CE - 110010327000202200056001SENTENCIAANTIC20230629171154

Radicación: 11001-03-27-000-2022-00056-00 (26894)

Demandante: Andrea Marcela Jiménez Sierra

FALLO

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad Radicación: 11001-03-27-000-2022-00056-00 (26894)

Demandante: ANDREA MARCELA JIMÉNEZ SIERRA

Demandada: U.A.E. DIAN

Tema: Impuesto sobre la renta. Subcapitalización en financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el medio de control de nulidad instaurado por Andrea Marcela Jiménez Sierra contra los conceptos números 056282 del 26 de septiembre de 2014 y 025661 del 3 de septiembre de 2015, y los o ficios números 034420 del 1.º de diciembre de 2015, 022264 del 19 de agosto de 2016, y 1173 del 29 de noviembre de 2016, expedidos por

3 de septiembre de 2015, y los o ficios números 034420 del 1.º de diciembre de 2015, 022264 del 19 de agosto de 2016, y 1173 del 29 de noviembre de 2016, expedidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, sobre el alcance del parágrafo 4.º (hoy parágrafo 5.º) del artículo 118-1 del Estatuto Tributario.

DEMANDA

1. Pretensiones

Andrea Marcela Jiménez Sierra , en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, solicitó ante esta jurisdicción que se declare la nulidad de los conceptos números 056282 del 26 de septiembre de 2014 y 025661 del 3 de septiembre de 2015, y los oficios números 034420 del 1.º de diciembre de 2015, 022264 del 19 de agosto de 2016, y 1173 del 29 de noviembre de 2016, expedidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, sobre el alcance del parágrafo 4.º del artículo 118-1 del Estatuto Tributario1.

Los apartes más relevantes de los actos demandados se transcriben a continuación:

“a. Concepto nro. 056282 del 26 de septiembre de 2014

PROBLEMA JURÍDICO:

¿Las empresas prestadoras de servicios públicos que adelanten proyectos de infraestructura de servicios públicos están sujetas a las reglas de subcapitalización?

TESIS JURÍDICA:

Las empresas prestadoras de servicios públicos están sujetas a las reglas de subcapitalización. La regla de subcapitalización aplica a la deducción de intereses generados

de servicios públicos están sujetas a las reglas de subcapitalización?

TESIS JURÍDICA:

Las empresas prestadoras de servicios públicos están sujetas a las reglas de subcapitalización. La regla de subcapitalización aplica a la deducción de intereses generados por la financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre qu e dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos que tengan como propósito especial adelantar tales proyectos.

(…)

1 Documento nro. 2 en el índice del expediente electrónico en la plataforma electrónica Samai. (https://samairj.consejodeestado.gov.co/).Radicación: 11001-03-27-000-2022-00056-00 (26894)

Demandante: Andrea Marcela Jiménez Sierra

FALLO

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Como se puede apreciar, el texto transcrito [art. 118 -1 E.T.] prevé una excepción a la aplicación de la regla de subcapitalización dirigida exclusivamente a la financiación de proyectos de infraestructura, sin hacer extensiva esta excepción a la actividad desarrollada por las empresas prestadoras de servicios públicos.

Es así como el legislador expresamente dispuso, como condición para no aplicar la regla de subcapitalización a la financiación de proyectos de infraestructura, que tales proyectos deben estar a cargo de sociedades, entidades o vehículos de propósito especial, siendo evidente que

Es así como el legislador expresamente dispuso, como condición para no aplicar la regla de subcapitalización a la financiación de proyectos de infraestructura, que tales proyectos deben estar a cargo de sociedades, entidades o vehículos de propósito especial, siendo evidente que la intención fue se parar la ejecución de tales proyectos de la actividad de prestación de servicios públicos, para efectos del tratamiento fiscal aplicable a la deducción de intereses”

b. Concepto nro. 025661 del 3 de septiembre de 2015

“PROBLEMA JURÍDICO:

¿Se encuentran excluidos de la limitación prevista en el artículo 118-1 del Estatuto Tributario los intereses pagados por las empresas prestadoras de servicios públicos que construyen directamente proyectos de infraestructura para la prestación de servicios públicos, las cuales son financiadas con endeudamiento?

