CE - 110010326000202200174002SENTENCIA20230814161955

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Título
CE - 110010326000202200174002SENTENCIA20230814161955
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintitrés (2023) RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-26-000-2022-00174-00 (69.020)

CONVOCANTE: VÍA PACÍFICO SAS

CONVOCADO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI REFERENCIA: RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES-No es una segunda instancia. CAUSAL 2 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563-Caducidad, falta de jurisdicción o de competencia. CAUSAL 2 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563-Requisito de procedibilidad. FALTA DE JURISDICCIÓN DE LOS ÁRBITROS-Eventos en los cuales una de las partes del proceso no suscribió el pacto arbitral o la Constitución o la ley no permiten que el asunto sea resuelto en sede de arbitraje. FALTA DE COMPETENCIA DE LOS ÁRBITROS-EI Tribunal Arbitral se pronuncia sobre un asunto que por voluntad de las partes no se encontraba sometido a su decisión. CAUSAL 6 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563-Haberse proferido el laudo o la decisión sobre la actaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral. TÉRMINO DEL PROCESO ARBITRAL-Si en el pacto arbitral no se señala término para la duración, este será de seis meses, contados a

corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral. TÉRMINO DEL PROCESO ARBITRAL-Si en el pacto arbitral no se señala término para la duración, este será de seis meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. TÉRMINO DEL PROCESO ARBITRALDentro de este debe proferirse y notificarse, incluso, la providencia que resuelve la aclaración, corrección o adición. CAUSAL 6 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563-Requisito de procedibilidad. CAUSAL 6 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563-La providencia que se debe anular, en caso de configurarse la causal, es la proferida de forma extemporánea exclusivamente. CAUSAL 7 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563-Fallo en conciencia o equidad debiendo ser en derecho. CAUSAL 7 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563-Fallo en conciencia o equidad debiendo ser en derecho. FALLO EN DERECHO-Concepto. FALLO EN CONCIENCIA-El Juez sigue las determinaciones de su fuero interno. FALLO EN EQUIDAD-El juez inaplica la ley por inicua o falla por fuera del ámbito de la ley. CAUSAL 8 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral. CAUSAL 8 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563-Las contradicciones deben imposibilitar el

que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral. CAUSAL 8 DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 1563-Las contradicciones deben imposibilitar el cumplimiento de la decisión, ser imprescindibles para entender su contenido o vulnerar el principio de congruencia. La Sala decide el recurso de anulación interpuesto por la convocada en contra del laudo del 8 de junio de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SINTESIS DEL CASO La convocada interpuso recurso de anulación en contra del laudo del 8 de junio de 2022 proferido por el Tribunal Arbitral constituido para dirimir las diferencias con ocasión del contrato de concesión n. 003 de 2016, celebrado entre Vía Pacífico SAS y la Agencia Nacional de Infraestructura-AN|.2 Expediente n.”. 69.020

Convocante: Vía Pacifico SAS Niega recurso de anulación ANTECEDENTES El 6 de julio de 2016, Vía Pacífico SAS y la Agencia Nacional de Infraestr ictura-ANI celebraron el contrato de concesión n.” 003 de 2016. El objeto del conirato fue la elaboración de los estudios y diseños de detalle, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del proyecto «IP Vía al Puerto», que corresponde al corredor Buga-Buenaventura.

El 3 de julio de 2019, Vía Pacífico SAS presentó solicitud de convo.atoria de Tribunal de Arbitramento y demanda ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y

corredor Buga-Buenaventura. El 3 de julio de 2019, Vía Pacífico SAS presentó solicitud de convo.atoria de Tribunal de Arbitramento y demanda ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de solucionar las diferencias surgidas con la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, en relación con el contrato de concesión n. 003 de 2016. El 8 de febrero de 2021, el convocante presentó reforma a la demanda. En apoyo de las pretensiones, afirmó que se debían reconocer conceptos adicionales a los establecidos en el acta de liquidación bilateral. El 22 de septiembre de 2020, se celebró la audiencia de instalación dal Tribunal de Arbitramento y el 8 de febrero de 2021 siguiente se admitió la reforma de la demanda. La convocada, en la contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones al estimar que no debía pagar los conceptos reclamados. El 8 de junio de 2022, el Tribunal Arbitral dictó el laudo que se recurre. Consideró que la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI debía pagar algunos de los conceptos reclamados. La convocada en el recurso de anulación propuso las causales de los numerales 2, 6, 7 y 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Las razones del recurso, oposición y análisis de las causales se harán en la parte considerativa de esta providencia.

