CE - 110010326000201800026001SENTENCIA20230824171523

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00026-00 (61078)

Actor: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y

CIENCIAS FORENSES

Demandado: JUAN ÁNGEL ISAAC LLANOS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia / RESPONSABILIDAD DEL DEMANDADO - no se demostró que hubiera actuado con dolo – la condena a una entidad estatal en un juicio previo no implica necesariamente la responsabilidad del agente o exagente estatal.

Decide la Sala, en única instancia, la demanda de repetición presentada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en contra del señor Juan Ángel Isaac Llanos, exdirector de esa entidad.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses demandó en repetición al señor Juan Ángel Isaac Llanos, con el fin de que se le ordenara reintegrar la suma que pagó en cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2011-00444, en el que se anuló el acto administrativo que declaró la insubsistencia de l abogado Julián Mauricio Cáceres

que pagó en cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2011-00444, en el que se anuló el acto administrativo que declaró la insubsistencia de l abogado Julián Mauricio Cáceres Rodríguez, dispuso su reintegro al cargo que venía ocupando y ordenó el reconocimiento y pago de los emolumentos laborales que este dejó de devengar durante su desvinculación.Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00026-00 (61078)

Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos

Referencia: Medio de Control de Repetición

2

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 5 de marzo de 2018 (fl. 1 c. ppal.), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por conducto de apoderado judicial (fl. 46 c. ppal.), presentó demanda de repetición contra el señor Juan Ángel Isaac Llanos, exdirector de la entidad accionante, a fin de que se le condenara a reembolsar una suma de dinero que tuvo que pagar el Instituto, en cumplimiento de la condena impuesta el 19 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-016-2011-0044400, así (fl. 1 c. ppal.):

PRIMERA: Declárese al doctor JUAN ÁNGEL ISAAC LLANOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.473.348 expedida en Barranquilla (Atlántico),

00, así (fl. 1 c. ppal.):

PRIMERA: Declárese al doctor JUAN ÁNGEL ISAAC LLANOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.473.348 expedida en Barranquilla (Atlántico), como responsable a título de DOLO, de los perju icios patrimoniales causados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como consecuencia de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección (F) en sentencia de fecha 19 de agosto de 2016, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el número 11001 -33-31-016-2011-00444-00 instaurado por el

señor JULIÁN MAURICIO CÁCERES RODRÍGUEZ.

SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene al doctor JUAN ANGEL ISAAC LLANOS (…) al pago total de la suma de dinero que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue condenado a pagar al señor JULIAN MAURICIO CÁCERES RODRÍGUEZ, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subs ección (F) en sentencia de fecha 19 de agosto de 2016 y que canceló en su totalidad, esto es, la suma de Doscientos Ochenta Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos M/L ($280.359.499,00) incluidos los descuentos de Ley.

TERCERA: Que el monto de la condena que se profiera contra el doctor JUAN ÁNGEL ISAAC LLANOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.473.348

descuentos de Ley.

TERCERA: Que el monto de la condena que se profiera contra el doctor JUAN ÁNGEL ISAAC LLANOS, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.473.348 expedida en Barranquilla (Atlántico), ex Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias For enses, sea de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se reconozcan los intereses que correspondan desde la fecha en que se efectuó el pago por el Grupo Nacional de Gestión de Tesorería del Instituto, hasta que se dé cabal cumplimiento al fallo debidamente ejecutoriado que ponga fin al presente proceso.

CUARTA. Que el monto de la condena que se profiera contra el doctor JUAN ANGEL ISAAC LLANOS (…) sea consignado a favor del Tesoro Nacional.

