CE - 110010326000202200052001SENTENCIA20220927085922

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-26-000-2022-00052-00 (68.125)

Actor: IVÁN ALEJANDRO OSPINO RODELO

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA NACIONAL

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN–LEY 1437 DE 2011

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Procedencia / CAUSAL DE REVISIÓN - Finalidad / DOCUMENTOS RECOBRADOS – Documentos existentes por lo menos para el cierre de la última etapa probatoria o, excepcionalmente, para antes de que se dictara la decisión censurada, siempre y cuando versen sobre hechos sobrevin ientes – CASO CONCRETO – Ausencia de los requisitos de configuración de la causal – El documento no existía para el cierre de la etapa probatoria - El recurrente conoció el documento antes de que se terminara el proceso ordinario / OMISIÓN PROBATORIA - Si la falta en el expediente del documento no obedeció a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte demandada, sino al simple descuido de quien debía procurar su incorporación, no es posible a través del recurso extraordinario de revisión subsanar esa omisión / COSTAS – Criterio objetivo / AGENCIAS EN DERECHO –- Fijación de conformidad con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

es posible a través del recurso extraordinario de revisión subsanar esa omisión / COSTAS – Criterio objetivo / AGENCIAS EN DERECHO –- Fijación de conformidad con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Iván Alejandro Ospino Rodelo contra la sentencia del 29 de junio de 2021, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo denegatorio proferido por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá el 1° de julio de 2020.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia citada, porque, en su criterio, se configuró la causal de revisión prevista en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, dado que recobró un documento decisivo que no pudo aportar al proceso de reparación directa, de ahí que resultara necesaria una nueva valoración probatoria, en virtud de la cual se le reconociera una indemnización adicional por lucro cesante y daño a la salud.Radicación: 11001-03-26-000-2022-00052-00

No. Interno: 68.125

Actor: Iván Alejandro Ospino Rodelo

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

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II. ANTECEDENTES

1. Proceso en el cual se profirió la sentencia objeto de revisión

Nacional Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011)

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II. ANTECEDENTES

1. Proceso en el cual se profirió la sentencia objeto de revisión

El 22 de marzo de 2018 1, el señor Iván Alejandro Ospino Rodelo, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda contra la NaciónMinisterio de Defensa -Armada Nacional, con el fin de que se indemnizaran los perjuicios causados por las lesiones que sufrió mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

Mediante sentencia del 1° de julio de 2020 2, el Juzgado 31 Administrati vo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se configuró un daño antijurídico, dado que no se acreditó la disminución o la pérdida de capacidad laboral del señor Ospino Rodelo.

La parte actora apeló la anterior de terminación, recurso que resolvió el 29 de junio de 2021 3 la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de revocar la decisión del a quo, por cuanto la primera instancia, de forma errónea, “unificó los con ceptos de determinación del daño antijurídico y cuantificación del perjuicio”4.

Como consecuencia, en su criterio, el menoscabo era imputable a la accionada bajo el régimen de responsabilidad objetiva, por cuanto las afectaciones de salud del conscripto le fueron diagnosticadas durante el tiempo que prestó su servicio militar obligatorio, sin que la falta de acreditación del quantum del perjuicio resultara

el régimen de responsabilidad objetiva, por cuanto las afectaciones de salud del conscripto le fueron diagnosticadas durante el tiempo que prestó su servicio militar obligatorio, sin que la falta de acreditación del quantum del perjuicio resultara suficiente para absolver a la demandada, sino que ello lo que daba lugar era a negar lo pedido por daño a la salud y lucro cesante, de ahí que solo resultara procedente el reconocimiento de los perjuicios morales en la cuantía de 1 smmlv.