CONSIDERACIONES

Competencia

1. El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de anulación, de conformidad con el artículo 104 numeral 7% de la Ley 1437 de 2011, porque el3

considerativa de esta providencia.

CONSIDERACIONES

Competencia

1. El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de anulación, de conformidad con el artículo 104 numeral 7% de la Ley 1437 de 2011, porque el3

Expediente n.”. 69.020

Convocante: Vía Pacífico SAS Niega recurso de anulación laudo arbitral fue proferido para dirimir un conflicto surgido ocasión del contrato de concesión n.” 003 de 2016, en el cual una de las partes es una entidad pública.

Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuran las causales del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, previstas en los numerales 2, 6, 7 y 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. El recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales

2. El arbitraje es una institución esencialmente contractual. Las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (1602 CC), deciden que su conflicto sea resuelto por particulares investidos para administrar justicia. El objeto del pacto arbitral es, entonces, sustraer de la justicia institucional el conflicto. Por ello, el recurso extraordinario de anulación no puede ser utilizado como una segunda instancia en la que se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del litigio.

Los tribunales arbitrales son falladores de única instancia. El juez de anulación, pues, no puede convertirse en juez del contrato. La decisión del recurso de anulación no entraña el estudio de los razonamientos realizados por el Tribunal Arbitral, en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria

anulación no entraña el estudio de los razonamientos realizados por el Tribunal Arbitral, en cuanto a la aplicación de la ley sustancial, como tampoco la apertura de la discusión por errores de hecho o derecho en materia de valoración probatoria pues ello supondría desconocer la voluntad de las partes de sustraer el litigio de la justicia institucional?. El recurso no es la vía para controvertir la decisión que los árbitros adopten.

Primer cargo: «La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia». (Numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012).

Sustentación y concepto del Ministerio Público La recurrente esgrimió que el Tribunal Arbitral no tenía jurisdicción y competencia, porque decidió (i) sobre asuntos que sucedieron después de la terminación del Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 8 de junio de 2006, Rad. 29.476 [fundamento juridico 2.3] y 32.398 [fundamento jurídico 2.2], en Antología Jurisorudencias y Conceptos, Consejo de Estado 18172017, Sección Tercera, Tomo A, Imprenta Nacional, pp, 937 y 973, disponible en disponible en https: //bit iy/3gjiduK.4 Expediente n.”. 69.020

Convocante: Vía Pacífico SAS Niega recurso de anulación contrato de concesión, (1) sobre la titularidad de la licencia ambiental de la Unidad Funcional 2, que era un aspecto ajeno al contrato; (ii) sobre pretensiores que no fueron objetadas por el contratista en el acta de liquidación, y (iv) sobre puntos que

Funcional 2, que era un aspecto ajeno al contrato; (ii) sobre pretensiores que no fueron objetadas por el contratista en el acta de liquidación, y (iv) sobre puntos que fueron objeto de transacción en el otrosí n.” 2. El Ministerio Público reiteró los argumentos del convocante. No obstante, adujo que la titularidad de la licencia ambiental de la Unidad Funcional 2 no era una circunstancia ajena al contrato y, en ese sentido, no había operado la causal en ese punto. Oposición La convocante argumentó que (i) la cláusula compromisoria no limitó la j.irisdicción y competencia de los árbitros al plazo de ejecución del contrato; (ii) la titularidad de la licencia ambiental de la Unidad Funcional 2 era un asunto relacionado con el contrato; (iii) realizó salvedades sobre las reclamaciones de la demanda en el acta bilateral de liquidación; y (iv) no hubo transacción en el otrosí n.” 2 sobre los puntos señalados por el convocante.

Análisis de la Sala:

3. La causal referida, contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, hace referencia a la falta de jurisdicción o de competencia.

