CE - 110010328000202200320001AUTOQUERESUEL20230824221331

Demandante: Giovanny Rafael Decola Vásquez Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2022-00320-00

Demandante: GIOVANNY RAFAEL DECOLA VÁSQUEZ

Demandados: ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA –

MAGISTRADO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tema: Auto que decide r ecurso de reposició n interpuesto en contra de la decisión que negó la medida ca utelar solicitada.

AUTO

La Sala se pronuncia sobre el recurso de reposición interpuesto por el demandante contra el auto de 16 de febrero de 2023, por medio del cual, la Sección Quinta de esta Corporación, admitió la demanda de nulidad electoral de la re ferencia y negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

El señor Giovanny Rafael Decola Vásquez , en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, co nsagrado en el artículo 139 del

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

El señor Giovanny Rafael Decola Vásquez , en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, co nsagrado en el artículo 139 del CPACA, pretende:

1. Que se ordene la suspensión provisional del acto administrativo por el cual el Congreso de la República eligió a los magistrados del Consejo Nacional Electoral el día 30 de agosto de 2022, en la parte contentiva de la elección de

ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Consejo Nacional Electoral, separar de inmediato, de todas sus funciones y suspender el pago de salarios, prestaciones sociales y cualquier otro beneficio que perciba el señor ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA, en su calidad de magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien fuera elegido por el Congreso de la República el pasado 30 de agosto de 2022.

3. Que se declare la nulidad del acto administrativo por el cual el Congreso de la República eligió a los magistrados del Consejo Nacional Electoral el día 30 de agosto de 2022, en la parte contentiva de la elección de ALTUS

ALEJANDRO BAQUERO RUEDA.Demandante: Giovanny Rafael Decola Vásquez Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

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4. Que como consecuencia de lo anterior se orde ne al Congreso de la República, suplir la vacancia absoluta de un escaño en el Consejo Nacional

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4. Que como consecuencia de lo anterior se orde ne al Congreso de la República, suplir la vacancia absoluta de un escaño en el Consejo Nacional Electoral mediante voto nominal y público, respetándose la filiación política del magistrado cuya elección se declara nula.

5. Que se compulsen copias a la Fi scalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, para que en el ámbito de sus competencias funcionales se investigue la conducta del señor ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA y de quienes hayan certificado vinculaciones laborales o contractuales inexistentes.

1.2 . La solicitud cautelar1

La parte actora aleg a que el acto acusado vulneró los artículos 13, 127, 209, 232 y 264 de la Constitución Política; 128, parágrafo 1°, de la Ley 270 de 1996 y 60 de la Ley 5ª de 1992. A su turno, afirma que ese de sconocimiento legal debe ser estudiado en el marco de la causal de nulidad contemplada en el artículo 275 del CPACA, numeral 5º . Conforme con lo anterior, solicita se decrete la suspensión provisional del acto acusado por configurarse los siguientes cargos:

1.2.1 El Congreso de la República al elegir al señor ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA como magistrado del Consejo Nacional Electoral, vulneró los artículos 264 y 232 de la Constitución Política, por cuanto ese candidato no cumplía con los quince años de ex periencia profesional que se exige para el cargo, lo cual genera la causal de anulación electoral contenido en el numeral 5° del artículo 275 del CPACA.

no cumplía con los quince años de ex periencia profesional que se exige para el cargo, lo cual genera la causal de anulación electoral contenido en el numeral 5° del artículo 275 del CPACA.

Comienza por traer a colación la literalidad de los artículos 264 y 232 de la Constitución Política, destacando de forma especial de esta última norma el requisito consistente en «Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. (Negrillas del demandante)».

Así mismo, el demandante hace especial énfasis en el contenido del parágrafo 1º del artículo 128 de la Ley 270 de 19962 del cual resalta que «La experiencia de que trata el presente artículo [Aquella necesaria para desempeñar cargos de funcionario judicial], deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial.». A su turno, destaca que el artículo 24 del Decreto 196 de

1 La solicitud de suspensión provisional del acto acusado tiene sustento en el concepto de violación esbozado en la demanda. 2 Estatuaria de la Administración de Justicia.Demandante: Giovanny Rafael Decola Vásquez Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

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Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 19713 prescribe que: «No se podrá ejercer la profesión de abogado ni anunciarse como tal sin estar inscrito y tener vigente la inscripción».