2. Recurso extraordinario de revisión presentado y su trámite

2.1. El 5 de agosto de 2021 5, el señor Iván Alejandro Ospino Rodelo interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la causal de revisión

1 De conformidad con la copia de la sentencia de segunda instancia aportada en forma digital con el recurso de revisión. 2 Providencia que obra a índice 2 de Samai. 3 Ibídem. 4 Folio 19 de la sentencia de segunda instancia. 5 Índice 2 de Samai.Radicación: 11001-03-26-000-2022-00052-00

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prevista en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 6, dado que el 27 de mayo de 2021 fue expedida el acta de la junta médico laboral, documento que se le notificó el 22 de junio siguiente y resultaba suficiente para que, en sede de

de mayo de 2021 fue expedida el acta de la junta médico laboral, documento que se le notificó el 22 de junio siguiente y resultaba suficiente para que, en sede de revisión, se indemnizara lo concerniente a lucro cesante y el daño a la salud, los cuales fueron negados por el juez de la reparación directa, por falta de prueba.

2.2. Por medio de auto del 10 de marzo de 2022 7, el recurso extraordinario de revisión fue admitido, decisión que fue notificada en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público8.

2.2.1. La Armada Nacional indicó que, por la fecha de su expedición, el documento invocado no tenía la condición de recobrado, de ahí que lo pretendido por el recurrente fuera subsanar la omisión probatoria en la que incurrió durante el proceso inicial9.

2.2.2. El Ministerio Público rindió concepto en el sub júdice, para lo cual manifestó que el recurso extraordinario de la referencia carecía de vocación de prosperidad, porque lo que se buscaba era mejorar el material probatorio del proceso precedente10.

2.3. A través de providencia del 11 de julio de 2022 11, fueron decididas las solicitudes probatorias formuladas por el recurrente 12, determinación contra la cual no se interpusieron recursos13.

6 “Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y

2003, son causales de revisión: (…) 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria (…)”. 7 Índice 3 de Samai. 8 Índices 6, 9, 11 y 12 de Samai. 9 Índice 14 de Samai. 10 Índice 10 de Samai. 11 Mediante auto del 13 de mayo del presente año, la ponente advirtió que el recurso extraordinario de la referencia también se repartió al despacho del consejero Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, por lo que ordenó comunicar dicha situación, con el fin de que se adoptaran las medidas tendientes a archivar las diligencias que allí se encontraban en curso, lo cual se cumplió a través de proveído del 8 de junio siguiente. Índices 17 a 21 de Samai. 12 Índice 23 de Samai. 13 El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente para dictar sentencia el 1° de agosto de 2022. Según informe secretarial que obra a índice 29 de Samai.Radicación: 11001-03-26-000-2022-00052-00

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III. CONSIDERACIONES

1. Procedencia y oportunidad del recurso extraordinario de revisión

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III. CONSIDERACIONES

1. Procedencia y oportunidad del recurso extraordinario de revisión

Por resultar procedente 14 y haber sido interpuesto en oportunidad 15, la Sala verificará si en el asunto discutido, en relación con el fallo de segunda instancia del 29 de junio de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se configuró la causal de revisión establecida en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 16, sin que el sub lite se trate de una terc era instancia del proceso ordinario17.

2. Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

El numeral 1 del artículo 250 ejusdem establece como causal de revisión el hecho de “[h]aberse encontrado o reco brado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria” (se destaca).

De conformidad con la norma citada, en concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación18, esta causal de revisión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Tratarse únicamente de documentos, pues “no se ha admitido la configuración de dicha causal cuando se trata de otro tipo de pruebas (…)”19.

14 La Sala es competente para conocer del asunto, en virtud del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011,

dicha causal cuando se trata de otro tipo de pruebas (…)”19.

14 La Sala es competente para conocer del asunto, en virtud del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, pues se trata de un fallo dictado en segunda instancia por un Tribunal Administrativo. Además, se trata de un recurso extraordinario procedente contra dicha pr ovidencia, según lo establecido en el artículo 248 ejusdem. 15 De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el término para promover el recurso de revisión de la referencia era del año siguiente a la ejecutoria del fallo, plazo que se cumplió, dado que la providencia objeto de revisión quedó en firme el 7 de julio de 2021, y el recurso de revisión se radicó el 5 de agosto siguiente. 16 Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en la Ley 1437 de 2011, con las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021, así como el C.G.P. 17 Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: i) sentencia del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; ii) sentencia del 8 de mayo de 2019, exp: 46.453 y iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 41.222. 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, sentencia de 3 de abril de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 2016-0205700 (REV). 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión,

Decisión, sentencia de 3 de abril de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 2016-0205700 (REV). 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión, sentencia del 8 de mayo de 2018, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, exp: 2017-03489 (REV), entre otras.Radicación: 11001-03-26-000-2022-00052-00

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1. Que tales elementos de juicio tengan tal carácter decisivo que, de haber sido valorados, el fallo hubiese sido distinto.

