CE - 110010328000202200273001SENTENCIADECLARANU20230928174339

Demandante: Richard Humberto Fuelantala

Demandado: Polivio Leandro Rosales Cadena senador de la República 2022-2026

Rad: 11001-03-28-000-2022-00273-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2022-00273-00

Demandante: RICHARD HUMBERTO FUELANTALA DELGADO Demandado: POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA – senador de la República para el periodo 2022-2026

Temas: Cosa juzgada, parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018.

Inhabilidad d el artículo 179.3 de la Constitución Política – celebración de contratos con entidades públicas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la demanda de nulidad electoral presentada contra la Resolución E-3332 de 19 de julio de 2022 y el fo rmato E26 SEN, en lo que tiene que ver con la elección de Polivio Leandro Rosales Cadena como senador de la República para el periodo constitucional 2022-2026.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1

que ver con la elección de Polivio Leandro Rosales Cadena como senador de la República para el periodo constitucional 2022-2026.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1

1. Richard Humberto Fue lantala Delgado, por conducto de apoderado 2, pre sentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones.

3.1 Que se declare la nulidad parcial de parcial de la Resolución Nº E – 3332 de 2022 del 19 de julio de 2022 a través del cual se declaró elegido al señor POLIVIO LEANDRO ROSALES, avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas

(AICO).

3.2. Que una vez declarada la nulidad de la elección del señor POLIVIO LEANDRO ROSALES como senador de la República por la circunscrip ción especial indígena avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas (AICO) se ordene la cancelación de la credencial del senador del ciudadano POLIVIO LEANDRO ROSALES. [sic a toda la cita].

1 Índice SAMAI 3. 2 En el expediente obra poder conferid o por el demandante al abogado Hollman Ibáñez Parra, identificado con cédula de ciudadanía 79.622.303 y tarjeta profesional 126.521, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.Demandante: Richard Humberto Fuelantala

Demandado: Polivio Leandro Rosales Cadena senador de la República 2022-2026

Rad: 11001-03-28-000-2022-00273-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.1. Fundamentos fácticos

2. La parte accionante afirmó que, en cal idad de representante legal de la entidad sin ánimo de lucro 3 “Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama”, el accionado suscribió el 13 de septiembre de 2021 los contratos interadministrativos 2021000755 y 2021000759 con el Instituto Departamenta l de Salud de Nariño

(Subdirección de Salud Pública), cuyo plazo de ejecución fue hasta el 31 de diciembre de 2021, para ambos.

3. Así mismo, indicó que el demandado, dentro de los seis meses previos a su elección como senador «formó parte de la mesa regiona l indígena “Pastos y Quillacingas” con voz y voto» y que en ejercicio «de esa vocería contaba con la facultad de concertar y gestionar recursos públicos en beneficio de terceros conforme lo establecen los Decretos 1397 de 1996 y 2194 de 2013».

4. Además ad ujo que, en virtud de la representación descrita anteriormente, «gestionó y suscribió convenios con la Agencia de Desarrollo Rural […] para adelantar proyectos de piscicultura y mujeres entre otros».

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

5. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante alegó la configuración de

adelantar proyectos de piscicultura y mujeres entre otros».

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

5. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante alegó la configuración de la causal de nulidad del artículo 275, ordinal 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), por cuanto consideró que el accionado incurrió en la inhabilidad señalada en el artículo 179, ordinal 3, de la Constitución Política, en concordancia con el ordinal 3 del artículo 280 de la Ley 5 de 1992.

6. Sostuvo que el demandado, en virtud de su condición de representante legal, al celebrar los contratos citados y gestionar proyectos ante la Agencia de Desarrollo Rural dentro del periodo inhabilitante, esto es, los seis meses anteriores a la elección4, violó el régimen de inhabilidades de los congresistas.

2. Trámite

7. Mediante auto del 22 d e septiembre de 2022 5 , la demanda fue admitida y se ordenaron las respectivas notificaciones.

