Becerra. Conforme a la providencia, el acto fue expedido de forma irregular porque desconoció el Acuerdo 001 de enero de 1994, modificado por el Acuerdo n” 065 de diciembre de 2005, según el cual el rector podía —previo conocimiento del Consejo Superior Universitarionombrar y remover a los empleados de áreas académicas y administrativas, según da cuenta copia auténtica de la providencia (f. 31-42 c. ppal.). [...] En el caso bajo estudio, se evidencia claramente que los actos acusados violaron las normas relacionadas con el retiro de los servidores de la UPC puesto que, mediante una decisión unilateral se inobservaron reglas establecidas en el Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar, consagrado en el Acuerdo 001 del 22 de enero de 1994, modificado por el Acuerdo n”. 065 del 26 de diciembre de 2005, artículo 7” literal h [...] No exista prueba en el expediente que permita establecer que el acto de declaratoria de insubsistencia del demandante hubiera sido sometido al requisito previo de hacerlo conocer del Consejo Superior Universitario. [...] De manera que la declaratoria de insubsistencia para el caso que nos ocupa es un acto reglado, pues solamente resulta procedente en cuanto sea proferido con el lleno de los presupuestos establecidos, es decir, con el debido conocimiento del Consejo Superior, requisito introducido al desarrollo de la competencia del rector en materia de nombramiento y remoción de empleados y que en este caso fue

lleno de los presupuestos establecidos, es decir, con el debido conocimiento del Consejo Superior, requisito introducido al desarrollo de la competencia del rector en materia de nombramiento y remoción de empleados y que en este caso fue desconocido. Tal como se presentaron las cosas, el acto acusado violó las normas relacionadas con el retiro de los empleados y, mediante una decisión unilateral, omitió cumplir con lo ordenado en el mismo Estatuto General de la universidad demandada [...].

18. El artículo 28.h del Acuerdo 001 de 1994 —modificado por el artículo 7 del Acuerdo 065 del 26 de diciembre de 2005 y vigente al momento de los hechos— disponía que el Rector podía, previo conocimiento del Consejo Superior Universitario, nombrar y remover a los empleados de las áreas académicas y administrativas, de conformidad con la ley y los reglamentos de la Universidad Popular del Cesar. El literal n de ese artículo preveía que el rector podía nombrar12

Expediente n. 47.270

Demandante: Universidad Popular del Cesar Niega pretensiones o contratar, previa autorización del Consejo Superior Universitario, lo asesores que la Universidad Popular del Cesar requiriera para la ejecución caxal de sus programas académicos y administrativos.

Conforme a los Acuerdos de la Universidad Popular del Cesar, el rector podía nombrar y remover empleados de las áreas académicas y administrativas y esa facultad no requería una autorización del Consejo Superior Universitario. pues sólo debía informarle previamente. En contraste, la facultad de nombrar «y contratar asesores sí estaba supeditada a ese trámite, pues, según los acuerdos, el rector debía pedir autorización previa del Consejo Superior Universitario.

debía informarle previamente. En contraste, la facultad de nombrar «y contratar asesores sí estaba supeditada a ese trámite, pues, según los acuerdos, el rector debía pedir autorización previa del Consejo Superior Universitario.

19. Conforme a las pruebas de este proceso, el 14 de diciembre de ¿006, José Gui