CE - 110010326000201500008001SENTENCIASENTENCIA20230623165424

Radicado: 11-001-03-26-000-2015-00008-00 (53046)

Demandante: José Hernán Sierra Buitrago

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023) Radicación: 11-001-03-26-000-2015-00008-00 (53046)

Actor: José Hernán Sierra Buitrago

Demandado: Agencia Nacional de Minería (ANM) Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Tema: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho —asuntos mineros—. Subtema 41: Solicitud de formalización de minería tradicional. Subtema 2: Rechazo de la solicitud por superposición de áreas y por presentarse una inhabilidad para contratar por parte del proponente.

Subtema 3: Vigencia de la Ley 1382 de 2011 y el Decreto 933 de 2013 en virtud de la sentencia C366 de 2011 —violación al debido proceso administrativo, infracción a las normas en que debia fundarse el acto, acreditada—. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Procede la Sala, en sentencia de única instancia, a decidir el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Resolución No. 003350 del 20 de agosto de 2014, dictada por la Agencia Nacional de Minería. l.. SÍNTESIS DEL CASO El demandante pretende que se declare la nulidad del acto administrativo por el cual la Agencia Nacional de Minería, dispuso dar por terminado y rechazar la

l.. SÍNTESIS DEL CASO El demandante pretende que se declare la nulidad del acto administrativo por el cual la Agencia Nacional de Minería, dispuso dar por terminado y rechazar la solicitud de formalización de minería tradicional identificada con la placa NF416541, para la explotación de un yacimiento de carbón coquizable y metalúrgico, ubicado en la jurisdicción del municipio de Ráquira (Boyacá) y que se disponga el correspondiente restablecimiento del derecho. Aduce una la violación del debido proceso y de las normas en que debía fundarse el acto sujeto a control, porque, principalmente, se basó en el Decreto 933 de 2013, que reprodujo una ley inexequible y fue anulado en sede contencioso-administrativa. Il LA DEMANDA ' 2.1. El veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015)', José Hernán Sierra Buitrago, formuló demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del dere ho, en contra de la Agencia Nacional de Minería con la que pretende que: (i) se declare la nulidad de la Resolución No. 003350 del veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014), dictada por el vicepresidente de Contratación y Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, que dispuso dar por terminadc y rechazar la solicitud de formalización de minería tradicional identificada con la placa NF4-16541, para la explotación de un yacimiento de carbón coquizable y metalúrgico, ubicado en la jurisdicción del municipio de Ráquira, Boyacá; (ii) que, como consecuencia de la anterior declaración, se le restablezca el derecho ordenándole a la accionada la

yacimiento de carbón coquizable y metalúrgico, ubicado en la jurisdicción del municipio de Ráquira, Boyacá; (ii) que, como consecuencia de la anterior declaración, se le restablezca el derecho ordenándole a la accionada la continuación del proceso para la legalización de las explotaciones mineras que Y Folios 1 al 27 del cuaderno 1Radicado: 11-001-03-26-000-2015-00008-00 (53046) Demandante: José Hernán Sierra Buitrago adelantaba el accionante, a efectos de legitimar el derecho adquirido en dicha explotación minera e inscribirlo en el Registro Minero Nacional. 2.2. A manera de sustentación del reproche de ilegalidad formulado, el actor argumentó, en síntesis, que en este caso se presenta un defecto sustantivo en la actuación, que vicia de nulidad el acto acusado, ya que la autoridad minera fundamentó la expedición de la decisión en el Decreto 933 de 2013, norma que, a su juicio, “es abiertamente inconstitucional y carece de fuerza material de ley, lo que implica que dicho Decreto [era] inaplicable para_la toma de decisiones de fondo, como es el caso de la resolución objeto de la presente acción”. p Al punto, destacó que: (i) con ocasión de la declaración de exequibilidad de la Ley 1382 de 2010 en sentencia C-366 de 2011, con el ánimo de dar continuidad a los procesos de legalización de minería tradicional, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 933 del 9 de mayo de 2013; (ii) en razón de la inconstitucionalidad por consecuencia, la Agencia Nacional de Minería no podía tomar decisiones de fondo

