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Demandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicado: 11001-03-28-000-2023-00039-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2023-00039-00 Demandante: GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA Demandado: CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO Tema: Admite y decreta medida cautelar. AUTO Procede la Sala a pronunciarse sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional del acto censurado. I. ANTECEDENTES 1. La demanda1 1. Germán Calderón España, en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, en la cual solicitó anular la Resolución Ordinaria No. ORD-80112 1499 de 15 de junio de 2023, expedida por el contralor general de la República2 «Por la cual se declara la ocurrencia de la falta absoluta del titular del cargo de contralor general de la República y, por ende, del supuesto de hecho previsto en la ley para la asunción de funciones por parte del Vicecontralor». 2. El accionante formuló la siguiente pretensión: […] se declare la nulidad electoral del acto acusado, Resolución Ordinaria No. ORD-80112 1499 del 15 de junio

de 2023 expedida por el Contralor General de la República Carlos Hernán Rodríguez Becerra mediante la cual declaró que “a partir del 16 de junio de 2023 ocurre el supuesto de hecho previsto en el parágrafo 1 del artículo 38 del Decreto Ley 127 de 2000 para que el Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo asuma las funciones de Contralor General de la República, mientras el Congreso de la República efectúa la elección de quien ha de fungir como tal durante el lapso que resta del periodo constitucional previsto para su ejercicio en el artículo 267 de la Constitución Política” por violar el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia. 2. Hechos 3. Expuso el actor que, el 25 de mayo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección del señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor 1 Índice 3 SAMAI. Presentada el 16 de junio de 2023 y repartida a este despacho el 21 de junio del mismo año. 2 Carlos Hernán Rodríguez BecerraDemandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicado: 11001-03-28-000-2023-00039-00

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general de la República y que, «elevadas algunas aclaraciones y recusaciones contra dicha Sentencia, el Consejo de Estado la confirmó en todas sus partes […]». 4. El 15 de junio de 2023, el contralor general de la República profirió la Resolución ORD-80112 1499 en la cual dispuso: (…) Declarar la falta absoluta del titular del cargo de Contralor General de la República, a partir del 16 de junio de 2023, por efecto del fallo proferido por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, del honorable Consejo de Estado, el 25 de mayo de 2023, mediante el cual declaró la nulidad de la elección del Dr. Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República para el periodo 2022-2026. (…) Declarar que a partir del 16 de junio de 2023 ocurre el supuesto de hecho previsto en el parágrafo 1 del artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000 para que el Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo asuma las funciones de Contralor General la República, mientras el Congreso de la República efectúa la elección de quien ha de fungir como tal durante el lapso que resta del periodo institucional previsto para su ejercicio en el artículo 267 de la Constitución Política. 5. Señaló que, como se ordenó en dicha resolución, la misma fue publicada en los canales de comunicación y redes sociales de la Contraloría General de la República. 3. Concepto de la violación 6. Para fundar su demanda el actor formuló, como único cargo, que el acto que pide anular y suspender provisionalmente «fue expedido por servidor público que no tenía competencia para proferirlo». Para tal efecto, citó como causal de nulidad la del inciso 2º del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). 7. Afirmó el demandante

expedido por servidor público que no tenía competencia para proferirlo». Para tal efecto, citó como causal de nulidad la del inciso 2º del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). 7. Afirmó el demandante que el contralor saliente, Carlos Rodríguez Becerra, carece de competencia para encargar al vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo «para asumir las funciones de Contralor General de la República, mientras el Congreso de la República (sic) la elección de quien ha de fungir como tal durante el lapso que resta del periodo constitucional previsto para su ejercicio en el artículo 267 de la Constitución Política […]». 8. Para el actor, la resolución acusada se fundó en lo dispuesto en el parágrafo 1ro.3 del artículo 38 del Decreto Ley 267 de 20004, el cual «es incompatible» con el artículo 2675 de la Constitución Política. 3 Artículo 38. Faltas absolutas y temporales. De conformidad con lo establecido en el artículo 267 de la Constitución Política, corresponde al Congreso proveer las faltas absolutas del Contralor General de la República. El Consejo de Estado proveerá las faltas temporales. Parágrafo 1. Mientras el Congreso o el Consejo de Estado, según el caso, efectúe la elección correspondiente, el Vicecontralor asumirá las funciones del Contralor General. Igualmente, el Vicecontralor asumirá las funciones del Contralor General en el caso de ausencia forzosa e involuntaria. 4 Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la

