CE - 110010326000201600174001SENTENCIA20231023085713

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368)

Actor: JOSÉ HERNÁN SUÁREZ GONZÁLEZ

Demandados: CORPOBOYACÁ Y DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ

Medio de control: NULIDAD SIMPLE – ÚNICA INSTANCIA

Asunto: MINERO

Síntesis del caso: se pretende la nulidad de unas resoluciones expedidas por las entidades demandadas por medio de las cuales se dio viabilidad ambiental y licencia minera a unos particulares para la explotación de una mina de areniscas y arcillas en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá ), por considerar la parte demandante que se expidieron de manera irregular por no haber vinculado al proceso administrativo a los habitantes del sector como presuntos afectados, lo que implicó una violación del debido proceso; también por infracción a las normas en que debían fundarse, debido a que no se establecieron los impactos ambientales y las medidas preventivas para estos y, porque no hubo correlación entre la viabilidad ambiental y la licencia minera por cuanto la primera se concedió por 4 años en tanto la segunda se otorgó por 10 años, aunado al hecho de que la primera se le concedió a una per sona y la segunda incluyó a otra persona adicional.

Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad simple formulada por

por 10 años, aunado al hecho de que la primera se le concedió a una per sona y la segunda incluyó a otra persona adicional.

Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad simple formulada por el señor José Hernán Suárez González en contra de la Resolución no. 834 del 30 de diciembre de 1996 expedida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (en adelante C ORPOBAYACÁ) “por la cual se concede viabilidad ambiental a una explotación minera y se impone un plan de manejo ambiental, restauración y abandono” , así como también en contra de la Resolución no. 00511-15 de la misma fecha a través de la cual la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá otorgó una licencia para la explotación de un yacimiento de “areniscas, arcillas” en el municipio de Sogamoso (Boyacá) a unos particulares.2

Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368) Actor: José Hernán Suárez González Nulidad simple – única instancia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 12 de julio de 2002 (fl. 49 respaldo cdno. 1), el señor José Hernán Suárez González promovió demanda de nulidad simple en contra de CORPOBOYACÁ, el Departamento de Boyacá y los señores Luis Alberto Calderón Plazas y Ángel Octavio Méndez con las siguientes súplicas:

“2.1.- Se declare la nulidad de la resolución número 834 de diciembre 30 de 1996 por la cual el Director General de la Corporación

Alberto Calderón Plazas y Ángel Octavio Méndez con las siguientes súplicas:

“2.1.- Se declare la nulidad de la resolución número 834 de diciembre 30 de 1996 por la cual el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- concedió viabilidad ambiental por el término improrrogable de CUATRO (4 años) para la explotación de la mina La Quinta localizada en la vereda El Cyral, municipio de Sogamoso, al mismo tiempo impone un plan de manejo ambiental, restauración y abandono; siendo beneficiario el señor LUIS ALBERTO CALDERÓN.

2.2.- Se declare la nulidad de la resolución número 00511 -15 de diciembre 30 de 1996 por la cual el Secretario de Minas y Energía de Boyacá, otorga por el término de DIEZ (10) años la licencia H-0034 a los señores LUIS ALBERTO CALDERÓN y ÁNGEL OCTAVIO MENDOZA, para la explotación de un yacimiento de areniscas, arcilla ubicado en jurisdicción del municipio de Sogamoso con una extensión de dos (2) hectáreas con 83.01 metros. ” (fl. 40 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1. Luego de expedidos los actos demandados y a pesar de las obligaciones adquiridas por los beneficiarios de las licencias, ellos no las han cumplido, pues, han extraído material para la construcción (recebo y arena) con uso de explosivos (ANFO) y métodos artesanales con lo cual han causado graves

adquiridas por los beneficiarios de las licencias, ellos no las han cumplido, pues, han extraído material para la construcción (recebo y arena) con uso de explosivos (ANFO) y métodos artesanales con lo cual han causado graves daños al medio ambiente, la salud y bienes de los vecinos del sector, debido a que las explosiones causan daños en los oídos de los adultos y niños y las casas de habitación han sufrido deterioros, además, “la deforestación y tala de bosques es alarmante”.3

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1. A pesar de varias peticiones elevadas por los habitantes a distin tas autoridades, hasta la fecha no han adoptado “los mecanismos pertinentes para solucionar el problema”.

