CE - 110010326000202100111001SENTENCIA20231023081617

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-26-000-2021-00111-00

No. Interno: 67033

Actor: JOSÉ IGNACIO CANAVAL SÁNCHEZ

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (CPACA)

Temas: FORMALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL - La figura fue inicialmente concebida en la Ley 1382 de 2010 y los decretos 2715 de 2010 y 1970 de 2012, pero la primera norma fue declarada inexequible y las segundas decayeron.

Posteriormente se dictó el Decreto 933 de 2013 para suplir el vacío normativo, pero este se suspendió provisionalmente y se anuló. Con la Ley 1955 de 2019 se volvió a regular la materia y se dispuso una aplicación retrospectiva a las solicitudes radicadas hasta el 10 de mayo de 2013. // SISTEMA DE CUADRÍCULA - se consagró en las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019 y las Resoluciones 504 de 2019 y 505 de 2019 como un conjunto continuo de celdas que sería aplicable retrospectivamente a las solicitudes en curso para el otorgamiento de concesiones. // DERECHO ADQUIRIDO - no existe por el simple hecho de presentar una solicitud

2019 y 505 de 2019 como un conjunto continuo de celdas que sería aplicable retrospectivamente a las solicitudes en curso para el otorgamiento de concesiones. // DERECHO ADQUIRIDO - no existe por el simple hecho de presentar una solicitud minera. / / MORA EN LA CONCLUSIÓN DE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO – parte de la premisa del incumplimiento de un plazo existente y puede comprometer la responsabilidad patrimo nial, pero no tiene la vocación de viciar el acto administrativo. // EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - exige una contradicción manifiesta de una norma inferior con otra de la Constitución.

La Sala resuelve, en única instancia, la demanda de nulidad y re stablecimiento del derecho presentada por J osé Ignacio Canaval Sánchez en la que se pretendió la nulidad de las Resoluciones VCT 001271 de 2019 y VCT 706 de 2020.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante las Resoluciones VCT 001271 de 2019 y VCT 706 de 2020 , la Agencia Nacional de Minería denegó la solicitud de formalización de minería tradicional presentada por José Ignacio Canaval Sánchez para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción , con fundamento en la existencia de una superposición total. El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dich os actos, por considerar que esa petición debió tramitarse observando el contenido de la Ley 685 de 2001 o el Decreto 933 de 2013 , sin que resultara aplicable la Ley 1955 de 2019.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033)

Actor: José Ignacio Canaval Sánchez

resultara aplicable la Ley 1955 de 2019.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033)

Actor: José Ignacio Canaval Sánchez Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

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II. ANTECEDENTES

1. La demanda y la solicitud de medida cautelar

1.1. El 2 de marzo de 2021 1, el señor José Ignacio Canaval Sánchez presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Agencia Nacional de Minería -en adelante también ANM-, con el fin de que se anulen las Resoluciones: i) VCT 001271 del 25 de noviembre de 2019, que rechazó la solicitud minera OCJ-08201 y ii) VCT 706 del 24 de junio de 2020, en la que se confirmó la decisión anterior.

Como consecuencia, el actor pretende que se declare ajustada a derecho la solicitud minera que presentó y que se ordene a la ANM expedir una resolución que la legali ce, as í como también que se condene a esa entidad al pago de 4.309’526.000 por concepto de daños patrimoniales , y de 50 SMLMV por daño moral, con su indexación e intereses, así como las costas del proceso. También pidió que, de no ser el trámite adecuado, se aplique el principio iura novit curia a la demanda y se ajuste el procedimiento correspondiente.

Como hechos relevantes, resaltó que, el 19 de marzo de 2013, el señor José Ignacio Canaval Sánchez radicó la solicitud de formalización minera OCJ -08201 para la

demanda y se ajuste el procedimiento correspondiente.

Como hechos relevantes, resaltó que, el 19 de marzo de 2013, el señor José Ignacio Canaval Sánchez radicó la solicitud de formalización minera OCJ -08201 para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción en los municipios de Neira, Filadelfia, Caldas y Quinchía del departamento de Risaralda . El 22 de mayo de 2015 la ANM realizó la evaluación técnica de la explotación del solicitante, determinando que hubo una superposición, pero que había un área libre de 82 hectáreas, según el sistema de medidas aplicable en ese momento , además de lo cual resolvió la continuación del trámite de legalización, siempre que se corrigiera el plano ajustándolo a las nuevas coordenadas, lo que el solicitante efectuó.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2019 , la ANM expidió la Resolución VCT 001271, por medio de la cual rechazó la solicitud minera con sustento en que , de conformidad con el sistema de cuadrícula previsto en los artículos 24 y 329 de la Ley 1955 de 2019 y de la Resolución 505 del mismo año, el área pedida para la formalización se encontraba totalmente superpuesta. El solicitante presentó recurso de reposición contra la decisión anterior, con fundamento en algunos de los motivos expresados en la demanda.