República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 5 Artículo 267. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019.> La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos,Demandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicado: 11001-03-28-000-2023-00039-00

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9. Sumado a lo anterior, afirmó el demandante que el parágrafo 1ro. del artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000, fue «derogado» por el Acto Legislativo 04 de 20196, al disponer que «solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo mayores de 45 días». Además, destacó que la norma legal resulta de inferior categoría a la constitucional, por lo cual debe prevalecer el principio de supremacía de la Constitución Política (art. 4). 10. Con su demanda, el señor Germán Calderón España solicitó decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución Ordinaria Nro. ORD-80112 1499 de 15 de junio de 2023. 4. Auto inadmisorio 11. Por auto de 26 de junio del 2023, el despacho ponente inadmitió la demanda al advertir que se omitió indicar con precisión el cargo de nulidad que se pretendía formular7. 12. En la oportunidad concedida, el actor corrigió el escrito inicial y precisó que formulaba como «cargo único» la falta de competencia en los términos ya expuestos en esta misma providencia. 5. Solicitud de medida cautelar 13. Al subsanar la demanda, el accionante reiteró su solicitud de suspender provisionalmente8 los efectos jurídicos del acto demandado, en los términos del artículo 234 del CPACA, que consagra el trámite de urgencia, para lo cual expuso que la sustenta «en el cargo único de esta demanda». 14. Aseguró

que la petición cautelar cumple con los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, pues la demanda está fundada razonablemente en derecho; el accionante es titular del derecho invocado al ser ciudadano colombiano y acreditó que sería más gravoso para el interés público negar la medida que concederla, porque se está «incumpliendo el ordenamiento jurídico». 15. Agregó que, en un artículo de prensa, se expuso que en el Congreso de la República fue aprobada una proposición para suspender la elección del nuevo contralor, mientras se decidía la acción de tutela que ejerció el señor Carlos Hernán Rodríguez contra el fallo de esta Sección, que declaró la nulidad de su elección. A su juicio, esto en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley. […] Solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo mayores de 45 días. 6 «Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal» 7 En este sentido, se requirió al actor que precisara la norma, los aspectos fácticos y toda la fundamentación que resultara necesaria a fin de elevar el cargo con el cual pretende demostrar que el señor Carlos Mario Zuluaga Pardo estaba inhabilitado para ejercer el encargo que ahora se cuestiona. 8 Asimismo, la sustentó en los numerales 4 y 5 del escrito de demanda «omisiones sobre las cuales se fundamentan las pretensiones y fundamento de derecho de las pretensiones, especialmente, el concepto de la violación».Demandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo

la sustentó en los numerales 4 y 5 del escrito de demanda «omisiones sobre las cuales se fundamentan las pretensiones y fundamento de derecho de las pretensiones, especialmente, el concepto de la violación».Demandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicado: 11001-03-28-000-2023-00039-00