1. Que las respectivas pruebas documentales existieran durante el t rámite del proceso, pero se hubiesen encontrado o recobrado luego del fallo, de ahí que su aporte no hubiese resultado posible por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, lo que descarta la posibilidad de que por la vía de la revisión extraordinaria se pueda remediar la inactividad o la negligencia de las partes en el litigio anterior20.

El anterior supuesto impone determinar: a) en qué momento se ocultó o extravió la respectiva prueba documental y b) cuándo el interesado supo de su ex istencia o esta reapareció, luego de estar perdida.

Al respecto, la Sala ha aclarado que los documentos que se invoquen para tal fin deben ser preexistentes a la extinción del término para pedir su incorporación en el

esta reapareció, luego de estar perdida.

Al respecto, la Sala ha aclarado que los documentos que se invoquen para tal fin deben ser preexistentes a la extinción del término para pedir su incorporación en el respectivo asunto21, fecha para la cual debieron haber estado ocultos o perdidos.

El plazo referido, que en procesos de doble instancia tramitados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 –como el de la referencia –, está determinado en el artículo 212 ejusdem, en virtud del cual, “ cuando se trate d e apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas (…)”22.

Lo anterior, sin perjuicio de que la causal, excepcionalmente, se extienda a documentos generados con posterioridad al vencimiento de la respectiva

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 56.129. 21 Criterio acogido por la Subsección en sentencia del 18 de febrero de 2022, exp: 66.026. Reiterado en sentencia del 20 de mayo de 2022, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 49.848. 22 “Artículo 212. Oportunidades probatorias (…). En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos :

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos :

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia. 2. (Numeral modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021). Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta” (se destaca).Radicación: 11001-03-26-000-2022-00052-00

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oportunidad probatoria, siempre que versen sobre hechos sobrevinientes 23, y aparezcan luego de la sentencia, situación susceptible de ser analizada en concordancia con lo previsto en los artículos 305 del CPC24 y 281 del CGP25, según el caso.

oportunidad probatoria, siempre que versen sobre hechos sobrevinientes 23, y aparezcan luego de la sentencia, situación susceptible de ser analizada en concordancia con lo previsto en los artículos 305 del CPC24 y 281 del CGP25, según el caso.

En cuanto a la fecha en la que debieron haberse encontrado o recobrado, el legislador estableció de manera expresa que debe darse “después de dictada la sentencia”.

En suma, la causal establecida en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 impone que se encuentren o recobren luego del fallo, documentos decisivos para la litis y existentes por lo menos para el cier re de la última etapa probatoria o para antes de que se dictará la decisión censurada, cuando traten sobre hechos sobrevinientes, y que su aporte al proceso no hubiese sido posible por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte.

3. Caso concreto

En criterio de la parte actora, la causal de revisión establecida en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 se configuró, porque llegó a su poder el acta No. 123 expedida el 27 de mayo de 2021 y notificada el 22 de junio siguiente, a través de la cual la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad Naval determinó que el señor Iván Alejandro Ospino Rodelo tenía una pérdida de capacidad laboral del 9,5%.

El recurrente aclaró que la incorporación de tal documento al proceso inicial no fue posible dada su inexistencia para el momento pertinente, situación que resultó

23 El Consejo de Estado ha definido lo que debe entenderse como hecho sobreviniente en los

El recurrente aclaró que la incorporación de tal documento al proceso inicial no fue posible dada su inexistencia para el momento pertinente, situación que resultó

23 El Consejo de Estado ha definido lo que debe entenderse como hecho sobreviniente en los siguientes términos: “Frente a este punto, la Sala precisa que el hecho sobrevini ente es aquel que versa sobre el litigio y surge con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 13 de septiembre de 2021, C.P: Oswaldo Giraldo López, exp: 2020-02720 (PI). 24 El cual disponía lo siguiente: “Artículo 305. Congruencias. (…) En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la dema nda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio” (se resalta). 25 A cuyo tenor: “Artículo 281. Congruencias (…) En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio , ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio” (se destaca).Radicación: 11001-03-26-000-2022-00052-00

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considerarlo de oficio” (se destaca).Radicación: 11001-03-26-000-2022-00052-00

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determinante para que se le negara lo pedido por concepto de lucro cesante y daño a la salud.