Afirma que las normas anteriormente referenciadas fueron objeto de interpretación armónica en la sentencia del 18 de abril de 1997, radicado 1628, expedida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, MP Luis Eduardo Jaramillo Mejía – el demandante no indicó radicado –, en la que para determinar en ese caso particular la experiencia como abogado de una persona, adoptó como regla jurisprudencial que la misma debe ser contabilizada a partir del día siguiente de la fecha de expedici ón de la tarjeta profesional.

Desciende los anteriores planteamientos al sub judice con el fin de resaltar que en el caso del señor Altus Alejandro Baquero Rueda, según el documento No. 459006 del 16 de agosto de 2022, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, es claro que su tarjeta profesional (No. 161.616) fue expedida el 20 de septiembre de 2007. Entre tanto, la fecha de cierre para postular candidatos para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral fenecía el 17 de agosto de 2022.

Resalta lo anterior, para concluir que le era imposible al demandado acreditar su desempeño como abogado durante más de 15 años si se tienen en cuenta los dos extremos temporales que se señalaron (fecha de expedición de la

de agosto de 2022.

Resalta lo anterior, para concluir que le era imposible al demandado acreditar su desempeño como abogado durante más de 15 años si se tienen en cuenta los dos extremos temporales que se señalaron (fecha de expedición de la tarjeta profesional y cierre de inscrip ción)4. En este sentido, arguye que en el caso que el señor Baquero Rueda hubiere laborado en actividades propias del ejercicio del derecho de manera ininterrumpida desde el 20 de septiembre de 2007 hasta el día de su inscripción, le habrían hecho falta 33 días para completar el mentado requisito (15 años)5.

Reconoce que el parágrafo 1° del artículo 128 de la Ley 270 de 1996, establece que la experiencia profesional del derecho deberá ser acreditada con posterioridad a la obtención del título de ab ogado. No obstante, resalta que existe norma especial sobre este aspecto que dice que, «no se podrá ejercer la profesión de abogado ni anunciarse como tal sin estar inscrito y tener vigente la inscripción » (artículo 24 del Decreto Ley 196 de 1971). En este sentido, debe preferirse esta última disposición tal como lo ordena el artículo 5° numeral 1° de la Ley 57 de 1887, que preceptúa: «La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general».

3 Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía. 4 A modo simplemente ilustrativo, la Sala calcula a grosso modo y sin que ello implique juzgamiento que entre las dos fechas hay apro ximadamente poco más de 14 años y 10 meses.

4 A modo simplemente ilustrativo, la Sala calcula a grosso modo y sin que ello implique juzgamiento que entre las dos fechas hay apro ximadamente poco más de 14 años y 10 meses. 5 El demandante cita el auto interlocutorio del 14 de julio de 2022 , No. 2022-07-306, expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Primera, Subsección B, EXP: 25000234100020220073700, que adopta como regla que los requisitos para ejercer un cargo deben cumplirse el momento de la inscripción.Demandante: Giovanny Rafael Decola Vásquez Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Pese a lo anterior, el demandante «en aras de ser lo más garantista posible » calcula la experiencia del demandado desde la fecha en que recibió su grado (22 de agosto de 2007), suponiendo que hubiere laborado de manera ininterrumpida – lo que pone en entredicho –, hasta el día en que se in scribió (17 de agosto de 2022), concluyendo que aun así le faltarían cinco días para completar los 15 años de experiencia profesional.

Resalta que en defensa de sus intereses, el demandado, previo a la elección y ante los cuestionamientos públicos que se le hicieron frente al requisito en comento, sostuvo que la experiencia debe contabilizarse desde la terminación de materias (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7), lo que controvierte la

ante los cuestionamientos públicos que se le hicieron frente al requisito en comento, sostuvo que la experiencia debe contabilizarse desde la terminación de materias (Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7), lo que controvierte la parte actora al sostener que para efectos de dicha exigencia se d ebe tener en cuenta el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.6.3 del decreto ibidem que señala que «El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo , siempre y cuando no se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996». (Negrillas del libelista).