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implica un abierto desacato a lo decidido por esta Corporación y hace necesario el decreto de la cautelar solicitada. 6. Trámite 16. Con auto del 5 de julio del 2023, se negó el trámite de urgencia9 y, en consecuencia, se corrió traslado de la media cautelar al demandado, a la Contraloría General de la República, al secretario general del Congreso de la República, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 7. Intervenciones 7.1. El Demandado 17. A juicio de su apoderado judicial, el acto demandado, si bien, es un acto administrativo, no se trata de un acto electoral y, por tanto, no es susceptible del medio de control ejercido por el demandante. 18. Se refirió al contenido de los artículos 139 y 149 del CPACA y manifestó que, con la resolución que se pide anular: i) El contralor no ejerció sus facultades nominadoras, ii) No se está sustituyendo al Congreso de la República, «quien ciertamente deberá proveer la falta absoluta del Contralor…»; iii) Tampoco nombra, ni encarga a nadie; iv) No provee vacante; vi) No designa ad hoc y; vii) Tampoco dispone (el contralor general) quién lo reemplazará. 19. Adujo que el acto demandado «contiene una simple declaración de ejecución» porque su motivación refiere las consecuencias del fallo electoral anulatorio de la elección del contralor general y a la falta absoluta que dicha decisión judicial generó. Lo anterior impuso que, en aplicación del parágrafo 1º del artículo 38 del Decreto Ley 267 del 2000, el vicecontralor asumiera las funciones, mientras se realiza el nombramiento por parte del nominador. 20. Destacó que por disposición de la ley es

judicial generó. Lo anterior impuso que, en aplicación del parágrafo 1º del artículo 38 del Decreto Ley 267 del 2000, el vicecontralor asumiera las funciones, mientras se realiza el nombramiento por parte del nominador. 20. Destacó que por disposición de la ley es el vicecontralor quien debe asumir las funciones del contralor general, lo que se debe acatar, con o sin la existencia o expedición del acto que se pide anular. 21. Señaló que el demandado es el vicecontralor de la República y que no ha tomado posesión del cargo de contralor general bajo ninguna modalidad, entiéndase encargo, designación, nombramiento o suplencia, sino que «simplemente por mandato imperativo de la ley – Decreto Ley 267 de 2000, parágrafo 1, art. 38 y No. 4 art. 47debe asumir 9 El despacho ponente concluyó que el demandante no argumentó en debida forma su petición de trámite de urgencia, lo que derivó en su negativa.Demandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicado: 11001-03-28-000-2023-00039-00

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funciones de Contralo General de la República mientras el Congreso de Colombia en pleno cumple […] su deber de designar un Contralor General de la República en propiedad dada la falta absoluta del mismo». 22. Al analizar los hechos de la demanda, explicó que el actor omitió informar que el demandado fue designado vicecontralor de la República, mediante Resolución 4310 de 19 de septiembre de 2022, cargo del cual tomó posesión y que, a la fecha, continúa ejerciendo. 23. Afirmó que, es falso sostener que el parágrafo 1º del artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000, fue derogado «expresamente», para lo cual basta con acudir a revisar su contenido. 24. Sostuvo que, el legislador, en el artículo 47 del decreto ley en mención, reiteró que ante las ausencias del contralor general es función del vicecontralor reemplazarlo. A lo cual agregó que incluso esa misma obligación se incluyó en el manual de funciones de la Contraloría General de la República (Res. Nro. OGZ-0806 de 2022). 25. En desarrollo de lo anterior, narró que el demandado «asumió funciones de Contralor General de la República», como da cuenta el Acta de 16 de junio de 2023. 26. Ahora bien, manifestó que en caso de que esta Sección decidiera que el acto sí es susceptible de control judicial, la medida cautelar debe ser negada, con fundamento en los siguientes argumentos: 27. No hay derogatoria «tácita» del Decreto Ley 267 de 2000, luego de transcribir los artículos 70 y 71 del

Código Civil, decisiones de la Corte Constitucional10 y del Consejo de Estado11, demostró que el texto original del artículo 267 de la Constitución Política y el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019, ambos coinciden en que corresponde al Congreso de la República proveer las faltas absolutas que se presenten en el cargo de contralor general. 28. Advirtió que la diferencia entre dichas normas recae en que las faltas temporales ya no las suple el Consejo de Estado sino el Congreso de la República, además, que es lo cierto que ninguno de los textos normativos «establecen el mecanismo a seguir para suplir la vacancia del cargo del Contralor mientras que el Congreso provee su falta absoluta, como sucede en este caso». 29. En este orden, concluyó que no existe incompatibilidad o contradicción entre los artículos 1º del Acto Legislativo 4 de 2019 y el 38, parágrafo 1º, del Decreto Ley 267 de 2000, que derive en la derogatoria tácita que se alega con la demanda. 10 Corte Constitucional, sentencias C-021 de 2020; C-019 de 2015; C-668 de 2014; C-898 de 1998; C-869 de 2009; C-634 de 1996; C-826 de 2006 y; C-653 de 2003. 11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 18 de junio de 2014. Rad. 110010306000201300019300.Demandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicado: 11001-03-28-000-2023-00039-00

