CE - 110010328000202200036001SENTENCIA20230428101919

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00036-00 Acum Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Jorge Rodrigo Tovar Vélez – Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril del dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad electoral Radicación: 11001-03-28-000-2022-00036-00 (PRINCIPAL) 11001-03-28-000-2022-00078-00 (ACUMULADO) 11001-03-28-000-2022-00080-00 (ACUMULADO) Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Acto electoral de Jorge Rodrigo Tovar Vélez como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12 – período 2022-2026.

Temas: Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz.

Requisitos para ser candidato. Concepto de víctima. Criterio del domicilio. Inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa (art. 179.2 Constitucional). Doble militancia.

FALLO DE ÚNICA INSTANCIA

Requisitos para ser candidato. Concepto de víctima. Criterio del domicilio. Inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa (art. 179.2 Constitucional). Doble militancia.

FALLO DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a dictar fallo de única instancia en el proceso de la referencia.

I. ACTUACIONES PROCESALES

1.1. Demanda presentada en el expediente 2022-00036-001

1. Mediante escrito del 7 de abril del 2022 2, la Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia, actuando a través de abogado, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en el que cuestionó la legalidad del acto de elección del señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12 – período 2022-2026.

1.1.1. Hechos

1 M.P: Rocío Araújo Oñate. 2De conformidad con el Acta Individual de Reparto, obrante en el documento “REPARTOYRADICACIÓN_1100103280002022003.pdf”, obrante en la actuación No. 1 del sistema SAMAI. Con paso al despacho el 08 de abril de 2022.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00036-00 Acum Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Jorge Rodrigo Tovar Vélez – Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12

Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Jorge Rodrigo Tovar Vélez – Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12

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2. Señaló que el 25 de agosto del 202 1, entró en vigor el Acto Legislativo 02, mediante el cual se crearon 16 circunscripciones especiales de paz, con el objeto de permitir que grupos históricamente marginados por la guerra, puedan participar en la conformación del poder político.

3. Indicó que e l 13 de diciembre de la misma anualidad, el señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez inscribió su candidatura a la Circunscripción Especial de Paz No. 12, avalado por la organización “Asociación Paz es Vida”, cuya elección se llevaría a cabo en 13 municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, lugares donde tuvo influencia el señor Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” , quien es el padre del demandado.

4. El 13 de marzo del 2022, se llevó a cabo el certamen democrático de elección de congresistas, entre ellos, quienes ocuparían las denominadas curules de paz , en donde resultó electo.

1.1.2. Concepto de la violación

5. En el escrito inicial se alegó que con la expedición del acto demandado, se incurrió en las causales de nulidad consagradas en el numeral 3º del artículo 137 de la Ley

1.1.2. Concepto de la violación

5. En el escrito inicial se alegó que con la expedición del acto demandado, se incurrió en las causales de nulidad consagradas en el numeral 3º del artículo 137 de la Ley 1437 del 2011 – “[c]uando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, so cial o ecológico”- y en el numeral 5º del artículo 275 del mismo cuerpo normativo - “[s]e elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”.

6. Indicó que permitir la participación del demandado en la contienda democrática y su posterior asiento en la curul de la CITREP No. 12, pone en duda la buena fe de las autoridades en el cumplimiento de lo pactado con la antigua guerrilla de la s FARC, así como la voluntad de reparar a las víctimas.

7. Aseveró que la Corte Constitucional, en la sentencia C-630 de 20173, estableció que con la entrada en vigencia del Acuerdo Final para la Paz -punto 2-, habría una ampliación democrática ante la necesidad de lograr una mayor participación a través de la implementación de medidas urgentes de inclusión a personas que habitan en zonas apartadas o afectadas por el conflicto y el abandono estatal, teniendo como soporte las dificultades específicas de las mujeres que allí habitan.

8. Ilustró que esos parámetros generales de inclusión dejan ver que las medidas específicas que se iban a adoptar estaban estrictamente dirigidas a nuevas voces

soporte las dificultades específicas de las mujeres que allí habitan.

