CE - 110010326000201600163001SENTENCIA20230704095207

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-0326-000-2016-00163 00 (58.198)

Actor: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Demandado: RAÚL ENRIQUE MAYA PABÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN

Temas: DEMANDA DE REPETICIÓN - presupuestos - juicio de responsabilidad civil patrimonial / Ley 678 de 2001 – la entidad demandante tiene que alegar y acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente – CULPA GRAVE – presunción por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho - acreditación del hecho que le da base a la presunción – no se probó.

La Sala decide, en única instancia, la demanda de repetición presentada por la Universidad Popular del Cesar en contra del señor Raúl Enrique Maya Pabón.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se demandó en repetición al señor Raúl Enrique Maya Pabón para que se le ordene reintegrar las sumas de dinero que dicha entidad tuvo que pagar en cumplimiento de las sentencias condenatorias dictadas en 23 procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se anularon las resoluciones por medio de las cuales el aquí demandado, en su condición de rector de la Universidad Popular

de las sentencias condenatorias dictadas en 23 procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se anularon las resoluciones por medio de las cuales el aquí demandado, en su condición de rector de la Universidad Popular del Cesar, declaró insubsistentes los nombramientos de 23 funcionarios, quienes se desempeñaban en cargos de provisionalidad.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

En escrito presentado el 31 de octubre de 20161, la Universidad Popular del Cesar -en adelante UPC -, a través de su apoderada judicial, interpuso demanda de repetición en contra del señor Raúl Enrique Maya Pabón, con el fin de que se lo declare patrimonialmente responsable por las condenas impuestas a dicha entidad en 23 procesos de nulidad y restablecimiento del derecho2.

1 Folio 152 del cuaderno del Consejo de Estado. 2 En efecto, se presentaron 23 pretensiones por cada una de las condenas impuestas a la UPC en los respectivos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sala, por efectos prácticos y metodológicos, transcribe solo una de ellas: “ 1. Que se declare responsable a Raúl Enrique Maya Pabón de los perjuicios ocasionados a la Universidad Popular del Cesar, condenada administrativamente por el Juzgado Tercero Ad ministrativo de Descongestión del Circuito deRadicación: 11001-0326-000-2016-00163 00 (58.198)

Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Medio de control de repetición

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Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que, cuando el señor

Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Medio de control de repetición

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Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que, cuando el señor Raúl Enrique Maya Pabón se desempeñó como rector de la UPC, declaró insubsistentes los nombramientos 23 de funcionarios, quienes ocupaban empleos de carrera en provisionalidad.

Por esta razón, los afectados promovieron sendos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales fueron decididos en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad judicial que confirmó la declaratoria de nulidad de las 23 resoluciones demandadas y ordenó la reincorporación de los actores, así como también el pago de los salarios y prestaciones que dejaron de recibir. La identificación de los referidos procesos es la que se enuncia a continuación:

Radicado del proceso Demandante n.° de resolución anulada 1 20001333100220110028200 Arturo Rafael Restrepo Lafaurie 0114 del 28 de enero del 2011 2 20001333100520110028800 Bernarda Esther Arias Vanegas 0115 del 28 de enero de 2011 3 20001333100320110004000 Carola del Carmen Díaz Nájera 1836 del 17 de agosto de 2010 4 20001333100220110001000 Edwin Yecid Lea Montes 1650 del 26 de julio de 2010 5 20001333100120110007800 Édgar Linares Ospino 1913 del 23 de agosto de 2010 6 20001333100620110017300 Hugo Hernando González Camelo 2692 del 08 de noviembre de 2010