procesos de legalización de minería tradicional, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 933 del 9 de mayo de 2013; (ii) en razón de la inconstitucionalidad por consecuencia, la Agencia Nacional de Minería no podía tomar decisiones de fondo sobre las solicitudes de legalización de minería tradicional que se presentaron en vigencia de la Ley 1382 de 2010; (111) el Decreto 933 de 2013 recogió y replicó irregularmente las regulaciones contenidas en el Decreto 1970 de 2012 — reglamentario de la Ley 1382 de 2010—, norma que, a su vez, fue retirada del ordenamiento jurídico con el declaratoria de inconstitucionalidad referida; (iv) el Gobierno Nacional expidió el Decreto 933 de 2013, con fundamento en las facultades reglamentarias del artículo 189.11 constitucional, circunstancia que, en su opinión, fue irregular pues invadió la competencia del legislador ordinario; y que, (v) por último, la expedición del acto censurado está viciada por falsa motivación, pues los fundamentos del acto no son reales. 2.3. De otro lado, teniendo en cuenta que el acto objeto de control estableció que no era procedente continuar con el trámite de legalización minera No. NF4-16541, la parte actora agregó: (1) que durante el trámite administrativo adelantado por la Agencia demandada, fue emitida la reevaluación técnica del 26 de junio de 2014, la cual no le fue puesta en conocimiento, lo que implica una clara violación al debido proceso; (ii) que, en el marco de la referida reevaluación técnica, se constató que la solicitud de legalización de minería de hecho No. NF4-16541, se

la cual no le fue puesta en conocimiento, lo que implica una clara violación al debido proceso; (ii) que, en el marco de la referida reevaluación técnica, se constató que la solicitud de legalización de minería de hecho No. NF4-16541, se superponía con el área del contrato de aporte No. 070/89, pero el titular de dicho contrato no había cumplido las obligaciones contraídas; (iii) que la autoridad minera no llevó a cabo visitas técnicas para determinar si la solicitud No. NF416541, cumplía con los requisitos de antigúedad, estado de avance, mineral objeto de explotación y demás requerimientos legales; (iv) que, la explotación que adelanta el actor, es más antigua que la suscripción del contrato de aporte No. 070/89; (v) que el acto administrativo cuestionado carece de motivación, en razón a que determinó que el área de la solicitud de legalización minera NF4-16541 se encuentra en superposición parcial con dos zonas de parques nacionales naturales que no son aplicables a esta solicitud; (vi) que, en lo atinente al pago de regalías de la solicitud No. NF4-16541, dio cumplimiento al pago de estas tal como debe constar en los registros de la entidad demandada; (vii) que, teniendo en cuenta que la propuesta de legalización de minería NF4-16541 fue radicada el 4 de junio de 2012, no le era aplicable lo previsto en el artículo 4 del Decreto 933 de 2013; (viii) que la autoridad minera no agotó el procedimiento previsto en el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, en orden a establecer si el área solicitada se encontraba ocupada por un contrato de concesión, con el fin de determinar si

artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, en orden a establecer si el área solicitada se encontraba ocupada por un contrato de concesión, con el fin de determinar si existían causales de caducidad sobre este, o si era posible mediar en la 2 Folio 12 y 23 del cuaderno 1t Radicado: 11-001-03-26-000-2015-00008-00 (53046) Demandante: José Hernán Sierra Buitrago celebración de contratos de operación o asociación con los mineros tradicionales; y (ix) que al actor no le era aplicable la inhabilidad por causa de su desempeño como alcalde, prevista en el numeral 6 del artículo 28 del Decreto 0933 de 2013, comoquiera que la actividad minera la venía ejerciendo desde antes de que fuera elegido como tal. Ill. TRÁMITE PROCESAL RELEVANTE 3.1. Por medio de auto del 17 de junio de 2015, la demanda fue admitida y se ordenó surtir el traslado a la Agencia Nacional de Minería, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público. 3.2. Teniendo en cuenta que, en escrito separado, la parte demandante solicitó medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo demandado, el despacho del magistrado sustanciador, por auto del 17 de junio de 2015, ordenó formar cuaderno separado para el trámite de la medida y corrió trastado a las partes y al Ministerio Público; oportunidad en la que la Agencia Nacional de Minería se opuso a su prosperidad? El Agente del Ministerio Público guardó.