1 Archivos 3 a del índice 2 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033)

Actor: José Ignacio Canaval Sánchez Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Actor: José Ignacio Canaval Sánchez Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

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La Resolución VCT 000706 de 2020 confirmó la decisión recurrida, con sustento en que el Decreto 933 de 2013, que establecía el procedimiento para las solicitudes de formalización minera tradicional , no estaba vigente para cuando se resolvió la petición, por lo que no era aplicable y, por el contrario, lo procedente era estudiarla con el sistema de cuadrícula que ya había sido implementado en la Ley 1955 de 2019, el que arrojó que existía una superposición total que impedía otorgar en concesión el área pretendida por el señor José Ignacio Canaval Sánchez.

Para el actor , la solicitud de formalización se resolvió con “un plazo irracional” , teniendo en cuenta que aquella se radicó el 19 de marzo de 2013 y concluyó hasta el 28 de julio de 2020 y que, si bien el Decreto 933 de 2013 perdió su vigencia, pasaron 11 meses entre el 22 de mayo de 2015, cuando la ANM dio el visto bueno en la inspección al yacimiento de materiales de construcción y la suspensión que el 22 de abril de 2016 ordenó el Consejo de Estado de esa norma -decreto que a la postre anuló-, lo que evidencia una demora injustificada y la vulneración de los artículos 258, 261, 265 y 273 del Código de Minas.

De la mano del cargo antecedente señaló que se violó el principio de oficiosidad de las actuaciones mineras , reconocido en el artículo 263 del Código de Minas , que

artículos 258, 261, 265 y 273 del Código de Minas.

De la mano del cargo antecedente señaló que se violó el principio de oficiosidad de las actuaciones mineras , reconocido en el artículo 263 del Código de Minas , que habría impedido a la ANM entrar en una demora injustificable en el cumplimiento de sus funciones, contexto en el que agregó que, excusar la falta de resolución de la solicitud en el hecho de que no había norma aplicable –existiendo la Ley 685 de 2001 y sus decretos reglamentarios –, desconoció el principio de inexcusabilidad administrativa, el cual constituye una materialización de los principios de eficacia y celeridad, contenidos en los artículos 209 constitucional y 3.10. del CPACA.

También advirtió que las resoluciones impugnadas vulneraron la confianza legítima y la buena fe, ya que se debía resolver la solicitud OCJ-08201 con base en el artículo 63 del Código de Minas , por lo que no podía admitirse que la aplicación de una norma posterior e inexistente para cuando se realizaron las visitas técnicas y los trámites administrativos iniciales , como lo es la Ley 1955 de 2019 , sirviera de fundamento para el rechazo de dicha petición.

Añadió que la ANM aplicó un procedimiento equivocado con fundamento en un “falso raciocinio”, cuando concluyó que el artículo 63 del Código de Minas no era aplicable al caso, pues, además de que ninguna norma -incluido el Decreto 2653 de 2003 que lo reglamentó- prohíbe ni limita la aplicación de las solicitudes reguladas

aplicable al caso, pues, además de que ninguna norma -incluido el Decreto 2653 de 2003 que lo reglamentó- prohíbe ni limita la aplicación de las solicitudes reguladas por aquel a las peticiones de legalización de minería tradicional , el artículo 325 deRadicado: 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033)

Actor: José Ignacio Canaval Sánchez Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

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la Ley 1955 de 2019 , que sustentó las decisiones demandadas, se refiere a áreas libres, condición que no cumplen las zonas del referido artículo 63 , ya que sobre estas existe una concesión, pero admiten concurrencia sobre materiales o minerales distintos a los concesionados, que era el supuesto de la solicitud rechazada.