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30. Expuso que, aceptar la tesis del demandante, según la cual el Congreso de la República es el único facultado para designar contralor interino o encargado, conllevaría un rompimiento del equilibrio de poderes y el otorgamiento de una competencia nominadora no prevista en el ordenamiento constitucional ni legal. 31. Lo anterior, en la medida que se permitiría al congreso «designar un Contralor interino de perfil eminentemente político, sin haber cumplido el trámite constitucional y legal, omitiendo la convocatoria ordenada por la Constitución […]». Situación que fue la que motivó la expedición del Acto Legislativo 2 de 2015 (elección del contralor general de terna). 32. Así las cosas, en criterio de la defensa del demandado, el contenido del parágrafo 1º del artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000, preserva el equilibrio de poderes y evita la indebida elección directa del Congreso de la República. 33. Precisó que no existe carga argumentativa que demuestre que el acto demandado vulnera los incisos 7 y 8 del artículo 267 de la Constitución Política porque la resolución que se pide anular se trata de una «simple declaración de ejecución». 34. Sumado a lo anterior, sostuvo que de la lectura del acto cuestionado se advierte que no dispone encargo alguno y tampoco ordena que se asuma cargo público; es decir, no crea situación jurídica a persona alguna. Por el contrario, se limita a demostrar que en los términos del artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000, «transitoriamente el vicecontralor» asumirá las funciones del contralor general. 35. Por otra parte, señaló que, para la parte actora, es una atribución del Congreso de la República «encargar» ante la falta absoluta del contralor general de la República, argumento que la defensa del demandado considera inconstitucional y que debe

funciones del contralor general. 35. Por otra parte, señaló que, para la parte actora, es una atribución del Congreso de la República «encargar» ante la falta absoluta del contralor general de la República, argumento que la defensa del demandado considera inconstitucional y que debe despacharse de manera negativa porque: i) La Constitución Política no atribuye al Congreso de la República nombrar encargos ni atribuir las funciones del contralor general, pues solo lo faculta para nombrar en propiedad. ii) El legislador en el Decreto Ley 267 de 2000, dispuso que la «asunción de funciones» del vicecontralor ante las faltas absolutas del contralor general fuese excepcional y transitoria, mientras que el Congreso de la República elige en propiedad. 36. En ese orden advirtió que, el acto demandado menciona que ni el artículo 267 de la Constitución Política y tampoco la Ley 1904 de 2018 «regulan la provisión de la vacante definitiva entre tanto el Congreso de la República provee la falta absoluta del contralor general de la República, por medio del mecanismo de convocatoria pública […]»; lo que impone concluir que no atenta contra la Carta sino que por el contrario la misma fue aplicada en debida forma.Demandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicado: 11001-03-28-000-2023-00039-00