8. Ilustró que esos parámetros generales de inclusión dejan ver que las medidas específicas que se iban a adoptar estaban estrictamente dirigidas a nuevas voces que históricamente hubieren estado excluidas del poder, las que era neces ario incorporar para poder efectivizar la defensa de sus intereses; por lo que, a su juicio, excluye viejos clanes o centros de poder que hubieren logrado influencia política en sus territorios. Así, cuando el Acto Legislativo 02 de 2021 determinó que el Acuerdo

3 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00036-00 Acum Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Jorge Rodrigo Tovar Vélez – Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12

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de Paz debía cumplirse de buena fe y asegurar sus objetivos, espíritu y principios, es a esto a lo que se refería en lo que tiene que ver con la ampliación democrática.

9. Sostuvo que, como corolario de lo anterior, los candidatos deben ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno, lo que reafirma la inclusión de la población afectada por el conflicto, limitando la participación de los grupos políticos, económicos y sociales regentes, para privilegiar a los sujetos en condiciones de vulnerabilidad.

y estén en proceso de retorno, lo que reafirma la inclusión de la población afectada por el conflicto, limitando la participación de los grupos políticos, económicos y sociales regentes, para privilegiar a los sujetos en condiciones de vulnerabilidad.

10. Este asunto encuentra su soporte en la sentencia SU-150 de 20214 de la Corte Constitucional, en donde la Corporación Judicial señaló:

“Tal representación política se explica, por una parte, por la necesidad de adoptar medidas de reparación integral y de no repetición frente a la circunstancia de que las víctimas, con ocasión de la violación masiva de sus derechos, se enfrentan al fenómeno ya identificado de ciudadanía precaria o incompleta, por virtud del cual no les ha sido posible ejercer realmente sus derechos políticos y elegir libremente a sus representantes, dando lugar a un escenario de representación fallida, respecto del cual el Estado debe implementar acciones afirmativas de corrección; y por la otra, porque en el marco de los procesos de justicia transicional, la participación de las víctimas en la definición de las políticas públicas con carácter normativo resulta esencial no solo para legitimar las decisiones que se adopten y que repercutan en sus intereses, sino también para velar por el respeto de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición…”.

11. Finalizó señalando que no desconoce al demandado como persona formalmente inscrita en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas; sin embargo, la elección del señor Tovar Vélez, no garantiza los cometidos de las CITREP, dado que no corrige la ciudadanía precaria de una persona que haya sido de forma histórica marginada por la guerra.

Integral de las Víctimas; sin embargo, la elección del señor Tovar Vélez, no garantiza los cometidos de las CITREP, dado que no corrige la ciudadanía precaria de una persona que haya sido de forma histórica marginada por la guerra.

12. Lo anterior, al considerar que si bien pudo ser víctima de la guerrilla, esta condición no es la que lo hace acreedor de ese derecho, en tanto la norma superior a lo que hace referencia es a otra clase de víctima dentro del modelo de justicia transicional, que es aquella delimitada en la sentencia C-089 de 20225 de la Corte Constitucional, donde queda claro que éstas son las que han vivido al margen del desarrollo y que su condición surge por no estar atadas de man era alguna a personas generadoras del conflicto.

13. Conforme lo señalado, solicitó la suspensión provisional del acto demandado.

1.1.3 Trámite relevante

14. En decisión del 19 de mayo de 2022, la Sala admitió la demanda y denegó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado. El 16 de junio de 2022 se denegó el recurso de reposición contra la decisión cautelar y, mediante proveído del

4 M.P. Alejandro Linares Cantillo. 5 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00036-00 Acum Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Jorge Rodrigo Tovar Vélez – Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12

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18 de julio de 2022 se ordenó remitir el proceso para su eventual acumulación.

1.1.4. Contestaciones

15. El Consejo Nacional Electoral actuando a través de su apoderada judicial6, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, considerando que en el caso concreto no se demostró la ocurrencia de las irregularidades que soportan el dicho del demandante.