El artículo 116 CN dispone que los particulares podrán ser investidos de forma transitoria de la función de administrar justicia en condición de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en equidad o en derecho, de conformidad con lo establecido en la ley. A su turno, el artículo 3 de la Ley 1563 de 2012 establece que el pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre

el pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Esa norma reconoce expresamente que el pacto arbitral, expresadc mediante la forma de cláusula compromisoria o de compromiso, implica la renurcia de las partes a acudir a los jueces estatales, para, en su lugar, habilitar a la justicia arbitral con el propósito de que sea ésta la que conozca del conflicto suscitado con ocasión de derechos disponibles (actividad contractual o extracontracual, vgr. enriquecimiento sin causa).5 Expediente n.”. 69.020

Convocante: Vía Pacífico SAS Niega recurso de anulación La jurisdicción y competencia de los árbitros se enmarca en lo establecido en la Constitución Política y en la ley, de forma general, y en la voluntad de las partes, de manera especial, voluntad esta que resulta ser el punto de partida sobre el cual se edifica el arbitramento en el sistema jurídico nacional. Lo anterior permite concluir que el Tribunal Arbitral carecerá, entonces, de jurisdicción en aquellos eventos en los cuales una de las partes del proceso no suscribió el pacto arbitral o cuando el asunto o materia que se somete a la decisión de los árbitros no es de aquellos que autorizan, la Constitución Política y la ley. En desarrollo del principio de habilitación que rige en materia de arbitramento, el Tribunal no tendrá competencia cuando se pronuncie sobre algún asunto que por voluntad de las partes no se encontraba sometido a su decisión (principio de habilitación).

En cuanto a la procedencia de esta causal, el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012

pronuncie sobre algún asunto que por voluntad de las partes no se encontraba sometido a su decisión (principio de habilitación). En cuanto a la procedencia de esta causal, el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 dispone que el recurrente deberá hacer valer los motivos de falta de jurisdicción y competencia mediante el recurso de reposición contra el auto en el que el Tribunal Arbitral asumió competencia. De no atender dicha carga, no podrá alegarse en tanto que debe entenderse que estuvieron conformes con la constitución del Tribunal Arbitral para dirimir sus conflictos.

4. El convocado interpuso recurso de reposición contra el auto n.” 15 del 31 de mayo de 2021 mediante cual el Tribunal Arbitral asumió competencia de la controversia (índice 2 SAMAI, archivo «31 05 2021-123019-PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE p1.mp4»). Afirmó que el Tribunal no tenía jurisdicción ni competencia sobre (i) asuntos que sucedieron después de la terminación del plazo de ejecución del contrato de concesión, (ii) la titularidad de la licencia ambiental de la Unidad Funcional 2, dado que era un aspecto ajeno al contrato; (ii) reclamaciones que no fueron objetadas por el contratista en el acta de liquidación; y (iv) puntos que fueron objeto de transacción en el otrosí n.” 2. Como el recurrente hizo valer los motivos de la anulación mediante la interposición del recurso de reposición contra el auto del Tribunal Arbitral que resolvió asumir competencia, la Sala procederá a estudiar la causal invocada.

5. El recurrente adujo que el Tribunal no tenía jurisdicción ni competencia, dado que se pronunció sobre asuntos que sucedieron después del plazo de ejecución del

la causal invocada.

5. El recurrente adujo que el Tribunal no tenía jurisdicción ni competencia, dado que se pronunció sobre asuntos que sucedieron después del plazo de ejecución del contrato de concesión, esto es, después de la suscripción del acta de reversión.6

Expediente n.”. 69.020

Convocante: Vía Pacífico SAS Niega recurso de anulación Las partes estipularon en la cláusula 15.2.a de la parte general del contrato de concesión n. 003 que «las controversias que surjan entre las Partes con ocasión del presente Contrato que no sean de conocimiento del panel de Amigables Componedores, serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento nacional de conformidad con la Ley 1563 de 2012, en armonía con las normas de provedimiento aplicables a la controversia y el artículo 14 de la Ley 1682 de 2013, o en las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan y las reglas que a continuación se establecen».

Como acuerdo de voluntades, la cláusula compromisoria se debe interpratar según las reglas particulares de los contratos (artículos 1618 a 1624 CC). Salo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1602 CC), es posible recurrir a le definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil?. La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), claramente exteriorizada en el contrato de concesión n.” 003, permite concluir que los centratantes estipularon que las controversias surgidas «con ocasión» del contrato serían

intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), claramente exteriorizada en el contrato de concesión n.” 003, permite concluir que los centratantes estipularon que las controversias surgidas «con ocasión» del contrato serían resueltas por un Tribunal de Arbitramento. Las partes, entonces, otorgaron competencia a los árbitros para conocer los conflictos surgidos con causa o motivo del contrato, sin limitarla plazo de ejecución de este. Las pretensiones que según la convocada escapaban de la jurisdicción y competencia del Tribunal de Arbitramento, por ocurrir con posterioridad al acta de reversión, versaban sobre el reconocimiento de los costos y gastos relacionados con (i) la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito en el PR 89 en cumplimiento de lo pactado en el acta de reversión y las correspondientes obligaciones -ributarias; (ii) la actualización de las garantías contractuales hasta la fecha de liquid:ación y (iii) el pago de proveedores varios que ejecutaron servicios y/o suministraron bienes para el proyecto. Las pretensiones del convocante versaban sobre controversias surgidas «con ocasión» del contrato de concesión n.” 003 de 2016, pues el plan de inanejo de ? Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de agosto de 1924 [fundamento jurídico 8] en Gaceta Judicial, Tomo XXXI, n. 1593, p. 121.7 Expediente n.”. 69.020

Convocante: Vía Pacífico SAS Niega recurso de anulación tránsito de la vía construida pactado en el acta de reversión, la actualización de las garantías contractuales hasta la fecha de liquidación del acuerdo y el pago de

Convocante: Vía Pacífico SAS Niega recurso de anulación tránsito de la vía construida pactado en el acta de reversión, la actualización de las garantías contractuales hasta la fecha de liquidación del acuerdo y el pago de proveedores que suministraron bienes para el proyecto son asuntos con surgidos con causa o motivo del contrato. Como las pretensiones quedaron cobijadas dentro de la cláusula compromisoria, el Tribunal de Arbitramento era competente para conocerlas. Por ello, la causal no prospera en este punto.

6. Según el recurrente, el Tribunal no tenía jurisdicción ni competencia, pues decidió sobre la titularidad de la licencia ambiental de la Unidad Funcional 2, que era un asunto ajeno al contrato y la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI no tenía alguna obligación frente a ella.

El convocante solicitó que se declarara: (i) que la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI había asumido las obligaciones de recibir las licencias ambientales o determinar la entidad que las recibiría y de hacer el acompañamiento diligente hasta que la autoridad ambiental efectivamente aprobara la cesión de las licencias ambientales; (ii) que se declarara que, respecto a las licencias ambientales de la Unidad Funcional 2, la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI había incurrido en incumplimiento de la obligación pactada en el Otrosí n.” 2 al contrato de concesión n.” 003 de 2016 de hacer el acompañamiento diligente hasta que la autoridad ambiental efectivamente aprobara la cesión de las licencias ambientales; (tii) que se declarara que en el acta de revisión y entrega de infraestructura de 28 de marzo de 2019, la Agencia Nacional de Infraestructura-AN| asumió e incumplió

autoridad ambiental efectivamente aprobara la cesión de las licencias ambientales; (tii) que se declarara que en el acta de revisión y entrega de infraestructura de 28 de marzo de 2019, la Agencia Nacional de Infraestructura-AN| asumió e incumplió las obligaciones de hacer que el Instituto Nacional de Vías-Invías presentara, a más tardar el 28 de abril de 2019 ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la documentación necesaria para que dicho Instituto asumiera la licencia ambiental de la Unidad Funcional 2; y (iv) que se declarara que cualquier costo en que debiera incurrir Vía Pacífico SAS, en relación con las licencias ambientales de la Unidad Funcional 2 con posterioridad al 28 de marzo de 2018 deber ser asumido por la Agencia Nacional de Infraestructura. Las pretensiones del demandante, que fueron resueltas por el Tribunal, versan sobre el incumplimiento de obligaciones de la convocada del contrato de concesión n. 003 frente a las licencias ambientales del proyecto objeto de la concesión. Como el Tribunal de Arbitramento era competente para resolver estas pretensiones, de8 Expediente n.”. 69.020

Convocante: Vía Pacífico SAS Niega recurso de anulación conformidad con la cláusula 15.2.a -clausula compromisoria, porque surgieron «con ocasión» del contrato, no se configuró la causal.