3 En adelante ESAL. 4 Llevadas a cabo el 13 de marzo de 2022. 5 Índice SAMAI 23. En la providencia se resolvió desfavorablemente la solicitud de medida cautelar presentada por la parte accionante. Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición por parte del accionante, el cual fue resuelto en providencia del 18 de mayo de 2023 confirmando la negativa al decreto de la suspensión provisional solicitada (índice SAMAI 90), decisión que fue apoyada por los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil y Luis Alberto Álvarez Parra y el conjuez Álvaro Andrés

al decreto de la suspensión provisional solicitada (índice SAMAI 90), decisión que fue apoyada por los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil y Luis Alberto Álvarez Parra y el conjuez Álvaro Andrés Motta Navas; salvaron el voto los magistrados Rocío Araújo Oñate y Carlos Enrique Moreno Rubio.Demandante: Richard Humberto Fuelantala

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3. Contestación de la demanda

8. En la oportunidad correspondiente 6 y por conducto de apoderado judicial 7, el accionado contestó la demanda y se opuso a las prete nsiones formuladas, por cuanto señaló que no se acompañó a esta ninguna prueba que diera fe de la suscripción de los convenios interadministrativos a los que refiere la parte demandante, toda vez que «[l]os pantallazos, enlaces digitales y las actuaciones electrónicas no reúnen los atributos de integridad, pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, como lo prescribe el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012», así como tampoco cumplen las exigencias contempladas en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 para la prueba de su existencia y suscripción.

9. También afirmó que los pantallazos, actuaciones y enlaces provenientes del SECOP II, que fueron presentados por la parte demandante, no se encuentran contemplados dentro de los medios de prueba señalados en el artículo 125 del

9. También afirmó que los pantallazos, actuaciones y enlaces provenientes del SECOP II, que fueron presentados por la parte demandante, no se encuentran contemplados dentro de los medios de prueba señalados en el artículo 125 del Código General del Proceso (en adelante CGP) , por lo que «a lo sumo son indicios, que como tal, deben valorarse en el desarrollo del proceso».

10. Igualmente, sostuvo que la fecha de suscripción de los convenios en mención se materializó un día antes del inicio del término inhabilitante, con fundamento en «la interpretación más favorable, bajo el principio pro persona» de la inhabilidad contemplada en el artículo 179.3 superior. Por tanto, adujo que el criterio que ha sentado la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre el elemento temporal de la inhabilidad allí contemplada debe someterse a «un control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas e interpretaciones aplicables a este punto de derecho».

11. Por otra parte adujo que , si bien el accionado «participó en la Mesa Regional Indígena de Pastos y Quillacingas, y en esa dignidad gestionó proyectos y recursos para las comunidades indígenas pertenecientes a estos Pueblos (…) NO ES CIERTO QUE CONCERTÓ Y GESTIONÓ RECURSOS PÚBLICO S EN BENEFICIO DE TERCEROS» toda vez que «las colectividades indígenas y sus autoridades tradicionales, como los Cabildos Indígenas, NO SON TERCEROS, al contrario, son “sujetos colectivos de derechos” y “entidades públicas especiales”, respectivamente, seg ún lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional y convencional».

12. En similar sentido, indicó que la celebración de convenios y las gestiones

contrario, son “sujetos colectivos de derechos” y “entidades públicas especiales”, respectivamente, seg ún lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional y convencional».

12. En similar sentido, indicó que la celebración de convenios y las gestiones negociales indicadas en la demanda no reúnen el elemento subjetivo señalado por la jurisprudencia de la corpor ación para la configuración de la inhabilidad en

6 La oportunidad para contestar la demanda venció el 8 de febrero de 2023, en atención a la interrupción procesal decretada en auto del 22 de noviembre de 2022 y levantada en providencia del 19 de diciembre de 2022 (índice SAMAI 62). 7 Escrito presentado el 8 de febrero de 2023. Índices SAMAI 63 y 64. Obra poder conferido a la abogada Yehimy Juliana Santos Ortiz, identificada con cédula de ciudadanía 1.069.745.180 y tarjeta profesional 309.780 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.Demandante: Richard Humberto Fuelantala

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mención (interés propio o de terceros), pues las actuaciones del «[s]enador se orientaron a satisfacer intereses públicos especiales, como los de los Cabildos Indígenas y en general de las colectividades indígenas Pastos y Quillacingas».

mención (interés propio o de terceros), pues las actuaciones del «[s]enador se orientaron a satisfacer intereses públicos especiales, como los de los Cabildos Indígenas y en general de las colectividades indígenas Pastos y Quillacingas».