5 20001333100120110007800 Édgar Linares Ospino 1913 del 23 de agosto de 2010 6 20001333100620110017300 Hugo Hernando González Camelo 2692 del 08 de noviembre de 2010 7 20001333100420110001100 Jesús Johan González Rivera 1490 del 12 de julio de 2010 8 20001333100620110004300 Joel Palomino Cervantes 1837 del 17 de agosto de 2010 9 20001333100520110004100 Jhonattam Kevyn Canales Zuleta 1835 del 17 de agosto de 2010 10 20001333100520110001200 Jorge Urbano Gutiérrez Pacheco 1721 del 3 de agosto de 2010 11 20001333100520110014900 Jorge Elis Crespo Silva 2392 del 13 de octubre de 2010 12 20001333100520110016400 José Luis Parada Castro 2695 del 04 de noviembre de 2010 13 20001333100520110001100 José Gregorio Jorge García 1484 del 12 de julio de 2010 14 20001333100120110031000 Katia Margarita Fernández Arredondo 0124 del 28 de enero de 2011 15 20001333100120100065300 Lorena del Carmen Cabrera Ramírez 1442 del 07 de julio de 2010 16 20001333100520110027100 Martha Emilia Álvarez Jiménez 2960 del 3 de diciembre de 2010 17 20001333100320110001100 Miriam Rojas Domínguez 1483 del 12 de julio de 2010 18 20001333100620110031100 Nancy Cecilia Valdés Martínez 0125 del 28 de enero de 2011

17 20001333100320110001100 Miriam Rojas Domínguez 1483 del 12 de julio de 2010 18 20001333100620110031100 Nancy Cecilia Valdés Martínez 0125 del 28 de enero de 2011 19 20001333100420110004600 Nelsy Ramos Casares 2182 del 22 de septiembre de 2011 20 20001333100320100062900 Rubén Darío Mendoza Maestre 1362 del 28 de junio de 2010 21 20001333100220110000300 Robert Antonio Angulo Palomino 1767 del 06 de agosto del 2010 22 20001333100120110031100 Rodolfo Javier Rodríguez Cobo 0408 del 1° de marzo de 2011 23 20001333100620110001300 Richard Mandón Arenas 1486 del 12 de julio de 2010

Se dijo que, por lo anterior, la UPC pagó la suma de $2.771’563.816.

Valledupar, confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar, por concepto de la expedición del acto acusado por falta de motivación del acto administrativo Resolución 2182 del 21 de septiembre de 2011, medi ante la cual se declaró insubsistente el nombramiento efectuado a Nesly Ramos Casares del cargo de profesional universitario, adscrito a la coordinación del grupo de servicios, compras y mantenimiento, dependiente de la vicerrectoría académica, en provisio nalidad”.Radicación: 11001-0326-000-2016-00163 00 (58.198)

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De acuerdo con la parte actora, el señor Raúl Enrique Maya Pabón debe ser

Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Medio de control de repetición

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De acuerdo con la parte actora, el señor Raúl Enrique Maya Pabón debe ser declarado responsable, a título de culpa grave, porque, de conformidad con las sentencias dictadas en los procesos de nulidad y res tablecimiento del derecho, la falta de motivación de los actos administrativos fue la razón por la que se impusieron las condenas en contra de la UPC, circunstancia que daba lugar a la configuración de la presunción establecida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 20013.

Se dijo que, con su conducta, el señor Maya Pabón “ desconoció de manera inexcusable” el parágrafo segundo del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario, relacionados con el deber de motivación de los actos de retiro del servicio de funcionarios, porque, como rector de la UPC, “conocía los antecedentes de la universidad en ese sentido” y, aun así, declaró insubsistentes los nombramientos de los 23 funcionarios sin ofrecer alguna motivación.

3. Trámite de única instancia

El curador ad litem del señor Raúl Enrique Maya Pabón no contestó la demanda.

El 23 de julio de 2021 se realizó la audiencia inicial , diligencia en la cual la magistrada ponente concluyó que no había situaciones por sanear ni excepciones por resolver, razón por la cual procedió a fijar el litigio, en el sentido de señalar que la controversia giraba en torno a la acreditación de todos los requisitos del medio de control de repetición4.

por resolver, razón por la cual procedió a fijar el litigio, en el sentido de señalar que la controversia giraba en torno a la acreditación de todos los requisitos del medio de control de repetición4.