1. En el plan de manejo ambiental se establece que el sistema de explotación se debe realizar por escalones hasta obtener un sistema de bancos con el fin de reducir la cara del talud final, recomienda tener en cuenta parámetros técnicos de medición y, una vez finalizada la explotación de las áreas seleccionadas, realizar la readecuación morfológica del área intervenida; sin embargo, los beneficiarios de la licencia no las han cumplido puesto que, en principio, la explotación con explosivos no está contemplada en el plan de manejo ambiental, lo cual significa que “su impacto no fue ni ha sido evaluado a efecto de definir el área de influencia de la onda explosiva sobre los componentes ambientales y las construcciones vecinas en los términos señalados por el Decreto 1753 de 1994”.

1.3 Concepto de la violación

a efecto de definir el área de influencia de la onda explosiva sobre los componentes ambientales y las construcciones vecinas en los términos señalados por el Decreto 1753 de 1994”.

1.3 Concepto de la violación

Con los actos administrativos demandados se violaron los artículos 29, 58 y 79 de la Constitución Política ; los artículos 14, 15 y 35 del Código Contencioso Administrativo; los artículos 49, 50, 51, 57, 60, 70 y 71 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 1, 3 , 5, 23 y 24 d el Decreto 1753 de 1994 , por cuanto (i) hubo violación del debido proceso , una expedición irregular de los actos administrativos y desconocimiento del derecho de defensa, debido a que no les fueron notificados a los habitantes aledaños a la mina para que estuvieran enterados de la situación y pudieran dar a conocer sus opiniones por ser directamente afectados con las decisiones; (ii) infringieron las normas en que debían fundarse, porque a) en el plan de manejo ambiental definido en el acto expedido por CORPOBOYACÁ no se contempló la explotación con explosivos ni se definió el área de influencia directa de la onda explosiva, cuando en realidad se hace así y ello ha deteriorado el paisaje y con ello desvalorizado los predios vecinos, lo cual significa que aunque se implementó un plan de manejo ambiental, “las autoridades no adoptaron los mecanismos legales para lograr mitigar el impacto ambiental que causa perjuicios a los vecinos del sector”, las autoridades que expidieron los actos debían establecer la gravedad de los4

ambiental, “las autoridades no adoptaron los mecanismos legales para lograr mitigar el impacto ambiental que causa perjuicios a los vecinos del sector”, las autoridades que expidieron los actos debían establecer la gravedad de los4

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impactos y medidas y acciones para prevenirlos, controlarlos, mitigarlos, compensarlos y corregirlos, pero, ninguna de esas medidas fue tenida en cuenta al momento de evaluar el impacto ambiental, y b) la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá otorgó la licencia por 10 años , cuando la viabilidad ambiental se concedió solo por 4 años, sin justificación alguna; también le otorgó licencia además del señor Luis Alberto Calde rón, a quien se le había reconocido en la viabilidad, al señor Ángel Octavio Mendoza, a quien no se lo había reconocido en dicha viabilidad.

2. Trámite procesal

1. La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, quien la admitió (fls. 51 a 52 cdno. ppal.) y tramitó el proceso hasta los alegatos de conclusión, sin embargo, cuando estaba para dictarse sentencia, dicho tribunal, en auto del 17 de agosto de 2016, advirtió la falta de competencia y ordenó el envío del expediente al Consejo de Estado por cuanto uno de los actos demandados fue emitido por CORPOBOYACÁ, entidad pública del orden nacional, para lo cual la competencia recae sobre este últ imo en única instancia, según lo previsto en el numeral primero del artículo 128 del Código

demandados fue emitido por CORPOBOYACÁ, entidad pública del orden nacional, para lo cual la competencia recae sobre este últ imo en única instancia, según lo previsto en el numeral primero del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (fls. 323 a 324 cdno. ppal).

1. Por auto de ponente proferido el 1 de marzo de 2018, esta Corporación avocó el conocimiento del asunto en única instancia, declaró la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Administrativo de Boyacá desde el auto admisorio de la demanda, pero, otorgó valor probatorio a las pruebas recaudadas, y admitió la demanda (fls. 336 a 345 cdno. ppal.).

