CE - 110010328000202200297001AUTOQUERESUELRECHAZA20230608164359

Demandantes: Jennifer Pedraza Sandoval y otros

Demandado: Carlos Hernán Rodríguez Becerra Radicación: 11001032800020220029700

11001032800020220031100

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001032800020220029700

11001032800020220031100

Demandantes: JENNIFER PEDRAZA SANDOVAL Y OTROS

Demandado: CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ BECERRA – CONTRALOR

GENERAL DE LA REPÚBLICA

AUTO

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala1 a proveer sobre la solicitud de nulidad procesal presentada por el señor Duván Darío Uribe Urrea y las solicitudes de aclaración elevadas por el apoderado del demandado2 y los señores Víctor Andrés Salcedo Fuentes 3, Carlos Fernando Pérez Gelvez 4, Luis Fer nando Bueno González 5, Mónica Elsy Certain Palma6, Karol González Mora 7 y Elsa Yazmín González Vega 8; y la corrección presentada por el secretario general del Congreso de la República 9 respecto de la sentencia de única instancia del 25 de mayo de 2023.

II. ANTECEDENTES

presentada por el secretario general del Congreso de la República 9 respecto de la sentencia de única instancia del 25 de mayo de 2023.

II. ANTECEDENTES

Los señores Jennifer Pedraza Sandoval, Cristian Avendaño Fino, Jorge Alberto Gómez Gallego y Edison Darío Telésforo González Salguero, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de

1 El magistrado Luis Alberto Álvarez Parra no participa de la decisión toda vez que mediante auto del 7 de diciembre de 202 2 se aceptó el impedimento manifestado por él para conocer del presente asunto. 2 Anotación 89 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 3 Anotaciones 87 y 93 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 4 Anotación 90 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 5 Anotación 91 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 6 Anotación 92 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 7 Anotación 94 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 8 Anotación 98 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 9 Anotación 95 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.Demandantes: Jennifer Pedraza Sandoval y otros

Demandado: Carlos Hernán Rodríguez Becerra Radicación: 11001032800020220029700

11001032800020220031100

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001032800020220029700

11001032800020220031100

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentaron demanda contra la elección del señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República.

Las demandas fueron inicialmente radicadas con los números 11001032800020220029700 y 11001032800020220031100 y repartidas a los despachos de la magistrada Rocío Araújo Oñate y de quien ahora funge como ponente; sin embargo, luego de admitidas fueron acumuladas a través de auto d el 16 de febrero de 2022.

En dilige ncia de sorteo realizada el 28 de febrero siguiente, se asignó el conocimiento del proceso acumulado al actual ponente.

El 25 de mayo de 2023, una vez revisados los cargos de las demandas y los argumentos de la defensa, conforme la fijación del litigio ef ectuada mediante auto del 2 de marzo del mismo año, se resolvió declarar la nulidad de la elección del señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República para el periodo 2022-2026.

En consecuencia, se ordenó al Congreso de la República rehacer todo el proceso a partir de la convocatoria, inclusive, con el fin de elegir contralor general de la República para lo que resta del período constitucional.

III. LA SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL

El señor Duván Darío Uribe Urrea, mediante memorial radicado electrónicamente el

República para lo que resta del período constitucional.

III. LA SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL

El señor Duván Darío Uribe Urrea, mediante memorial radicado electrónicamente el 2 de junio de 2023, promovió incidente de nulidad procesal dentro del asunto de la referencia, por cuanto consideró que se vio afectado con la sentencia del 25 de mayo de 2023, toda vez que hizo parte de la lista de 20 candidatos preseleccionados por la Universidad Industrial de Santander para la elección de contralor general de la República.

Invocó la causal de indebida notificación del auto admisorio consagrado en el artículo 133 del Código General del Proceso, respecto de la cual afirmó encontrarse legitimado y actuar en la oportunidad procesal debida en los términos del artículo 134 de la misma codificación.

