CE - 110010326000201300166001SENTENCIA20230829120804

CONSEJERO PONENTE: NICOLAS YEPES CORRALES

Bogota D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintitres (2023)

PUBLICOS

Demandado: Tema:

SENTENCIA UNICA INSTANCIA

I. SINTESIS DEL CASO La Sala decide en untca instancia el medio de control de repeticion promovido por

la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios contra Evamaria Uribe Tobon y Juan Felipe Ospina Urquijo. Mediante sentencia del 3 de febrero de 2012, el Tribunal Administrative de Cundinamarca declare la nulidad de las Resoluciones SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007, y condenb a la Superintendencia de Servicio Publicos Domiciliarios a reintegrar a Luz Stella Mena al cargo que ocupaba para el memento de su desvinculacion o a uno de superior jerarquia, asi como a pagarle los emolumentos que habfa dejado de percibir. Como dicha entidad fue condenada en el proceso referido y afirma que pago una indemnizacion por tai concepto, presento demanda en ejercicio del medio de control de repeticion en contra de Evamaria Uribe Tobon y Juan Felipe Mena Urquijo, senalando que debian reembolsarle dicho dinero, pues habian sido los servidores publicos que con su actuar doloso y/o gravemente culposo habian incidido en la produccion del dario antijundico por el cual fue condenada.

Referencia: Radicacion:

Demandante:

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCION C Medio de control de repeticion. Ley 1437 de 2011. No se probd el dolo y/o culpa grave.

Demandante:

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCION C Medio de control de repeticion. Ley 1437 de 2011. No se probd el dolo y/o culpa grave.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICION 110010326000201300116 00(49155)

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

DOMICILIARIOS

EVAMARIA URIBE TOBON Y JUAN FELIPE OSPINA URQUIJO2

II. ANTECEDENTES

1. Demanda En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante Resolucion SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007, Evamarla Uribe Tobdn, en su calidad de Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios, declaro insubsistente el nombramiento de Luz Stella Mena en el cargo de profesional especializado codigo 2028 grado 14 que desempenaba en esa entidad.

Manifiesta que el 10 de julio de 2007, Luz Stella Mena presento recurso de reposicion contra la anterior decision. El 31 de octubre de 2013\ la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de repeticidn, presento demanda en contra de Evamarla Uribe Tobon y Juan Felipe Ospina Urquijo, para que se les declarara patrimonialmente responsables del pago de $270,743,994 a Luz Stella Mena, realizado en cumplimiento de la condena que ie impuso el Tribunal Administrative de Cundinamarca mediante sentencia del 3 de febrero de 2012. Indica que Luz Stella Mena presento demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, en la que

impuso el Tribunal Administrative de Cundinamarca mediante sentencia del 3 de febrero de 2012. Indica que Luz Stella Mena presento demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, en la que solicito la nulidad de las Resoluciones SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007, el reintegro al cargo que ocupaba para el momento de su desvinculacion o a uno de superior jerarqula y el pago de los salaries y prestaciones dejados de percibir. Refiere que a traves de Resolucion SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007, Evamarla Uribe Tobdn, en su calidad de Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios, confirmo la Resolucion SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007.

Radicado: 1100.10326000201300116 00 (49155) Demandante: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios ’ Fl. 4 a 10, C. Ppal.■«i'l

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2. Contestaciones La demanda se admitid mediante auto del 26 de noviembre de 2013^ y se ordeno su notificacion a los demandados y al Ministerio Publico. 2.1. Evamaria Uribe Tobon^ sostuvo que no actuo con culpa grave o dolo, comoquiera que las Resoluciones SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007 fueron expedldas “bajo fundamentos legales y par parte de la autoiidad competente”. Adicionalmente, Indico que la declaratoria de insubsistencia de Luz Stella Mena no “tuvo como

SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007 fueron expedldas “bajo fundamentos legales y par parte de la autoiidad competente”. Adicionalmente, Indico que la declaratoria de insubsistencia de Luz Stella Mena no “tuvo como fundamento las apreciaciones emitidas porJuan Felipe Ospina Urquijo" sino "la falta de competencia para desempenar el cargo de profesional especializado codigo 2028grado 14”, situacion que generaba una indebida prestacion de los servicios en la dlreccion tecnlca de gestion del gas combustible y, porende, afectaba la eficiente prestacion de servicio publico. Finalmente, propuso la excepcion generica. 2 Fl. 202 a 203, C. Ppal. 3 Fl. 68 a 71, C. Ppal.

