CE - 110010326000201400102002SENTENCIA20230814104008

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00102-00(51818)

Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA-CRC

Demandado: ÁLVARO GÓMEZ CERÓN Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA-Para conocer las repeticiones contra representantes de entidades del orden nacional. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN REPETICIÓN-Subrogación legal de derechos en repetición. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA-No se acreditó la calidad de servidor o exservidor público. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. PROVIDENCIAS JUDICIALESValor probatorio. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen legal aplicable a hechos ocurridos después de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos y condiciones para su ejercicio. CARGA DE LA PRUEBA EN REPETICIONES EN VIGENCIA DE LA LEY 678 DE 2001-Le corresponde al demandado desvirtuar la presunción. DESVIACIÓN DE PODER-Concepto. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO SOSPECHOSOValoración probatoria. DOLO POR DESVIACIÓN DE PODER EN REPETICIÓN-No se configura a pesar de fallo de nulidad por desviación de poder, cuando se acredita un proceder acorde a los fines de la ley. COSTAS-Se

Valoración probatoria. DOLO POR DESVIACIÓN DE PODER EN REPETICIÓN-No se configura a pesar de fallo de nulidad por desviación de poder, cuando se acredita un proceder acorde a los fines de la ley. COSTAS-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en única instancia, art. 188

CPACA, 365 y 366 CGP. 7

La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión del 5 de mayo de 2005, decide en única instancia la acción de repetición interpuesta por la Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC contra Álvaro Gómez Cerón y José Jaime Sarria Latorre. SÍNTESIS DEL CASO El 19 de noviembre de 2003, Álvaro Gómez Cerón —director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC-, por Resolución n. 1156, declaró insubsistente el nombramiento de Juan José Fernández Mera. Fernández Mera demandó la nulidad y restablecimiento del acto de insubsistencia y José Jaime Sarria Latorre fue apoderado de la CRC en ese proceso. Como el acto se anuló por «desviación de poder» y la entidad pagó la condena, demandó en repetición a Gómez Cerón y a Sarria Latorre. 1 Acta n”. 15 de esa fecha.2 Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC Niega pretensiones ANTECEDENTES El 21 de noviembre de 2012, la Corporación Autónoma Regional del Cauca —en adelante CRC—, a través de apoderado judicial, formuló demanda de repetición contra Álvaro Gómez Cerón y José Jaime Sarria Latorre, para que se les declarara

El 21 de noviembre de 2012, la Corporación Autónoma Regional del Cauca —en adelante CRC—, a través de apoderado judicial, formuló demanda de repetición contra Álvaro Gómez Cerón y José Jaime Sarria Latorre, para que se les declarara patrimonialmente responsables de la condena por $687 .596.204,33 impuesta por el Tribunal Administrativo del Cauca y confirmada por el Consejo de Estado. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que Gómez Cerón actuó con dolo y se configuró la presunción por desviación de poder, pues declaró la insubsistencia de Juan José Fernández Mera por intereses contrarios al servicio público. Frente a Sarria Latorre, no imputó presunción alguna de dolo, ni de culpa grave. Sostuvo que no asistió a dos diligencias en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y los testimonios que solicitó no cumplieron los requisitos de ley. El 13 de marzo de 2013, se admitió la demanda y se ordenó su notificación personal a los demandados y al Ministerio Público. En el escrito de contestación de la demanda, al oponerse a las pretensiones, Álvaro Gómez Cerón sostuvo que expidió el acto administrativo por razones administrativas, financieras y técnicas. La causa de la insubsistencia no fue la comunicación del 19 de noviembre de 2003, suscrita por subdirectores de la CRC, y no se probó la fecha y hora en que él recibió esa comunicación. Antes de la insubsistencia, solicitó informes al funcionario Fernández Mera, pero no los entregó. Los cambios de personal se planearon antes del 19 de noviembre de 2003, el mal ambiente laboral venía con anterioridad y la

esa comunicación. Antes de la insubsistencia, solicitó informes al funcionario Fernández Mera, pero no los entregó. Los cambios de personal se planearon antes del 19 de noviembre de 2003, el mal ambiente laboral venía con anterioridad y la CRC no se paralizó con su llegada como director. José Jaime Sarria Latorre sostuvo que la demandante no indicó si su actuar fue doloso o gravemente culposo, ni aportó pruebas de su conducta. No actuó como representante legal de la CRC, no tenía potestad para remover al funcionario y no causó la condena. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. El 8 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo del Cauca celebró audiencia inicial. El 10 de junio siguiente se celebró la audiencia de pruebas y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. José Jaime Sarria Latorre alegó que su obligación como abogado era de medios y no de resultado. Álvaro Gómez Cerón reiteró lo expuesto. El3 Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC Niega pretensiones Ministerio Público conceptuó que Gómez Cerón actuó con desviación de poder, pues expidió la desvinculación como respuesta a la inconformidad que varios subdirectores le comunicaron el mismo día de la resolución de insubsistencia.