QUINTA. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, en síntesis, se adujo lo siguiente:Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00026-00 (61078)

Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos

Referencia: Medio de Control de Repetición

3 Mediante resolución 0-554 del 15 de julio de 2010, el fiscal general de la Nación nombró al señor Juan Ángel Isaac Llanos como director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En ejercicio de las funciones establecidas en el numeral 8° del artículo 40 de la Ley

nombró al señor Juan Ángel Isaac Llanos como director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En ejercicio de las funciones establecidas en el numeral 8° del artículo 40 de la Ley 938 de 2004, el señor Isaac Llanos suscribió la resolución 00021 del 11 de enero de 2011, por medio de la cual declaró insubsistente al abogado Julián Mauricio Cáceres Rodríguez, quien se desempeñaba en el Instituto como Profesional Especializado, Clase III, Grado 10.

La anterior decisión se adoptó luego de que el funcionario removido, que fungía como apoderado judicial de la entidad en un proceso de reparación directa, dejara vencer el término para contestar la demanda en dos ocasiones -en el término inicialmente concedido y en una segunda oportunidad derivada de una declaratoria de nulidad procesal-.

A raíz de esta decisión, el señor Julián Mauricio Cáceres Rodríguez -funcionario removidopromovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho -radicado 11001-33-31-016-2011-00444-00-. Este proceso culminó con sentencia del 19 de agosto de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto cuestionado, por considerar que fue expedido con falsa motivación1, ordenó el reintegro del señor Cáceres Rodríguez y condenó al Instituto a pagar lo dejado de percibir por el actor durante el período en el que estuvo desvinculado.

En relación con estos hechos, en la demanda se sostuvo que el señor Juan Ángel Isaac Llanos, en su condición de exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal

a pagar lo dejado de percibir por el actor durante el período en el que estuvo desvinculado.

En relación con estos hechos, en la demanda se sostuvo que el señor Juan Ángel Isaac Llanos, en su condición de exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, debe restituir los dineros pagados por la entidad con ocasión de la sentencia del 19 de agosto de 2016. Esto, por cuanto actuó con dolo en la expedición del acto administrativo que fue anulado por adolecer de falsa motivación. Para el efecto, se adujo que la calificación jurídica de la conducta del señor Isaac Llanos se enmarcaba en la presunción establecida en el artículo 5 núm. 3 de la Ley 678 de 2001.

1 La razón por la que se declaró la nulidad del acto de remoción por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no fue que el abogado no hubiera dejado vencer el término para contestar la demanda, sino porque la tarea de representación judicial no es taba determinada en el manual de funciones del cargo, de manera que no podía declararse insubsistente al funcionario por esa razón (fl. 24 vto. c. ppal.).Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00026-00 (61078)

Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos

Referencia: Medio de Control de Repetición

4

2. Trámite de única instancia

2.1. Mediante auto del 18 de junio de 2018 (c. 55 ppal.), este Despacho admitió la demanda, actuación que fue debidamente notificada al Ministerio Público (fl. 59 c.

2. Trámite de única instancia

2.1. Mediante auto del 18 de junio de 2018 (c. 55 ppal.), este Despacho admitió la demanda, actuación que fue debidamente notificada al Ministerio Público (fl. 59 c. ppal.) y a la parte demandada (fl. 61 c. ppal.).

2.2. El señor Juan Ángel Isaac Llanos contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual adujo que no está probada la vinculación subjetiva -dolodel demandado con la producción del daño por el que fue condenada la entidad accio nante y en virtud del cual se presentó la demanda de repetición.

Se argumentó que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, en los procesos de repetición no basta con aportar la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para tener como acreditado el dolo del agente o exagente del Estado, sino que debe cumplirse con la carga de la prueba impuesta por el artículo 177 del CPC.

Señaló igualmente que no puede tenerse en cuenta la valoración probatoria y las conclusiones a las que llegó el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que esa actuación se surtió sin audiencia del señor Isaac Llanos.