Radicado: .110010326000201300116 00 (49155') Demandance; Superintendencia de Servicios Pi'ibiicos Domiciliarios Manifiesta que, mediante providencia del 3 de febrero de 2012, el Tribunal Administrative de Cundinamarca accedio a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Atendiendo a que la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios fue condenada en el proceso referido y esta entidad afirma que pago una indemnizacion por tai condena, presento demanda en ejercicio del medio de control de repeticibn en contra de Evamaria Uribe Tobon y Juan Felipe Ospina Urquijo, senalando que debian reembolsarle dicho dinero, pues la primera suscribio las Resoluciones SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007 que posteriormente fueron anuladas, y el segundo, en calidad de “director t^cnico de gestion de gas combustible de la superintendencia”, califico y evaluo el

de 2007 que posteriormente fueron anuladas, y el segundo, en calidad de “director t^cnico de gestion de gas combustible de la superintendencia”, califico y evaluo el desempeho laboral de Luz Stella Mena y dicha calificacion, posteriormente, fue la base de la declaratoria de insubsistencia de la sehora Mena. rr ki4

3. Alegatos de conclusion 3.2. El Ministerio Publico solicito negar las pretensiones de la demands, alegando que Evamaria Uribe Tobon y Juan Felipe Ospina Urquijo no actuaron con dolo y/o culpa grave. En efecto, sostuvo que los actos administrativos anulados no fueron expedidos con desviacion de poder o violacion manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, por Io que los demandados no estaban llamados a responder en este asunto. 3.1. La Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios®, Evamaria Uribe Tobon^ y Juan Felipe Ospina Urquijo® reiteraron los argumentos expuestos en la demanda yen su contestacidn, respectivamente.

El 2 de marzo de 2016®, se corrid traslado a las partes y al Ministerio Publico para alegar de conclusion y presentar concepto, respectivamente.

Radicado: 110010326000201300116 00 (491.55} Demandante: Superintendencia de Servicios Publicos Doniiciliarios 2.2. Juan Felipe Ospina Urquijo^ porconducto de su apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando que no actud con culpa grave o dolo, pues no fue el funcionario que suscribid los actos administrativos que posteriormente resultaron anulados por sentencia judicial. Asimismo, manifestd que no se le podia atribuir ningun tipo de responsabilidad, pues la decisidn de declarer

pues no fue el funcionario que suscribid los actos administrativos que posteriormente resultaron anulados por sentencia judicial. Asimismo, manifestd que no se le podia atribuir ningun tipo de responsabilidad, pues la decisidn de declarer insubsistente a Luz Stella Mena fue exclusive "de los funcionarios competentes que no involucran a la dlreccidn tecnica de gestlon de gas combustible, que era el cargo que ostentaba para la fecha ml poderdanfe”. Propuso les excepciones de falta de legitimecidn en la causa por pasiva, ineptitud de la demanda por falta de requisites formales, falta de integracidn de los litisconsortes necesarios, inexistencia de dolo 0 culpa grave e inexistencia del nexo causal. •' Fl. 218 a 232 y 233 a 253, C. Ppal. 5 Fl. 442, C. Pal. 6 Fl. 443 a 449, C. Ppal. FL 468 a 484, C. Ppal. 3 Fl. 450 a 467, C. Ppal. H r■ 5

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdiccion y competencia Radicado: 110010326000201300116 00 (49155] Demnndante: Superintendencia de Seivicios Publitos Domiciliarios En punto a la competencia del medio de control de repeticion, la Ley 1437 de 2011, norma vigente al momento de la presentacion de la demanda''\ en sus articulos 149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relacion con los procesos de unica La jurisdiccion de Io contencioso administrative, como guardian del orden juridico, conoce de las demandas que promuevan las entidades publicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuacion dolosa 0 gravemente culposa de servidores, ex servidores publicos o particulares

conoce de las demandas que promuevan las entidades publicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuacion dolosa 0 gravemente culposa de servidores, ex servidores publicos o particulares que desempenen funciones publicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdiccipn,. de conformidad con el articulo 142 del Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative (CPACA)® y el inciso 1“ del articulo 7 de la Ley 678 de 2001^°. SaPDESaay ® Articulo 142- "Repetici6n. Cuando el Estado haya debido hacer un recdnocimiento indemnizatoiio con ocasidn de una condena, conciliacidn u otra forma de terminacidn de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor pdblico o del particular en ejercicio de funciones publicas, la entidad respective deberS repetir contra estos por Io pagado. La pretensidn de repeticidn tambibn podrb intentarse mediante el llamamiento en garantla del servidor o ex servidor pOblico o del particular en ejercicio de funciones publicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad publlca. Cuando se ejerza la pretensiPn autdnoma de repeticidn, el certificado del pagador, tesorero o servidor publico que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad reatizo el pago serb prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensidmde repeticidn contra el funcionario responsable del dafio. ” Articulo 7® "Jurisdiccidn y Competencia. La jurisdiccidn de Io contencioso administrativo conocerb de la accidn de repeticidn."