Igualmente, solicitó la aplicación, por una parte, de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4 constitucional en relación con los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 325, 326, 327, 328 y 329 de la Ley 1955 de 2019 y, por otro lado, del control por vía de excepción del artículo 148 del CPACA frente a los efectos de la Resolución 505 de 2019 –que se sustentó en las disposiciones legales previamente mencionadas–, con fundamento en que rompen el principio de unidad de materia de la ley del Plan Nacional de Desarrollo y desconocen que esta norma ordinaria no puede modificar -tácitamente en este casouna de carácter especial , como la minera , especialidad reconocida en el artículo 3 del Código de Minas .

de materia de la ley del Plan Nacional de Desarrollo y desconocen que esta norma ordinaria no puede modificar -tácitamente en este casouna de carácter especial , como la minera , especialidad reconocida en el artículo 3 del Código de Minas . Agregó que esa misma circunstancia implica un quebrantamiento del principio democrático del artículo 3 constitucional , puesto que un asunto tan sensible como el minero involucra los derechos de las minorías.

Finalmente, el actor incorporó las distintas normas involucradas en los cargos hasta aquí sintetizados, sin perjuicio de lo cual, añadió la vulneración del debido proceso por todo lo anterior, así como de las situaciones consolidadas, alegando que ya se le había dado visto bueno a su solicitud.

1.2. En la misma fecha 2, José Ignacio Canaval Sánchez solicitó la suspensión provisional de las resoluciones impugnadas, con fundamento en la mayoría de los cargos de la demanda . La ANM se opuso a la solicitud, por no cumplirse los requisitos para su decreto y porque los actos demandados se ajustaron a derecho3.

El 24 de agosto de 20214, el despacho admitió la demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley y, mediante proveído del 24 de enero de 2022 5, denegó la medida cautelar solicitada, pues no se vislumbró una infracción de las normas superiores, ni se acreditó siquiera sumariamente la causación de perjuicios.

22 Archivo 6 del índice 2 de SAMAI. 3 Índice 24 de SAMAI. 4 Índice 12 de SAMAI. 5 Índice 26 de SAMAI. La decisión fue confirmada mediante el auto del 16 de agosto de 2022, obrante

3 Índice 24 de SAMAI. 4 Índice 12 de SAMAI. 5 Índice 26 de SAMAI. La decisión fue confirmada mediante el auto del 16 de agosto de 2022, obrante en el índice 51 de SAMAI, en virtud del recurso de súplica formulado por el demandante contra esa primera actuación.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033)

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En primer lugar, se indicó que: i) no se transgredió el debido proceso, en tanto el rechazo se fundamentó en la inobservancia de requisitos de ley ; ii) no se desconoció la seguridad jurídica, ya que se aplicó el sistema de cuadrícula vigente; iii) no se efectuó un procedimiento equivocado, pues el trámite de la Ley 1955 de 2019 era el procedente; iv) la mora alegada no vició las resoluciones demandadas, porque no es una causal de ilegalidad de los actos administrativos ; v) en la evaluación técnica se concluyó que no se cumplieron los requisitos de la solicitud, ni se concedieron derechos; y vi) el artículo 63 de la Ley 685 de 2001 no era aplicable, ya que la solicitud minera concurrió con varios títulos y no frente a toda un área concesionada.

En segundo lugar, se encontró que no se acreditaron sumariamente los perjuicios solicitados, ya que no se demostró la calidad de contadora de quien elaboró el documento de liquidación de perjuicios, ni varios de los montos solicitados se

En segundo lugar, se encontró que no se acreditaron sumariamente los perjuicios solicitados, ya que no se demostró la calidad de contadora de quien elaboró el documento de liquidación de perjuicios, ni varios de los montos solicitados se refirieron a circunstancias previas a los actos administrativos demandados.

2. Contestación de la demanda

El 15 de febrero de 2022 6, la ANM contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, por considerar que la solicitud de formalización minera de J osé Ignacio Canaval Sánchez fue denegada debido a que no cumplió los requisitos del sistema de cuadrícula contenidos en la Ley 1955 de 2019, aplicable a ese asunto.

Formuló las excepciones de procedencia de las resoluciones demandadas, carencia de presupuestos para la aprobación de la solicitud de formalización minera, carácter de mera expectativa de esa petición, retrospectividad de la Ley 1955 de 2019 y el sistema de cuadrícula, ausencia de prueba de los perjuicios y la genérica.