medida y corrió trastado a las partes y al Ministerio Público; oportunidad en la que la Agencia Nacional de Minería se opuso a su prosperidad? El Agente del Ministerio Público guardó. 3.3. En auto del 2 de mayo de 2016, el despacho del magistrado ponente denegó la medida cautelar solicitada”. Contra esta decisión la parte actora formuló recurso de súplica, en escrito del 18 de mayo de 2016, que fue rechazado por improcedente? 3.4, En ese orden, el despacho del magistrado sustanciador, por auto del 29 de julio de 2019, dispuso confirmar la decisión del 2 de mayo de 2016, que negó la medida cautelar, por cuanto no existían medios de prueba que demostraran que el acto acusado podría causar perjuicios iremediables a los recursos naturales no renovables, o una presunta inundación, derrumbamiento o pérdida total de la explotación y la consecuente vulneración al derecho al trabajo, como se adujo en la solicitud de la medida??. 3.5. Mediante escrito radicado el 5 de octubre de 2015, la Agencia Nacional de Minería contestó la demanda. Formuló, como única excepción, la legalidad de la Resolución que rechazó la solicitud de legalización de minería tradicional No. NF416541 y se opuso a la totalidad de las pretensiones, al argumentar. (i) que el acto administrativo acusado encuentra respaldo en la Constitución Política y las normas aplicables al caso, (il) que no existe ninguna irregularidad o desconocimiento de la ley, por parte de la Agencia, que determine un vicio en la expedición del acto

administrativo acusado encuentra respaldo en la Constitución Política y las normas aplicables al caso, (il) que no existe ninguna irregularidad o desconocimiento de la ley, por parte de la Agencia, que determine un vicio en la expedición del acto acusado, (iii) que, ante la declaración de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 (sentencia C-366 de 2011), teniendo en cuenta que el artículo 12 de esta ley regulaba los procesos de legalización de minería tradicional junto con sus decretos reglamentarios 2715 de 2010 y 1970 de 2012, el Ministerio de Minas y Energía dictó el Decreto 933 de 2013, en materia de formalización de minería tradicional; (iv) que, consecuentemente, las solicitudes de legalización que se presentaron en 3 Folio 39 del cuaderno 1 í Folio 1 al 36 del cuaderno de medidas cautelares 3 Folio 37 al 38 del cuaderno de medidas cautelares 6 Folio 44 al 56 del cuaderno de medidas cautelares 7 Folio 141 al 151 del cuaderno de medidas cautelares 8 Folio 152 al 164 del cuaderno de medidas cautelares 9 Folio 193 del cuaderno de medidas cautelares 1% Folio 197 al 200 del cuaderno de medidas cautelares 1 Folio 50 al 77 del cuaderno 1Radicado: 11-001-03-26-000-2015-00008-00 (53046) Demandante: José Hernán Sierra Buitrago virtud de las disposiciones de la Ley 1382 de 2010 ¿yy que se encontraban en trámite ante la autoridad minera debían resolverse con: fundamento en el Decreto 933 de 2013; (v) que, una de las razones por las que fue rechazada la propuesta

trámite ante la autoridad minera debían resolverse con: fundamento en el Decreto 933 de 2013; (v) que, una de las razones por las que fue rechazada la propuesta NF4-16541 tuvo que ver con el hecho de que el proponente tenía otra solicitud en trámite radicada con anterioridad; (vi) que, además, en+la reevaluación técnica del 26 de junio de 2014, se llegó a la conclusión de que era necesario hacer recortes frente a parques nacionales, mas no con algunos títulos mineros, por cuanto estos ya se encontraban inscritos en el Registro Minero Nacional; (vii) que, no era necesario correr traslado al solicitante de la reevaluación técnica del 26 de junio de 201; y (viii) que, en la actuación quedó demostrado que el señor José Hernán Sierra Buitrago, para la época de la expedición del acto acusado, se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado. , 3.6. Por medio de escrito radicado el 19 de octubre de 2015, el apoderado de la parte actora descorrió el traslado de la excepción «propuesta por la Agencia Nacional de Minería y, para tal efecto, sostuvo, en síntesis, que el acto acusado está viciado de nulidad absoluta “en razón a que los fundamentos en que se soporta, es decir, el Decreto 0933 de 2013 es abiertamente inconstitucional y carece de fuerza material de ley, lo que implica que dicho Decreto es inaplicable para la toma de decisiones de fondo, como es el caso de la resolución objeto de la presente acción”??.