pretensidmde repeticidn contra el funcionario responsable del dafio. ” Articulo 7® "Jurisdiccidn y Competencia. La jurisdiccidn de Io contencioso administrativo conocerb de la accidn de repeticidn." Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012 (la demanda se presentd el 31 de octubre de 2010), al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 308 de la mencionada normatividad, a cuyo tenor: “El presente Cddigo comenzarb a regirel dos (2) de Julio del afio 2012. Este Cddigo sdlo se aplicarb a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, asl como a las demandas y procesos que se instauren con posteiioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asl como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirbn rigibndose y culminarbn de conformidad con el rbgimen juridico anteriof'. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Cbdigo General del Proceso (CGP), en virtud de !a integracidn normativa dispuesta por el articulo 306 del primero de los estatutos mencionados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de Io Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unified su jurisprudencia para indicar que el CGP entrd a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaciones que se gobiemen por la norma de transicidn (...) las cuales se resolverbn con la norma vigente al momento en que inicid el respective trbmite (...)“. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de

situaciones que se gobiemen por la norma de transicidn (...) las cuales se resolverbn con la norma vigente al momento en que inicid el respective trbmite (...)“. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificacidn del 25 de junio de 2014, expediente 49.299. V\6 instancia ante el Consejo de Estadoy el objetivo por cuantia para los de doble instancia. En efecto, de conformidad con Io dispuesto en el numeral 13 del articulo 149 del CPACA^2 @1 Consejo de Estado conoce, en unica instancia, de los procesos de repeticion que el Estado ejerce contra los representantes legaies de los organos y entidades del orden nacional.

Radicado: 1100103260t)i)2() 1300116 00 (49155) Demandante: Superintendenria de Servicios Piiblicos Domiciliarios En este sentido, atendiendo a la calidad de Evamarfa Uribe Tobon, como Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios, es decir, como representante legal de una persona juridica publica del orden nacional, como Io es la referida Superintendencia^^ ge concluye que esta Corporacion es competente para decidir de fondo el presente proceso, en unica instancia.

Respecto de Juan Felipe Ospina Urquijo, quien ejercio como director tecnico de gestion de gas combustible de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, debe aclararse que, si bien no ejercio la representacion de la misma, la Sala tiene competencia^'-^® para pronunciarse sobre el a efectos de que exista ’2 El articulo 149 del CPACA, sin la modificacion contenida en el articulo 25 de la Ley 2080 de 2021, dispuso Io siguiente: El Consejo de Estado. en Sala Plena de Io Contencioso Administrativo, por

’2 El articulo 149 del CPACA, sin la modificacion contenida en el articulo 25 de la Ley 2080 de 2021, dispuso Io siguiente: El Consejo de Estado. en Sala Plena de Io Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribucIPn de trabajo que la Sala disponga, conocera en unica instancia de los siauientes asuntos: (...) 13. De la repeticiPn que el Estado ejerza contra (...) Contralor General de la Republica, Fiscal General de la Nacidn, Magistrados de la Code Supreme de Justicia, de la Code Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil. Auditor General de la Repdblica, magistrados de los tnbunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Supenor Militar y, en general, de los representantes legates de los broanos v entidades del orden nacional (se destaca). ’3 Decreto 990 de 2002 ‘‘Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios (...) Articulo 2°-Naturaleza. La Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios es una entidad descentralizada de carbcter tbcnico. con personeria juridica, autonomla administrativa y patrimonial. El Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios obrard con plena autonomla de ciiterio al cumpiir las funciones que se derivan de la Constitucidn y la ley. Consejo de Estado, Seccidn Tercera, Subseccidn A, sentencia del 19 de junio de 2020, Rad. 46047: “Atendiendo a la calidad de la sebora Gloria Lucia Alvarez Pinzbn. quien para la dpoca de