Consideró que no se vulneró el principio de confianza legítima, debido a que, si bien cuando se radicó la solicitud de minería tradicional tal figura estaba regida por el Decreto 933 de 2013, este fue suspendido y posteriormente anulado por el Consejo de Estado mientras esa petición se encontraba en curso , por lo que ya no existía ninguna norma que regulara la materia y solo hasta que se expidió la Ley 1955 de 2019, y con esta el sistema de cuadrícula, la ANM contó con un marco normativo para resolverla, teniendo en cuenta que se dispuso la aplicación retrospectiva de esa nueva disposición jurídica a los trámites en curso, aún no resueltos.

para resolverla, teniendo en cuenta que se dispuso la aplicación retrospectiva de esa nueva disposición jurídica a los trámites en curso, aún no resueltos.

6 Índice 37 de SAMAI.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033)

Actor: José Ignacio Canaval Sánchez Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Precisó que el sistema de cuadrícula fue dispuesto mediante normas como la Ley 1955 de 2019 , debido a que el de celdas era especulativo e impreciso, y que su aplicación se estableció incluso frente a las solicitudes en curso, en la me dida en que no se afectaba ningún derecho de los peticionarios, sin que además incidiera el hecho de que dicho sistema hubiera sido previsto en una ley del plan nacional de desarrollo, pues nada impide que esta consagre normas de carácter general, a partir de lo cual la ANM concluyó que esa nueva figura para calcular el área minera era aplicable a la petición de José Ignacio Canaval Sánchez.

También añadió que no transgredió el principio de oficiosidad, debido a que el programa de formalización minera tradicional sufrió varios cambios normativos, entre ellos la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 y la anulación del Decreto 933 de 2013, lo que obligó a la autoridad minera a suspender todos los trámites ante la ausencia de norma sobre la materia, hasta que se expidió la Ley 1955 de 2019 que volvió a regular ese asunto.

A partir de ese panorama, consideró que la aplicación del sistema de cuadrícula a

ausencia de norma sobre la materia, hasta que se expidió la Ley 1955 de 2019 que volvió a regular ese asunto.

A partir de ese panorama, consideró que la aplicación del sistema de cuadrícula a la solicitud minera no vulneró ningún derecho o expectativa legítima, pues la simple radicación de esa petición no otorg aba la prerrogativa de explorar y explotar recursos mineros y aquella no devino en la suscripción de un contrato, ni en la inscripción en el registro nacional minero, de manera que el régimen posterior que fundamentó la denegatoria de la referida propuesta no tuvo la vocación de perjudicar ningún interés del actor. También advirtió que en la evaluación técnica no se otorgó concepto favorable para la concesión minera, pues en realidad se indicó que no se cumplió con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Decreto 933 de 2013.

En consonancia con lo anterior, concluyó que, partiendo de que el sistema de cuadrícula de que trata la Ley 1955 de 2019 es aplicable a la petición de formalización minera del actor , no quedaba un área libre por otorgar, porque se superpuso totalmente con las solicitudes GC4 -15006X y GC4-159, los títulos Nos, 18567, DLK -14544X, FCG-08356X y FKH -145510X y la zona de utilidad pública ZUP Resolución ANI 713 de 2014, por lo que hubo una carencia de los presupuestos para conceder esa petición y, por ende, esta se rechazó en derecho.

También manifestó que era competente para dictar las resoluciones demandadas, en virtud del Decreto 4134 de 2011 y las Resoluciones 206 de 2013 y 357 de 2019.

También manifestó que era competente para dictar las resoluciones demandadas, en virtud del Decreto 4134 de 2011 y las Resoluciones 206 de 2013 y 357 de 2019.

Finalmente, arguyó que el artículo 63 de la Ley 685 de 2001 no era aplicable, pues respecto de las solicitudes de formalización minera existe una norma especial queRadicado: 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033)

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regulaba el trámite de solicitudes de áreas libres y que difiere en su contenido de lo previsto en la primera disposición mencionada , así como que tampoco se aportó prueba, siquiera sumaria, de los perjuicios alegados.

3. Trámite de la sentencia anticipada

El 16 de enero de 20237 se prescindió de la audiencia inicial para dictar sentencia anticipada, por lo que se decretaron las pruebas aportadas, se fijó la litis en el sentido de determinar si la ANM infringió las normas superiores al denegar la solicitud minera con sustento en la Ley 1955 de 2019 y se estableció que, una vez en firme lo anterior, se correría traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si a bien lo tenía, rindiera concepto.