TESIS JURÍDICA:

Los intereses pagados por las empresas prestadoras de servicios públicos que construyen directamente proyectos de infraestructura para la prestación de servicios públicos están sujetos a las reglas de subcapitalización prevista en el artículo 118 -1 del Estatuto Tributario. Estas reglas NO se aplican a la deducción de intereses generados por la financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre que dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos que tengan como propósito especial adelantar tales proyectos.

(…)

De los antecedentes de la Ley 1607 de 2012, que a través de su artículo 109 adicionó el artículo 118-1 al Estatuto Tributario, se extrae que la filosofía que justifica la introducción de la figura de la subcapitalización consiste en incentivar la financiación de las empresas con

el artículo 118-1 al Estatuto Tributario, se extrae que la filosofía que justifica la introducción de la figura de la subcapitalización consiste en incentivar la financiación de las empresas con capital en lugar de deuda, promoviendo la solidez y liquidez de las empresas frente a terceros y limitando el costo fiscal de las deducciones por pago de intereses, además de crear una mayor neutralidad frente a las opciones de capitalización de las empresas que generalmente tienen el sesgo que favorece a la deuda sobre el capital, en razón de la de ducibilidad de los intereses.

(…)

En efecto, la consulta versa sobre la posibilidad de no aplicar las reglas de subcapitalización, para el caso de los intereses pagados por las empresas prestadoras de servicios públicos que construyen directamente proyectos de infraestructura para la prestación de estos servicios, en aquellos casos que se financien con endeudamiento, hipótesis respecto de la cual este despacho concluye que no está cubierta por el parágrafo 4° del artículo 118 -1 del Estatuto Tributario.

Lo anterior debido a la condición planteada en la norma en comento sobre el tipo de ente a la que aplica la excepción: sociedades, entidades o vehículos de propósito especial, siendo esta última acepción obligatoria en todos los casos, es decir, que en cad a uno de los casos la constitución de estos entes debe tener como propósito la construcción de proyectos de infraestructura para la prestación de servicios públicos . Nótese como en el parágrafo 4° se utiliza la palabra “siempre” para establecer esta condición.

Este requisito no se entiende cumplido en el caso de una empresa prestadora de servicios públicos, pues esta no se constituye con ese propósito, tal como lo señala el artículo 17 de la

utiliza la palabra “siempre” para establecer esta condición.

Este requisito no se entiende cumplido en el caso de una empresa prestadora de servicios públicos, pues esta no se constituye con ese propósito, tal como lo señala el artículo 17 de la Ley 142 de 1994 que respecto de su naturaleza jurídica señala qu e son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley.

(…)

Por lo anterior, las empresas prestadoras de servicios públicos que adelanten proyectos de infraestructura de servicios públicos están sujetas a las reglas de subcapitalización, excluyéndose únicamente los intereses por financiación de proyectos de infraestructuraRadicación: 11001-03-27-000-2022-00056-00 (26894)

Demandante: Andrea Marcela Jiménez Sierra

FALLO

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx siempre y cuando los mismos cumplan la condición de estar a cargo de sociedades, entidades o vehículos que tengan como propósito especial adelantar tales proyectos”.

c. Oficio 034420 del 1 de diciembre de 2015

“…el texto normativo no define la expresión propósito especial, toda vez que está regulando una excepción para lo dispuesto en los párrafos anteriores del artículo 118-1, e indica que no aplica para ciertas entidades, como son las sociedades, entidades o vehículos de propósito

una excepción para lo dispuesto en los párrafos anteriores del artículo 118-1, e indica que no aplica para ciertas entidades, como son las sociedades, entidades o vehículos de propósito especial que tengan a su cargo la financiación en proyectos de infraestructura de servicios públicos.

En consecuencia, es necesario explicar que el documento objeto de inconformidad desarrolla una interpretación jurídica, actividad que se desprende del ejercicio de nuestras funciones consagradas en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008.