carece de fuerza material de ley, lo que implica que dicho Decreto es inaplicable para la toma de decisiones de fondo, como es el caso de la resolución objeto de la presente acción”??. 3.7, Se verificó la hipótesis del literal d), numeral 1 del artículo 41 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 182A a la Ley 1437 de 2011 para dictar sentencia anticipada??, toda vez que se allegaron pruebas documentales y no era necesaria la práctica de pruebas adicionales. En consecuencia, el despacho sustanciador, por auto de fecha 8 de febrero de 2022, dispuso no realizar audiencia inicial y adoptar las medidas pertinentes para adecuar el trámite conforme a la nueva disposición? En ese orden, luego de verificar el término para contestar la demanda, se constató que esta fue formulada oportunamente, por lo cual: (i) reconoció personería para actuar a ¡la apoderada de la parte demandada; (ii) denegó por inconducente y pertinente la procedencia de la prueba pericial, así como la inspección judicial solicitada por la parte actora; (iii) decretó como pruebas, las documentales allegadas con la demanda y su contestación; y (iv) fijó el objeto del litigio. 3 3.8. En auto del 29 de abril de 2022, el despacho del magistrado ponente corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, para. que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo''. e 3.8.1. Asi lo hizo la apoderada de la Agencia Nacional de Minería, en escrito del 23 de mayo de 2022, en el que reiteró los argumentos de defensa y agregó, (i)

conclusión y este rindiera concepto de fondo''. e 3.8.1. Asi lo hizo la apoderada de la Agencia Nacional de Minería, en escrito del 23 de mayo de 2022, en el que reiteró los argumentos de defensa y agregó, (i) que, dada la superposición de la solicitud de formalización con solicitudes y títulos vigentes legalmente otorgados, no existía área libre a otorgar; y (1) que la solicitud de formalización de minería tradicional constituye una mera expectativa. 3.8.2. Por su lado, el apoderado de la parte actora, en memorial de fecha 26 de mayo de 20221”, alegó que: (i) el acto acusado está viciado de nulidad en razón a que los fundamentos en que se soporta, es decir, el Decreto 0933 de 2013, es 1 12 Folio 80 al 84 del cuaderno 1 3 Norma aplicable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021. 14 Indice 53 del SAMA] 18 Índice 59 del SAMAI 18 Indice 64 del SAMAI 17 Índice 65 del SAMA]t Radicado: 11-001-03-26-000-2015-00008-00 (53046) Demandante: José Hernán Sierra Buitrago abiertamente inconstitucional y carece de fuerza material de ley, lo que implica que dicho decreto es inaplicable para la toma de decisiones de fondo; (ii) que, con la expedición del acto acusado, se violó flagrantemente el debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, debido a que ninguna actuación de las autoridades administrativas depende de su propio arbitrio, sino que se encuentra

la expedición del acto acusado, se violó flagrantemente el debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, debido a que ninguna actuación de las autoridades administrativas depende de su propio arbitrio, sino que se encuentra sujeta a los procedimientos fijados en la ley o los reglamentos; y (iii) que, al estar debidamente demostrada“la nulidad del acto acusado, debía procederse a la legalización de tas explotaciones mineras, a título de restablecimiento del derecho vulnerado. : 3.8.3. En escrito radicado el 24 de mayo de 2022, el agente del Ministerio Público —a través del Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Luis Ramiro Escandón Hernández-9— sostuvo que debe declararse la nulidad del acto administrativo objeto de demanda. A su juicio, se violó el debido proceso administrativo del solicitante, al no habérsele trasladado o puesto en conocimiento la reevaluación técnica realizada dentro de este asunto. Agregó que, si bien en el trámite se configuró aparentemente la causal de rechazo dispuesta en el artículo 28.6 del Decreto 933 de 2013, se desconoció el debido proceso del solicitante, pues no se le dio la oportunidad de ejercer las garantías de contradicción y defensa. '