De otra parte, el libelista resalta que el demandado se inscribió para el cargo, adjuntando una hoja de vida que consigna veintidós ( 22) referencias de experiencias laborales que nunca habían sido reportadas en sus hojas de vida inscritas ante el SIGEP 6, por ejemplo, al momento de iniciar labores como director técnico de la Unidad para Atención y Reparación a las Víctimas (06sep-2016 – 28-feb-2017), reportó que su primera vinculación había sido con la Registraduría Nacional del Estado Civil (17 -en-2008 – 30-jun-2008) pero, sorpresivamente, desde el 9 de septiembre de 2020 en el SIGEP II figura un primer empleo con la empresa ENERGEX S.A (01-jul-2007 – 10-ene-2008), respecto de la cual no existe información alguna en el Registro Único de Afiliados - RUAF7 pese a las otros diez (10) empleos que acredita con esta empresa, deviniendo todas estas en falsas.

respecto de la cual no existe información alguna en el Registro Único de Afiliados - RUAF7 pese a las otros diez (10) empleos que acredita con esta empresa, deviniendo todas estas en falsas.

Censura también las tres vinculaci ones laborales que dan cuenta que el demandado laboró en Fortaleza Legal SAS, cuya representante legal es la señora Mónica Andrea Lozano Torres 8, empresa ubicada en la ciudad de Florencia - Caquetá donde jamás ha residido ni ha estado domiciliado el señor Baquero Rueda; además, en sus trabajos anteriores nunca reportó esa experiencia en las hojas de vida entregadas. La misma señora Lozano Torres certificó al accionado ocho (8) experiencias profesionales que adquirió como abogado en la oficina particular de esta última. Frente a dichos empleos no hay registro anterior en el SIGEP ni aportes al sistema de seguridad social.

6 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. 7 El demandante explica que el RUAF es un sistema de información que contiene el registro de los afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales). 8 Frente a quien advierte el demandante, tuvo un vínculo contractual con la Defensoría del Pueblo cuando el demandado tenía la calidad de ordenador del gasto de es a entidad.Demandante: Giovanny Rafael Decola Vásquez Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 En todo caso, el libelista aduce que ninguna de esas veintidós (22)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 En todo caso, el libelista aduce que ninguna de esas veintidós (22) experiencias laborales deben ser tenidas en cuenta, porque aparte de ser presuntamente falsas, si bien indican esas «vinculaciones» en las que laboró como abogado, no se certificaron las funciones u obligaciones de los cargos desempeñados, lo que las hace inválidas de conformidad con la ley. En suma, contabilizando la exper iencia válida para aspirar al cargo de magistrado del CNE, se tiene que el demandado tan solo computó un total de 14 años, 1 mes y 27 días.

1.2.2 El Congreso de la República al elegir al señor ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA como magistrado del Consejo Na cional Electoral, vulneró los artículos 13 y 209 de la Constitución Política, lo cual genera la causal de anulación electoral contenido en el numeral 5° del artículo 275 del CPACA.

Indica que el demandado en su calidad de secretario general de la Defen soría del Pueblo, tenía la facultad de nombrar a familiares o allegados cercanos de los congresistas o no hacerlo – sin mencionar caso particular alguno –, según su discreción, con lo que ejerció presión sobre quienes eran competentes para intervenir en su elección, afectándose así el derecho a la igualdad de los otros candidatos y de contera, malogrando los principios de transparencia, moralidad administrativa, imparcialidad y eficacia conforme al artículo 209 constitucional. Con esa potestad clientelar en cabeza de ese funcionario, se

candidatos y de contera, malogrando los principios de transparencia, moralidad administrativa, imparcialidad y eficacia conforme al artículo 209 constitucional. Con esa potestad clientelar en cabeza de ese funcionario, se hizo evidente y palmario el aforismo de: «tú me eliges, yo te elijo », tan repudiado por la opinión pública y ajeno al ordenamiento jurídico.

Aduce que sería verdaderamente aberrante que el ordenamiento jurídico permitiera que un servidor público con poder de designación para beneficiar o agradecer o también perjudicar, a través del tráfico de favores o afectaciones para quienes van a intervenir en su designación, no estuviese inhabilitado9.

1.2.3 El Congreso de la República al elegir al señor ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA como magistrado del Consejo Nacional Electoral, vulneró el artículo 127 de la Constitución Política, lo cual genera la causal de anulación electoral contenido en el numeral 5° del artículo 275 del CPACA.