En ejercicio de esta función de interpretación y aplicación de las normas tributarias se acude a lo consagrado en los artículos 26 y ss., del Código Civil que consagran como reglas para la interpretación doctrinal las siguientes:

(…)

En el concepto se realizó el análisis del conteni do de la norma, la cual señala con claridad meridiana que debe tratarse de sociedades de propósito especial, entidades que se identifican con aquellas creadas para el desarrollo de un proyecto particular, el cual constituye la materia o asunto fundamental por la cual se creó y a su vez es el objetivo que se pretende conseguir.

Adicionalmente, se denominan como especiales porque se diferencian de las generales por buscar un efecto propio o estar creadas para un fin concreto y esporádico.

Para llegar a este concepto no es necesario que exista una definición legal para darle el alcance a dicho término, pues, las palabras deben entenderse en su sentido literal y obvio, y dicho concepto es el que se utiliza para referirse a este tipo de empresas.

(…)

No existe ley, decreto o jurisprudencia que defina las sociedades de propósito especial, no obstante, los vehículos de propósito especial a los que se refiere la regulación de la

(…)

No existe ley, decreto o jurisprudencia que defina las sociedades de propósito especial, no obstante, los vehículos de propósito especial a los que se refiere la regulación de la Superintendencia Financiera tienen concordancia en sus elementos con la definición referida en el concepto, guardadas distancias de las diferentes materias y el contexto de la definición de vehículos de propósito específico tal como se menciona en la circular para la titularización de créditos.

Lo anterior, toda vez que se refieren a la constitución de u na estructura de negocio para el cumplimiento de un especial objetivo o propósito.

No debe perderse de vista que la Circular Básica Contable define los vehículos de propósito especial para titularización de cartera de créditos; es decir, explica que se t rata de una estructura para un fin especial o propósito que es la garantía, canalización de flujos de caja y derivados como fuente de pago de los títulos emitidos en un proceso de titularización.

En consecuencia, se concluye que los términos invocados y expuestos en el presente documento en relación con el concepto 025661 de 3 de septiembre de 2015, radicado 10020208-818 de septiembre de 2015, están acordes con la realidad económica y las expresiones utilizadas en la norma correspondiente”.

d. Oficio No. 022264 del 19 de agosto de 2016

“…este despacho se aparta del planteamiento hecho por el peticionario y considera que sí es necesario que el propósito especial de una sociedad, entidad o vehículo esté orientado exclusivamente al desarrollo de proyectos de infraestructura para acceder a la deducibilidad plena de los intereses.

La anterior conclusión se basa en la forma como el legislador dispuso la excepción a la regla

exclusivamente al desarrollo de proyectos de infraestructura para acceder a la deducibilidad plena de los intereses.

La anterior conclusión se basa en la forma como el legislador dispuso la excepción a la regla de subcapitalización planteada en el parágrafo 4°, donde se puede evidenciar que la intención fue separar la ejecución de los proyectos de infraestructura de otras actividades, interpretación teleológica que resulta acorde con el método literal anteriormente señalado.

Cuando se analiza el caso de las ESPD, se tiene que su objeto no es exclusivamente elRadicación: 11001-03-27-000-2022-00056-00 (26894)

Demandante: Andrea Marcela Jiménez Sierra

FALLO

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx desarrollo de los proyectos de infraestructura, sino que este ocurre con ocasión de su objeto social”

e. Oficio 1173 del 29 de noviembre de 2016

“… no es aceptable el argumento utilizado por el consultante, que explica que ante la ausencia de definición legal de sociedades de propósito especial y de entidades de propósito especial, solamente existen vehículos de propósito especial porque sí existen disposiciones que refieren al propósito especial y por tanto, únicamente le es atribuible la categoría a dichos sujetos.

(…)

Adicionalmente, carece de asidero jurídico señalar que existen normas que definen los

al propósito especial y por tanto, únicamente le es atribuible la categoría a dichos sujetos.

(…)

Adicionalmente, carece de asidero jurídico señalar que existen normas que definen los vehículos de propósito especial, cuando lo que aporta el consultante es la Circular Externa No. 047 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que no trae en estricto sentido una definición legal para el ámbito tributario sin que se refiere a una enunciación de vehículos de propósito especial para los procesos de titularización de cartera”.

2. Normas violadas y concepto de violación

La demandante invocó como normas violadas los artículos 150, 154 y 338 de la Constitución Política; 37, 28 y 30 del Código Civil; 118 -1 pará grafo 4 .º del Estatuto Tributario, y el numeral 5.º del artículo 1.2.1.18.60 del Decreto 1625 de 2016.