13. Señaló que, en todo caso, «los contratos no se ejecutaron, tal y como puede constatarse en los medios de prueba aportados y solicitados» y que «[t]ampoco existe evidencia de haber obtenido beneficios extrapatrimoniales, como pueden ser, por ejemplo, que el contrato se hubiera utilizado como retórica de campaña para persuadir y convencer a un potencial electorado, o haya incidido en los resultados electorales, desfigurando de esa manera los procesos democráticos».

Igualmente, adujo que el accionado «no es socio de la ESAL AICO POR LA PACHA MAMA, [pues] los socios son los Cabildos indígenas», cuyas actividades «están en función de buscar el bienestar de las comunidades indígenas del Sur de Colombia, hecho que excluye intereses personales».

14. También aseguró que el objeto de los convenios a los que refiere el demandante era la prestación de «servicios al Instituto Departamental de Salud de Nariño, para establecer y fortalecer el “modelo de salud propia e intercultural en el marco d e la Guía Metodológica para la construcción de contenidos de componentes e implementación del SISPI”, en el Pueblo Indígena de los Pastos y Quillacingas», por lo que, en su criterio, se hace patente que el desarrollo de las actividades del contrato se real izaría «en función de la salud intercultural de los pueblos indígenas, derecho que hace parte de los llamados derechos colectivos

Quillacingas», por lo que, en su criterio, se hace patente que el desarrollo de las actividades del contrato se real izaría «en función de la salud intercultural de los pueblos indígenas, derecho que hace parte de los llamados derechos colectivos fundamentales, del que son titulares las colectividades indígenas».

15. Aseveró igualmente que «para el momento de la supuesta su scripción del contrato (13 de septiembre de 2021), el Taita Polivio no tenía la intención de obtener ventaja alguna e incidir en los resultados electorales, pues para ese momento no era candidato y no era previsible su candidatura», dado que la misma fue decidida por AICO en la asamblea celebrada por las autoridades tradicionales indígenas que integran dicha organización el 2 de diciembre de 2021.

16. Indicó también que había solicitado concepto al Departamento Administrativo de la Función Pública para que se le informara sobre si debía renunciar a la representación de la referida ESAL, para no incurrir en inhabilidad en su condición de candidato al Senado de la República, frente a lo cual se le manifestó que no debía «renunciar a dicha representación para pode r aspirar al Congreso de la República, toda vez que no se constituye como servidor público».

17. Por otra parte, señaló que el actuar del demandado se habría producido en cumplimiento de varios deberes normativos especiales, en ese sentido no puede ser objeto de ninguna consecuencia adversa que le prive del ejercicio de sus derechos políticos.

18. Adicionalmente, sostuvo la necesidad de realizar un control de convencionalidad en el marco del estudio de las pretensiones, toda vez que «laDemandante: Richard Humberto Fuelantala

Demandado: Polivio Leandro Rosales Cadena

derechos políticos.

18. Adicionalmente, sostuvo la necesidad de realizar un control de convencionalidad en el marco del estudio de las pretensiones, toda vez que «laDemandante: Richard Humberto Fuelantala

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Corte Interamericana de De rechos Humanos, en el caso Petro Urrego Vs Colombia, señaló que la Convención reconoce derechos “que tienen una dimensión individual y colectiva, pues protegen tanto a aquellas personas que participen como candidatos como a sus electores”» y en el caso bajo examen tales electores «son, en su mayoría, sujetos de especial protección constitucional: sujetos cualificados indígenas, los cuales con una amplia diferencia decidieron elegir al Taita Polivio como su representante en el Congreso de la República».

19. Finalmente, adujo que la decisión a adoptar debe incorporar el enfoque étnico, dado que el «Movimiento de Autoridades Indígenas (AICO) […] está conformado por las autoridades indígenas tradicionales, y […] una de sus funciones (artículo 14, literal d) [es] la de elegir en Asamblea Nacional a los candidatos al Senado de la República. En cumplimiento de tal función, en asamblea del 02 de diciembre de 2021 eligieron a Taita Polivio Leandro Rosales Cadena como candidato al Senado de la República para el periodo le gislativo 2022-2026. Así, su candidatura viene

2021 eligieron a Taita Polivio Leandro Rosales Cadena como candidato al Senado de la República para el periodo le gislativo 2022-2026. Así, su candidatura viene dada como un mandato de las comunidades indígenas y de sus autoridades».

4. Auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada

20. Mediante auto del 15 de junio de 2023 8 el despacho sustanciador, entre otras decisiones, sometió el proceso al trámite de sentencia anticipada previsto en el artículo 182A del CPACA, se pronunció sobre las pruebas aportadas y decretadas por las partes y fijó el litigio a resolver en el presente caso.

5. Alegatos de conclusión

21. Mediante escrito del 15 de agosto de 2023 9, la parte demandada alegó de conclusión10 reiterando en buena parte los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y adicionando, además, las siguientes

consideraciones:

• En los expedientes contractuales alleg ados al proceso « NO se encuentran los contratos interadministrativos con las solemnidades y formalidades exigidas en la Ley 80 de 1993», pues, conforme con la jurisprudencia de

8 Índice SAMAI 103. La providencia fue objeto del recurso de reposición por parte del extremo accionado en el proceso. Mediante auto del 13 de julio de 2023 (índice SAMAI 123) se decidió no reponer la decisión de someter el proceso al trámite de sentencia anticipada. 9 Índice SAMAI 140. 10 En la misma fecha, la apoderada solicitó la interrupción del proceso (índices SAMAI 138 y 139)

reponer la decisión de someter el proceso al trámite de sentencia anticipada. 9 Índice SAMAI 140. 10 En la misma fecha, la apoderada solicitó la interrupción del proceso (índices SAMAI 138 y 139) con fundamento en lo establecido en el artículo 159.2 del CGP. Mediante auto del 28 de agosto de 2023 (índice SAMAI 144) se decretó la interrupción procesal solicitada por el término de 15 días, contados a partir del 14 de agosto de 2023, fecha en la que se presentó el evento constitutivo de la causal invocada, y se dispuso tener por válidamente presentados los escritos presentados con posterioridad a dicha fecha, en cumplimiento del principio de celeridad procesal. En providencia del 8 de septiembre de 2023 (índice SAMAI 151) se prorrogó la referida interrupción por un término adicional de 15 días y se ordenó notificar la providencia al accionado y su apoderada, con el objeto de que adoptaran medidas tendientes a evitar la paralización del proceso.Demandante: Richard Humberto Fuelantala

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esta corporación11, «si los contratos interadministrativos no constan “en un documento escrito, o a este le hace falta la firma de alguna o todas las partes contratantes, es conclusión obligada que él no se ha perfeccionado, es decir no existe como tal en el mundo del derecho”».

• Los documentos provenientes de la plataforma SECOP II n o constituyen

documento escrito, o a este le hace falta la firma de alguna o todas las partes contratantes, es conclusión obligada que él no se ha perfeccionado, es decir no existe como tal en el mundo del derecho”».

• Los documentos provenientes de la plataforma SECOP II n o constituyen prueba de la existencia de los contratos indicados por la parte demandante, pues « carecen de este requisito fundamental: la certificación de su existencia y de la respectiva suscripción, tal como lo ordena el literal d, artículo 2, de la Ley 527 de 1999. La certificación debería haberse expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente». Además, «debido a las limitaciones de esta herramienta tecnológica, la cual depende operativamente de la Entidad que la administra, presenta errores de información, falta de disponibilidad de documentos y vacíos normativos para su funcionamiento, lo que no la hace enteramente confiable para efectos probatorios».

• Aun cuando la Circular Externa de Colombia Compra Eficiente inte nta suplir las deficiencias relativas a la firma de los contratos tramitados mediante la plataforma mencionada, indicando que « los contratos suscritos a través del SECOP II se entienden firmados cuando se da la aceptación del mismo por parte del contratista», lo cierto es que dicho instrumento «no tiene la fuerza normativa suficiente para crear un requisito de existencia del contrato, mucho menos para derogar una disposición del Estatuto General de la Contratación Pública, la cual prescribe que el contrato debe constar por escrito y estar debidamente firmado».

• Adujo que la información aportada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente al proceso presenta inconsistencia,

Contratación Pública, la cual prescribe que el contrato debe constar por escrito y estar debidamente firmado».

• Adujo que la información aportada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente al proceso presenta inconsistencia, pues en aquella relativa al contrato 2021000759 se ind icó que fue otra persona y no el accionado quien lo aprobó; y en el enlace que dirige al contrato 2021000755, no existe un vínculo que permita descargar dicho instrumento.