Al respecto, los sujetos procesales manifestaron su acep tación. Posteriormente se decretaron como pruebas las documentales aportadas con la demanda5 y se ordenó requerir a los Juzgados Administrativos del Circuito de Valledupar que tuvieron a su cargo los respectivos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, para que remitieran las constancias de ejecutoria y/o notificación de las sentencias dictadas en contra de la Universidad Popular del Cesar, las cuales se incorporaron al proceso mediante proveído del 10 de mayo de 20236.

3 Por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 4 Lo anterior, por cuanto el demandado está representado curador ad litem, quien, como se precisó en la referida diligencia, carece de la facultad de confesión, de ahí que resul tara improcedente preguntarles a las partes sobre puntos respecto de los cuales no había discusión. 5 Actos administrativos de insubsistencia, sentencias de primera y segunda instancia dictadas en los 23 procesos de nulidad y restablecimiento, así como también los soportes de cada uno de los pagos realizados. 6 En dicha providencia, se incorporaron 19 de las 23 constancias de notificación y/o eje cutoria. En cuanto a los documentos faltantes, se advirtió que, pese a los constantes requerimientos y actuaciones desplegadas por parte de las autoridades judiciales que tuvieron a su cargo los respectivos procesos, no había sido posible su consecución y, en vista de que el período probatorio

actuaciones desplegadas por parte de las autoridades judiciales que tuvieron a su cargo los respectivos procesos, no había sido posible su consecución y, en vista de que el período probatorio se ha prolongado por más de dos años, se prescindió del recaudo de dicha documentación. Así, ante la evidencia de que ya no había más pruebas por practicar, en tanto que las debidamente recaudadas tenían el carácter de documenta les, se dispuso, en aplicación de los principios de economía y celeridad, prescindir de la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del CPACA y, en su lugar, ordenar la incorporación de dichos medios probatorio s al expediente y correr traslado a los sujetos procesales.Radicación: 11001-0326-000-2016-00163 00 (58.198)

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Más adelante, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 181 del CPACA, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se ordenó la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público.

En esta etapa los sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA 7, el Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos de repetición que el Estado ejerza, entre otros, contra el presidente de la República, ministros del despacho, directores de departamento administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Auditor General de la República y, en

el Estado ejerza, entre otros, contra el presidente de la República, ministros del despacho, directores de departamento administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Auditor General de la República y, en general, contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional.

Como la demanda se dirigió en contra del señor Raúl Enrique Maya Pabón, quien para la época de los hechos se desempeñaba como rector de la Universidad Popular del Cesar 8, esta Subsección es competente para conocer del presente asunto.

2. Ejercicio oportuno de la acción

Según lo dispuesto en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, las demandas de repetición deben instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la administración para pagar las condenas, el cual para todos los casos aquí analizados era de 18 meses9.

La Sala observa que, aunque en algunos casos los dos años del término de caducidad comenzaron a correr desde el día siguiente al del pago de las condenas10 y, en otros, desde el vencimiento de los 18 meses que la UPC tenía

7 En virtud del régimen de transición establecido en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, las modificaciones a las reglas de competencia establecidas en la referida disposición normativa se aplican a las demandas presentadas a partir del 26 de enero de 2022, de ahí que la norma que le otorga competencia al Consejo de Estado para conocer de este asunto sea el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, sin las modificaciones introducidas por el artículo 24 ibidem.