3. Posición de los demandados

1. El departamento de Boyacá (fls. 377 a 379 cdno. ppal.) se opuso a todas las pretensiones dirigidas en contra de la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá y propuso las excepciones de i) “falta de integración de listis consorcio ”, toda vez que dicha secretaría perdió competencia como autoridad miner a, la cual ahora se encuentra en cabeza de la Agencia Nacional de Minería, motivo por el cual se hace necesaria su vinculación , de conformidad con los artículo s 3 y5

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4 del Decreto 4134 de 2011, y ii) “pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución no. 00511-15”, debido a que en el catastro minero nacional se evidencia que el 2 de abril de 2008 se inscribió la caducidad del título minero otorgado con dicho

no. 00511-15”, debido a que en el catastro minero nacional se evidencia que el 2 de abril de 2008 se inscribió la caducidad del título minero otorgado con dicho acto administrativo, además, a tra vés de la Resolución no. 00706 del 17 de diciembre de 1997 la Secretaría de Minas y Energía ordenó la suspensión y el cierre provisional de los frentes de trabajo de explotación por parte del señor Luis Alberto Calderón en la mina La Quint a en cumplimiento de una orden judicial, de manera que la explotación de esa mina solo pudo ser ejercida por él por un periodo aproximado de ocho meses , medida que estaba vigente cuando se interpuso la presente acción , aunado a ello, la mina se encontraba cerrada desde septiembre de 1997; agregó que la pérdida de fuerza ejecutoria fue tal que incluso el ahora actor presentó desistimiento de la demanda el 23 de septiembre de 2013 ante el Tribunal Administrativo de Boyacá1.

1. CORPOBOYACÁ (fls. 389 a 391 cdno. ppal.) se opuso a la pretensión e n contra de ella por cuanto la Resolución no. 834 del 30 de diciembre de 1996 se profirió de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios , y porque para el momento en que se presentó la demanda el acto ya había perdido su fuerza ejecutoria , motivo por el cual propuso la excepción de “improcedencia de la acción por haber perdido su fuerza ejecutoria el acto administrativo cuya nulidad se pretende” ; explicó que por orden judicial fue suspendida y cerrada provisionalmente la mina y que

propuso la excepción de “improcedencia de la acción por haber perdido su fuerza ejecutoria el acto administrativo cuya nulidad se pretende” ; explicó que por orden judicial fue suspendida y cerrada provisionalmente la mina y que hasta el año 2004 no había sido levantado la medida, de manera que, si se tiene en cuenta que el término de cuatro años por el cual la entidad autorizó la explotación de la mina expiró el 30 de diciembre de 2000 y que no se ha vuelto a conceder otra licencia por el mismo asunto, el acto dejó de producir efectos , en consecuencia, el caso se adecúa a los casos previstos en los numerales primero y quinto del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

1 En memorial allegado el 23 de septiembre de 2013, el demandant e desistió de la demanda “por pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo demandado” , para lo cual explicó que la Resolución no. 00511 del 30 de diciembre de 1996 otorgó la licencia minera por diez años, término que expiró desde el año 2007 y “al parecer no ha sido prorrogado y en caso de haber ocurrido lo anterior, sería otro el acto administrativo que otorgó la explotación y por ello la acción no tiene procedencia alguna” (fl. 202 cdno. ppal.); no obstante, por auto de ponente del 23 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la solicitud de desistimiento de la demanda debido a que la acción de simple nulidad es de naturaleza pública y su finalidad es salvaguardar el orden jurídico, de manera que los particulares no pueden disponer libremente de esta y, por lo tanto, no es procedente el desistimiento de la acción ; agregó que “si bien no

salvaguardar el orden jurídico, de manera que los particulares no pueden disponer libremente de esta y, por lo tanto, no es procedente el desistimiento de la acción ; agregó que “si bien no es ejecutable el acto acusado actualmente, surtió efectos en el tiempo que tuvo vida jurídi ca, por lo [cual] es viable hacerle el control de legalidad” (fls. 205 a 207 cdno. ppal.).6

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1. Los señ ores Luis Alberto Calderón Plazas y Ángel Octavio Méndez guardaron silencio.

