CE - 110010326000202100030001AUTOQUEDECLAR20230628163855

Radicado: 11001-03-26-000-2021-00030-00 (66546)

Demandante: Alexander Pai Peña y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001-03-26-000-2021-00030-00 (66546)

Demandante: ALEXANDER PAI PEÑA Y OTROS

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y OTROS Asunto: Remite expediente El Despacho procede a decidir sobre la admisión de la demanda presentada en el “asunto de la referencia.

! ANTECEDENTES

1. El 27 de enero de 20211, la Asociación Ambiental El Salado de los Loros, la Junta de Acción Comuna! de la Vereda Protectora de Reservas Naturales Los Tigres del Alto, la Junta de Acción Comunal Vereda La Rupasca, la Junta de Acción Comunal Vereda La Pradera, la Junta de Acción Comunal Vereda Betulia, la Junta de Acción Comunal Vereda Sinaí, la Junta de Acción Comunal Vereda Corazón, el Resguardo Indígena Piedra Sagrada la Gran Familia de los Pastos, la Junta de Acción Comunal de El Carmen, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Brisas del San Juan, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Castellana, la Junta de Acción Comunal de la

de El Carmen, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Brisas del San Juan, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Castellana, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Villa Lucero, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Alguacil, la Junta de Acción Comunal Vereda Charguayaco, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Vides, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Gaitana, la Junta de Acción Comunal Vereda Mira Valle, la Junta de Acción Comunal Santa Teresa del Vides, el Cabildo Pada Kera Embera y los señores Eider Potosi Potosi, Luis Evelio Potosi Lopez, Luz Deicy Peña Melo, John Fredy Pai Peña, Alexander Pai Peña, Jesús Adriano Bastidas Delgado, Carlos Chindoy Chindoy, Isaac Potosi Lopez, German Avirama Manquillo, Ivan Dario Castro Toro y Fabio Arturo Erazo Bolaños; por 1 Demanda radicada mediante correo electrónico remitido a la Secretaría de la Sección Tercera, archivo digital “2_ED_Correo Recibido.pdf”, Índice 2, Samali. 1Radicado: 11001-03-26-000-2021-000309-00 (66546) Demandante: Alexander Pai Peña y otros intermedio de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formularon demanda contra la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras -ANT (en adelante ANT), la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo -ACIMVIP y el Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del Pueblo

ANT), la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo -ACIMVIP y el Resguardo Indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del Pueblo Inga; con el fin de que se hagan las siguientes declaraciones y condenas: “PRIMERA. - Declarar la nulidad del Acuerdo 113 del 28 de enero de 2020 expedido por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL — AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT, CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS <<Por el cual se constituye el resguardo indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del pueblo inga, con un (1) predio baldío de posesión ancestral, localizado en la jurisdicción del municipio de Villagarzón, departamento del ' Putumayo>>. SEGUNDA.- Declarar la nulidad del Acuerdo 126 del 15 de julio de 2020, expedido por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL -— AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT, CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, <<Por medio del cual se resuelve recurso de reposición, interpuesto en contra del Acuerdo No. 113 del 28 de enero de 2020, “Por el cual se constituye el resguardo indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del pueblo inga, con un (1) predio baldío de posesión ancestral, localizado en la jurisdicción del municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo”>>, el cual decidió Confirmar en todas sus partes el Acuerdo 113 del 28 de enero de 2020. TERCERA.- Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del

Villagarzón, departamento del Putumayo”>>, el cual decidió Confirmar en todas sus partes el Acuerdo 113 del 28 de enero de 2020. TERCERA.- Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se condene al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL — AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT, CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS a reconocer y pagar a nuestros poderdantes el valor actualizado de los territorios adjudicados al resguardo indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, así como de los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros, daño emergente y lucro cesante, los cuales se estiman en VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000.000), que igualmente quedaran sujetos a lo que aparezca acreditado en el proceso y de acuerdo con dictamen técnico-legal que solicitaremos en el curso del proceso, los cuales deben liquidarse teniendo en cuenta la variación del índice de precio al consumidor desde que se causaron los actos de afectación y ocupación de los territorios, pérdida de la oportunidad por privación del derecho a explotar económicamente los inmuebles y lo hechos graves por DESPLAZAMIENTO FORZADO hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo, CUARTA:- Que se proceda a condenar en abstracto al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, y a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, de conformidad con el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011. (...)”.