Advirtió que el Consejo Directivo le había sugerido que no hiciera movimientos de personal. Frente a José Jaime Sarria Latorre, indicó que como apoderado de la CRC no debía responder por la condena del proceso de nulidad y restablecimiento

Advirtió que el Consejo Directivo le había sugerido que no hiciera movimientos de personal. Frente a José Jaime Sarria Latorre, indicó que como apoderado de la CRC no debía responder por la condena del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues no se probó un actuar gravemente culposo. La demandante guardó silencio. El 4 de julio de 2014, el Tribunal declaró la falta de competencia, pues la CRC es una entidad del orden nacional y uno de los demandados fue el director encargado, por ello, el Consejo de Estado es competente en única instancia. Declaró la nulidad de todo lo actuado y remitió el proceso a esta Corporación. El 20 de abril de 2015, se admitió la demanda y se ordenó notificar a los demandados. El 29 de marzo de 2017, el Despacho del entonces consejero Jaime Orlando Santofimio decretó la acumulación de este proceso al expediente n. 51764. El 9 de diciembre de 2019, en el proceso n. 51764, se ordenó dejar sin efectos la acumulación y se ordenó remitir los procesos al expediente n. 52098, para decidir sobre la acumulación. El 16 de febrero de 2021, la consejera María Adriana Marín ordenó no acumular este proceso y devolverlo al Despacho de origen. El 7 de mayo de 2021, el Magistrado Ponente avocó conocimiento del proceso, declaró que lo actuado en el Tribunal conservaba validez y el proceso continuaba para proferir fallo de única instancia.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián de! orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián de! orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 CPACA y el inciso 1” del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente en única instancia para estudiar este asunto, de conformidad con el artículo 149.13 CPACA y el parágrafo 1? del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, vigentes para la fecha de presentación de la demanda, según los4

Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC Niega pretensiones cuales decide la acción de repetición que se ejerza contra los directores de una entidad del orden nacional.

Acción procedente

2. La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso 1 del art. 2 de la Ley 678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 164.1 CPACA o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4? del artículo 177 CCA, régimen jurídico del proceso en el que se

del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 164.1 CPACA o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4? del artículo 177 CCA, régimen jurídico del proceso en el que se impuso la condena. La demanda se interpuso en tiempo —-21 de noviembre de 2012— porque el pago de la condena se hizo el 21 de junio de 2012, según da cuenta el comprobante de egreso n”. 1739 proferido por la Tesorería de la CRC [núm. 11.2]. Legitimación en la causa

4. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, en nombre del deudor, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de voluntades (arts. 1630, 1666, 1667 y 1668 CC). Por virtud de la ley o el contrato, quien pagó la obligación se subroga en todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas que tenía el antiguo acreedor contra el deudor principal, como contra terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda

(art. 1670 CC). De modo que, por transmisión o traspaso de los derechos del acreedor viene a ocupar su lugar (subrogación legal o convencional), pues la deuda no se extingue y solo cambia al acreedor?. 2 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1935 [fundamento jurídico 8] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII, n. 1904, p. 393.5 Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC Niega pretensiones

jurídico 8] en Gaceta Judicial, Tomo XLIII, n. 1904, p. 393.5 Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC Niega pretensiones El artículo 90 CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. Se trata, pues, de un evento de subrogación legal, en virtud del cual la entidad tiene derecho a repetir lo pagado —por ministerio de la leycontra el servidor público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, dio origen a la condena contra el Estado.