Además, se adujo que en la sentencia que concluyó ese proceso no se tuvo en cuenta que el funcionario removido no actuó con sujeción a lo previsto en el estatuto del abogado, pues al aceptar el poder especial conferido tenía el deber de atender los términos y actuaciones procesales, que bien podía conocer a través del personal de apoyo de la entidad, o median te el uso de las herramientas tecnológicas

del abogado, pues al aceptar el poder especial conferido tenía el deber de atender los términos y actuaciones procesales, que bien podía conocer a través del personal de apoyo de la entidad, o median te el uso de las herramientas tecnológicas habilitadas por el legislador para tal fin.

Se argumentó igualmente que en el mencionado juicio de nulidad y restablecimiento nunca se demostró desviación de poder por parte del señor Juan Ángel Isaac Llanos en la expedición del acto de desvinculación del abogado Julián Mauricio Cáceres Rodríguez. En ese contexto, no es posible afirmar que el accionado actuó dolosamente, en tanto no se acreditó que sus actuaciones no hubieran tenido un móvil distinto al de mejorar el servicio.Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00026-00 (61078)

Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos

Referencia: Medio de Control de Repetición

5 Así las cosas, como de los medios de prueba aportados con la demanda no se puede inferir la existencia de una conducta dolosa por parte del demandado, deben declararse imprósperas las pretensiones.

2.3. El 13 de febrero de 2023 se celebró audiencia inicial en la que se fijó el litigio2, se incorporaron las pruebas documentales aportadas por las partes y se decretó la prueba testimonial solicitada por la parte demandada, que fue practicada en la audiencia de pruebas celebradas los días 5 y 23 de junio de la presente anualidad.

2.4. En el término de traslado, la parte demandada solicitó que se negaran las

prueba testimonial solicitada por la parte demandada, que fue practicada en la audiencia de pruebas celebradas los días 5 y 23 de junio de la presente anualidad.

2.4. En el término de traslado, la parte demandada solicitó que se negaran las pretensiones, por considerar que para la demostración de la conducta dolosa del demandado no basta con aportar copia de la sentencia y de los actos anulados, sino que debe cumplirse con la carga de acreditar los elementos de la responsabilidad.

En ese sentido, explicó que esa carga probatoria no fue debidamente observada por la entidad demandante, pues de la prueba documental y testimonial obrante en el plenario se desprende que la decisión adoptada por el señor Isaac Llanos de declarar insubsistente al abogado Julián Mauricio Cáceres Rodríguez obedeció a razones objetivas que perseguían mejorar el servicio prestado, debido al incumplimiento grave de sus funciones, al haber permitido que se venciera -en dos oportunidadesel término para contestar la demanda en un proceso judicial en el que ese profesional del derecho fungía como apoderado de la entidad.

2.5. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó igualmente que se negaran las pretensiones, al considerar que, de acuerdo con el “material probatorio arrimado al proceso, la conducta del señor JUAN ÁNGEL ISAAC LLANOS y que se concreta en las motivaciones expresadas en la Resolución No. 00021 del 11 de enero de 2011 no se percibe, pues no hay pruebas que así lo indiquen, la intención de afectar de manera negativa el servicio que presta el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y menos de perjudicar al señor Julián

de afectar de manera negativa el servicio que presta el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y menos de perjudicar al señor Julián

2 En los siguientes términos: “Hacen parte del tema de la prueba del presente asunto, los hechos 1, 2, 5, 6, 8, 9 y 10, puesto que en el escrito de contestación se adujo que no le constaban a la parte demandada, o que se sujetaría a lo probado en el transcurso del proceso. Tales hechos se refieren a la condición de agente o exagente del señor Juan Ángel I saac Llanoshecho 1-, a las funciones del director del Instituto de Medicina Legal - hecho 2-, a la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento derecho por parte del señor Juan Mauricio Cáceres Rodríguez -hecho 5y las funciones que él debía cumplir como funcionario de la entidad -hecho 6-, así como a la interposición de recursos en ese proceso de nulidad y la consecuente expedición de la sentencia de segunda instancia -hecho 8-. También se puso en cuestión por parte del accionado, la ocurrencia de la sesión del comité de conciliación que dio viabilidad a presentar la demanda de repetición -hecho 9-”.Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00026-00 (61078)

Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos

Referencia: Medio de Control de Repetición

6 Mauricio Cáceres Rodríguez y, por tant o, del actuar doloso supuestamente desplegado que es de manera precisa el invocado por la demandante”.