• En las actas y demás documentos remitidos por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, no se aprecia ningún documento que dé cuenta de que el senador Rosales Cadena hubiese efectuado actuación alguna tendiente a la gestión de negocios o contratos señalados en la demanda, habida cuenta de que en las actas aportadas a l proceso se evidencia que el accionado no participó de las reuniones que constan en ellas.

11 Se hace referencia a la siguiente providencia Consejo de Estado. Sala de lo Conten cioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 2 de julio de 2021. Rad. 41001-2331000-2001-01484-01. M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.Demandante: Richard Humberto Fuelantala

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - No todo contrato suscrito con una entidad estatal tiene la potencialidad de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - No todo contrato suscrito con una entidad estatal tiene la potencialidad de configurar la inhabilidad alegada, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha advertido que «hay escenarios en que el Estado ofrece servicios comunes a todos los ciudadanos, entre ellos, (…) los contratos de salud, como la EPS estatal 12». De tal modo, «los contratos de salud, en el ámbito de la prestación, son una excepción a la regla, e n el sentido de que no generan inhabilidades. Teniendo en cuenta el alcance y el propósito de esta regla jurisprudencial, la implementación y consolidación del Modelo de Salud Propia e Intercultural es una política pública, un servicio, una obligación y una responsabilidad del Estado, común y general a los pueblos y comunidades indígenas de Colombia (Decretos: 1973 de 2013, 2194 de 2013 y 1953 de 2014)».

• No existió interés propio o de terceros en la suscripción de los contratos en mención, pues con ellos s e buscaba « satisfacer intereses públicos y colectivos de “entidades públicas de carácter especial” (Cabildos indígenas), las cuales no pueden calificarse como terceros». Al respecto, indicó que «AICO POR LA PACHA MAMA es una asociación de Cabildos Indígenas, por tanto “UNA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO DE CARÁCTER ESPECIAL”», en los términos del Decreto 1088 de 1993.

22. La parte accionante, en escrito presentado el 16 de agosto de 2023 13, alegó

CARÁCTER ESPECIAL”», en los términos del Decreto 1088 de 1993.

22. La parte accionante, en escrito presentado el 16 de agosto de 2023 13, alegó de conclusión reiterando en su integridad los argumentos expuestos e n la demanda.

23. Los ciudadanos Libardo Francisco Acosta y Mauricio Iván Quenguan, terceros impugnadores reconocidos en el proceso 14, presentaron escrito de alegatos de conclusión en el que solicitaron denegar las pretensiones de la demanda . Hicieron énfasis en que en el presente caso no era posible tener por configurado el elemento de interés propio o de terceros en la celebración de contratos, en atención a que AICO por la Pacha Mama es una entidad de derecho público de carácter especial, conforme lo dispues to en el Decreto 1088 de 1993. Así mismo, adujeron que los cabildos indígenas comparten tal condición.

24. En escrito separado, solicitaron que el proceso fuese fallado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, petición para la que se consideran leg itimados en atención a su reconocimiento como terceros en el proceso y al impacto que puede tener la decisión sobre sus autoridades y comunidades indígenas.

25. Para el efecto, indicaron que se configura el criterio de importancia jurídica contenido en el art ículo 271 del CPACA, en atención a que existe disparidad de criterios jurisprudenciales en relación con el alcance de la garantía de non bis in

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de octubre de

2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. M.P. Alberto Montaña Plata.

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de octubre de

2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. M.P. Alberto Montaña Plata. 13 Índice SAMAI 141.

14 Índice SAMAI 154.Demandante: Richard Humberto Fuelantala

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Rad: 11001-03-28-000-2022-00273-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co idem conforme al parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, afirmación que sustenta en la decisión emitida por la Sala Decimosegunda Especial de Decisión de Pérdida de Investidura en la sentencia del 7 de julio de 2023, emitida dentro del proceso 11001-03-15-000-2023-01743-00, en la que se estudiaba una solicitud de pérdida de investidura contra el accionado, con fundamento en la suscripción de los dos contratos aquí analizados.