4. Alegatos de conclusión

1. CORPOBOYACÁ (índice 79 SAMAI) insistió en sus argumentos de defensa, según los cuales el acto administrativo expedido por esa entidad y ahora demandado perdió fuerza ejecutoria, pues, el tiempo de su vigencia expiró hace más de veinte años.

1. El Departamento de Boyacá (índice 82 SAMAI) también reiteró su postura en relación con la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos demandados.

1. La parte actora y los señores Luis Alberto Calderón Plazas y Ángel Octavio Méndez guardaron silencio.

1. El Ministerio Público (índice 81 SAMAI) solicitó que se acceda de manera parcial a las pretensiones de la demanda y se declare la nulidad parcial de l artículo primero de la Resolución no. 0511 -15 del 30 de diciembre de 1996

parcial a las pretensiones de la demanda y se declare la nulidad parcial de l artículo primero de la Resolución no. 0511 -15 del 30 de diciembre de 1996 expedida por la Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Boyacá “al encontrar configurado el vicio de infracción en las normas en que debía fundarse, si se tiene en cuenta que el término de licencia para la explotación del yacimiento debía corresponder al mismo término otorgado en la licencia ambiental, esto es, por cuatro (4) años, conforme a la interpretación normativa del artículo 23 del Decreto 1753 de 1994”; a los demás cargos de nulidad no se debe acceder, porque no se encuentran probados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de7

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nulidad que invalide lo actuado2, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) vigencia de los actos demandados, 3) análisis de la legalidad de los actos demandados, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La demanda se dirige a obtener la declaración de nulidad de las Resoluciones nos. 834 y 00511 -15 del 30 de diciembre de 1996 expedidas por

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La demanda se dirige a obtener la declaración de nulidad de las Resoluciones nos. 834 y 00511 -15 del 30 de diciembre de 1996 expedidas por CORPOBOYACÁ y la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, respectivamente, a través de las cuales se concedió viabilidad ambiental a una explotación minera y se otorgó la correspondiente licencia minera para la explotación de un yacimiento de arenisca y arcilla en el municipio de Sogamoso (Boyacá) a unos particulares, por considerar la parte demandante que dichos actos violaron la normatividad relativa a i) el debido proceso para su expedición por no haber vinculado a los habitantes aledaños a la mina que se verían afectados, ii) la exigencia para establecer los impactos ambientales y determinar las medidas preventivas de control, mitigación, compensación y corrección de estos y , iii) la que prevé que la licencia minera debe ser otorgada bajo las mismas condiciones de la viabil idad ambiental, específicamente en cuanto a la vigencia y a los beneficiarios.

La Sala mantendrá la legalidad de l acto administrativo expedido por CORPOBOYACÁ, por cuanto no existe censura de ilegalidad frente a este, pero, anulará el acto expedido por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá por ser contrario a los artículos 5 y 23 del Decreto 1753 de 1994 (vigente para el momento de expedición de ambos actos administrativos ) por el hecho de

2 La Sala precisa que, aunque los actos administrativos demandados son de carácter particular y concreto, la acción de nulidad simple interpuesta por el demandante es procedente por cuanto

el momento de expedición de ambos actos administrativos ) por el hecho de

2 La Sala precisa que, aunque los actos administrativos demandados son de carácter particular y concreto, la acción de nulidad simple interpuesta por el demandante es procedente por cuanto con esta se pretende la protección del medio ambiente y de la salud pública de los habitantes aledaños a la mina, de manera que se trata un interés para la comunidad; al margen de que el demandante pueda tener un interés directo por tratarse de uno de esos habitantes (ello se refleja en el proceso posesorio que inició por perturbación y en unos derechos de petición , de los cuales se hará referencia más adelante), el estudio a realizar solo recaerá sobre la legalidad de los actos en abstracto, sin que se definan derechos particulares y concretos ; además, no habría un restablecimiento del derecho automático para el actor debido a que los actos perdieron su vigencia, como también se explicará más adelante.8

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haber otorgado la licencia minera por un término distinto al concedido en la viabilidad ambiental.