La CRC está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una sentencia judicial. Con ocasión de este pago se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público [núm. 11]. Álvaro Gómez Cerón está legitimado en la causa por pasiva pues fue el servidor público que, según la demanda, con su conducta dolosa dio lugar a la indemnización a cargo del Estado, proveniente de una condena judicial. Aquel era el director encargado de la CRC para la época de los hechos y expidió el acto administrativo anulado, según da cuenta copia auténtica de la Resolución n. 1156 del 19 de noviembre de 2003 (f. 25 c. 1). José Jaime Sarria Latorre no está legitimado en la causa por pasiva, pues la demandante no acreditó su calidad de servidor público.

cuenta copia auténtica de la Resolución n. 1156 del 19 de noviembre de 2003 (f. 25 c. 1). José Jaime Sarria Latorre no está legitimado en la causa por pasiva, pues la demandante no acreditó su calidad de servidor público. 'l. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si el director encargado de una corporación autónoma regional desvirtuó la presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber expedido un acto administrativo que fue anulado por desviación de poder FA Análisis de la Sala

5. Las copias simples se valorarán según el artículo 246 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 CPACA. Según el artículo 243 CGP, los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. Los documentos públicos y privados se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos según el artículo 244

CGP. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la6 Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC Niega pretensiones apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art

176 CGP).

6. Las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y las actuaciones procesales?. Las sentencias proferidas el 25 de junio de 2009 por el Tribunal Administrativo del Cauca y el 12 de mayo de 2011 por el Consejo de Estado serán valoradas.

procesales?. Las sentencias proferidas el 25 de junio de 2009 por el Tribunal Administrativo del Cauca y el 12 de mayo de 2011 por el Consejo de Estado serán valoradas. Régimen jurídico aplicable

7. Como los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 19 de noviembre de 2003, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001 que entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial n. 44.509, el 4 de agosto de 2001. La Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90

CN, reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen enteramente por ella. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas «presunciones legales» (artículos 5” y 6” de la Ley 678 de 2001) que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 CC. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 59 y 62 encontró que estaban ajustados a la CN, pues esas «presunciones» no implican atribución inmediata de responsabilidad del demandado, al ser mecanismos procesales que buscan que la entidad pruebe el supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probatorio.

alegada y el demandado, mediante prueba en contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probatorio. 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844 [fundamento jurídico 3.3.3.2]. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento jurídico 2.2]. 5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-374 del 14 de mayo de 2002 [fundamento jurídico 6] y C-778 del 11 de septiembre de 2003 [fundamento jurídico 7].7 Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC Niega pretensiones Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición

8. La procedencia de la. acción de repetición requiere, a más de la condición de servidor o exservidor público, que ya fue analizada [núm. 4]: (1) La obligación reparatoria a cargo del Estado, (1) el pago y (tii) la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones públicas.

Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante

9. El primer presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. La obligación de la entidad estatal, por

haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo, conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. La obligación de la entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se verifica mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, tal y como lo prevé el artículo 2 de la Ley 678 de 2001.

10. Está acreditado que el 25 de junio de 2009, el Tribunal Administrativo del Cauca anuló la Resolución de insubsistencia n. 1156 del 19 de noviembre de 2003 y condenó a la CRC a reintegrar a Juan José Fernández Mera y a pagarle los salarios y prestaciones dejados de devengar. El 12 de mayo de 2011, la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó esa decisión, según da cuenta copia simple de las providencias (f. 27 a 51 y 54a76c. 1).

Segundo presupuesto: El pago

11. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe (art. 1626 CC). El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación (art. $ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 [fundamento jurídico 2.1] y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183 [fundamentos jurídicos 12, 13 y 15].8

Expediente n”. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC Niega pretensiones

42.183 [fundamentos jurídicos 12, 13 y 15].8 Expediente n”. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC Niega pretensiones 1627 CC). Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta en la sentencia del 25 de junio de 2009 del Tribunal Administrativo del Cauca, con apoyo en los siguientes medios de prueba: 11.1. El 20 de junio de 2012, el director encargado de la CRC dispuso el pago de $687.596.204,33 a Lenin Edgardo López Lara, apoderado de Juan José Fernández Mera, por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el retiro, según da cuenta copia auténtica de la Resolución n. 2326 de esa fecha (f. 79 a 84 c. 1). 11.2. El 21 de junio de 2012, un profesional especializado de la Tesorería de la CRC profirió comprobante de egreso n. 1739 por valor de $687.596.204 a favor del apoderado de Juan José Fernández Mera, según da cuenta copia auténtica del documento (f. 85 y 86 c. 1).

Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente

12. Como el régimen sustantivo de esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, se aplican las «presunciones legales» previstas en los artículos 5” y 6” de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los

que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas «presunciones» inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante demostrar los supuestos de hecho en los que se fundamentaba y, por tanto, acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba”, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos que «presumen» el dolo o la culpa grave, el demandado tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la «presunción». De modo que el juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente con el fin de determinar, si no obstante configurarse alguna de las «presunciones», el demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. El juez evaluará todos 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 40.755 [fundamento jurídico 14].9 Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional de! Cauca-CRC Niega pretensiones los eventos que no se subsumen en los supuestos de «presunciones» previstos por el legislador.

13. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 13.1. El 28 de octubre de 2003, el consejo directivo de la CRC, en sesión extraordinaria, designó a un director encargado porque la Procuraduría General de

proceso, se demostraron los siguientes hechos: 13.1. El 28 de octubre de 2003, el consejo directivo de la CRC, en sesión extraordinaria, designó a un director encargado porque la Procuraduría General de la Nación —en el trámite de una investigación disciplinaria—- suspendió de forma provisional al director de la corporación para ese momento. Según el acta, los integrantes del consejo designaron a Álvaro Gómez Cerón como director encargado, mientras analizaban las hojas de vida de otros candidatos, según da cuenta copia auténtica del acta n. 10 (f. 4a 11 c. 1). 13.2. El 18 de noviembre de 2003, los subdirectores de planeación, administración, jurídico, operativo, gestión ambiental, control interno, el secretario general y un asesor de la dirección elaboraron una comunicación, dirigida a Álvaro Gómez Cerón, en la que manifestaron inconformidades por su gestión en la dirección de la CRC. La comunicación tiene «sello de recibido» de la corporación del 19 de noviembre de 2003, según da cuenta copia simple de la comunicación n”. 10049 (f. 172, 173 y 178 c. 1). 13.3. El 19 de noviembre de 2003, el director encargado, Álvaro Gómez Cerón, por Resolución n% 1156, declaró insubsistente el nombramiento de Juan José Fernández Mera en el cargo de subdirector de planeación y recursos naturales, código 0040, grado 13 de la CRC, según da cuenta copia auténtica del acto administrativo (f. 25 c. 1). El 20 de noviembre de 2003, Juan José Fernández Mera

código 0040, grado 13 de la CRC, según da cuenta copia auténtica del acto administrativo (f. 25 c. 1). El 20 de noviembre de 2003, Juan José Fernández Mera se notificó de la insubsistencia, según da cuenta copia auténtica del oficio n. 23494 de la Jefe de Personal, Nancy Castaño Caicedo (f. 26 c. 1). 13.4. El 21 de noviembre de 2003, Oscar Ramiro Samboní Torres se posesionó en comisión como subdirector de planeación, según da cuenta original de la certificación de la subdirectora administrativa, la jefe de la Oficina Jurídica y la profesional de Gestión de Talento Humano de la CRC (f. 409 y 410 c. ppal.). 13.5. El 25 de junio de 2009, el Tribunal Administrativo del Cauca anuló la Resolución n. 1156 del 19 de noviembre de 2003 por «desviación de poder», al10 Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRCO Niega pretensiones considerar que los conflictos laborales internos, la crisis institucional y la coincidencia entre la fecha de recibo de la comunicación de los funcionarios al director encargado permitían inferir que la declaratoria de insubsistencia fue una consecuencia directa de esos hechos, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 27 a 51 c. 1): [...] se halla una relación de inmediatez entre el oficio en mención, con sello de recibido del 19 de noviembre de 2003, y la declaratoria de insubsistencia del actor, que ocurrió en la misma fecha; lo cual, aunado a la situación tan conflictiva que