Refirió los antecedentes fácticos de la elección del señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República y los aspectos relevantes de la sentencia de única instancia que declaró su nulidad.

Destacó que en la parte resolutiva de la sentencia del 25 de mayo de 2023 se ordenó rehacer todo el proceso de elección desde la convocatoria, inclusive, con lo cual se afectó su debido proceso, por cuanto la Sección Quinta debió diferenciar las etapasDemandantes: Jennifer Pedraza Sandoval y otros

Demandado: Carlos Hernán Rodríguez Becerra Radicación: 11001032800020220029700

11001032800020220031100

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

11001032800020220031100

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 de convocatoria, selección y elección y debió declarar la nulidad únicamente de la elección demandada.

Sostuvo que pese a que participó en la convocatoria y superó algunas de las etapas de aquellas no le fue notificado el auto admisorio de la demanda ni a él ni a los demás ciudadanos que superaron la prueba de conocimientos.

Citó apartes de pronunciamient os de la Corte Constitucional referentes a la notificación del auto admisorio de las demandas y las consecuencias de no hacerlo en debida forma, como sustento de su planteamiento.

En consecuencia, solicitó declarar la nulidad del proceso de nulidad electoral desde la admisión de la demanda para que, se concedan los términos legales a todos los interesados en participar del mismo.

IV. LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

4.1 Carlos Hernán Rodríguez Becerra

Por conducto de su apoderado, el señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, demandado dentro del presente asunto solicitó la aclaración de la referida sentencia en el siguiente sentido:

Indicó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 y 163 de l Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en materia electoral el acto que debe atacarse es el que declara la elección y si bien resulta viable que se revisen actos «intermedios» que puedan viciar el acto final, en este evento las irregularidades anunciadas en la providencia sólo se refieren a la

electoral el acto que debe atacarse es el que declara la elección y si bien resulta viable que se revisen actos «intermedios» que puedan viciar el acto final, en este evento las irregularidades anunciadas en la providencia sólo se refieren a la Resolución 003 del 3 de agosto de 2022 y a la convocatoria realizada el 10 de agosto de ese mismo año, no a ningún otro acto.

Destacó que en la sentencia cuya aclaración se solic ita se avaló la legalidad de la lista de habilitados, las gestiones de la Universidad Industrial de Santander e incluso la elaboración de una segunda lista de elegibles.

Adujo que de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia no se accedió a los cargos formulados por los demandantes en relación con ninguna de las etapas anteriores a la Resolución 003 del 3 de agosto de 2022, por lo que resulta incongruente que, en la parte resolutiva se ordene rehacer todo el trámite desde el inicio, sin que el mismo se encuentre viciado.

Solicitó que se aclaren los «efectos» de la nulidad con base en las anteriores consideraciones, además, porque el cumplimiento del fallo conlleva la contratación de una nueva institución de educación superior para adelantar la convocatoriaDemandantes: Jennifer Pedraza Sandoval y otros

Demandado: Carlos Hernán Rodríguez Becerra Radicación: 11001032800020220029700

11001032800020220031100

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 pública en los términos del artículo 5 de la Ley 1904 de 2018 y desconoce los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 pública en los términos del artículo 5 de la Ley 1904 de 2018 y desconoce los derechos adquiridos de quienes se sometieron al proceso de selección hasta antes de la actuación viciada.

Manifestó que tanto el Consejo de Estado com o la Corte Constitucional han reconocido que quien ocupa el primer lugar en una lista de elegibles -que resulta inmodificabletiene un derecho adquirido y no una mera expectativa.

Agregó que rehacer todo el procedimiento también desconocería el artículo 83 de la Constitución Política que presume la buena fe de los integrantes de la segunda lista de elegibles.

Sostuvo que dicha lista, cuya legalidad no se cuestionó, creó derechos para sus integrantes.