2. Vigencia de los actos demandados

1. Con l a Resolución no. 834 del 30 de diciembre de 1996 expedida por CORPOBOYACÁ se concedió viabilidad ambiental para la explotación “por un término único e improrrogable de cuatro (4) años ” para la mina La Quinta ubicada en la vereda Cyral del municipio de Sogamoso (Boyacá) (fls. 2 a 5 cdno. ppal.); por su parte, con la Resolución no. 00511-15 de la misma fecha

ubicada en la vereda Cyral del municipio de Sogamoso (Boyacá) (fls. 2 a 5 cdno. ppal.); por su parte, con la Resolución no. 00511-15 de la misma fecha expedida por la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá se otorgó “por el término de diez (10) años” la licencia para la explotación de un yacimiento de areniscas y arcilla s en la aludida mina a los señores Luis Alberto Calderón y Ángel Octavio Mendoza.

1. Como el acto de viabilidad ambiental se notificó personalmente el 11 de abril de 1997 (fl. 285 cdno. ppal.) su vigencia duró hasta abril del año 2001; en cuanto a la licencia minera, debido a que en el expediente no hay prueba de la fecha en que se inscribió en el registro minero, se tiene en cuenta la fecha de su expedición, por lo tanto, dicho acto tuvo vigencia hasta diciembre de 2006; aunado a lo anterior, por orden ju dicial, la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, mediante Resolución no. 00706 del 17 de septiembre de 1997, ordenó la suspensión y cierre provisional de la mina, “hasta tanto sea resuelto el interdicto posesorio” (fls. 417 a 418 cdno. ppal.), lo cual ocurrió con la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) el 21 de noviembre de 2002 , que confirmó la denegación de pretensiones (fl. 309 cdno. ppal.).

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo3 (norma que fue reproducida con similar contenido en el artículo

denegación de pretensiones (fl. 309 cdno. ppal.).

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo3 (norma que fue reproducida con similar contenido en el artículo 91 del CPACA) , los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria por suspensión provisional, cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de

3 El proceso tuvo inicio con la presentación de la demanda en el año 2002, razón por la cual, en aplicación de la norma de transición legislativa contenida en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, las actuaciones administrativas iniciaron y debieron culminar con las disposiciones del Decreto-Ley 01 de 1984.9

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derecho, cuando al cabo de cinco años de estar en firme la administración no ha realizado los actos que le corresponden para ejecutarlos, cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentra sometido el acto y cuando pierden su vigencia; en este caso, es evidente que ambos actos perdieron su vigencia desde hace más de diez años con suspensión provisional incluida , motivo por el cual les asiste razón a las entidades demandad as en cuanto al decaimiento de los actos por pérdida de su fuerza ejecutoria; al respecto, es importante tener en cuenta que dicha consecuencia opera por ministerio de la ley cuando ocurren las hipótesis contenidas en la citada norma, razón por la cual no se trata de una decisión judicial4.

1. En efecto, “la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos no es

ocurren las hipótesis contenidas en la citada norma, razón por la cual no se trata de una decisión judicial4.

1. En efecto, “la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos no es susceptible de ser declarada por la vía de la acción de nulidad, en tanto corresponde a una circunstancia posterior a su expedición. La pérdida de ejecutoriedad de un acto deviene en la imposibilidad de que, pese a mantenerse su presunción de legalidad, este no pueda ser ejecutado”5.

1. No obstante, debe precisarse que la ocurrencia del decaimiento del acto administrativo no impide que la autoridad judicial se pronuncie sobre su legalidad durante el tiempo que estuvo vigente por razón a los efectos que se pudieron dar en ese lapso6, en ese orden de ideas, “la conclusión de legalidad o no sobre un acto administrativo no está condicionada a su vigencia”7 puesto que “la nulidad es un mecanismo corrector de vicios en la validez,

4 “[L]a figura de la pérdida de fuerza ejecutoria es una consecuencia que opera ipso iure, es decir de pleno derecho, cuando se presentan las circunstancias pre vistas en la Ley. (…) // En ese orden, el hecho que en una providencia se advierta que el acto cuestionado carece de fuerza ejecutoria, no constituye per se la configuración de un fallo extra petita, o que la autoridad judicial se arrogue competencias respecto de asuntos no tratados en el proceso; se reitera, únicamente corresponde a la evidencia de la concreción de una figura, cuya existencia es de pleno derecho”. En: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, sentencia de tutela

únicamente corresponde a la evidencia de la concreción de una figura, cuya existencia es de pleno derecho”. En: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, sentencia de tutela proferida el 14 de octubre de 2021, proceso no. 11001 -03-15-000-2021-06190-00, MP César Palomino Cortés.