3.1. El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto8, en el que solicitó que no se accediera a las pretensiones de la demanda, toda vez que

3.1. El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto8, en el que solicitó que no se accediera a las pretensiones de la demanda, toda vez que las resoluciones impugnadas se expidieron con base en la normativa aplicable para las solicitudes de formalización minera, es decir, la Ley 1955 de 2019, y , además, la Ley 1382 de 2010 y el Decreto 933 de 2013 ya no estaban vigentes para cuando se resolvió la petición del actor. También precisó que el solicitante no contaba con una expectativa legítima o derecho por el solo hecho de que se le hubiera tramitado su asunto, por lo que el cambio de normativa no le perjudicó ningún interés.

3.2. La ANM presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, mientras que el actor los allegó extemporáneamente después de vencido el término de ley9.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y dado que se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de competencia, procedencia, oportunidad y legitimación, la Sala procede a resolver de fondo la demanda formulada en este caso10.

7 Índice 64 de SA MAI. La decisión se confirmó mediante proveído del 6 de febrero de 2023, como obra en el índice 73 de SAMAI. 8 Índice 75 de SAMAI. 9 Índices 78 a 80 de SAMAI. El traslado para alegar de conclusión cobró firmeza el 10 de febrero de

obra en el índice 73 de SAMAI. 8 Índice 75 de SAMAI. 9 Índices 78 a 80 de SAMAI. El traslado para alegar de conclusión cobró firmeza el 10 de febrero de 2023, por lo que los 10 días para tal efecto corrieron entre el 13 y el 24 de febrero, de ahí que, como el memorial de José Ignacio Canaval se presentó hasta el 28 de ese mes, fue extemporáneo. 10 Al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de la presentación de la demanda -2 de marzo de 2021-, que corresponden al CPACA y al CGP, en virtud de la integración normativa prevista en el artículo 306 del primero de dichos estatutos. El sub lite también se rige por la Ley 2080 de 2021, salvo las disposiciones que modificaron el régimen deRadicado: 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033)

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1. Alcance de la demanda

Corresponde resolver si las Resoluciones VCT 001271 de 2019 y VCT 706 de 2020 de la ANM, en las que se rechazó una solicitud de formalización minera, incurrieron en una infracción de las normas en que debían fundarse, entre ellas el artículo 4 de la Constitución, el debido proceso, la buena fe y la confianza legítima, los principios de eficacia y celeridad de la función administrativa y el Código de Minas -en particular su artículo 63por haberse fundamentado en la Ley 1955 de 2019, en

de eficacia y celeridad de la función administrativa y el Código de Minas -en particular su artículo 63por haberse fundamentado en la Ley 1955 de 2019, en lugar del Decreto 933 de 2013 o, de no resultar aplicable, el artículo 63 de la Ley 685 de 2001 y el Decreto 2653 de 2003 que lo reglamentó.

Previo a resolver el petitum, conviene agrupar los cargos formulados, pues varios de ellos coinciden entre sí, por lo que la Sala determinará si: i) las resoluciones impugnadas incurrieron en un “falso raciocinio” por resolver la petición con base en la Ley 1955 de 2019, en lugar del artículo 63 del Código de Minas y /o el Decreto 2653 de 2003; ii) se desconocieron situaciones consolidadas, la confianza legítima y la buena fe por denegarse la petición, pese a que la ANM había dado visto bueno del área a declarar; iii) la solicitud minera se resolvió tardíamente, desconociendo el Código de Minas, los principios de eficacia y celeridad de la función administrativa y los de oficiosidad e inexcusabilidad; y iv) procede inaplicar por inconstitucionales los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 325, 326, 327, 328 y 329 de la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 505 de 2019 por romper el principio de unidad de materia.

La Sala advierte que, si bien en el recurso de reposición en sede administrativa y en la solicitud de suspensión provisional de las resoluciones impugnadas se alegó una falsa motivación, en la demanda tal cargo no se formuló, por lo que se descarta

La Sala advierte que, si bien en el recurso de reposición en sede administrativa y en la solicitud de suspensión provisional de las resoluciones impugnadas se alegó una falsa motivación, en la demanda tal cargo no se formuló, por lo que se descarta la posibilidad de pronunciarse sobre aquel, teniendo en cuenta que el principio de congruencia y la justicia rogada , propios de la labor contencioso-administrativa en sede de control de legalidad , impiden pronunciarse sobre aspectos no solicitados por los sujetos procesales11.