Lo anterior, por cuanto con la demanda solamente se aportó copia del acto

6 Mauricio Cáceres Rodríguez y, por tant o, del actuar doloso supuestamente desplegado que es de manera precisa el invocado por la demandante”.

Lo anterior, por cuanto con la demanda solamente se aportó copia del acto administrativo que ordenó la remoción del abogado Julián Mauricio Cáceres Rodríguez, así como de la sentencia mediante la cual se anuló esa actuación, pero no se aportaron otros medios de prueba que acreditaran el dolo endilgado al demandado, con lo cual se inobservó la carga probatoria prevista por la legislación procesal y desarrollada por el Consejo de Estado.

2.6. La parte demandante alegó de conclusión para solicitar que se accediera a las pretensiones, por cuanto en el presente asunto se cumplieron los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para la procedencia del medio de control de repetición.

Además, consideró que la conducta dolosa del accionado se encuentra acreditada, en atención a lo previsto en el artículo 5° numeral 3 de la Ley 678 de 2001 -antes de la reforma introducida por la Ley 2195 de 2022 -. Así, co mo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del acto de remoción del abogado Julián Mauricio Cáceres Rodríguez por haberse expedido con falsa motivación, hay lugar a la aplicación de la presunción de dolo establecida en la citada norma.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -sin la modificación de la Ley 2080

citada norma.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -sin la modificación de la Ley 2080 de 20213-, la Sala tiene competencia para resolver la presente controversia en única instancia, ya que esta Corporación conoce de las demandas de repetición interpuestas en contra de los directores de las entidades del orden nacional, y en la demanda de repetición se reprocha la conducta del señor Juan Ángel Isaac Llanos

3 Artículo 86 “Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modi fican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley (…)”.Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00026-00 (61078)

Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos

Referencia: Medio de Control de Repetición

7 cuando se desempeñó como director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

3.- Ejercicio oportuno del derecho de acción

En el caso concreto, la condena impuesta a la entidad demandante, y por la cual pretende repetir en contra del señor Juan Ángel Isaac Llanos, fue proferida el 19 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fl. 17 c. ppal.), la cual quedó debidamente ejecutoriada el 7 de octubre de ese mismo año (fl. 29 c. ppal.).

agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fl. 17 c. ppal.), la cual quedó debidamente ejecutoriada el 7 de octubre de ese mismo año (fl. 29 c. ppal.).

En el sub lite, el pago de la condena se efectuó el 6 de septiembre de 2017, según se desprende de los actos que ordenan el cumplimiento de la sentencia (fl. 32 c. ppal.), liquidación de salarios y prestaciones (fl. 34 c. ppal.), así como los comprobantes de pago aportados con la demanda (fls. 39 a 45 c. ppal.).

De conformidad con el literal L del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de caducidad para la pretensión de la demanda de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previstos en el artículo 192 ibidem4.

Al respecto, conviene precisar que la Subsección ha dejado claro que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación -18 meses, artículo 177si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos5.

Así, la Sala pone de presente que la condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por lo que el

Así, la Sala pone de presente que la condena objeto del sub examine se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, por lo que el Instituto de Medicina Legal debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de esa misma codificación.

4 “Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada”. 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 5 de abril de 2017, exp. 58762, M.P.: Hernán Andrade Rincón.Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00026-00 (61078)

Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos

Referencia: Medio de Control de Repetición

8 Para el caso concreto, es necesario determinar cuándo se produjo el pago de la indemnización impuesta por es ta jurisdicción en la sentencia condenatoria a la entidad pública, el cual no sólo tiene incidencia para acreditar uno de los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición 6, sino que, a la vez, es un aspecto fundamental para verificar el presup uesto procesal del ejercicio oportuno del derecho de acción.