Una vez efectuado un recuento de la normatividad que ha regido la prohibición en participación política por parte de los servidores públicos y la jurisprudencia que ha emanado en ese aspecto, anotó que el fin del constituyente, al introducir el artículo 12 7 no fue restringir a los servidores públicos, la participación en actividades y controversias políticas, sino el uso indebido del empleo, al presionar a otros empleados o ciudadanos en general, para favorecer una determinada causa política, la cual se est ableció en aras de preservar la imparcialidad del aparato estatal y la prevalencia del bien general.

9 El demandante referencia ciertos artículos noticiosos «donde se denuncia, que la planta de

favorecer una determinada causa política, la cual se est ableció en aras de preservar la imparcialidad del aparato estatal y la prevalencia del bien general.

9 El demandante referencia ciertos artículos noticiosos «donde se denuncia, que la planta de personal de la Defensoría del Pueblo, ha sido “aceitada”, para favorecer la candidatura de su Secretario General, ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA.»Demandante: Giovanny Rafael Decola Vásquez Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

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Sostuvo que es materialmente imposible que el señor Altus Alejandro Baquero Rueda, se haya inscrito y hubiere obtenido 38 votos de 47 parlamentarios liberales (quienes podían votar hasta por 2 candidatos distintos), sin haber intervenido en política. Es más, censura que su sola inscripción como precandidato, le estaba vedada, pues, era una clara e inexorable actividad partidista, en este caso, del Partid o Liberal Colombiano y, por lo tanto, al promover el demandado su candidatura vulneró el artículo 127 constitucional que le prohibía participar de las actividades de los partidos.

1.2.4 El Congreso de la República al elegir al señor ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA como magistrado del Consejo Nacional Electoral, vulneró el artículo 60 de la ley 5ª de 1992.

Advierte que en la sesión del Congreso en pleno del 30 de agosto de 2022 y,

BAQUERO RUEDA como magistrado del Consejo Nacional Electoral, vulneró el artículo 60 de la ley 5ª de 1992.

Advierte que en la sesión del Congreso en pleno del 30 de agosto de 2022 y, previa a la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, fue leído el informe de la Comisión de Acreditación Documental Conjunta, pero su dictamen jamás fue evaluado y menos aún votado por la corporación legislativa, tal como lo dispone el artículo 60 de la Ley 5 de 1992, lo cual puede verificarse entre las 2:04:10 y 2:14:03 del vídeo completo de la sesión.

Insiste en que, si bien es cierto, la Comisión de Acreditación Documental, conforme al artículo 60 de la Ley 5 de 1992, tiene la función de revisar las calidades exigidas de quienes aspiran a ocupar el cargo de mag istrado del CNE, y de presentar el informe respectivo, son los congresistas, quienes deben evaluarlo, antes de proveer la elección.

1.3 La providencia recurrida10

A través de auto proferido el 16 de febrero de 202 3, la Sala , con acompañamiento de conjuez 11, admitió la demanda y negó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, al concluir frente a cada uno de los cargos expuestos lo siguiente:

1.3.1 Vulneración de los artículos 264 y 232 de la Constitución Política en cuanto el demandado no cumplió con el requisito de 15 años de experiencia profesional.

La Sala precisó que para efetos de computar el requisito de experiencia aludido debía tenerse como extremo inicial para su contabilización la fecha de

cuanto el demandado no cumplió con el requisito de 15 años de experiencia profesional.

La Sala precisó que para efetos de computar el requisito de experiencia aludido debía tenerse como extremo inicial para su contabilización la fecha de obtención del título de abogado, de conf ormidad con lo preceptuado en el artículo 128, parágrafo 10, de la Ley 270 de 1996. A su turno, frente al

10 Anotación No. 36 de SAMAI. 11 Se recuerda que frente al proyecto de decisión sobre la medida cautelar se presentó un empate, razón por la cual se requirió el sorteo de conjuez, por lo que le correspondió al Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz dirimir la disparidad de criterios.Demandante: Giovanny Rafael Decola Vásquez Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 extremo final de dich a exigencia, se advirtió que no exist e norma especial aplicable a los magistrados del CNE que contemple una regla clara que precise este aspecto, razón por la cual, pueden existir dos tesis como límite final para contabilizar dicha experiencia:

1. El postulado debe cumplir todos los requisitos para el día de cierre del período de inscripciones para elegir a los magistrados del CNE . Esta postura se sustenta en el efecto útil de los artículos 21 y 60 de la Ley 5ª de 1992, en tanto no tendría sentido que la Comisión de Acreditación

período de inscripciones para elegir a los magistrados del CNE . Esta postura se sustenta en el efecto útil de los artículos 21 y 60 de la Ley 5ª de 1992, en tanto no tendría sentido que la Comisión de Acreditación Documental, encargada de comprobar los requisitos, verifique dentro de los cinco (5) días siguientes , los d ocumentos presentados por los postulados para dictaminar si cumplen las calidades y condiciones , incluida la experiencia y, posteriormente, procedan a constatar, nuevamente, tal exigencia. Además, esta posibilidad viola el derecho a la igualdad de los posibles participantes.

2. El postulado debe cumplir todos los requisitos para el día de la elección. Lo anterior, tiene fundamento en el apart ado del artículo 232 de la Constitución Política que en su primera línea dispone: «Para ser» magistrado de la Corte Con stitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere: «(…) 4. Haber desempeñado, durante quince años, (…) », norma aplicable a esta elección por virtud del artículo 264 de la Carta. Lo anterior en concordancia con el artículo 60 de la Ley 5ª de 1992 que prescribe que el informe de la Comisión de Acreditación, «será evaluado» por la plenaria de la corporación, antes de proceder a la elección, oportunidad en la que sería admisible valorar nuevamente el requisito de experiencia.

Acorde con lo anterior, la Sala mayoritaria concluyó que, para esta etapa del proceso, no era dable dilucidar cuál de las dos tesis es la que debe prevalecer. Además, de que no se contaba con los documentos que el partido

Acorde con lo anterior, la Sala mayoritaria concluyó que, para esta etapa del proceso, no era dable dilucidar cuál de las dos tesis es la que debe prevalecer. Además, de que no se contaba con los documentos que el partido Liberal Colombiano remitió a la Comis ión de Acreditación Documental del Congreso de la República, al momento de postular al señor Baquero Rueda.

De otro lado, frente a las presuntas irregularidades alegadas por el accionante respecto de algunas certificaciones laborales del demandado allegadas en el acto de postulación para el cargo de magistrado en el CNE, se indicó que para esta etapa del proceso no había certeza de los hechos espurios que se aducen, razón por la cual, la verificación de esas situaciones estaría sujeta al recaudo probatorio.

1.3.2 Vulneración de los artículos 13 y 209 de la Constitución Política.

En este punto, el demandante adujo que el señor Baquero Rueda utilizó la potestad nominadora que ostentó cuando fungió como secretario general de la Defensoría del Pueblo , para nombrar a familiares o allegados de losDemandante: Giovanny Rafael Decola Vásquez Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 congresistas que intervendrían en su elección. Sin embargo, la Sala indicó que no era posible verificar la infracción normativa aludida, comoquiera que no se hizo esfuerzo alguno por develar alguna situación en particular.

8 congresistas que intervendrían en su elección. Sin embargo, la Sala indicó que no era posible verificar la infracción normativa aludida, comoquiera que no se hizo esfuerzo alguno por develar alguna situación en particular.

1.3.3 Vulneración del artículo 127 de la Constitución Política.

El demandante dijo «que es materialmente imposible que el señor Altus Alejandro Baquero Rueda, se haya inscrito y hubiere obtenido 38 votos de 47 parlamentarios liberales (quienes p odían votar hasta por 2 candidatos distintos), sin haber intervenido en política» . No obstante, la Sala nuevamente le reprochó la falta de prueba frente a tales acusaciones.

1.3.4 Vulneración del artículo 60 de la Ley 5ª de 1992.

En punto a que se desco noció el artículo 60 ibidem, en cuanto el demandante considera que el informe de la Comisión de Acreditación Documental Conjunta tan solo fue leído, pero nunca evaluado y menos aún votado por el Congreso , la Sala encontró que, en efecto, no había constanci a de haberse indagado a cada congresista sobre el mérito del citado informe, sin embargo, el mismo fue leído y puesto a consideración en la plenaria, momento en el cual cualquier miembro del congreso podía emitir cualquier juicio sobre el mismo. De igual forma, se agregó que el artículo en cita no prescribe que dicha «evaluación» deba ser sometida a votación por parte de la plenaria, como si lo debe ser la elección misma a través del sistema de planchas.