Citó apartes de pronunciamientos judiciales para r espaldar su argumentación y destacar que los participantes de la segunda lista de elegibles cumplían los requisitos y reglas impuestas por las autoridades administrativas en este proceso.

Destacó que el demandado obtuvo la primera puntuación en el concurso por lo que se debe respetar su derecho y el de los demás participantes que alcanzaron a integrar la segunda lista de elegibles.

Recordó que el medio de control para anular las etapas de un concurso una vez existen derechos adquiridos es el de nulidad y restablecimiento del derecho y no, el de nulidad electoral.

4.2 Víctor Andrés Salcedo Fuentes, Carlos Fernando Pérez Gelvez, Luis Fernando Bueno González, Mónica Elsy Certain Palma y Elsa Yazmín González Vega

de nulidad electoral.

4.2 Víctor Andrés Salcedo Fuentes, Carlos Fernando Pérez Gelvez, Luis Fernando Bueno González, Mónica Elsy Certain Palma y Elsa Yazmín González Vega

Los referidos ciudadanos, como participantes en el proceso de selección que culminó con la elección declarada nula e integrantes de las listas de elegibles que se produjeron a lo largo del mismo, invocaron la calidad de terceros con interés directo en el asunto y solicitaron aclarar la sentencia del 25 de mayo de 2023 bajo los siguientes argumentos:

Señalaron que el fallo no cuestionó, determinó o declaró la ilegalidad de la Resolución 001 del 17 de enero de 2022 que convocó el proceso de selección para contralor general de la República; tampoco las etapas de inscripción, lista de admitidos, prueba de conocimientos ni lista de habilitados, toda vez que las razones de la declaratoria de nulidad fueron vicios en las etapas posteriores, esto es, de la conformación de la lista de elegibles hacia adelante.Demandantes: Jennifer Pedraza Sandoval y otros

Demandado: Carlos Hernán Rodríguez Becerra Radicación: 11001032800020220029700

11001032800020220031100

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Indicaron que, en consecuencia, la sentencia es i ncongruente porque en la parte motiva se expusieron irregularidades en la conformación de las listas de elegibles, pero en el numeral segundo de la parte resolutiva los efectos de la nulidad se extendieron sin justificación a todo el proceso a partir de la convocatoria inicial,

motiva se expusieron irregularidades en la conformación de las listas de elegibles, pero en el numeral segundo de la parte resolutiva los efectos de la nulidad se extendieron sin justificación a todo el proceso a partir de la convocatoria inicial, inclusive.

Sostuvieron que dicha decisión vulnera los derechos adquiridos de los candidatos que alcanzaron a estar incluidos en esas listas de elegibles, por lo que solicitaron aclarar los efectos de la orden contenida en el numera l segundo de la parte resolutiva de la sentencia para que no se haga extensiva a las etapas que no fueron invalidadas y, por tanto, que se ordene continuar desde el momento de la configuración de la lista de elegibles con base en los parámetros establecidos en el fallo.

4.3 Karol González Mora

Igual que en las solicitudes relacionadas en el acápite anterior, también invocó su calidad de participante en el proceso de selección del contralor general de la República y se sirvió de los mismos argumentos para solicitar que se aclare cuál es la razón y el propósito de los efectos de la decisión de retrotraer todo el proceso desde el inicio y no sólo desde las etapas en que se encontraron acreditados vicios o irregularidades, para lo cual pidió tener en cuenta los principios que rigen la función pública, específicamente los de economía, celeridad y eficacia que se verían afectados con dicha orden.

Agregó que hacer todo el proceso otra vez implica un desgaste de tiempo, recursos públicos e incertidumbre jurídica para el debido desarrollo de la función constitucional del control fiscal.

V. LA SOLICITUD DE CORRECCIÓN

El secretario general del Congreso de la República solicitó que « sea corregida la

públicos e incertidumbre jurídica para el debido desarrollo de la función constitucional del control fiscal.