7. El recurrente también esgrimió, en el recurso de anulación, que el Tribunal de Arbitramento no tenía jurisdicción ni competencia, pues falló sobre pretensiones frente a los cuales el contratista no realizó salvedad alguna, relacionaidas con la fórmula de actualización por la celebración tardía del acta bilateral de liauidación y

Arbitramento no tenía jurisdicción ni competencia, pues falló sobre pretensiones frente a los cuales el contratista no realizó salvedad alguna, relacionaidas con la fórmula de actualización por la celebración tardía del acta bilateral de liauidación y la variable Rh y DPh de la fórmula de liquidación por terminación anticipada del contrato de concesión. La cláusula compromisoria pactada en el contrato de concesión habilitó a los árbitros para pronunciarse sobre aspectos surgidos «con ocasión» del contrato de concesión n.” 003 de 2016, dentro de los cuales se encuentra la fórmula de actualización por la celebración tardía del acta bilateral de liquidación y la variable Rh y DPh de la fórmula de liquidación por terminación anticipada, al ser asuntos con causa o motivo del contrato. De modo que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, habilitaron a los árbitros para pronunciarse sobre la existencia de salvedades sobre estos aspectos. Respecto a la fórmula de actualización por la celebración tardía del acta bilateral de liquidación, los árbitros, en el laudo, consideraron que el contratista había realizado salvedades en ese punto y, en ese sentido, estudiaron las reclamaciones del convocante (índice 2 SAMAI, archivo «ED_32060822LAUDOA(.pdf) NroAct ua 2», f. 111-137). Frente a las variables Rh y DPh de la fórmula de liquidación por terminación anticipada del contrato de concesión, el convocante solicitó que se declarara que el valor del elemento Rh correspondía a $41.035.943.349 y de DPh a $61.961.907.677. El Tribunal de Arbitramento consideró que la ausencia de

anticipada del contrato de concesión, el convocante solicitó que se declarara que el valor del elemento Rh correspondía a $41.035.943.349 y de DPh a $61.961.907.677. El Tribunal de Arbitramento consideró que la ausencia de salvedades en este punto no era fundamento para no pronunciarse sobre esas pretensiones, pues los valores de las variables Rh y DPh señaladas en le demanda correspondían con las sumas consignadas por las partes en el acta de liquidación bilateral y, en ese sentido, no había controversia en ese punto (índice 2 SAMAI, archivo «ED_32060822LAUDOA(.pdf) NroAct ua 2», f. 250-252). Se limitó, entonces, a declarar en la parte motiva y resolutiva del laudo, la suma que las partes9 Expediente n.”. 69.020

Convocante: Vía Pacífico SAS Niega recurso de anulación consignaron en la citada acta.

La liquidación de mutuo acuerdo, derivada del ejercicio de la autonomía privada constituye un verdadero negocio jurídico. Un acuerdo negocial entre personas capaces de disponer, regido por las reglas sobre el consentimiento libre de vicioserror, fuerza y dolo- (art. 1502, 1508 a 1516 CC) y que tiene por efecto finiquitar el contrato, al definir créditos y deudas recíprocas. Las partes de común acuerdo hacen, pues, el corte de cuentas con posterioridad a su terminación. Por ello, si no se dejan «salvedades» -concretas y específicasno se pueden formular reclamaciones respecto de las prestaciones pendientes de ejecutar (art. 1602 y 1603 CC). Dicho negocio es susceptible de control judicial, por virtud de salvedades

se dejan «salvedades» -concretas y específicasno se pueden formular reclamaciones respecto de las prestaciones pendientes de ejecutar (art. 1602 y 1603 CC). Dicho negocio es susceptible de control judicial, por virtud de salvedades en ella contenidas, por los vicios del consentimiento o por eventos sobrevinientes a su perfeccionamiento. La determinación del alcance de la liquidación bilateral y de los asuntos que, por virtud de las «salvedades», no quedaron finiquitados por las partes, corresponde a un aspecto sustancial de la controversia. Solo el juez del contrato —institucional o arbitral— está facultado para interpretar el negocio jurídico de liquidación, para determinar la intención de las partes, de acuerdo con las reglas previstas por el legislador (art. 1618 y ss CC). Al paso que, el juez del recurso de anulación, al estudiar la causal contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 -en relación con la falta de jurisdicción y competencia-, solo está habilitado para determinar si lo decidido se enmarcaba en la habilitación de las partes contenida en el pacto arbitral para definir la controversia. Los aspectos que, según el recurrente, dan lugar a la causal de anulación son argumentos sustanciales frente a la presencia de «salvedades», pues tienen que ver con el alcance que tuvieron en el marco de un negocio jurídico, que el Tribunal definió en el laudo. Por ello, la causal no prospera.