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37. Según lo expuesto, se tiene que el artículo 38 del Decreto Ley 267 del 2000, en concordancia con el artículo 47.4 de dicha normativa, le impuso la función al vicecontralor de «representar al contralor general de la República en todo lo que éste determine y remplazarlo en sus ausencias en los términos dispuestos en el artículo 38 del presente decreto», lo cual de manera alguna puede considerarse como desconocimiento de normas constitucionales sino por el contrario permite al congreso el ejercicio de sus competencias eleccionaria «sin restricciones temporales distintas a las necesarias para efectuar todo el proceso de convocatoria […]». 38. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que la asunción de funciones del contralor general por parte del vicecontralor «es mandato legal que opera de derecho, sin que para el efecto requiera la declaración o autorización de otra autoridad pública. El acto administrativo en cuestión tampoco se constituye en requisito de ello […]». 39. Para concluir, explicó que el acto demandado se expidió en obedecimiento de las funciones asignadas al contralor general en el artículo 268.1812 de la Constitución Política. 40. Finamente, pidió tener en cuenta que en el despacho del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio13 y en la Sección Primera14 también se están tramitando procesos contra el acto demandado y, por tanto, pidió que se estudie la posibilidad de acumularlos, conforme a la ley. 7.2. Congreso de la República 41. El secretario general, se opuso a la procedencia de la suspensión provisional del acto porque, en su criterio, el demandante no demostró la configuración de perjuicio irremediable. Por el contrario, afirmó que «no hay grado de afectación material o moral en el haber jurídico». 42. Indicó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política, al Congreso de la República le compete la elección del contralor general

irremediable. Por el contrario, afirmó que «no hay grado de afectación material o moral en el haber jurídico». 42. Indicó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política, al Congreso de la República le compete la elección del contralor general y suplir las vacancias absolutas o temporales que se presenten. 43. Señaló que, la resolución acusada se dictó «en ejercicio de sus funciones por el doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor General de la República de ese entonces», además, no contiene nombramiento, encargo, delegación y tampoco asigna funciones a servidor público.

12 Artículo 268. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019.> El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: (…) 18. Las demás que señale la ley. 13 Radicación número 11001-03-28-000-2023-00041-00. 14 Radicación número 11001-03-24-000-2023-00171-00. MP. Oswaldo Giraldo LópezDemandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicado: 11001-03-28-000-2023-00039-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

44. Por el contrario, se limitó a declarar «una novedad administrativa o ejecutando un fallo judicial» y agregó que el demandado «una vez presentada la vacancia absoluta del titular de la Contraloría General de la República, estaba obligado a asumir las funciones de Contralor General de la República». 45. Insistió que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 267 del 2000, al vicecontralor le corresponde asumir las funciones de contralor, mientras el Congreso de la República provee de manera definitiva la vacante absoluta del cargo, lo cual se acompasa con lo dispuesto en la Resolución 0806 del 2022, contentivo del manual de funciones de la entidad. 46. Finalmente, manifestó que el presidente del Senado de la República dará prelación a la provisión definitiva de la vacante absoluta del contralor, en cumplimiento del fallo de esta Sección que declaró la nulidad de esa elección. 7.3. David Alonso Roa Salguero (impugnador) 47. De entrada, manifestó que se oponía al decreto de la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto demandado. 48. Afirmó que el proceso debe reconducirse al trámite de nulidad (art. 137 del CPACA), porque el actor pretende la anulación de un acto que «no es un acto de nombramiento en encargo» y, en consecuencia, el expediente debería remitirse a la Sección Primera de esta corporación. 49. Expuso que, el demandado asumió las funciones de contralor general en virtud del parágrafo 1ro. del artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000 y no recibió «en encargo el empleo» ni tampoco se apartó de sus funciones de vicecontralor. 50. Sostuvo que el Acto Legislativo 04 de 2019 no derogó el artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000, porque durante la

de 2000 y no recibió «en encargo el empleo» ni tampoco se apartó de sus funciones de vicecontralor. 50. Sostuvo que el Acto Legislativo 04 de 2019 no derogó el artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000, porque durante la vigencia de la Constitución de 1991, es al Congreso de la República a quien compete el nombramiento del contralor general y suplir su vacancia absoluta. 51. Asimismo, indicó, que dentro de las funciones asignadas al vicecontralor, está la de representar al contralor general y remplazarlo en sus ausencias, conforme lo dispuesto en el numeral 4º15 del artículo 47 del Decreto Ley 267 de 2000. 15 Artículo 47. Despacho y funciones del vicecontralor. Corresponde al Despacho del Vicecontralor, con la colaboración y coordinación del funcionario designado al efecto, prestar y suministrar en forma efectiva los servicios de apoyo inmediato que requiera el Vicecontralor, con el fin de facilitar el ejercicio de sus funciones. Son funciones del Vicecontralor: (…) 4. Representar al Contralor General de la República en todo lo que éste determine y remplazarlo en sus ausencias en los términos dispuestos en el artículo 38 del presente decreto.Demandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicado: 11001-03-28-000-2023-00039-00