2. Como fundamento de las pretensiones la parte demandante señaló los siguientes:

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, y a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, de conformidad con el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011. (...)”.

2. Como fundamento de las pretensiones la parte demandante señaló los siguientes:

2Radicado: 11001-03-26-000-2021-00030-00 (86546) Demandante: Alexander Pal Peña y otros 2.1. Por Acuerdo No. 113 de 28 de enero de 2020, el Consejo Directivo de la ANT resolvió constituir el resguardo indigena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del pueblo Inga, con un predio baldío de posesión ancestral, localizado en la jurisdicción del municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo?. Contra la anterior decisión, el apoderado del Gobernador del resguardo indígena Piedra Sagrada la Gran Familia de los Pastos (comunidad indigena afectada), presentó recurso de reposición, que fue decidido mediante el Acuerdo No. 126 de 15 de julio 2020, confirmando en todas sus partes la decisión recurrida?. 2.2. Para la parte actora los actos administrativos demandados deben ser anulados, por las siguientes razones: 2.2.1. La ANT tuvo por demostrada, sin estarlo, la ancestralidad del territorio, requisito básico para la constitución del resguardo indígena, lo que, a juicio de la parte actora, constituye una falsa motivación de los actos administrativos y transgrede el Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por el Congreso de Colombia a través de la

parte actora, constituye una falsa motivación de los actos administrativos y transgrede el Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por el Congreso de Colombia a través de la Ley 21 de 1991, el cual configura bloque de constitucionalidad, los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, los artículos 85 a 87 de la Ley 160 de 1994 y los artículos 2.14.7.1.1. a 2.14.7.1.3. y 2.14.20.1.2. a 2.14.20.1.3. del Decreto 1071 de 2015. 2.2.2. La ANT:no vinculó formalmente a los terceros (campesinos, otras etnias) que podían resultar afectados con el trámite administrativo, por lo que, consideran los demandantes, los acuerdos fueron expedidos de manera irregular y con violación del debido proceso, vulnerando los artículos 2 y 29 de la Constitución Política, los artículos 3, 35 y 37 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 2.14.7.3.4 y 2.14.7.3.8 del Decreto 1071 de 2015: 2 Archivo digital “acuerdo_113” ubicado en la carpeta “7_ED_PRUEBAS Y ANEXOS. zip”, indice 2, Samai. 3 Archivo digital "acuerdo_126” ubicado en la carpeta “7_ED_PRUEBAS Y ANEXOS. zip", indice 2, Samali.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00030-00 (66546) Demandante: Alexander Pai Peña y otros 2.2.3. En el trámite administrativo participó en calidad de servidora pública Lizbeth

Samali.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00030-00 (66546) Demandante: Alexander Pai Peña y otros 2.2.3. En el trámite administrativo participó en calidad de servidora pública Lizbeth Omira Bastidas Jacanamijoy, quien no sólo es miembro de la comunidad Inga, hija de padres Inga debidamente censados en un resguardo Inga, sino que también | trabajó en el Cabildo Mayor indígena Inga del municipio de Santiago (Putumayo).

Por tanto, en criterio de los accionantes, los actos demandados fueron expedidos con violación del derecho constitucional al debido proceso y con desviación de poder, lo que contraría los artículos 2, 6, 29 y 209 de la Constitución Política y los artículos 3, 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011. 2.2.4. Finalmente, planteó que la expedición de los acuerdos vulneró los derechos de la población campesina al convertir los territorios que ocupan en inadjudicables, desconociendo los hechos de posesión de los campesinos debidamente organizados en juntas de acción comunal establecidas con anterioridad a la llegada de los Inga al territorio, violando así el artículo 64 de la Constitución Política, los artículos 65, 65A y 69 de la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 902-de-2017, y los artículos 2.14.10.2.1., 2.14.10.4.1. y 2.14.10.4.2. del Decreto 1071 de 2015. 2.3. En el escrito de demanda, el accionante también presentó solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos acusados, por considerar que

2.3. En el escrito de demanda, el accionante también presentó solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos acusados, por considerar que se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 230 y 231 del CPACA. él. CONSIDERACIONES

1. Régimen aplicable Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 25 de enero de 2021, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso” AdministrativoRadicado: 11001-03-26-000-2021-000309-00 (66546)

Demandante: Alexander Pai Peña y otros

(CPACA)?, con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021; así como las disposiciones del Código General del Proceso (CGP, en virtud de la integración normativa definida por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados”.