8. El recurrente sostuvo, en el recurso de anulación, que las partes habían llegado a una transacción frente a la compensación de riesgos en el otrosí n.” 2 y que, por ello, los árbitros carecían de jurisdicción y competencia sobre esos aspectos.

a una transacción frente a la compensación de riesgos en el otrosí n.” 2 y que, por ello, los árbitros carecían de jurisdicción y competencia sobre esos aspectos. El Tribunal declaró que se materializó el riesgo por menor recaudo derivado del no incremento de tarifas del peaje de Loboguerrero y la no instalación de una caseta10 Expediente n.. 69.020

Convocante: Vía Pacífico SAS Niega recurso de anulación nueva, cuyos efectos fueron asumidos por la Agencia Nacional de InfraestructuraANI, pero bajo el entendido de que las partes excluyeron expresiamente el desembolso de recursos públicos como mecanismo de compensación por la materialización de dicho riesgo. Negó las demás pretensiones, oorque la materialización del riesgo por menor recaudo no implicaba que la «convocada estuviera obligada al reconocimiento y pago de los valores, dado que la terminación por mutuo acuerdo implicaba que se darían por compensados todos los riegos materializados durante la ejecución del contrato según la cláusula 18 del otrosí n.? 2, y declaró prospera la excepción denominada «inexistencia de la cbligación» (índice 2 SAMAI, archivo «ED_32060822LAUDOA(.pdf) NroAct ua 2», f. 212-238).

La Sala reitera que la causal de falta de jurisdicción y competencia se configura en aquellos eventos en los cuales una de las partes del proceso no suscribió el pacto arbitral o cuando el asunto o materia que se somete a la decisión de los árbitros no es de aquellos que autorizan, la Constitución Política y la ley. La cláusula compromisoria habilitaba a los árbitros para conocer acerca de la compensación de

es de aquellos que autorizan, la Constitución Política y la ley. La cláusula compromisoria habilitaba a los árbitros para conocer acerca de la compensación de riesgos y la existencia de un acuerdo transaccional sobre ese aspecto, pies es una controversia surgida «con ocasión» del contrato. Por ello, el cargo no prospera.

Segundo cargo: «Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral» (Numeral 6 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012).

Sustentación y concepto del Ministerio Público El recurrente y el Ministerio Público esgrimieron que el laudo debía ser anulado, porque el Tribunal de Arbitramento cambió la metodología para calcular la compensación por terminación anticipada en la aclaración, cor'ección y complementación de la decisión y, en ese sentido, profirió un nuevo laudo. Oposición La convocante expuso que el Tribunal Arbitral no cambió la metodo ogía para calcular la compensación por terminación anticipada en la aclaración, corrección y complementación del laudo. Análisis de la Sala11 Expediente n.”. 69.020

Convocante: Vía Pacífico SAS Niega recurso de anulación

9. Según el numeral 6 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, es causal de anulación haberse proferido el laudo o la decisión sobre la aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral. Frente al término del proceso arbitral, el artículo 10 prevé que, si en el pacto arbitral no se señalare

después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral. Frente al término del proceso arbitral, el artículo 10 prevé que, si en el pacto arbitral no se señalare término para la duración, este será de seis meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Dentro del término de duración del proceso debe proferirse y notificarse, incluso, la providencia que resuelve la aclaración, corrección o adición. El artículo 11, por su parte, regula la posibilidad de suspender la limitación temporal prevista en la ley. De manera que, el legislador exigió que en el término del proceso no sólo se dicte el laudo, sino también la providencia que lo aclare, corrija o complemente. La Sala, con base en este marco legal, ha precisado que la providencia que se debe anular, en caso de configurarse la causal, es la proferida de forma extemporánea exclusivamente. De modo que, si el laudo se expidió en oportunidad, no es posible anular”. La causal 6 no puede ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el término (artículo 41 de la Ley 1563 de 2012). Este requisito busca evitar que una parte que conoce que existe la causal de anulación espere el resultado de la decisión y solo la invoque cuando dicho resultado le es desfavorable.

10. El recurrente adujo que el laudo debe ser anulado, porque el Tribunal de Arbitramento cambió la metodología para calcular la compensación por terminación anticipada en la aclaración, corrección y complementación de la decisión y, en ese sentido, profirió un nuevo laudo. El recurrente no hizo valer la causal de anulación

Arbitramento cambió la metodología para calcular la compensación por terminación anticipad

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