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52. Sostuvo que el contralor general tenía competencia para expedir el acto que se pide anular y suspender provisionalmente, por así disponerlo el artículo 35.4 del Decreto Ley 267 de 2000, que la asigna la función de «dirigir como autoridad superior las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la contraloría general […]». 53. En este orden, concluyó que la resolución acusada replica el contenido del parágrafo 1ro. del artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000 y, en caso de acceder a la cautelar requerida por el actor «habría que aplicarse de manera directa esta disposición de rango legal». 54. Para finalizar, informó que en la Sección Quinta y Primera del Consejo de Estado se tramitan otros procesos contra la Resolución 1499 de 2023, que se pide anular. 8. Ministerio Público 55. La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado se refirió a los hechos y fundamentos de la cautelar solicitada, a las generalidades de la suspensión provisional, a los actos de contenido electoral y a los de ejecución. 56. Al arribar al caso concreto, afirmó que la resolución acusada «quiso materializar las consecuencias de la eventual ejecutoria de la sentencia de nulidad» de la elección del entonces contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, por tanto, «el contenido de dicho acto administrativo no encuadra como lo alega el accionante, en uno de contenido electoral» y lo considera como acto de ejecución carente de jurisdicción. 57.

Precisó que el acto demandado se limitó a aplicar las consecuencias del fallo anulatorio de la elección del contralor general y señaló que, si bien es cierto de dicha sentencia no se advierte orden alguna en este sentido, no es dable desconocer que los efectos de la vacancia absoluta operan ipso jure. 58. En todo caso, en la hipótesis de aceptar que el acto acusado es electoral, indicó que la medida cautelar no debe ser decretada, pues el acto acusado se basó en lo dispuesto en el Decreto 267 del 2000 que establece con claridad que mientras el Congreso de la República provee la vacante del contralor general, sus funciones deben ser asumidas por el vicecontralor. 59. En conclusión, solicitó rechazar la demanda porque persigue la anulación de un acto carente de jurisdicción o, en su defecto, negar la cautelar pedida por el demandante. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 60. La Sección Quinta es competente para resolver sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional de los actos de elección o nombramiento, conDemandante: Germán Calderón España Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicado: 11001-03-28-000-2023-00039-00

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fundamento en lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, al igual que para conocer, en única instancia, del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el numeral 516 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 20214 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación17. 2.2. Admisión de la demanda 61. La admisión de la demanda de nulidad electoral pasa por el cumplimiento de las exigencias de los artículos 162, 163, 164, 166 y 281 del CPACA, relativos a los requisitos formales de la misma, la debida individualización de las pretensiones, el ejercicio oportuno del derecho de acción y el acompañamiento de los anexos; previsiones que se encuentran satisfechas en el asunto bajo examen. 62. En efecto, en la demanda se indicaron, las partes y sus representantes; los hechos que la sustenta; las normas violadas y el concepto de la violación en relación con la falta de competencia que se alega; la pretensión que consiste en anular la Resolución Ordinaria No. ORD-80112 1499 de 15 de junio de 2023, enjuiciada, que dispuso declarar la falta absoluta del cargo de contralor general y dispuso que el vicecontralor asumiría dichas funciones; las pruebas aportadas y solicitadas; y el canal digital en el que las partes recibirán notificaciones. 63. Conviene aclarar, que en los términos del artículo 162.8. CPACA, no era exigible al accionante el envío simultáneo del libelo al correo electrónico del demandado, toda vez que con la demanda solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado. 64. Ahora bien, la Sala observa, que contrario a lo afirmado por el demandando, el impugnador y

al accionante el envío simultáneo del libelo al correo electrónico del demandado, toda vez que con la demanda solicitó la suspensión pro