2. Competencia 2.1. Se asevera en la demanda que es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer el presente asunto, por tratarse de la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho de unos actos administrativos expedidos por la ANT?, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 que dispone: t "Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 5 "Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. (...) De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”. $ Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”. $ Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1%) de enero de dos mil catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (...) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (...)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299, 7 "Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. $ Decreto 2363 de 2015 “Artículo-38. Referencias normativas. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, todas las referencias normativas hechas al Incora o al Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Parágrafo. Las referencias normativas consignadas en la Ley 160 de 1994, y demás normas vigentes, a la Junta Directiva del Incora, o al Consejo Directivo del Incoder, relacionadas con las políticas de ordenamiento social de la propiedad, deben entenderse referidas al Consejo Directivo

vigentes, a la Junta Directiva del Incora, o al Consejo Directivo del Incoder, relacionadas con las políticas de ordenamiento social de la propiedad, deben entenderse referidas al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00030-00 (6546) Demandante: Alexander Pai Peña y.otros o. “Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá . en única instancia de los siguientes asuntos: (.)

12. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o de la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley” (se resalta).

Sin embargo, el Despacho encuentra que en el presente asunto el medio de control ejercido por la parte accionante no es el de simple nulidad que contempla dicho precepto legal sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que descarta la aplicación del numeral 1 del artículo 149 del CPACA para efectos de determinar el juez natural del proceso bajo examen. 2.2. Por otra parte, se advierte que la demanda está relacionada con el estudio de la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales se constituyó 'el resguardo indigena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del pueblo Inga, con un predio baldío de posesión ancestral, localizado en la jurisdicción del municipio de Villagarzón, (Putumayo) y el consecuente restablecimiento del derecho. Por lo anterior, se descarta que el Consejo de Estado sea competente en única instancia para conocer

baldío de posesión ancestral, localizado en la jurisdicción del municipio de Villagarzón, (Putumayo) y el consecuente restablecimiento del derecho. Por lo anterior, se descarta que el Consejo de Estado sea competente en única instancia para conocer el presente asunto con fundamento en los numerales 9? y 101 del artículo 149 del CPACA, pues los actos administrativos demandados no dan inicio a las diligencias administrativas de extinción del dominio, clarificación de la propiedad, deslinde o recuperación de baldíos, ni contra ellos se ejerció la acción de revisión agraria, que en todo caso fue derogada por el artículo 82 del Decreto Ley 902 de 2017. 2.3. Finalmente encuentra el Despacho que, aunque los actos administrativos cuya : 9 “Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (...) - 9. De la nulidad con restablecimiento, contra tos actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, incoder, o la entidad que haga sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos”. 10 “10, De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos”. |Radicado: 11001-03-26-000-2021-00030-00 (66546) Demandante: Alexander Pal Peña y otros anulación se pretende fueron expedidos por la ANT, que es una autoridad del orden

Demandante: Alexander Pal Peña y otros anulación se pretende fueron expedidos por la ANT, que es una autoridad del orden nacional', el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado no es de aquellos que carecen de cuantía??, lo que excluye que esta Corporación conozca en única instancia del asunto en virtud de lo señalado en el numeral 2? del artículo 149 del CPACA?”. 2.4. Así las cosas, es dable concluir que al presente asunto le resulta aplicable la norma de competencia consagrada en el numeral 3 del artículo 152 de la Ley 1437 de 20111, según la cual corresponde a los tribunales administrativos en primera instancia, conocer de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para establecer la competencia en razón de la cuantía, el artículo 157 ¡ibídem dispone que: “para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda 11 Decreto 2363 de 2015. "Artículo 1”. Creación y naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Créase la Agencia Nacional de Tierras, ANT, como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la nación en los temas de su competencia”.