V. LA SOLICITUD DE CORRECCIÓN

El secretario general del Congreso de la República solicitó que « sea corregida la sentencia de única instancia en lo que corresponde al alcance y efec tos de la declaratoria de nulidad del acto de elección del ciudadano doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General (sic) de la República, elección que tuvo lugar en el Plenario del Congreso de la República, indicando que la nueva elección de la selección (sic) que se realizará, se debe adelantar a partir de la expedición de la Resolución número 03 del 3 de agosto de 2022 y no desde la convocatoria…»

Lo anterior por cuanto las actuaciones anteriores a dicho acto administrativo gozan de plena legalidad y otorgaron derechos adquiridos a algunos concursantes que deben ser respetados.Demandantes: Jennifer Pedraza Sandoval y otros

Demandado: Carlos Hernán Rodríguez Becerra Radicación: 11001032800020220029700

11001032800020220031100

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Destacó que en la sentencia se afirmó que la lista de habilitados conformada por las Comisiones de Acreditación Documental no estaba viciada de nulidad y, además, en ninguna parte de la providencia se cuestionó la gestión adelantada por la Universidad Industrial de Santander.

Sostuvo que rehacer todo el procedimiento implicaría un gasto no justificable que desconocería los principios de economía procesal, presupuestal y de austeridad.

Universidad Industrial de Santander.

Sostuvo que rehacer todo el procedimiento implicaría un gasto no justificable que desconocería los principios de economía procesal, presupuestal y de austeridad.

Indicó que es incongruente que en la parte motiva de la sentencia se destaque un procedimiento libre de vicios y controversia hasta antes de la expedición de la Resolución 003 del 3 de agosto de 2022 por parte de la Mesa Directiva del Congreso de la República y en la parte resolutiva se ordene rehacer todo el procedimiento sin razón ni advertencia sobre al particular.

VI. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sección es competente para conocer de las solicitudes de nulidad, de aclaración y corrección de la sentencia del 25 de mayo de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en concordancia con lo dispuesto en los artículos 294, 285 y 286 del Código General del Proceso, en atención a que la providencia cuya aclaración y corrección se solicita fue dictada por esta misma Sala.

2. De la solicitud de nulidad procesal

Según se tiene, el señor Duván Darío Uribe Urrea solicita la nulidad del proceso de la referencia por cuanto no se le notificó el auto admisorio de la demanda, pese a que hacía parte de la lista de 20 personas que superaron la prueba de conocimientos y, por ende, integró una lista de preseleccionados dentro del proceso de elección del contralor general de la República de lo que deriva una expectativa en las resultas del mismo.

Como fundamento de su solicitud invoca los artículos 133 y 134 del Código General

de elección del contralor general de la República de lo que deriva una expectativa en las resultas del mismo.

Como fundamento de su solicitud invoca los artículos 133 y 134 del Código General del Proceso, no obstante, debe tenerse en cuenta que en sede de nulidad electoral el tema de las nulidades originadas en la sentencia, que es el trámite que debe imprimírsele a la solicitud del actor, se encuentra regulado en una norma especialartículo 294 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativoasí:

«La nulidad procesal originada en la sentencia únicamente procederá por incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuandoDemandantes: Jennifer Pedraza Sandoval y otros

Demandado: Carlos Hernán Rodríguez Becerra Radicación: 11001032800020220029700

11001032800020220031100

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al previsto en la ley.

Mediante auto no susceptible de recurso, el juez o Magistrado Ponente rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la sentencia que se funde en una causal distinta a las mencionadas.»

En este orden de ideas, es claro que los presupuestos fácticos y jurídicos expuestos por el señor Uribe Urrea no se encuadran en ninguna de l as causales taxativas señaladas en la norma, toda vez que en materia de nulidad electoral sólo constituye

En este orden de ideas, es claro que los presupuestos fácticos y jurídicos expuestos por el señor Uribe Urrea no se encuadran en ninguna de l as causales taxativas señaladas en la norma, toda vez que en materia de nulidad electoral sólo constituye causal de nulidad procesal la indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante -calidad que evidentemente no t iene el solicitante dentro de este asunto-, no a terceros, razón suficiente para rechazar de plano la solicitud bajo estudio.