otorga competencia al Consejo de Estado para conocer de este asunto sea el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, sin las modificaciones introducidas por el artículo 24 ibidem. 8 Establecimiento público del orden nacional, según lo dispuesto en artículo 1 la Ley 34 de 1976, en concordancia con lo previsto en la Ley 30 de 1996. 9 La Sala precisa que las 23 condenas se profirieron en procesos de nulidad y restablecimiento tramitados en vigencia del CCA, razón por la cual la Universidad Popular del Cesar debía cumplirlas en el plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 de dicho cuerpo normativo; además, así lo dispuso el Tribunal Adminis trativo del Cesar en la parte resolutiva de cada una d e sus providencias. 10 En los 16 casos que se identifican a continuación, la UPC pagó las condenas antes del vencimiento del plazo establecido para tal fin, por lo que el término de dos años de caducidad corrió a partir del siguiente día de cada uno de los pagos. Los procesos corresponden a los promovidos por las siguientes personas: Rubén Darío Mendoza Maestre; José Gregorio Jorge García; Edwin Yecid Lea Montes; Jorge Urbano Gutiérrez Pacheco; Jhonattam Kevyn Canales Zuleta; Joel Palomino Cervantes; Édgar Linares Ospino; Jorge Elis Crespo Silva; José Luis Parada Castro; Hugo HernandoRadicación: 11001-0326-000-2016-00163 00 (58.198)

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para pagar11, lo cierto es que en todos ellos el referido término se cumplió en 2017

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para pagar11, lo cierto es que en todos ellos el referido término se cumplió en 2017 y, en tanto la demanda se presentó el 31 de octubre de 2016, se impone concluir que el derecho de acción frente a las 23 pretensiones se ejerció de forma oportuna.

3. Cumplimiento de los requisitos del medio de control

Como se dejó expuesto en los antecedentes, la controversia en el presente asunto gira en torno a determinar si la UPC acreditó el cumplimiento de todos los requisitos del medio de control de control de repetición 12. En caso de que alguno de los presupuestos no se encuentre satisfecho, será innecesario abordar el estudio de los demás.

3.1. Existencia de una condena judicial y acreditación del pago

A este proceso se allegaron las copias de las sentencias dictadas en los 23 procesos de nulidad y restablecimiento, en los que se anularon igual número de actos administrativos de insubsistencia y, como consecuencia, se condenó a la UPC a reintegrar al señor Rubén Darío Mendoza Maestre y otros a los cargos de carrera que ocupaban en provisionalidad, así como también a pagarles los salarios y prestaciones que dejaron de percibir. De igual manera, la entidad demandante aportó los soportes de los pagos que en virtud de dichas providencias se realizaron, por lo que los referidos presupuestos se encuentran acreditados:

Demandante Sentencia13 Valor Fecha de pago14 1 Rubén Darío Mendoza Maestre del 20 de febrero del 201315, confirmada el 27 de marzo de 2014

por lo que los referidos presupuestos se encuentran acreditados:

Demandante Sentencia13 Valor Fecha de pago14 1 Rubén Darío Mendoza Maestre del 20 de febrero del 201315, confirmada el 27 de marzo de 2014 $196’954.227 4 de abril de 2015 2 Lorena del Carmen Cabrera Ramírez del 27 de marzo de 201216, confirmada el 4 de julio de 2013 $129’785.096 30 de enero de 2015 3 Miriam Rojas Domínguez del 6 de julio de 201217, confirmada el 11 de julio de 2013 $88’805.228 12 de febrero de 2015 4 José Gregorio Jorge García del 16 de abril de 201318, confirmada el 17 de octubre de 2013 $179’201.515 25 de febrero de 2015

González Camelo; Martha Emilia Álvarez Jiménez; Arturo Rafael Restrepo Lafaurie; Bernarda Esther Arias Vanegas; Katia Marga rita Fernández Arredondo; Nancy Cecilia Valdés Martínez; Rodolfo Javier Rodríguez Cobo y Nelsy Ramos Casares. 11 En los siguientes procesos, el término para demandar en repetición comenzó a correr desde el día siguiente al vencimiento de los 18 meses, porque el pago se realizó con posterioridad al vencimiento de esa fecha: Lorena del Carmen Cabrera Ramírez; Miriam R ojas Domínguez; Richard Mandón Arenas; Jesús Johan González Rivera; Robert Antonio Angulo Palomino; Carola del Carmen Díaz Nájera; Joel Palomino Cervantes. 12 A saber, la existencia de una condena; el pago; la calidad de agente estatal del demandado y que