El concepto de la violación se sintetiza así:

Indebida interpretación de la excepción a la regla de subcapit alización contenida en el artículo 118-1 pár. 4.º E.T. Según la demandante, los conceptos y oficios demandados contienen una interpretación restrictiva y equivocada de la norma tributaria, en la medida en que en estos se sostiene que la excepción a la regla de subcapitalización introducida por el parágrafo 4.º del artículo 118 -1 del E.T. no se aplica a las empresas prestadoras de servicios públicos, cuando dicha conclusión no se ajusta a la ley.

Para la demandante, los oficios y conceptos demandados excluyen sin sustento legal la

artículo 118 -1 del E.T. no se aplica a las empresas prestadoras de servicios públicos, cuando dicha conclusión no se ajusta a la ley.

Para la demandante, los oficios y conceptos demandados excluyen sin sustento legal la aplicación de la exención mencionada a las empresas de servicios públicos, por considerar que estas no corresponden a las “sociedades, entidades o vehículos de propósito especial” objeto del beneficio tributario. Para la DIAN, la exen ción no se extiende a la actividad desarrollada por las empresas prestadoras de servicios públicos, cuando esa conclusión no se desprende ni del tenor literal del artículo 118-1 pár. 4.º E.T., ni del propósito que tuvo el legislador con su establecimiento.

La introducción de la regla de subcapitalización buscó evitar erosiones a la base gravable del impuesto de renta, mediante la introducción de un límite a la deducibilidad de intereses pagados, pero también consagró un régimen exceptivo para proyectos de infraestructura relativos a servicios públicos, lo que muestra que el legislador no pretendió desincentivar el desarrollo de este tipo de proyectos por estar enfocados a la satisfacción de necesidades de interés general. Lo anterior adquiere especial relev ancia si se tiene en cuenta que los proyectos de infraestructura de servicios públicos requieren grandes cantidades de recursos para su ejecución, que generalmente incluyen deuda.

Debe tenerse en cuenta que al reglamentarse el artículo 118-1 E.T. mediante el Decreto 3027 de 2013 , se incluyó una definición de lo que debe entenderse por “infraestructura de servicios públicos ”. Dicha definición, prevista en el artículo 5 del Decreto 3027, hace referencia expresa a " bienes organizados de forma permanen te y estable, que sean

de servicios públicos ”. Dicha definición, prevista en el artículo 5 del Decreto 3027, hace referencia expresa a " bienes organizados de forma permanen te y estable, que sean necesarios para la prestación de servicios sometidos, a la regulación del Estado y bajo su control y/o vigilancia, y que propendan por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos ", de lo cual se desprende que hace referencia a las empresas de servicios públicos.Radicación: 11001-03-27-000-2022-00056-00 (26894)

Demandante: Andrea Marcela Jiménez Sierra

FALLO

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

Por otra parte, al examinar la excep ción establecida en la ley, la Corte Constitucional reconoció expresamente que el endeudamiento en el desarrollo de proyectos de infraestructura de servicios públicos resultaba una necesidad para los contribuyentes de ese sector económico, por lo que se justificaba constitucionalmente el trato especial otorgado por el legislador. La Corte no señaló que fuese necesario constituir algún tipo de vehículo o estructura como condición para aplicar la excepción contenida en el parágrafo 4.º mencionado, por lo que no cabe negarla a las empresas prestadoras de servicios públicos.

La excepción a la aplicación de la regla de subcapitalización objeto de análisis e n los

parágrafo 4.º mencionado, por lo que no cabe negarla a las empresas prestadoras de servicios públicos.

La excepción a la aplicación de la regla de subcapitalización objeto de análisis e n los oficios y conceptos demandados no puede interpretarse de forma literal, para llegar a la conclusión de que solo cobija a sociedades, entidades o vehículos de inversión de propósito especial, con exclusión de las empresas de servicios públicos. El art. 118-1 E.T. no dice que el “propósito especial” de la entidad o sociedad beneficiaria sea la infraestructura o la construcción de infraestructura, ni que el “objeto especial” sea también un “objeto único”. Además, el término "sociedades, entidades o vehíc ulos de propósito especial" no está definido en la ley.