Con todo, debe precisarse que en este caso no existió irregularidad alguna en la etapa de notificación del auto admisorio de la d emanda y, por ende, tampoco se afectó el debido proceso del señor Uribe Urrea ni de ninguna otra persona, toda vez que la norma especial que rige la figura en nulidad electoral, artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:

«Contenido el auto admisorio de la demanda y formas de practicar su notificación. Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:

1. Que se notifique personalmente al elegido o nombrado con sujeción a las

siguientes reglas:

a. Cuando hubiere sido elegido o nombrado para un cargo unipersonal o se demande la nulidad del acto por las causales 5 y 8 del artículo 275 de este Código relacionadas con la falta de las calidades y requisitos previstos en la Constitución, la ley o el reglamento, o por hallarse incursos en causales de inhabilidad o en doble militancia política…, la notificación personal se surtirá en la dirección suministrada

relacionadas con la falta de las calidades y requisitos previstos en la Constitución, la ley o el reglamento, o por hallarse incursos en causales de inhabilidad o en doble militancia política…, la notificación personal se surtirá en la dirección suministrada por el demandante, mediante entrega de copia de la providencia que haga el citador a quien deba s er notificado, previa identificación de este mediante documento idóneo, y suscripción del acta respectiva en la que se anotará la fecha en que se practica la notificación, el nombre del notificado y la providencia a notificar.

(…)

2. Que se notifique pe rsonalmente a la autoridad que expidió el acto y a la que intervino en su adopción, según el caso, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales, en los términos previstos en este Código.Demandantes: Jennifer Pedraza Sandoval y otros

Demandado: Carlos Hernán Rodríguez Becerra Radicación: 11001032800020220029700

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

3. Que se notifique personalmente al Ministerio Público, en los términos previstos en este Código.

4. Que se notifique por estado al actor.

5. Que se informe a la comunidad la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o, en su def ecto, a través de otros medios eficaces de comunicación, tales como radio o televisión institucional, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto de elección demandado.

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o, en su def ecto, a través de otros medios eficaces de comunicación, tales como radio o televisión institucional, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto de elección demandado.

6. Que, en tratándose de elección por voto popular, se informe al Pr esidente (sic) de la respectiva corporación pública, para que por su conducto se entere a los miembros de la corporación que han sido demandados…»

Conforme con lo anterior, es claro que la norma especial que regula la notificación del auto admisorio en nu lidad electoral sólo ordena la notificación personal del demandado, es decir, el elegido, nombrado o llamado10, de la autoridad que expidió el acto, de la que intervino en su adopción y del Ministerio Público, sin que se disponga la notificación personal de terceros interesados en las resultas del asunto11; no obstante, para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de estas personas, en el numeral 5 de la norma en cita se dispone informar a la comunidad de la existencia del proceso.

Revisadas las actuaciones surtidas en este caso, es claro que a través de los autos admisorios de las demandas posteriormente acumuladas del 7 de octubre y 7 de diciembre de 2022, se ordenó hacer las notificaciones de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: de manera personal únicamente al demandado y a quienes participaron en la elaboración del acto acusado: Congreso de la República y Universidad Industrial de Santander, y pa ra garantizar los derechos de terceros, se ordenó informar a la comunidad en general de la existencia del proceso.

quienes participaron en la elaboración del acto acusado: Congreso de la República y Universidad Industrial de Santander, y pa ra garantizar los derechos de terceros, se ordenó informar a la comunidad en general de la existencia del proceso.