Como se dejó visto, la sentencia que condenó a la hoy accionante cobró ejecutoria

fundamental para verificar el presup uesto procesal del ejercicio oportuno del derecho de acción.

Como se dejó visto, la sentencia que condenó a la hoy accionante cobró ejecutoria el 7 de octubre de 2016, por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo corrió hasta el 8 de abril de 2018, lapso dentro del cual se realizó el pago, este es, el de fecha de 6 de septiembre de 2017.

En ese contexto, el término de caducidad debe computarse desde el día siguiente al pago efectuado, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda fue el 7 de septiembre de 2019 y, dado que aquella se presentó el 5 de marzo de 2018 (fl. 1 c. ppal.), se concluye que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno.

4.- La legitimación en la causa

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses está legitimado en la causa por activa, en los términos del artículo 8° de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público que aduce haber sido perjudicada con el pago de la suma de dinero decretada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se dirigió en contra del señor Juan Ángel Isaac Llanos, quien para el momento de los hechos que dieron lugar a la condena por la que se repite, se desempeñaba como director del Instituto de Medicina Legal (fls. 14 a 16 c. ppal.), además, suscribió los actos administrativos que posteriormente fueron declarados nulos.

6 De acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y las normas que lo

de Medicina Legal (fls. 14 a 16 c. ppal.), además, suscribió los actos administrativos que posteriormente fueron declarados nulos.

6 De acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y las normas que lo desarrollan, artículos 77 y 78 del C.C.A. y la Ley 678 de 2001, para que una entidad pública pueda ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los presupuestos y requisitos a saber: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a un particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma legal alternativa de terminación o solución pacífica de un conflicto; b) Que la entidad haya pagado a la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la conciliación; y c) Que la condena o la conciliación se hayan producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 31 de agosto de 2006, Expediente No. 28.448, Actor: Lotería La Nueve Millonaria de La Nueva Colombia Ltda. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00026-00 (61078)

Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos

Referencia: Medio de Control de Repetición

9 5.- Presupuestos de prosperidad en la acción de repetición. Reiteraci ón de jurisprudencia

Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos

Referencia: Medio de Control de Repetición

9 5.- Presupuestos de prosperidad en la acción de repetición. Reiteraci ón de jurisprudencia

La acción de repetición, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o grave mente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública, hayan salido del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización. Así, la finalidad de este medio de control lo constituye la protección del patrimonio estatal, el cual es necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho7.

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.

En tal sentido, la antes denominada acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia o de una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto.

culposa de un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia o de una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto.

De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omi sión estatal, está facultado para demandar a la entidad pública, al funcionario o a ambos. En este último evento, la responsabilidad del funcionario habrá de establecerse durante el proceso correspondiente.

Esta posibilidad ha sido consagrada también en ordenamientos especiales tales como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, la cual, en su artículo 71, consagró que “en el evento de ser condenado el Estado a la

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A, sentencia de 24 de febrero de 2016, exp. 36.310, M.P.: Hernán Andrade Rincó n.Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00026-00 (61078)

Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Demandado: Juan Ángel Isaac Llanos

Referencia: Medio de Control de Repetición

10 reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”, norma referida, en este caso, a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

El mandato constit ucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, “por medio

Rama Judicial.

El mandato constit ucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

Dicha ley definió la repetición como una acción -hoy medio de controlde carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. El mismo medio de control se ej ercerá contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales del medio de control de repetición y del llamamiento en garantía. Con tales propósitos fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con los segundos, reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, l egitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución,

asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, l egitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso.

Sin embargo, como se advirtió anteriormente, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o ex funcionarios o particulares en ejercicio de función pública, t