16. En primer lugar, narró que la autoridad electoral en sede administrativa decidió solicitud de revocatoria de la inscripción del aquí demandado, en la cual no se alegó en forma precisa la causal de inhabilidad en la que presuntamente estaba incurso el entonces candidato al Congreso de la República.

17. Precisó que, en este orden de ideas, “(…) resultaría desatinado por parte de la Sala decretar la nulidad del acto de elección del señor JORGE RODRIGO TOVAR VÉLEZ, como Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No . 12 periodo constitucional (2022-2026), porque estaríamos frente a una vulneración de los derechos de los electores que decidieron elegir como Representante a la Cámara al señor Tovar Vélez, además, sería un acto de discriminación contra una persona que se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV), por hechos victimizantes sufridos en los años 2006, los

además, sería un acto de discriminación contra una persona que se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV), por hechos victimizantes sufridos en los años 2006, los dos como resultado de desplazamiento forzado ocurrido en el municipio de Valledupar, Cesar”.

18. Concluyó su argumento señalando que en la rev ocatoria de la inscripción del demandado no se logró demostrar la existencia de una condición de inelegibilidad respecto del señor Tovar Vélez, situación que no advierte se haya modificado en sede jurisdiccional, razón por la cual, solicitó negar las pretensiones de la demanda.

19. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 7 contestó la demanda, para lo cual, refirió a sus funciones y competencias, tanto a nivel legal como constitucional.

20. Aterrizó las mismas al caso concreto, señ aló que en el artículo 6º del Decreto 1207 del 5 de octubre del 20218, se estableció que la referida dependencia tiene la competencia para expedir el certificado para la inscripción de candidatos a las circunscripciones especiales de paz.

21. Relató que el 16 de noviembre del 2021, el demandado radicó solicitud para la expedición del documento antes referido, la cual fue atendida el 17 siguiente bajo el número de radicado ORFEO 202151036144931.

6 Señora Yaneth Linares Vega, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.668.496 y portadora de la tarjeta profesiona l 244.257 del Consejo Superior de la Judicatura.

6 Señora Yaneth Linares Vega, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.668.496 y portadora de la tarjeta profesiona l 244.257 del Consejo Superior de la Judicatura. 7 Actuando a través de la señora Vanessa Lema Almario, quien actúa en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.412.237 y portadora de la tarjeta prof esional 218.581 del Consejo Superior de la Judicatura. 8 Por el cual se adoptan disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022 -2026 y 2026 -2030, en desarrollo del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021Radicación: 11001-03-28-000-2022-00036-00 Acum Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Jorge Rodrigo Tovar Vélez – Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12

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22. Adicionalmente, narró que con ocasión de lo dispuesto por la Resolución 10592 del 2021 9, dictada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, adoptó la Resolución 02817 del 15 de octubre del 2021, por medio de la cual se determinó el procedimiento para la verificación del listado de personas que pertenecen a las organizaciones de víctimas que postulan los candidatos a las CITREP.

Resolución 02817 del 15 de octubre del 2021, por medio de la cual se determinó el procedimiento para la verificación del listado de personas que pertenecen a las organizaciones de víctimas que postulan los candidatos a las CITREP.

23. Concluyó que los anteriores son “los antecedentes que reposan en la Unidad para las Victimas, aclarando que por la competencia que se atribuye a mi representada, no se cuenta con información diferente a la aportada y relacionada con el proceso electoral que aquí se demanda, razón por la cual la entidad no tiene injerencia sobre el trámite electoral en cuestión.”10

24. La Registraduría Nacional del Estado Civil, en su intervención11, se limitó a proponer la falta de legitimación en la causa por pasiva. Como fundamento de lo anterior, alegó que en consideración a que la parte actora pretende la nulidad del acto que declaró la elección de un representante a la Cámara, dentro de las funciones constitucionales y legales de la entidad no se observa alguna en relación con la verificación de los requisitos y condiciones para aspirar a dicho cargo, así como tampoco efectúa los escrutinios correspondientes ni dicta la decisión tras la realización de estos12.