Dichas órdenes fueron cumplidas a cabalidad por la Secretaría de la Sección Quinta, sin que el señor Uribe Urrea hubiese manifestado la inte nción de participar en el asunto, sin embargo, resulta del caso señalar que la comunicación a la comunidad sí surtió efecto, toda vez que el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña, enterado del asunto a través del medio dispuesto para el efecto en la ley, manifestó oportunamente mediante memorial del 15 de noviembre de 2022 su

10 Para el caso concreto, el elegido, señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra. 11 Que es la calidad que invoca el solicitante en este caso.Demandantes: Jennifer Pedraza Sandoval y otros

Demandado: Carlos Hernán Rodríguez Becerra Radicación: 11001032800020220029700

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 intención de participar como coadyuvante dentro del proceso, por lo que, mediante auto del 23 de noviembre siguiente se le tuvo como tal.

Así las cosas, se advierte que, primero, los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por el señor Duván Darío Uribe Urrea -quien evidentemente no fue parte ni tercero dentro del procesono constituyen causal de nulidad en los términos del artículo 294 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

expuestos por el señor Duván Darío Uribe Urrea -quien evidentemente no fue parte ni tercero dentro del procesono constituyen causal de nulidad en los términos del artículo 294 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pero además, en este caso se surtieron las notificaciones del auto admisorio en los términos legales, se comunicó en debida forma la existencia del proceso a la comunidad, comunicación que surtió efectos toda vez que, un ciudadano participó como tercero dentro del proceso sin que el señor Uribe Urrea hubiera hecho manifestación alguna.

En tales condiciones, hay lugar a rechazar la solicitud de nulidad procesal presentada por el señor Uribe Urrea.

3. De la corrección de la sentencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no contempla la figura de la corrección de providencias judiciales por lo que, por remisión de los artículos 296 y 306 de la Ley 1437 de 2011 se debe acudir al Código General del Proceso, el cual en su artículo 286, dispone:

«Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

Lo dispuesto en incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.»

No obstante, revisada la solicitud presentada por el secretario general del Congreso

cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.»

No obstante, revisada la solicitud presentada por el secretario general del Congreso de la República se advierte que lo pretendido por aquel no es que se corrija un error puramente aritmético ni un cambio o alteración de palabras, sino que se modifique el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 25 de mayo de 2023 porque no está de acuerdo con lo allí decidido. De hecho, sugiere la forma en que debe quedar dicha orden.

Al respecto debe recordarse que la referida providencia fue proferida en única instancia por lo que no es pasible de recurso alguno, pero ello no habilita a las partes para plantear las inconformidades frente a aquella a través de otras figurasDemandantes: Jennifer Pedraza Sandoval y otros

Demandado: Carlos Hernán Rodríguez Becerra Radicación: 11001032800020220029700

11001032800020220031100

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 procesales no procedentes para el efecto, como lo es el caso de la corrección de providencias judiciales.

Así las cosas, la solicitud de corrección elevada por el secretario general del Congreso de la República resulta absolutamente improcedente, sin embargo, e n atención a que sus argumentos pueden encuadrarse en una solicitud de aclaración y con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, se tramitará como tal.

4. De la aclaración de la sentencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

y con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, se tramitará como tal.

4. De la aclaración de la sentencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla la figura de la aclaración de providencias judiciales en su artículo 290 que establece:

«Hasta los dos (2) días siguientes a aquel en que quede notificada, podrán las partes o el Ministerio Público pedir que la sentencia se aclare. La aclaración se hará por medio de auto que se notificará por estado al día siguiente de dictado y contra él no será admisible recurso alguno. En la misma forma se procederá cuando la aclaración sea denegada.»

A su turno, el artículo 285 del Código General del Proceso aplicable por remisión de los artículos 296 y 306 de la Ley 1437 de 2011, dispone:

«Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.»

De conformidad con la norma transcrita, los presupuestos procesales que rigen la

su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.»

De conformidad con la norma transcrita, los presupuestos procesales que rigen la institución de la aclaración de la sentencia son