26. En dicha providencia, se declaró probada «la excepción de non bis in idem » frente al estudio del contrato 20210 00755 de 2021, por cuanto en decisión proferida por la Sala Sexta Especia l de Decisión 15 se había estudiado la configuración de la misma causal de pérdida de investidura . Esta última fue objeto del recurso de apelación y, por tanto, no hizo tránsito a cosa juzgada.

proferida por la Sala Sexta Especia l de Decisión 15 se había estudiado la configuración de la misma causal de pérdida de investidura . Esta última fue objeto del recurso de apelación y, por tanto, no hizo tránsito a cosa juzgada.

27. Por otra parte, se refirió a la necesidad de «sentar y unificar » jurisprudencia respecto de la valoración de las pruebas provenientes del SECOP II, en relación con la existencia y contenido de los contratos estatales, así como de los «expedientes físicos» conformados a partir de impresiones provenientes de dicha plataforma. Lo anterior, por cuanto, en su criterio, las decisiones de las salas Sexta y Decimosegunda especiales de decisión no otorgaron mérito probatorio « a los enlaces web, documentos electrónicos o impresiones de pantalla, sino a los expedientes físicos» a portados a los procesos a su cargo, considerando estos últimos como plena prueba de la existencia del contrato. Consideración que consideran equivocada.

28. De igual forma, se refirieron a la necesidad de establecer el alcance de la expresión «interés propio o de terceros» contenida en la inhabilidad del artículo 179.3 superior, en relación con si los resguardos indígenas agremiados en AICO por la Pacha Mama pueden considerarse parte del último concepto. De igual forma, señalaron que dicha entidad tiene la nat uraleza de entidad especial de derecho público.

6. Concepto del Ministerio Público

29. Rindió concepto el 16 de agosto de 2023 16 y solicitó la declaratoria de nulidad del acto demandado. En esencia, hizo referencia a la jurisprudencia de esta Sala en relación con la configuración de los eventos inhabilitantes contemplados en el

29. Rindió concepto el 16 de agosto de 2023 16 y solicitó la declaratoria de nulidad del acto demandado. En esencia, hizo referencia a la jurisprudencia de esta Sala en relación con la configuración de los eventos inhabilitantes contemplados en el artículo 179.3 superior y consideró que, de los elementos probatorios aportados al expediente, en especial los remitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Comp ra Eficiente, puede evidenciarse que el accionado incurrió en la conducta de celebración de contratos prevista en dicha disposición constitucional, reuniéndose en el caso concreto los elementos temporal, material y subjetivo allí señalados.

15 Sentencia del 22 de febrero de 2023. Rad. 11001 -03-15-000-2022-05556-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. 16 Índice SAMAI 142.Demandante: Richard Humberto Fuelantala

Demandado: Polivio Leandro Rosales Cadena senador de la República 2022-2026

Rad: 11001-03-28-000-2022-00273-00

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30. Indicó que, conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 , «el dilema de la inexistencia de las cláusulas contractuales en la plataforma SECOP II, se supera en virtud del artículo 14 y 15 de la Ley 527 de 1999, que le dan vida jurídica al denominado contr ato electrónico, al preceptuar que en la formación del contrato la oferta y su aceptación podrán ser expresados por medio de un mensaje

II, se supera en virtud del artículo 14 y 15 de la Ley 527 de 1999, que le dan vida jurídica al denominado contr ato electrónico, al preceptuar que en la formación del contrato la oferta y su aceptación podrán ser expresados por medio de un mensaje de datos y que no se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más de dichos mensajes».

31. En similar sentido, indicó que la referida entidad pública, « en su rol de administrador del SECOP y en ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 y el numeral 8 del artículo 11 del Decreto Ley 4170 de 2011, considera que el contrato electrónico se conforma en el SECOP II por el formulario con sus nueve secciones y por los documentos anexos en la sección de documentos del contrato, entendiéndose suscrito con la aceptación de las partes en la plataforma sin distingo que los mismos no tengan la firma manuscrita».

32. En relación con el aspecto subjetivo, adujo que «el hecho que los convenios 2021000755 y 2021000759 con el Instituto Departamental de Salud de Nariño desarrollen el artículo 355 superior para impulsar programas y actividades que guarden relación con el Plan Nacional o los planes seccionales de desarrollo, como se verifica en los estudios previos, 50 elaborados el 30 de agosto de 2021, y que estos se hubieren suscrito con la ESAL AICO, no e nerva por