Además, l a interpretación presentada por la administración en los oficios y conceptos demandados no atiende al efecto útil de la norma interpretada: excluir a las empresas de servicios públicos de la aplicación del parágrafo 4.º dejaría por fuera a las empresas que son las verdaderas actoras del sector de servicios públicos. Si bien la norma no hace referencia expresa a las prestadoras de servicios públ icos, ello no implica que no les aplique la norma, sino que la ley utilizó un lenguaje amplio, y por ello se refiere de manera general a las “sociedades, vehículos y entidades con un propósito especial”, que incluye a las empresas prestadoras de servicios públicos.

La administración plantea una supuesta interpretación teleológica del artículo 118 -1 E.T. que resulta errada, ya que supone que la intención de la ley fue separar la ejecución de proyectos de infraestructura de la actividad de prestación de ser vicios públicos para

La administración plantea una supuesta interpretación teleológica del artículo 118 -1 E.T. que resulta errada, ya que supone que la intención de la ley fue separar la ejecución de proyectos de infraestructura de la actividad de prestación de ser vicios públicos para efectos del tratamiento fiscal aplicable a la deducción de intereses. Ello desconoce que la propia Corte Constitucional consideró que la excepción a la regla de subcapitalización no tenía propósito elusivo, sino que su objeto era viabi lizar las inversiones en infraestructura en servicios públicos , actividad que está a cargo de las empresas prestadoras.

La DIAN tampoco realizó una interpretación sistemática del parágrafo 4.º d el art. 118-1 E.T., pues no tuvo en cuenta las normas que obligan a las empresas de servicios públicos a mantener la infraestructura de prestación de los servicios públicos, y a proveer su expansión. Ello también muestra que "propósito especial" no es lo mismo que "objeto único" ni "proy ecto particular". "Propósito especial" es aquel regulado de manera particular por normas especiales, lo cual incluye el desarrollo de varios objetos (sean principales o auxiliares). Según la Ley 142 de 1994, las empresas prestadoras pueden desarrollar acti vidades complementarias, y el artículo 28 ejusdem establece que tienen derecho a participar en la construcción, operación y el mantenimiento de las redes de infraestructura que utilizan para operar.

Violación del principio de reserva de ley

Los actos de mandados violan el principio constitucional de reserva de ley, al limitar la aplicación de una de las excepciones previstas para el régimen de subcapitalización sin tener competencia para tal fin. Mediante los conceptos y oficios demandados, la DIAN

Los actos de mandados violan el principio constitucional de reserva de ley, al limitar la aplicación de una de las excepciones previstas para el régimen de subcapitalización sin tener competencia para tal fin. Mediante los conceptos y oficios demandados, la DIAN impone limitaciones no previstas por el legislador a una norma que únicamente puede ser reformada por este.

Además, los actos demandados generan un agravio injustificado al interés general de laRadicación: 11001-03-27-000-2022-00056-00 (26894)

Demandante: Andrea Marcela Jiménez Sierra

FALLO

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx población colombiana, pues desincentivan la inversión de las empr esas de servicios públicos en el desarrollo de proyectos de infraestructura y, en consecuencia, afectan la expansión, el mantenimiento y la interconexión de las redes a su cargo.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que el contenido de los conceptos y oficios demandados se ajusta a lo dispuesto por el legislador en el artículo 118-1 del Estatuto Tributario sobre la excepción a la regla de subcapitalización 2.

Para la demandada, los conceptos y oficios demandados no hacen una interpretación errada o restrictiva, ni vulneran el artículo 118 -1 del Estatuto Tributario , porque los

Para la demandada, los conceptos y oficios demandados no hacen una interpretación errada o restrictiva, ni vulneran el artículo 118 -1 del Estatuto Tributario , porque los beneficiarios de la excepción están calificados por el legislador, pues el parágrafo 5.º de esta norma indica expresamente que la excepción favorece solo a las sociedades, entidades o vehículos de propósito especial que tienen a su cargo proyectos de infraestructura de servicios, sin que la norma contemple la extensión de dicho beneficio a otros sujetos.