25. El demandado, actuando a través de su apoderado judicial 13, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En primer lugar, se pronunció respecto de los hechos que soportan el escrito inicial y propuso la excepción de “INEPTA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS PROBATORIOS FORMALES”14, por cuanto la parte actora no arrimó la prueba conducente y pertinente para demostrar el parentesco con el señor Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, la cual debió de

cuanto la parte actora no arrimó la prueba conducente y pertinente para demostrar el parentesco con el señor Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, la cual debió de anexarse al momento de la presentación le medio de control, a las luces del artículo 256 del Código General del Proceso.

26. Seguidamente, señaló las razones por las cuales no se configura la situación de “inhabilidad” alegada por la fundación accionante. Precisó que las conclusiones que expone el memorialista implican la creación de requisitos legales y constitucionales que no existen, alegando que se pretende imputar al elegido circunstancias que no responden a su voluntad, desconociendo su condición de víctima con la intención de hacer más gravoso su derecho a participar en la conformación del poder público.

27. Concluyó su defensa señalando que “[s]obre el hecho de ser hijo de, insistiremos que

9 Por la cual se adoptan medidas especiales para la actualización y vigilancia del censo electoral, la inscripción de candidatos y se establece el procedimiento para la organización y dirección de la ele cción de los representantes adicionales a la Cámara por las dieciséis (16) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en los períodos 20222026y 2026-2030 10 En providencia del 6 de febrero del 2023, el despacho conductor negó esta excepción y mantuvo la vinculación de la UARIV al presente trámite judicial. 11 Actuando a través del profesional del derecho James Alexander Lara Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.721.362, portador de la tarjeta profesional 238.767 del Consejo Superior de la Judicatura.

UARIV al presente trámite judicial. 11 Actuando a través del profesional del derecho James Alexander Lara Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.721.362, portador de la tarjeta profesional 238.767 del Consejo Superior de la Judicatura. 12 En providencia del 6 de febrero del 2023, se declaró probada esta excepción y se ordenó la desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de esta actuación. 13 Señor Hollman Ibáñez Parra, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.622.303, portador de la tarjeta profesional No. 126.521. 14 En providencia del 6 de febrero del 2023 fue negada.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00036-00 Acum Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Jorge Rodrigo Tovar Vélez – Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12

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el demandante no cumplió con la carga procesal de acreditar idóneamente el parentesco alegado y sobre el ahondare mos en el discurrir de este trámite procesal. Sobre el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad de JORGE RODRIGO TOVAR VELEZ bastaría con que se acudiera a la simple lectura del acto legislativo 02 de 2021 para decir que éste en efecto cumple con los requisitos generales para ser congresista y con los especiales del artículo transitorio 5º Ibidem, pues mi cliente no solamente nació en el territorio de la

éste en efecto cumple con los requisitos generales para ser congresista y con los especiales del artículo transitorio 5º Ibidem, pues mi cliente no solamente nació en el territorio de la Citrep # 12, ha habitado en la misma durante los últimos 3 años antes de la elección, sino que es víctima reconocida y registrada conforme lo establece el parágrafo 1 de la norma en comento”.

1.1.5. Intervención de terceros

28. Los ciudadanos Jhon Sebastián Navarro Mosquera y Santiago Builes Acevedo radicaron escrito en el que solicitaron ser reconocidos como coadyuvantes de la parte actora. Presentaron como argumentos los siguientes:

29. Si bien el elegido se encuentra certificado como víctima ante la UARIV, al momento de su inscripción no acreditó que hubiere sufrido una afectación o vulneración de las n ormas consagradas en el derecho internacional humanitario

(DIH), como lo establece el parágrafo 1º del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 02 del 2021.

30. El señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, “no es una representación genuina a los individuos, comunidades y territorios que padecieron el conflicto armado, pues al ser hijo de un reconocido victimario que operaba en las zonas territoriales en las que se encuentra la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) No. 12, su postulación resulta una afrenta a las víctimas y una revictimización de ellas”.

31. Durante el proceso democrático, se presentó coacción o violencia 15 sobre los electores ubicados en el territorio de la circunscripción de la CITREP No. 12.

afrenta a las víctimas y una revictimización de ellas”.