Consejo de Estado, Seccidn Tercera, Subseccidn A, sentencia del 19 de junio de 2020, Rad. 46047: “Atendiendo a la calidad de la sebora Gloria Lucia Alvarez Pinzbn. quien para la dpoca de los hechos descritos en la demanda se desempeM como representante legal de la CAR -entidad del orden nacional-, dada su condicibn de Directora General, cabe concluir que a esta Corporacibn le asiste competencia para decidir de fondo, en unica instancia, el presente proceso de repeticibn. Es importante aclarar que, si bien la seiiora Lilian Alexandra Hurtado Buitrago no ostentaba ningdn cargo de los que hace mencibn el numeral 13 del articulo 149 de la Ley 1437 de 2011. se conocer^ de la demanda de repeticibn formulada en su contra para efectos de que exista unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad que le pueda corresponder a las demandadas respecto de las condenas impuestas al ente demandante, propbsito que se cumple al atender el mandate del legislador. conforme al cual "...si la accibn se Intentara en contra de varies funcionarios, serb competente eljuez que conoceria del proceso en contra del de mayor jerarquia". ’s Consejo de Estado, Seccidn Tercera, Subseccidn C, auto del 26 de noviembre de 2021, Rad. 64488: "En el caso que ocupa, el Despacho encuentra que es competente para conocer de la vk’O7

2. Medio de control procedente rar De conformidad con la definicion del articulo 2° de la Ley 678 de 200en cdncordancia.con Io dispuesto en el articulo 90 de la Constltucion Political®, la accion de repetlclon es una accion de caracter patrimonial que se ejerce contra el

rar De conformidad con la definicion del articulo 2° de la Ley 678 de 200en cdncordancia.con Io dispuesto en el articulo 90 de la Constltucion Political®, la accion de repetlclon es una accion de caracter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor publico o particular investido de una funcion publica que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliacion u otra forma de terminacion de un conflicto. unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad que le pueda corresponder a los demandados respecto de las condenas impuestas al ente demandante, propdsito que se cumple al atender el mandate det legislador, conforme al cual. ■) si la accion se intentara en contra de varies funcionarios, sera competente ei juez que conoceria del proceso en contra del de mayor jerarquia"'^. En este case el medio de control procedente es el de repeticion, porque se solicita declarer a Evamaria Uribe Tobon y Juan Felipe Ospina Urquijo patrimonialmente responsables del page de $270,743,994, realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Tribunal Administrative de Cundinamarca, mediante sentencia del 3 de febrero de 2012.

Radicado: 110010326000201300116 00 (49155] Demandaiite: Stipprintendencia de Seivicios Publicos Domiciliarios pretension incoada, como quiera que la misma se ejerce con ocasidn de las actuaciones que realizd uno de los demandados en calidad de director de la Corporacidn Autdnoma Regional de CaldasCorpocaldas. En consecuencia, la competencia sobre este asunto recae en esta Corporacidn por la calidad del demandado de mayor jerarquia y porque la entidad demandante, de la cual fue su

uno de los demandados en calidad de director de la Corporacidn Autdnoma Regional de CaldasCorpocaldas. En consecuencia, la competencia sobre este asunto recae en esta Corporacidn por la calidad del demandado de mayor jerarquia y porque la entidad demandante, de la cual fue su representante legal, es del orden nacional. "Tambien ver Subseccidn B, sentencia del 11 de octubre de 2021, Rad. 49153; Subseccidn A, sentencia del 30 de julio de 2021, Rad. 50424 y Subseccidn B, sentencia del 6 de junio de 2021, Rad. 45625. Articulo 7, pardgrafo 2°, de la Ley 678 de 2001; "Pardgrafo 2°. Si la accidn se intentara en contra de varios funcionarios, serd competente el juez que conoceria del proceso en contra del de mayor jerarquia. ” "Articulo 2o. Accidn de repeticidn. La accidn de repeticidn es una accidn civil de cardeter patrimonial que deberd ejercerse en contra del servidor o ex servidorpublico que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliacidn u otra forma de terminacidn de un conflicto. La misma accidn se ejercitard contra el particular que investido de una funcidn pUblica haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparacidn patrimonial [...j". La Constitucidn de 1991 en su articulo 90 elevd a range constitucional la accidn de repeticidn, al disponer que "[ejn el evento de ser condenado el Estado a la reparacidn patrimonial de uno de tales

La Constitucidn de 1991 en su articulo 90 elevd a range constitucional la accidn de repeticidn, al disponer que "[ejn el evento de ser condenado el Estado a la reparacidn patrimonial de uno de tales dahos, que haya side consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aqudl deberd repetir contra dste".8