[...] se halla una relación de inmediatez entre el oficio en mención, con sello de recibido del 19 de noviembre de 2003, y la declaratoria de insubsistencia del actor, que ocurrió en la misma fecha; lo cual, aunado a la situación tan conflictiva que atravesaba la Corporación, sólo demuestra los intereses arbitrarios y contrarios al mejoramiento del servicio [...] Entonces, ante la misiva tan contundente que enviaron los funcionarios de la CRC, entre ellos el señor Juan José Fernández Mera, es posible inferir que la consecuencia fue la declaratoria de insubsistencia, pues era evidente el enfrentamiento existente entre la parte actora, otros empleados de la corporación y el señor Álvaro Gómez Cerón. [...] Dados los antecedente penales y disciplinarios del actor [...] y en el contexto de las desavenencias entre el Director encargado y algunos funcionarios de la CRC, entre ellos, el demandante, sumado a los conflictos de la Corporación por la crisis institucional que estaba atravesando, la Sala no encuentra el menor indicio del que se pueda deducir que la permanencia del acto era inconveniente, y menos cuando el mismo Consejo Directivo |...] recomendó no hacer cambios de personal ni tomar retaliaciones en contra de los funcionarios [...] (f. 47 a 49 c. 1). 13.6. El 12 de mayo de 2011, la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida el 25 de junio de 2009 por el Tribunal Administrativo del Cauca, al considerar que la comunicación de los funcionarios de la entidad, el mal clima laboral y la investigación disciplinaria contra el anterior director eran indicios de que el director encargado obró con «desviación de poder», pues desvinculó al funcionario como retaliación por esos hechos, según da cuenta copia simple de la

clima laboral y la investigación disciplinaria contra el anterior director eran indicios de que el director encargado obró con «desviación de poder», pues desvinculó al funcionario como retaliación por esos hechos, según da cuenta copia simple de la providencia (f. 54 a76 c. 1): [...] la Sala infiere que el oficio de 19 de noviembre de 2003, suscrito por los subdirectores de la entidad acusada, generó las declaraciones de insubsistencias, entre ellas, la del actor, pues tanto el referido oficio como la Resolución n. 1156 de 19 de noviembre de 2003 -acto acusado-, fueron expedidos el mismo día. [...] las pruebas existentes en el proceso, evidencian el mal clima laboral y tirantez existente entre el Director Encargado y los Subdirectores de la Corporación; de otra parte las diferentes declaraciones, la carta del Gobernador del Departamento y el informe rendido por el Director Encargado de la CRC, dan cuenta de la relación existente entre la declaratoria de insubsistente del actor [...] con la investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación al anterior Director [...] se estaría trasladando la presunta responsabilidad disciplinaria del Director de la época, a los funcionarios que trabajaron bajo su dirección, entre ellos, el demandante. |...] las circunstancias que rodearon la insubsistencia del actor constituyen indicio serio de que lo verdaderamente pretendido por el Director [...] no fue el mejoramiento del servicio, sino sancionar al demandante por los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria de que era objeto el Director de la época (f. 73 y 74 c. 1).11 Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional! del Cauca-CRC Niega pretensiones

investigación disciplinaria de que era objeto el Director de la época (f. 73 y 74 c. 1).11 Expediente n. 51.818

Demandante: Corporación Autónoma Regional! del Cauca-CRC Niega pretensiones

14. Las «presunciones legales» de dolo o culpa grave, previstas en los artículos 5 y 6” de la Ley 678 de 20018, corresponden a un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de otro debidamente probado. Esa presunción no excluye la posibilidad de que exista un error en el razonamiento del hecho del cual se parte para obtener una deducción o en el hecho probado cuando resulte falso o inexacto. Por eso, el demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la «presunción legal», aun cuando fueren ciertos los antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley, como también cuando éstos terminen siendo falsos?. En eventos de acción de repetición por la expedición de un acto administrativo, la declaración de nulidad del acto no implica automáticamente la responsabilidad patrimonial del servidor público. Pues, se reitera, el servidor público puede aportar pruebas que desvirtúen la presunción, incluso en eventos de desviación de poder?'.

Las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del exservidor público, porque si el juez administrativo concluye que la decisión fue producto de «desviación de poder» del funcionario, este criterio ata al juez de repetición, sin perjuicio de que el agente aporte medios de prueba tendientes a desvirtuar la «presunción legal».

decisión fue producto de «desviación de poder» del funcionario, este criterio ata al juez de repetición, sin perjuicio de que el agente aporte medios de prueba tendientes a desvirtuar la «presunción legal». La presunción de dolo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por obrar con «desviación de poder», se configura cuando se concluye en el fallo que una autoridad administrativa, a pesar de tener la competencia para dictar el acto lo expidió con un fin distinto al pr