31. Durante el proceso democrático, se presentó coacción o violencia 15 sobre los electores ubicados en el territorio de la circunscripción de la CITREP No. 12.

32. Resaltaron que con la curul asignada al elegido, no se cumple con la finalidad del Acto Legislativo 02 del 2021, en la medida en que se trata de una persona que se benefició económica y políticamente del conflicto armado, aspecto que resulta contrario a los fines de las CITREP.

33. Rocío del Pila r Peña Huertas, Angie Julieth Ramírez Montes, Laura Valencia Herrera, Laura Paola Navia Rey, Lina María Ortega Van Arcken, Bryan Triana Alcinez, Milton Alberto Valencia Herrera, Ana Valentina Nieto Cruz, Carolina Crosby Jiménez, José David Ruiz Bareño y Santiago Rayo Vanegas16, coadyuvaron la pretensión de nulidad, con base en los siguientes

argumentos:

15 Respecto de este cargo presentado por los terceros, en providencia del 6 de febrero del 2023, se señaló que el mismo no podía ser considerado como parte del litigio a resolver, en la medida en que (i) excede la facultad de los terceros coadyuvantes y (ii) fue presentado por fuera del plazo de caducidad para demandar el acto de elección. 16 Los mencionados, alegaron intervenir como in tegrantes de la Clínica Jurídica de propiedad agraria, restitución de tierras y víctimas del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario. Sin embargo, no se aportó documento que demuestre tal

16 Los mencionados, alegaron intervenir como in tegrantes de la Clínica Jurídica de propiedad agraria, restitución de tierras y víctimas del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario. Sin embargo, no se aportó documento que demuestre tal circunstancia. Por ello, la Sala entiende que su intervención se presenta en calidad de ciudadanos, personas naturales.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00036-00 Acum Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Jorge Rodrigo Tovar Vélez – Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12

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34. El señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez no tiene la condición de víctima en los términos del parágrafo 1º del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 02 de 2021, en la medida en que no se tiene demostrado que el desplazamiento forzado haya ocurrido con ocasión del conflicto armado colombiano y como consecuencia de una infracción a las normas del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos.

35. El elegido no cumplía con el requisito del domicilio, toda vez que “1) Como se vio anteriormente Jorge Tovar no fue desplazado del territorio y 2) El candidato electo no habita en ninguno de los municipios objeto de estas candidaturas, l o anterior debido a que se encuentra domiciliado en Valledupar y ahí es el lugar donde él y su familia han construido toda su capital social y económico.”

en ninguno de los municipios objeto de estas candidaturas, l o anterior debido a que se encuentra domiciliado en Valledupar y ahí es el lugar donde él y su familia han construido toda su capital social y económico.”

36. Con su elección se incumple con la finalidad del Acuerdo de Paz, toda vez que no se trata de una per sona que hubiere estado excluida de los espacios de representación democrática, en la medida en que ha tenido la oportunidad de ocupar cargos públicos, e incluso, su vida se ha desarrollado en las cabeceras municipales y el distrito capital.

37. Adicionalmente, s e presenta una revictimización respecto de las personas afectadas por el accionar del reconocido paramilitar “Jorge 40”, toda vez que la elección de su hijo en los espacios de representación democrática creados para las víctimas, tiene una carga simból ica que afecta dicha medida de reparación y satisfacción creada a su favor.

38. Finalmente, manifestaron que el señor Tovar Vélez estaba incurso en la causal de inhabilidad, consagrada en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución, toda vez que ostentó la condición de asesor del despacho del Ministerio del Interior, posición que ocupó 25 de octubre del 2021.

1.2. Demanda presentada en el expediente 2022-00078-0017

39. Los señores Jomary Ortegón Osorio y Juan David Romero Preciado, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otros18, interpusieron el 4 de mayo de 202219, medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en el que cuestionaron la legalidad del acto mencionado.

1.2.1 Hechos

mayo de 202219, medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en el que cuestionaron la legalidad del acto mencionado.