Arenas; Jesús Johan González Rivera; Robert Antonio Angulo Palomino; Carola del Carmen Díaz Nájera; Joel Palomino Cervantes. 12 A saber, la existencia de una condena; el pago; la calidad de agente estatal del demandado y que su acción u omisión, calificada como dolosa o gravemente culposa, hubiera sido la causante del daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. 13 Las sentencias de primera y de segunda instancia se encuentran visibles en folios 261 a 296; 326 a 359; 393 a 427; 471 a 497 530 a 567; 604 al 649; 683 a 694; 729 a 786; 875 a 908; 930 a 991; 1.033 a 1.078; 1.245 a 1.274; 1.311 a 1.349; 1.391 a 1.430; 1.461 a 1.496; 1.531 a 1.570; 1.619 a 1.656 ;1.691 a 1.730; 1.773 a 1.829; 1.870 a 1.894 de los anexos de la dem anda. 14 Las constancias de pago con los respetivos soportes se encuentran entre los folios 234 a 238; 322; 389; 464; 526; 603; 678; 679; 683 a 694 869; 923 a 929; 1.089 a 1.100; 1.165 a 1.170; 1.232 a 1.239; 1.292 a 1.308; 1.370 a 1.379; 1.455 a 1.459; 1.5 27; 1.611 a 1.618; 1.682 a 1.690; 1.773 a

1.775; 1.865 a 1.869 de los anexos de la demanda. 15 Proferida por el Juzgado 1º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 16 Proferida por el Juzgado 2º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 17 Proferida por el Juzgado 1º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 18 Proferida por el Juzgado 2° Administrativo de Descongestión de Valledupar.Radicación: 11001-0326-000-2016-00163 00 (58.198)

Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Medio de control de repetición

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5 Richard Mandón Arenas del 18 de septiembre de 201119, confirmada el 11 de julio de 2013 $64’455.809 6 de febrero de 2015 6 Jesús Johan González Rivera del 16 de abril de 201220, confirmada el 4 de julio de 2013 $89’858.662 6 de febrero de 2015 7 Edwin Yecid Lea Montes del 19 de marzo de 201321, confirmada el 24 de noviembre de 2013 $108’364.156 23 de febrero de 2015 8 Jorge Urbano Gutiérrez Pacheco del 22 de marzo de 201322, confirmada el 3 de octubre de 2013 $113’249.367 17 de febrero de 2015 9 Robert Antonio Angulo Palomino del 6 de junio de 201223, confirmada el 11 de julio de 2013 $236’440.557 9 de febrero de 2015 10 Jhonattam Kevyn Canales Zuleta

9 Robert Antonio Angulo Palomino del 6 de junio de 201223, confirmada el 11 de julio de 2013 $236’440.557 9 de febrero de 2015 10 Jhonattam Kevyn Canales Zuleta del 21 de marzo de 201324, confirmada el 24 de octubre de 2013 $62’131.809 20 de febrero de 2015 11 Carola del Carmen Díaz Nájera del 16 de abril de 201225, confirmada el 6 de junio de 2013 $89’603.229 22 de enero de 2015 12 Joel Palomino Cervantes del 9 de marzo de 201226, confirmada el 4 de julio de 2013 $53.311.694 30 de enero de 2015 13 Édgar Linares Ospino del 19 de marzo de 201327, confirmada el 3 de octubre de 2013 $75’519.080 17 de enero de 2015 14 Jorge Elis Crespo Silva del 24 de abril de 201228, confirmada el 25 de julio de 2013 $309’390.825 30 de enero de 2015 15 José Luis Parada Castro del 08 de abril de 201329, confirmada el 31 de octubre de 2013 $106’340.669 17 de febrero de 2015 16 Hugo Hernando González Camelo del 18 de septiembre de 201230, confirmada el 29 de agosto de 2013 $102’030.124

17 de enero de 2015 17 Martha Emilia Álvarez Jiménez del 8 de abril de 201331, confirmada el 17 de octubre de 2013