A juicio de la Sala, los anteriores argumentos no resultan de recibo, en cuant o no se trata de una prueba documental que tenga el carácter de encontrada o recobrada luego del fallo, sino que corresponde a un documento que no existía para el momento en el que se cerró la etapa probatoria en segunda instancia, pues fue generado con posterioridad.

En efecto, de conformidad con el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, en el trámite de apelación de sentencias se podrán solicitar pruebas en los casos señalados por el legislador durante la ejecutoria del auto que admite el recurso.

En el sub lite el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá fue admitido por auto del 8 de abril de 202126, notificado por estado electrónico del 3 de mayo de ese mismo año27, de ahí que el término para que las partes formularan sus solicitudes probatorias en segunda instancia venció el 6 de mayo de 2021 28, y el acta fue expedida el 27 de mayo siguiente, por lo que se trataba de un elemento de juicio inexistente para ese momento, tal como lo reconoce el recurrente.

acta fue expedida el 27 de mayo siguiente, por lo que se trataba de un elemento de juicio inexistente para ese momento, tal como lo reconoce el recurrente.

La Subsección encuentra oportuno advertir que la resolución del proceso ordinario no estaba condicionada a que se expidiera el acta de la junta médico laboral, por cuanto esta Corporación ha sido enfática en señalar que “[e]n este tema no existe tarifa probatoria y el demandante bien puede aportar o solicitar las pruebas periciales que estime pertinentes para probar el grado de afectación en el transcurso del proceso”29 (se destaca).

Por lo anterior, la parte demandante podía acudir a otros elementos de juicio que le permitieran al operador judicial determinar el grado de afectación corporal y, por

26 Providencia que consta en Samai en el proceso bajo radicado No. 2018-00082-01. 27 De acuerdo con anotación efectuada en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial. Consulta realizada el 23 de julio de 2022 a las 4:15 p.m. 28 El artículo 302 del CGP -ley procesal del litigio inicialestableció la ejecutoria de las providencias en los siguientes términos: “ Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. (…) Las que sean profer idas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos (…)” (se destaca).

después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos (…)” (se destaca). 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de reiteración jurisprudencial del 29 de noviembre de 2018, exp: 47.308.Radicación: 11001-03-26-000-2022-00052-00

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ende, se le reconocieran los correspondientes perjuicios, sin que fuera indispensable el acta allegada con el recurso de revisión, por cuanto se insiste, dicho documento no se trata de una prueba solemne, sin la cual, no fuera procedente el reconocimiento de la respectiva indemnización30.

Además, a la parte actora le asistía el deber de agotar en el proceso inicial todos los recursos para lograr que los hechos expuestos en la demanda se probaran oportunamente, sin que sea dable la producción de pruebas posteriores, por cuanto ello implicaría convertir el recurso extraordinario de la referencia en una instancia adicional de los litigios precedentes31.

En el sub lite llama la atención de la Sala que el a quo, en la sentencia de primera instancia, señaló que a pesar de que en la audiencia inicial del 23 de julio de 2019, fue decretada como prueba el acta de la junta médico la boral, lo cierto es que el 3

instancia, señaló que a pesar de que en la audiencia inicial del 23 de julio de 2019, fue decretada como prueba el acta de la junta médico la boral, lo cierto es que el 3 de febrero de 2020 se desistió de la práctica de dicho documento, lo cual, de acuerdo al fallo de segunda instancia, ocurrió porque el apoderado de la parte actora no logró contactar al señor Ospino Rodelo para lograr su valoración médica32.

Esta Corporación ha establecido que la finalidad de la causal de revisión invocada en el presente caso es remediar la injusticia que se derivó para la parte afectada de verse en la imposibilidad de aportar una prueba documental que se encont raba perdida o se desconocía su existencia y, como consecuencia, no fue apreciada por el juzgador33.