IV. CONSIDERACIONES n 4.1. Presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. Competencia Esta Corporación es competente para resolver en única instancia sobre la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), por dirigirse contra un acto proferido por una entidad descentralizada del orden nacional, como lo es la

presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), por dirigirse contra un acto proferido por una entidad descentralizada del orden nacional, como lo es la Agencia Nacional de Minería, atinente de manera directa e inmediata a un asunto minero, como lo la presentación de una solicitud de formalización de minería tradicional y su posterior rechazo!??. Por la materia, el asunto le corresponde a esta Subsección de la Sección Tercera, de acuerdo al artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado). Cabe advertir que, si bien, en virtud de la Ley 2080 de 2021 la referida competencia en cabeza del Consejo de Estado fue derogada” y la competencia para conocer de los asuntos mineros en los que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por servicios fue atribuida, en primera instancia, a los tribunales administrativos?, dicha normativa previó que las normas modificatorias 18 Índice 63 del SAMAI 8 Sobre el particular conviene recordar que la jurisprudencia de la Corporación, en auto de unificación, sostuvo que sólo serán de conocimiento del Consejo de Estado en única instancia, en los términos del articulo 295 del Código de Minas, los temas que se refieran de manera directa e inmediata a un tema minero (Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 20 de febrero de 2015. Rad. 52.201) 20 “Ley 2080 de 2021. Artículo 87. Derogatoria. Deróguense las siguientes disposiciones a partir de la vigencia

Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 20 de febrero de 2015. Rad. 52.201) 20 “Ley 2080 de 2021. Artículo 87. Derogatoria. Deróguense las siguientes disposiciones a partir de la vigencia de esta ley: (...) el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”. 21 "CPACA. Artículo 152. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: “(...) “24. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por servicios”. 5Radicado: 11-007-03-26-000-2015-00008-00 (53046) Demandante: José Hernán Sierra Buitrago de las competencias solo rigen y se aplican respecto: de las demandas que se presenten un año después de su publicación??. , 4.1.2. De la caducidad de la acción En cuanto al, la norma aplicable para su contabilización es El literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA es la norma aplicable para el cómputo del término para intentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que rechazó una solicitud de formalización de minería de hecho; norma esta que establece que, "cuando se pretenda la nulidad y el restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del. acto administrativo, según el

nulidad y el restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del. acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en ofras disposiciones legales”. Así las cosas, la Sala observa que el acto administrativo censurado, esto es, la Resolución No. 003350 del 20 de agosto de 2014, dictada por el vicepresidente de Contratación y Titulación Minera de la Agencia Nacional de Minería, que rechazó y archivó la solicitud de minería tradicional No. NF4-16541, fue notificada por edicto fijado el quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014) y desfijado el veintiséis (26) de septiembre de esa anualidad, quedando ejecutoriada y en firme el tres (3) de octubre de dos mil catorce (2014), como quiera que no se formuló recurso alguno, tal como consta en la certificación suscrita el 6 de octubre de 2014, por el vicepresidente de Contratación y Titulación Minera de la entidad demandada”. ] De manera que el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a correr desde el día siguiente a la fecha de la ejecutoria de la Resolución No. 003350 de 2014, esto es, a partir del cuatro (4) de octubre de dos mil catorce (2014) y finalizaría el cuatro (4) de febrero de dos mil quince (2015), fecha en la cual operaría la caducidad de la acción. Como la demanda fue presentada el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), como consta

fecha en la cual operaría la caducidad de la acción. Como la demanda fue presentada el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), como consta en el acta individual de reparto de la secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, fuerza concluir que en este asunto no operó la caducidad. 4.1.3. Legitimación en la causa 4.1.3.1. El señor José Hernán Sierra Buitrago se encuentra legitimado en la causa por activa, como titular de la solicitud de 'formalización de minería tradicional identificada con la placa NF4-16541, para la explotación de un yacimiento de carbón coquizable y metalúrgico, ubicado en la jurisdicción del municipio de Ráquira (Boyacá), que la Agencia Nacional de Minería rechazó por medio de la Resolución No. 003352 del 20 de agosto de 2014, acto administrativo cuya nulidad pretende que se declare el demandante, con el consiguiente restablecimiento del derecho. : 4.1.3.2. Por su lado, la Agencia Nacional de Minería.tiene interés en controvertir las pretensiones de la demanda y, por tanto, está legitimada en la causa por 22 “Ley 2080 de 2021. Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley (...)”. 23 Folio 36 del cuaderno 1 7

administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley (...)”. 23 Folio 36 del cuaderno 1 7 24 Folio 37 del cuaderno 1 .3 Radicado: 11-001-03-26-000-2015-00008-00 (53046) 7 Demandante: José Hernán Sierra Buitrago pasiva, ya que fue la entidad que —por conducto de su Vicepresidente de Contratación y Titulación Minera—profirió el acto administrativo demandado. 4.2. Sobre la vigencia de la Ley 1382 de 2010 y del Decreto 933 de 2013 4.2.1. La Sala recuerda que la Ley 1382 de 2010 —modificatoria de la Ley 685 de 2001, contentiva del Código de Minas— fue declarada inexequible, por medio de la sentencia C-366 de 2011 de la Corte Constitucional?, al constatar que en su trámite legislativo no se garantizó el derecho fundamental a la consulta previa, el cual debió hacerse efectivo en la medida que este es un asunto que afecta directamente derechos e intereses de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Además, la Corte Constitucional ordenó diferir los efectos de la sentencia por un lapso de dos años, con el objetivo de salvaguardar normas que, a su juicio, precaven «daños ambientales que podrían derivarse de su inconstitucionalidad inmediata%. 4.2.2. Con posterioridad, :el Gobierno Nacional expidió el Decreto 933 del 9 de mayo de 20132”, en el que reglamentó el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010% — que se regulaba la formalización de la minería tradicional— en razón al inminente

mayo de 20132”, en el que reglamentó el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010% — que se regulaba la formalización de la minería tradicional— en razón al inminente vencimiento del plazo de dos (2) años que otorgó la Corte Constitucional para que se adoptaran las medidas legislativas correspondientes; disposición que, posteriormente, fue compilada en el Decreto 1073 de 2015. En los considerandos del. Decreto 933 de 2013 se expuso, en síntesis, que su expedición era necesaria ton el fin de suplir el vacío legislativo que se originaria ante la inminencia de los efectos definitivos de la declaración de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 y, en particular, ante la necesidad reglamentar el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, declarado inexequible por la Corte Constitucional%, sin que se cumpliera lo dispuesto en esa decisión, esto es, que se tramitara una nueva ley, con la consulta previa de los pueblos indigenas y de las comunidades afrodescendientes 25 Corte Constitucional, sentencia G-366 del 11 de mayo de 2011. 28 A] punto, consideró lo siguiente: “Es necesario diferir los efectos de la sentencia de inexequibilidad por un lapso de dos años, de manera que a la vez que se protege el derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas sobre tales medidas legislativas, se salvaguarden los recursos naturales y las zonas de especial protección ambiental, indispensables para la supervivencia de la humanidad y de su entomo. A su vez, en consonancia con el precedente aplicado en esta oportunidad, la Corte concede el término prudencial antes señalado para que tanto por el impulso del Gobierno, como del Congreso de la República y dentro de sus

consonancia con el precedente aplicado en esta oportunidad, la Corte concede el término prudencial antes señalado para que tanto por el impulso del Gobierno, como del Congreso de la República y dentro de sus competencias, den curso a las medidas legislativas dirigidas a la reforma del Código de Minas, previo el agotamiento de un procedimiento de consulta previa a las comunidades indigenas y afrocolombianas, en los términos del artículo 330 de la Carta Política. Bajo la misma lógica, en caso que esa actividad sea pretermitida por el Gobiemo y el Congreso una vez culminado el término de dos años contados a partir de la expedición de esta sentencia, los efectos de fa inconstitucionalidad de ta Ley 1382/10 se tomarán definitivos, excluyéndose esta norma del ordenamiento jurídico”. 27 "Por el cual se dictan disposiciones en materia de formalización de mineria tradicional y se modifican unas definiciones del Glosario Minero”, ' 28 “Legalización. Los explotadores; los grupos y asociaciones de minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin titulo inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001 (...y”. 29 "Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”.

vienen adelantando en forma continua desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001 (...y”. 29 "Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía”. 31 En ese orden, expresó que, ante “la declaratoria de inexequibilidad diferida de la Ley 1382 de 2010, lo cual ocurrirá el próximo 12 de mayo' del año en curso, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-366 del 11 de mayo de 2011, se hace necesario establecer los mecanismos para seguir evaluando, realizando las visitas de viabilidad, la consecuente aprobación del Programa de Trabajos y Obras y el Plan de Manejo Ambiental y la procedencia de otorgar los contratos de concesión minera, a este grupo de mineros que conforme a la Ley 1382 de 2010 presentaron en el término señalado por la norma, la solicitud de formalización respectiva”. 7Radicado