Atendiendo a la finalidad del parágrafo 5.º mencionado, solo las sociedades, entidades o vehículos de propósito especial se exceptúan de la aplicación de la regla de subcapitalización debido al alto nivel de endeudamiento que estas requieren para llevar a cabo su objeto . La excepción se dirige a entidades o vehículos de propósito especial, pues es evidente que la intención del legislador fue separar la ejecución de tales proyectos de la actividad de prestación de servicios públicos, para efectos del tratamiento fiscal aplicable a la deducción de intereses. No se desconoce la finalidad de la norma; por el contrario, atendiendo la naturaleza de las actividades llevadas por las sociedades, entidades y vehículos de propósito especial , se reafirma que es solo respecto de estos sujetos que es aplicab le la excepción del parágrafo 5.º del artículo 118 -1 del Estatuto Tributario.

La Corte Constitucional, al examinar esta norma sobre subcapitalización, señaló que esta figura puede llegar a constituirse en una maniobra para reducir la carga fiscal de la sociedad que ejecuta el proyecto. Y en tanto corresponde a un beneficio tributario, debe interpretarse de manera restrictiva, y concluir se que solo cobija a las sociedades,

figura puede llegar a constituirse en una maniobra para reducir la carga fiscal de la sociedad que ejecuta el proyecto. Y en tanto corresponde a un beneficio tributario, debe interpretarse de manera restrictiva, y concluir se que solo cobija a las sociedades, entidades o vehículos de propósito especial, que se encarga n de desarrollar, ejecutar, administrar y operar el proyecto para el que fue ron creadas, y son quienes realizan el pago de intereses por el endeudamiento generado para desarrollar el proyecto de infraestructura.

Para la DIAN, extender la aplicación del parágrafo 4º. a sujetos no comprendidos en ella contradice los principios de legalidad, reserva de ley en materi a tributaria y la intención del legislador de separar la ejecución de proyectos de infraestructura de la misma actividad de prestación de servicios públicos, para efectos del tratamiento fiscal aplicable a la deducción de intereses.

No se trata de desco nocer la naturaleza de estas entidades y la realidad económica y jurídica del sector de los servicios públicos, sino de resaltar que las entidades de servicios públicos no tienen como objeto exclusivo el desarrollo de proyectos de infraestructura, por su objeto principal de prestación de los servicios públicos. Además, la interpretación contenida en los actos demandados es consonante con lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

2 Expediente electrónico en Samai, documento nro. 35.Radicación: 11001-03-27-000-2022-00056-00 (26894)

Demandante: Andrea Marcela Jiménez Sierra

FALLO

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Andrea Marcela Jiménez Sierra

FALLO

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

CONCEPTOS DE ORGANIZACIONES Y EXPERTOS

Para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero (ICDT) , los oficios y conceptos demandados no desconocen el sentido del artículo 118 -1 E.T., por lo que no hay lugar a declarar su nulidad.

En este caso, el debate se centra en el alc ance de la condición subjetiva o el tipo de entidades que pueden ser objeto de la norma interpretada, que los actos demandados precisan que corresponden a “entidades, vehículos o sociedades de propósito especial”, expresión que alude a figuras utilizadas e n el marco de la financiación de proyectos de infraestructura a nivel global.

Conforme lo expuesto por la doctrina española , las entidades de propósito especial son sociedades instrumentales, que permiten separar el riesgo financiero o de insolvencia del ente creador en el desarrollo de un proyecto concreto. Mediante la atribución del desarrollo de un proyecto particular a un ente especial, se busca limitar los riesgos asociados a la financiación del proyecto en cabeza del ente creador, así como asegurar los beneficios que derivan para este de la ejecución del proyecto.

La doctrina peruana también reconoce la existencia de sociedades de propósito especial, establecidas con el objeto exclusivo de desarrollar un proyecto concreto, concentrando

los beneficios que derivan para este de la ejecución del proyecto.

La doctrina peruana también reconoce la existencia de sociedades de propósito especial, establecidas con el objeto exclusivo de desarrollar un proyecto concreto, concentrando en su patrimonio la financiación y el riesgo financiero del proyecto en cuestión. Con ello se protege tanto a las socieda