Lo expuesto en el párrafo precedente no se cumple en el sub examine, dado que, en criterio de la Subsección, lo pretendido por el actor es la complementaci ón el escenario probatorio para que los elementos de juicio sean nuevamente valorados

30 Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha indicado lo siguiente: “(…) donde se pretende es el pago de la indemnización plena de perjuicios materiales y morales derivados de un accidente de trabajo, como consecuencia de la culpa patronal comprobada del empleador al tenor del artículo 216 del Cód igo Sustantivo de Trabajo, no es menester que la pérdida de capacidad laboral se establezca con el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, pues es perfectamente viable que se acuda a otra clase de auxiliares de la justicia conforme las reglas de los artículos

establezca con el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, pues es perfectamente viable que se acuda a otra clase de auxiliares de la justicia conforme las reglas de los artículos 8° y 9° del Código de Procedimiento Civil y se decrete la respectiva peritación observando lo dispuesto en el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, eso sí garantizando la contradicción del mismo, ajustándose al trámite señalado en los Artículos 238 a 241 del C.P.C” (se destaca). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 30 de agosto de 2005, M.P: Eduardo López Villegas, exp: 25.505. Reiterada en sentencia del 9 de febrero de 2021, M.P: Omar de Jesús Restrepo Ochoa, exp: 87.479. 31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110. 32 Folio 20 de la sentencia de segunda instancia. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, C.P: Danilo Rojas Betancourth, exp: 26.239.Radicación: 11001-03-26-000-2022-00052-00

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y se le reconozcan los perjuicios que le fueron negados en el litigio ordinario, es

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y se le reconozcan los perjuicios que le fueron negados en el litigio ordinario, es decir, una situación ajena al objetivo del recurso extraordinario de la referencia.

Resulta contrario al principio de lealtad procesal que, en ejercicio del recurso extraordinario de revisión, se busque subsanar las falencias probatorias del proceso declarativo, se pretenda hacer valer documentos que no se incorporaron por omisión de la parte interesada y, por ende, se busque sorprender a la parte contraria con elementos no debatidos y cuya valoración en sede de revisión vulneraría el principio de seguridad jurídica34.

Por otra parte, en el recurso extraordinario de la referencia, la parte actora reconoció que el acta se le notificó el 22 de junio de 2021, es decir, el accionante tenía en su poder el documento antes de que se profiriera el fallo de segunda instancia -29 de junio de ese mismo año -, por lo que en gracia de discusión, aún de c onsiderarse que dicho documento versaba sobre un hecho sobreviniente, lo que le correspondía al accionante era ponerlo en conocimiento del Tribunal ad quem antes de que dictara el fallo objeto de revisión35, lo cual no ocurrió.

La evidente ausencia de la c ondición de documento encontrado o recobrado del acta No. 123 del 27 de mayo de 2021, impone la desestimación del cargo estudiado, sin perjuicio de que la Sala aclare que la falta de valoración en el proceso de reparación directa de dicho medio probatorio en modo alguno constituyó una anomalía, pues era imposible que el juez lo apreciara, pues no obraba en el

sin perjuicio de que la Sala aclare que la falta de valoración en el proceso de reparación directa de dicho medio probatorio en modo alguno constituyó una anomalía, pues era imposible que el juez lo apreciara, pues no obraba en el expediente ni podía ser decretado, dada su inexistencia para cuando culminó la etapa probatoria.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2021, exp: 52.302. 35 Precisamente esta Subsección, con fundamento en los artículos 213 de la Ley 1437 de 2011 y 281 del CGP, ha decretado de manera oficiosa pruebas sobre hechos sobrevinientes que surgieron después de cerrada la etapa probatoria en segunda instancia, así: “El mencionado documento fue aportado por la parte demandante con sus alegatos de conclusión en esta instancia , circunstancia que, en principio, restringiría su incorporación y valoración al proceso, dad o que fue allegado por fuera del plazo de que trata el artículo 212 del CPACA ; no obstante, comoquiera que la providencia aportada aún no se había proferido cuando se admitió el recurso de alzada el 16 de septiembre de 2019 y en atención a las especiales circunstancias del caso, así como el mandato que or