5 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2020, proceso no. 11001032600020130018600 (49.514), MP Ramiro Pazos Guerrero.

6 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 11 de febrero de 2016, MP William Hernández Gómez.

7 Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 3 de julio de 200 3, proceso no. 1100103-26-000-1997-03433-01, MP María Elena Giraldo Gómez.10

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independientemente de la consideración de la vigencia y eficacia de la norma cuestionada”8.

3. Análisis de la legalidad de los actos demandados

3.1 De la expedición irregular por violación del debido proceso

1. Según el demandante , con la expedición de los actos administrativos demandados se violaron los artículos 29, 58 y 79 de la Constitución Política, así como también los artículos 14, 15 y 35 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, por considerar que

así como también los artículos 14, 15 y 35 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, por considerar que los vecinos del lugar donde estaba ubicada la mina no fueron notificados de las decisiones contenidas en esos actos por tratarse de terceros interesados, en el sentido que podían resultar afectados por la actividad de explotación minera, como en efecto ocurrió según lo narrado en la demanda , con lo cual hubo desconocimiento del derecho de defensa y, con ello, del debido proceso.

1. Al respecto, debe advertirse que los artículos 709 y 7110 de la Ley 99 de 1993 regulan de modo especial el trámite de las peticiones de intervención ambiental y de la publicidad de las decisiones sobre el medio ambiente , las cuales, por razón de su naturaleza especial prevalecen sobre las de carácter general

8 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia del 26 de enero de 202 3, proceso no. 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688), MP A lberto Montaña Plata ; reiterado en la misma Subsección el 25 de mayo de 2023 , proceso no. 11001-03-26-000-2019-0013800 (64758), Martín Bermúdez Muñoz.

9 “ARTÍCULO 70. DEL TRÁMITE DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN . La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su

publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria . // Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite.” (se resalta).

10 “ARTÍCULO 71. DE LA PUBLICIDAD DE LAS DECISIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito , incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior.” (se resalta).11

Expediente 11001-03-26-000-2016-00174-00 (58.368) Actor: José Hernán Suárez González Nulidad simple – única instancia

contenidas en la Parte Primera del Decreto-ley 01 de 1984, como inclusive así lo dispone expresamente el inciso segundo del artículo 1° de ese cuerpo normativo, en concordancia con lo preceptuado en el numeral 1) del artículo 5 de la Ley 57 de 1887 , normas de las cuales se des prende que, para tener a terceros como interesad os est as per sonas deben manifestarl o a la

normativo, en concordancia con lo preceptuado en el numeral 1) del artículo 5 de la Ley 57 de 1887 , normas de las cuales se des prende que, para tener a terceros como interesad os est as per sonas deben manifestarl o a la administración, caso en el cual se deberá notificarlas de las actuaciones en los procedimientos ambientales, lo cual significa que las autoridades no tienen el deber de hacerlo de oficio ; como en este proceso no se probó que la parte actora u otras personas determinadas hubieren elevado alguna solicitud a las entidades demandadas a efectos de hacerse parte en e l trámite ambiental 11, estas no estaban en el deber de notificarlas ni vincularlas.

1. De otra parte, en cuanto a lo dispuesto en los artículos 1412, 1513 y 3514 del Código Contencioso Administrativo , relativos a citación de terceros en los trámites de peticiones, la Sala encuentra que no son normas aplicables al caso concreto, por cuanto, como se explicó, hay una ley especial que impide la aplicación de dicho código por ser este de carácter general, sin embargo , esa norma especial, particularmente el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, prevé de

11 En el exped