2013 $102’030.124

17 de enero de 2015 17 Martha Emilia Álvarez Jiménez del 8 de abril de 201331, confirmada el 17 de octubre de 2013 $78’494.065 17 de febrero de 2015 18 Arturo Rafael Restrepo Lafaurie del 6 de diciembre de 201232, confirmada el 1° de agosto de 2013 $60’569.921 6 de febrero de 2015 19 Bernarda Esther Arias Vanegas del 7 de mayo de 201333, confirmada el 17 de octubre de 2013 $85’800.967 20 de febrero de 2015 20 Katia Margarita Fernández Arredondo del 8 de abril de 201334, confirmada el 5 de diciembre de 2013 $91’826.594 25 de febrero de 2015 21 Nancy Cecilia Valdés Martínez del 11 de marzo de 201335, confirmada el 13 de febrero de 2014 $84’901.330 25 de febrero de 2015 22 Rodolfo Javier Rodríguez Cobo del 6 de mayo de 201336, confirmada el 27 de febrero de 2014 $50’594.643 4 de marzo de 2015 23 Nelsy Ramos Casares del 16 de abril de 201237, confirmada el 20 de junio de 2013 $102’501.392 23 de enero de 2015

3.2. La calidad de agente o exagente del demandado

La calidad de rector del señor Raúl Enrique Maya Pabón para la época de los hechos se acreditó con las certificaciones expedidas por la coordinadora del grupo

2015

3.2. La calidad de agente o exagente del demandado

La calidad de rector del señor Raúl Enrique Maya Pabón para la época de los hechos se acreditó con las certificaciones expedidas por la coordinadora del grupo

19 ibid. 20 Proferida por el Juzgado 3º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 21 Proferida por el Juzgado 2° Administrativo de Descongestión de Valledupar. 22 Ibid. 23 ibid. 24 Proferida por el Juzgado 1º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 25 Proferida por el Juzgado 3° Administrativo de Descongestión de Valledupar. 26 Proferida por el Juzgado 1º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 27 Proferida por el Juzgado 2° Administrativo de Descongestión de Valledupar. 28 Proferida por el Juzgado 1º Administrativo de Descongestión de Valledupar 29 Proferida por el Juzgado 2° Administrativo de Descongestión de Valledupar. 30 ibid. 31 Proferida por el Juzgado 3º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 32 Proferida por el Juzgado 2º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 33 ibid. 34 Proferida por el Juzgado 3º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 35 Proferida por el Juzgado 1º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 36 Proferida por el Juzgado 3º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 37 ibid.Radicación: 11001-0326-000-2016-00163 00 (58.198)

Actor: Universidad Popular del Cesar

36 Proferida por el Juzgado 3º Administrativo de Descongestión de Valledupar. 37 ibid.Radicación: 11001-0326-000-2016-00163 00 (58.198)

Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Medio de control de repetición

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de gestión y desarrollo humano de la Universidad Popular del Cesar 38. En igual sentido, está probado que el demandado, en su condición de rector, suscribió los actos administrativos que, a la postre, fueron anulados por esta jurisdicción39.

3.3. Imputación de responsabilidad

Para la parte actora, el señor Raúl Enrique Maya Pabón debe ser declarado responsable porque no motivó las resoluciones por medio de las cuales se declararon insubsistentes los nombramientos de 23 funcionarios que ocupaban cargos de carrera en provisionalidad, tal y como lo dispone el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, reglamentado por el artículo 10 Decreto 1227 de 2005. En su criterio, dicho comportamiento se adecúa a la presunción de culpa grave establecida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 40, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

Esta Subsección, mediante sentencia del 6 de julio de 2017 41, precisó que las presunciones de dolo y culpa grave contempladas en la Ley 678 de 2001 son legales -que admiten prueba en contrario-, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa del demandado, pues, de haber sido calificadas como presunciones de derecho, se le habría quitado la posibilidad de demostrar que su conducta no fue premeditada o negligente42.

de defensa del demandado, pues, de haber sido calificadas como presunciones de derecho, se le habría quitado la posibilidad de demostrar que su conducta no fue premeditada o negligente42.