3. Vigencia de la accion El estabfecimiento de dichas oportunidades legales pretende, ademas, la raclonalizacion de la utlllzacion del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal. controlar la libertad del ejercicio del derecho de accion^®, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solucion por los organos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Con el proposito de otorgar seguridad juridica, de evitar la paralisis del trafico juridico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la proteccion del interes general®, estabiecio unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden publico, por Io que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extincion del derecho de accionar, asi como la consolidacion de las situaciones que se encontraban pendientes de solucion. Este fenomeno procesal, de car^cter bifronte, en tanto se entiende como llmite y garantla a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones juridicas, en la medida en que su ocurrencia impide

Este fenomeno procesal, de car^cter bifronte, en tanto se entiende como llmite y garantla a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones juridicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

Radtcado: .110010326000201300116 00 (49155] Demandante; Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institucidn juridico procesal a travds de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuracidn normative, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdiccidn con el fin de obtener pronta y cumplida Justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad Juridica, para evitar la paralizacidn del trafico juridico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la proteccidn de un interes general.

Como claramente se explicb en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referenda, esta es una figura de orden publico Io que explica su car^cter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se venfique su ocurrencia. ” 20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 "...el derecho al acceso a la administracidn de justicia no es absolute, pues puede ser condicionado legalmente a que la promocidn de la demands sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que sehala el legislador (..El t^rmino de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el

promocidn de la demands sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que sehala el legislador (..El t^rmino de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de accidn, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restriccidn necesaria para la estabilidad del derecho. Io que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad juridica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos H I®!/ H9 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012^3, le resultan apllcables las disposiciones procesales contenidas en el Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Admlnistrativo (CPACA)2^. En estos procesos, tos recursos interpuestos, la practica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias Inicladas, los terminos que hubieren comenzado a correr, los Incldentes en curso y las notificaciones que se esten surtiendo, se rlgen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los Kadicado: .110010326000201300116 00 (49155) Demandante: Superintendencia de Scrvicios Piibiicos Domiciliarios Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013; “Para garantizarla seguridad juridica de los sujetos procesales, el legislador instituyp la figura de la caducldad como una sancidn en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un tdrmino especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en

eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un tdrmino especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perder^n la posibilidad de accionar ante la jurisdiccidn para hacer efectivo su derecho. Es asi como el fendmeno procesal de la caducldad opera ipso lure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactive del sujeto procesal llamado a interponer determinada accidn judicial". 22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998:"... [sj/ el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presenter la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantia para la seguridad juridica y el intends general. Y es que la caducldad representa el llmite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de proteccidn, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce SUS derechos, no se verd expuesto a perderlos por la ocurrencia del fendmeno indicado". 23 La demanda de repeticidn se presento el 31 de octubre de 2013. 2- “Articulo 308. Rdgimen de transicidn y vigencia. El presente Cddigo comenzard a regir el dos (2) de julio del aho 2012. Este CPdigo s6lo se aplicard a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,

2- “Articulo 308. Rdgimen de transicidn y vigencia. El presente Cddigo comenzard a regir el dos (2) de julio del aho 2012. Este CPdigo s6lo se aplicard a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas. as! como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirdn rigidndose y culminardn de conformidad con el rdgimen juridico anterior”. La caducldad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad juridica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores juridicos que discuten alguna situacion; sin embargo, en el anverso, la caducldad se entiende tambien como una limitacion de caracter irrenunciable al ejercicio del derecho de accion, resuitando como una sancion ipso iure^'' que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algun reclame o requerir algun reconocimiento o proteccidn de la justicia^^, cuya consecuencia, pordemandar mas alia del tiempo concedido por la ley procesal, significa la perdida de la facultad potestativa de accionar.10 El literal I) del numeral 2° del articulo 164 del CPCA senala que el medio de control de repeticion caducara en dos anos contados a partir del dia siguiente de la fecha del pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administracidn para el pago de condenas.

Radicado: 110010326000201300116 00 (49155)

del pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administracidn para el pago de condenas.

Radicado: 110010326000201300116 00 (49155) Demandante: Siiperinteiidencia de Servicios Publicos Domiciliarios No obstante, en virtud del articulo 308 del CPACA^', los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio da,2012 se rigen hasta su culminacion por el “regimen juridico anterior^’, loquequiere decirque el cumplimientode lassentenciasjudiciales no se supedita al regimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposicidn legal en contrario. recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los terminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Codigo General del Proceso (CGP)^^, en virtud de la integracidn normativa dispuesta por el articulo 306 del primero de los estatutos mencionados^®.

En consecuencia, para efe