1.2.1 Hechos

40. Lo expuesto en este acápite es similar al medio de control detallado en el

17 M.P: Rocío Araújo Oñate. 18 Daimer Elías Dangond De La Cruz, Dairo Bayona Ramírez, Diana López Zuleta, Marisol Orozco Cortés, Elvia Cristina Jiménez García, Juan Ariel Hinojosa González, Lu is Fernando Lara Vásquez, Luis Andrés Gutiérrez Verdecia, Sulmeris Mendoza Mendoza, Ángel Alberto Campo Gómez, Hugo Alirio Acosta Urbano, Luz Deide Yaruro Alvernia, Yaniris Barraza Guzmán, Nuris Laudith Medrano Brito, Melba Rocío Mieles Ramírez, Patricia E lena Obregón Moran, William Alfonso Ruiz Miranda, Yenifer Esther Domínguez Orozco y Ángel Santiago Nieto Miranda 19 De conformidad con la actuación 2_DemandaWeb_Demandadenulidad( .pdf) NroActua 3 del sistema SAMAI, repartido al despacho el 06 de mayo de 202 2, ALDESPACHOPORREPARTO_202200078 00CAMARA(.docx) NroActua 5 del sistema SAMAI.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00036-00 Acum Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Jorge Rodrigo Tovar Vélez – Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12

Demandante: Fundación para la Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia y otros Demandado: Jorge Rodrigo Tovar Vélez – Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz No. 12

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expediente 2022-00036-00.

1.2.2. Concepto de la violación

41. Señalaron que la misma se sustenta en las causales de nulidad, consagradas en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual reseñaron:

42. Cargo primero: falta de requisitos -artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011 -.

Ilustraron que, para esta elección de las CITREP, son requisitos para ser candidatos los siguientes:

1. Ser ciudadano en ejercicio. (Art. Trans. 3 Pár. 3)

2. Haber nacido o habitado el territorio de la circunscripción los tres (3) años antes de la elección. (Art. Trans. 5 núm. 1)

3. Ser desplazado en proceso de retorno al territorio y habitado tres (3) años el territorio. (Art. Trans. 5 núm. 2)

4. Tener domicilio en el territorio de la circunscripción. (Art. Trans. Pár. 3)

5. Ser inscrito por organizaciones sociales, de víctimas, campesinas o de mujeres con trabajo en el territorio, así como por comunidades étnicas habitantes del mismo. (Art.

Trans. 3 Inc. 2 y 3)

5. Ser inscrito por organizaciones sociales, de víctimas, campesinas o de mujeres con trabajo en el territorio, así como por comunidades étnicas habitantes del mismo. (Art.

Trans. 3 Inc. 2 y 3)

43. Manifestaron que, en este caso, el señor Tovar Vélez carece de sanciones penales o disciplinarias que hayan limitado sus derechos políticos, gozando de ciudadanía plena. Indicó que, igualmente se encuentra incluido en el RUV de la UARIV, al punto que el p ropio Consejo Nacional Electoral validó este requisito a través de las Resoluciones 1277 y 1655 de 2022.

44. Sobre el quinto requisito, se reconoce que fue respaldado por la Asociación Paz es Vida, PA-VIDA, organización sin ánimo de lucro, debidamente constituida como persona jurídica ante la cámara de comercio local.

45. No obstante, los demandantes consideraron el incumplimiento de los requisitos habilitantes que se ciernen sobre los puntos 2, 3 y 4, relativos a la vinculación con el territorio de la circunscripción, ya sea por nacimiento o habitación permanente en el mismo. El candidato Jorge Rodrigo Tovar Vélez, quien declara haber sido víctima de desplazamiento forzado en dos ocasiones, como lo certificó la UARIV, tiene todo su arraigo social y cultural en el centro urbano de Valledupar, donde su familia ha construido su capital económico y social por décadas, lo que permite inferir que dicha exigencia normativa no fue atendida al momento de su inscripción como candidato.

46. Segundo cargo: doble militancia -artículo 275.8 de la Ley 1437 de 2011En

exigencia normativa no fue atendida al momento de su inscripción como candidato.

46. Segundo cargo: doble militancia