Asimismo, se precisa que, aunque el Consejo de Estado recientemente anuló varios apartes de las reglas de negocio 6.1.2. y 6.1.6. de la Resolución 505 de 2019, por

competencias, debido a que estas entraron en vigor un año después de su publicación, pero solo para las demandas que radicadas a partir de esa fecha y no para los procesos en curso. 11 Según lo ha reconocido la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, a esta situación se enfrenta el juez en los medios de control de simple nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, nulidad electoral y nulidad c ontractual. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2022. Expediente 68001-23-31-000-2010-00025-01 (56190). C.P. Freddy Ibarra.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033)

Actor: José Ignacio Canaval Sánchez Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

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haber establecido el bloqueo total de celdas parcialmente libre s y la prerrogativa

Actor: José Ignacio Canaval Sánchez Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

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haber establecido el bloqueo total de celdas parcialmente libre s y la prerrogativa exclusiva del titular adyacente para pedir la zona disponible de la cuadrícula 12, el demandante no formuló ningún reproche frente a ese acto administrativo, distinto a solicitar su inaplicación con base en la excepción de ilegalidad, como consecuencia de una supuesta inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1955 de 2019 que dicho acto reglamentó, sin haber cuestionado nada relacionado con los apartes que esta Corporación retiró del ordenamiento, lo que sustrae a la Sala de pronunciarse en torno al contenido de aquellos y su incidencia en el sub lite.

Sin perjuicio de lo anterior, de la lectura de las Resoluciones VCT 001271 de 2019 y VCT 706 de 2020 13, tampoco se observa que en sus fundamentos se hubiera hecho una alusión expresa a las reglas de negocio 6.1.2. y 6.1.6. de la Resolución 505 de 2019 , de ahí que la Sala concluye que se trata de disposiciones que no guardan relación con el petitum formulado por el demandante y, por ende, se descarta considerarlas para resolver la controversia, so pena de infringir el principio de congruencia.

Enseguida se analizará de fondo cada uno de los cargos de nulidad, previniendo que, solo si alguno de ellos prospera, la Sala deberá pasar a establecer si procede, a título de restablecimiento del derecho, ordenar que se considere ajustada a derecho la solicitud minera y el reconocimiento de los emolumentos solicitados a

que, solo si alguno de ellos prospera, la Sala deberá pasar a establecer si procede, a título de restablecimiento del derecho, ordenar que se considere ajustada a derecho la solicitud minera y el reconocimiento de los emolumentos solicitados a título de indemnización de perjuicios.

2. Marco normativo de la controversia

2.1. El régimen de las solicitudes de formalización de minería tradicional

En virtud de los artículos 332 y 360 de la Constitución de 1991 14, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables , por lo que su explotación causa a su favor una contraprestació n a título de regalía 15. Para tal

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 30 de junio de 2022. Radicado 41001-23-31-000-2012-00263-01 (68320). C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. 13 Obrantes en los archivos 8 y 13 del índice 2 de SAMAI. 14 “Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”. // “Artículo 360. [Modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2011]. La explotació n de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. […]”. 15 En virtud de tal mandato, la jurisprudencia de esta Corporación ha afirmado que el contrato de

de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. […]”. 15 En virtud de tal mandato, la jurisprudencia de esta Corporación ha afirmado que el contrato de concesión minera no otorga un derecho real de propiedad del concesionario, sino que permite explorar y explotar el área otorgada. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de marzo de 2023. Radicado 250002336000 -2013-01822-02 (56364). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.Radicado: 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033)

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efecto, la Ley 685 de 2001 16 incorporó normas concernientes a la exploración y explotación de los recursos mineros, con el propósito de estimular y regular esa práctica, así como también propender por su aprovechamiento racional.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 685 de 2001 17, el contrato de concesión minera determina el surgimiento del derecho a explorar y explotar las minas del Estado, negocio jurídico que, para tal efecto, debe encontrarse debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional y que es producto del cumplimiento de los requisitos de ley, entre ellos , que no se configure una superposición total 18. De ahí que , en concordancia con el artículo 16 19 de ese estatuto, la solicitud de conc esión, por sí sola, no confiere ningún derecho adquirido, sino únicamente la prelación o

concordancia con el artículo 16 19 de ese estatuto, la solicitud de conc esión, por sí sola, no confiere ningún derecho adquirido, sino únicamente la prelación o