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la nación en los temas de su competencia”. 12 De la pretensión tercera de la demanda se evidencia que a título de restablecimiento del derecho se busca que se reconozca y pague el valor actualizado de los territorios adjudicados al resguardo indigena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, así como de los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros, daño emergente y lucro cesante, los cuales se estiman en veinticinco mil millones de pesos mícte ($25.000.000.000). Así mismo e! capítulo 6 de la demanda que trata la estimación razonada de la cuantía y competencia, señala que de acuerdo al valor actualizado de los territorios adjudicados al resguardo indigena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi, los actos de afectación y ocupación de los territorios, perdida de la oportunidad por privación del derecho a explotar económicamente los inmuebles y lo hechos graves por desplazamiento forzado, se tasan en veinticinco mil millones de pesos m/cte ($25.000.000.000). Ñ 13 “Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de to Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones O Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional”.

trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional”. 14 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (...)

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios minimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación”.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00030-00 (66546) Demandante: Alexander Pal Peña y otros considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (...). La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.” Teniendo en cuenta que la pretensión de la demanda a título de restablecimiento del derecho equivale a la suma $25.000.000.000 y que, la estimación razonada de la cuantía se determinó en ese valor; monto que excede los 300 S.M.M.L.V., los tribunales administrativos serán los competentes para conocer de la presente demanda. . | A su turno, el numeral 5 del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011 dispone que la

los 300 S.M.M.L.V., los tribunales administrativos serán los competentes para conocer de la presente demanda. . | A su turno, el numeral 5 del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011 dispone que la competencia por razón del territorio en los asuntos agrarios que no estén atribuidos al Consejo de Estado corresponde al “[...] tribunal del lugar de ubicación del' inmueble. Si este comprendiere varios departamentos será tribunal competente a prevención el que elija el demandante”. Comoquiera que el Acuerdo No. 113 de 28 de enero de 2020 aportado con la demanda?S; da cuenta que el predio baldío de posesión ancestral en el que se constituyó resguardo indígena Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del pueblo Inga, cuya nulidad se pretende en el sub lite, se encuentra ubicado en la jurisdicción del municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo, será el Tribunal Administrativo de ese Distrito Judicial!” el competente para conocer, en primera instancia, del presente proceso. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del CGP, que establece que la jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables y; con lo prescrito en el artículo 138 ibídem, que señala que e 15 Que corresponde a $272.557.800, toda vez que el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2021 es $908.526. 16 Archivo digital “acuerdo_113” ubicado en la carpeta “7_ED_PRUEBAS Y ANEXOS. zip". Índice 2, Samai. 17 La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó los Circuitos Judiciales

16 Archivo digital “acuerdo_113” ubicado en la carpeta “7_ED_PRUEBAS Y ANEXOS. zip". Índice 2, Samai. 17 La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó los Circuitos Judiciales Administrativo en el Territorio Nacional mediante el Acuerdo No. PSAAD6-3321 de 2006, Alli estableció:

19. En el Distrito Judicial Administrativo de Nariño:

a. El Circuito Judicial Administrativo de Pasto, con cabecera en el municipio de Pasto y con comprensión territorial sobre todos los municipios del departamento de Nariño. b. El Circuito Judicial Administrativo de Mocoa, con cabecera en el municipio de Mocoa y con comprensión territorial sobre todos los municipios del departamento del Putumayo”. 3Radicado: 11001-03-26-000-2021-00030-00-(66546) Demandante: Alexander Pal Peña y otros cuando se declare la falta de jurisdicción o de competencia por esos dos factores, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente, salvo que se hubiere dictado sentencia, caso en el que esta se invalidará; ambas normas aplicables por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, el Despacho declarará la falta de competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del proceso y lo remitirá al Tribunal Administrativo de Nariño para que conozca de la demanda y le dé el trámite que corresponda. En mérito de lo expuesto se RESUELVE PRIMERO. DECLARAR la falta de competencia funcional del Consejo de Estado para conocer en única instancia este asunto. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente al Tribunal Administrativo de Nariño, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

para conocer en única instancia este asunto. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente al Tribunal Administrativo de Nariño, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE vs

NICOLA ¿0 ES

Magistrado Pone .

P.22UEXPEDIENTEDIGITAL