A su vez, en dicho pronunciamiento se indicó que cuando la pretensión de regreso se fundamenta en una de las presunciones establecidas en los artículos 5 y 6 ibidem, la entidad tiene que demostrar el supuesto de hecho que le sirve de sustento para que pueda operar frente al demandado43.

38 Al respecto, ver los folios 234; 311; 380; 455; 517; 594; 668; 712; 859; 921; 1.015; 1.088; 1.159; 1.230; 1.292; 1.368; 1.448; 1.518; 1.609; 1.680; 1.763; 1.858 y 2.004 de los anexos de la demanda. En todas las certificaciones se indicó que, para la época en que se declararon insubsisten tes los nombramientos, el señor Raúl Enrique Maya Pabón se desempeñaba como rector de la Universidad Popular del Cesar, condición que ostentó desde el 16 de febrero de 2010. 39 Lo cual se explicará, con detalle, a continuación. 40 La procedencia de la impu tación con fundamento en una de las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001 no frece motivo de duda, por cuanto dicha disposición normativa ya estaba vigente para la época en que ocurrieron los hechos (entre 2010 y 2011) por los cuales resultó condenada la Universidad Popular del Cesar. 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

para la época en que ocurrieron los hechos (entre 2010 y 2011) por los cuales resultó condenada la Universidad Popular del Cesar. 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, exp. 45203, reiterada por esta Subsección, entre otras, en la sentencia del 7 de agosto de 2017, exp. 42777. 42 “Las presunciones de culpa grave y de dolo contenidas en la Ley 678 de 2001 son legales. Esto se debe a que así lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C -374 de 2001 al decidir acerca de la constitucionalidad de los artículos 5 y 6 de esa normativa (…). Concluyó la Corte Constitucional que las presunciones que contempla la Ley 678 de 2001 son legales, pues, de haberlas calificado de derecho, la acción de repetición carecería de sentido. Si se tratara de presunciones de derecho [que no admiten prueba en contra, por fundarse en el orden público], el demandado en una acción de repetición no tendría la oportunidad de demostrar que la conducta que se le reprocha no ocurrió a título de culpa grave o dolo. Simplemente se enco ntraría en una posición en la cual no podría ejercer su derecho de defensa, lo que implicaría la violación del artículo 29, según el cual toda persona tiene derecho a ‘presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra’”. Ibidem. 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de

marzo de 2019, exp. 52945. C.P. María Adriana Marín.Radicación: 11001-0326-000-2016-00163 00 (58.198)

Actor: Universidad Popular del Cesar Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón Referencia: Medio de control de repetición

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Así también lo dejó claro la Corte Constitucional en las sentencias C-374 de 2002 y SU-354 de 2020, al señalar que para la correcta utilización de las presunciones es indispensable que la administración acredite “el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere”44, no limitarse a extrapolar los análisis construidos para enjuiciar la responsabilidad patrimonial del Estado o la legalidad de los actos administrativos 45, porque los supuestos sobre los que se edifica la responsabilidad de los funcionarios o exfuncionarios son diferentes46.

Con fundamento en lo anterior, la Sala relacionará los hechos que se probaron en este proceso y, luego de ello, determinará si se acreditó el supue sto de la presunción de culpa grave, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

• Esta probado que, entre 1999 y 2010, se llevó a cabo el nombramiento del señor

Édgar Linares Ospino y otras 22 personas en cargos de carrera dentro de la Universidad Popular del Cesar, los cuales eran ocupados en provisionalidad, así como también que, entre 2010 y 2011, se expidieron las resoluciones por medio de las cuales se dispuso el retiro de esos funcionarios de la entidad:

Funcionario Resolución de nombramiento n.° Cargo que ocupaba en provisionalidad Resolución de

las cuales se dispuso el retiro de esos funcionarios de la entidad:

Funcionario Resolución de nombramiento n.° Cargo que ocupaba en provisionalidad Resolución de desvinculación n.° 1 Édgar Linares Ospino 1