1.4 El recurso de reposición12

El demandante interpuso recurso de reposición contra la negativa a suspender

deba ser sometida a votación por parte de la plenaria, como si lo debe ser la elección misma a través del sistema de planchas.

1.4 El recurso de reposición12

El demandante interpuso recurso de reposición contra la negativa a suspender provisionalmente los efectos del acto acusado , con fundamento en los siguientes argumentos:

Insiste en que el cómputo de la experiencia debe contabilizarse a partir de la expedición de la tarjeta pro fesional, conforme a lo preceptuado en el artículo 24 del Decreto Ley 196 de 1971, por medio del cual se regula el ejercicio de la abogacía. Esto por cuanto debe tenerse en cuenta « que la norma especial, prevalece sobre la general, y la especialísima sobre la especial.» y, en este caso, el mencionado decreto se erige como una norma especialísima que contiene un imperativo categórico: « NO SE PUEDE EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO »; de ahí que sea solo posible acreditar esa condición con la tarjeta profesional.

Resalta que la Sala mayoritaria pasó por alto la manera sistemática cómo las vinculaciones que allegó el demandado para acreditar sus vínculos con las empresas Fortaleza Legal SAS y Energex SA, sirvieron para que este completara la experiencia exigida l lenando vacíos que tuvo cuando laboró en

12 Anotación No. 46 de SAMAI.Demandante: Giovanny Rafael Decola Vásquez Demandado: Altus Alejandro Baquero Rueda Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-28-000-2022-00320-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 la Registraduría Nacional del Estado Civil. En este aspecto, resalta que el demandado «cada vez que terminaba formalmente un trabajo, al día siguiente ya se encontraba vinculado con ENERGEX SA Y FORTALEZA LEGAL, has ta el día previo a tener un nuevo trabajo.».

Agrega que, si en gracia de discusión se aceptara que las certificaciones emitidas por las referidas empresas fueran veraces, las 22 experiencias laborales no p odrían ser tenidas en cuenta, porque en las mism as no se certifican las funciones u obligaciones del demandado en los cargos desempeñados, lo que las convierte en inválidas de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 785 de 2005.

Censura que l a Sala afirmara que se allegaron tan solo ciertas pr uebas que tenían el carácter de indiciarias, pues considera que cuando se suma un indicio, más otro y otro, la presunción judicial se va tornando inexorable, de tal manera que esos nexos causales deben ser apreciados directamente por el juez, siguiendo las reglas de la sana crítica y del criterio lógico humano, conforme a las leyes de la experiencia, que sumados a los hechos denunciados y demostrados, van tornando el hecho indicador en una prueba concluyente.

Trajo a colación el principio de carga dinámica de la prueba para afirmar que debió decretarse la suspensión provisional y , el demandado, por ser la persona que está en mejores condiciones para probar que las vinculaciones

concluyente.

Trajo a colación el principio de carga dinámica de la prueba para afirmar que debió decretarse la suspensión provisional y , el demandado, por ser la persona que está en mejores condiciones para probar que las vinculaciones laborales censuradas son reales y que cumplen además con los requisitos que exige su cargo, «debe allegar las pruebas que desestimen la presunción judicial de su formación anómala en su contenido, máxime cuando el demandado se ha reafirmado en la autenticidad de tales certificaciones, y en consecuencia debe probar como cierto, lo ahí manifestado».

1.5 Adición al recurso de reposición13

Mediante escrito denominado «adición al recurso parcial de reposición», el demandante, de una parte, agregó que de la lectura del artículo 60 de la Ley 5ª de 1992 no puede derivarse la posibilidad de ac reditar experiencia con posterioridad a la postulación, tal como lo quiere hacer ver la Sala de decisión, sino que la revisión de que trata la norma citada se debe cernir a la documentación allegada durante el período de inscripción.

De otro lado, reiter ó que las pruebas allegadas con la demanda imponían la adopción de la medida cautelar solicitada «en espera