CE - 110010328000202300041001AUTOQUEADMITEADMITEDEM20230728113808
Detalles
- Título
- CE - 110010328000202300041001AUTOQUEADMITEADMITEDEM20230728113808
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Édison Darío Telésforo González Salguero
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2023-00041-00
Demandante: ÉDISON DARÍO TELÉSFORO GONZÁLEZ SALGUERO
Demandado: CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO – CONTRALOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA ENCARGADO
ADMITE DEMANDA – RESUELVE MEDIDA CAUTELAR
Procede la Sala a proveer sobre la admisión de la demanda presentada en contra de la Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023 proferida por el anterior contralor general de la República, a resolver la solicitud de suspensión provisional de los efectos de aquel, ele vada por la parte actora y a pronunciarse sobre la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor David Alonso Roa Salguero.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
El señor Edison Darío Telésforo González Salguero, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1
El señor Edison Darío Telésforo González Salguero, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó la Resolución ORD -80112-1499 del 15 de junio de 2023 a través de la cual se declaró la falta absoluta de l titular del cargo de contralor general de la República y se declaró que a partir del 16 de junio de 2023 ocurriría el supuesto de hecho previsto en el parágrafo 1 del artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000 para que el vicecontralor asuma las funciones de dicho cargo.
Como fundamento de la demanda, sostuvo que dicho acto fue proferido sin competencia, con desviación de poder y de manera irregular.
2. La solicitud de suspensión provisional
Dentro del escrito de demanda se solicitó el decreto de la medi da cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto demandado. Como fundamento de
1 Visible en la anotación 3 del expediente que obra en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.Demandante: Édison Darío Telésforo González Salguero
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 su solicitud invocó los siguientes argumentos:
Adujo que el acto acusado fue expedido por el señor Carlos Hernán Rodríguez
www.consejodeestado.gov.co 2 su solicitud invocó los siguientes argumentos:
Adujo que el acto acusado fue expedido por el señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra sin competencia, toda vez que s u elección fue declarada nula mediante sentencia del 25 de mayo de 2023.
Señaló que la facultad para declarar la falta absoluta del cargo de contralor general de la República no está dentro de las funciones atribuidas en los artículos 268 de la Constitución Política y 35 del Decreto Ley 267 de 2000 a ese funcionario.
Indicó que el contralor saliente tampoco era competente para encargar de sus funciones al vicecontralor, toda vez que esa facultad está atribuida por el artículo 267 de la Carta Política al Congreso de la República.
Adujo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 la falta absoluta o vacancia definitiva de este tipo de cargos opera de pleno derecho cuando se configura cualquiera de las hipótesis contempladas en dicha norma.
Explicó que de manera concreta el numeral 11 de dicho artículo consagra como causal de vacancia definitiva la declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial.
Sostuvo que, si bien es cierto, para el 15 de junio de 2023 el señor Rodríguez Becerra todavía fungía como contralor general de la República, en materia de situaciones administrativas sólo podía tomar las decisiones relacionadas con los empleados de la entidad que dirigía, pero no sobre su propio empleo.
Indicó que ello obedece a que él no era su nominador, el nominador del cargo de
situaciones administrativas sólo podía tomar las decisiones relacionadas con los empleados de la entidad que dirigía, pero no sobre su propio empleo.
Indicó que ello obedece a que él no era su nominador, el nominador del cargo de contralor general de la República a la luz de las normas constitucionales es el Congreso de la República, por lo que dicha corporación es la única facultada para proveer sus vacancias.
Manifestó que esta postura fue reconocida por la misma Contraloría General de la República mediante Comunicado de Prensa 128 del 24 de agosto de 2018.
Agregó que, para el 15 de junio de 2023, fecha en que se expidió el acto demandado, todavía no se h abía materializado la vacancia definitiva del cargo, la cual sólo se configuró con la ejecutoria de la decisión de nulidad electoral.
Indicó que, además, el acto está viciado de desviación de poder por cuanto no es lo que en apariencia se quiere mostrar, en realidad se trata de un encargo de contralor general.
Mencionó que con la expedición de la resolución acusada no se buscó satisfacer el interés general sino la posibilidad de que uno de sus colaboradores, nombrado por él mismo ocupara el cargo de contralor general de la República.
Arguyó que, además, se buscó evitar que fuera el Congreso de la República quien nombrara o eligiera en encargo al contralor general mientras se repetía laDemandante: Édison Darío Telésforo González Salguero
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 convocatoria en los términos del artículo 126 de la Constitución Po lítica y la Ley 1904 de 2018.
Afirmó que el saliente contralor designó a un funcionario de sus afectos a su antojo, no en pro del interés general.
Reiteró que con la expedición del acto acusado se declaró una vacancia definitiva que no se había materializado para esa fecha.
3. De la solicitud de ser tenido como tercero
El señor David Alonso Roa Salguero, mediante memorial radicado el 5 de julio de 2023, visible en la anotación 13 del expediente electrónico de la referencia 2, manifestó su intención de intervenir en el presente proceso.
4. Trámite de la solicitud de suspensión provisional
Previo a la admisión de la demanda, mediante auto del 26 de junio de 2023 3 se corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional al señor Carlos Mario Zuluaga Pardo, al secretario general del Congreso de la República, al director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público, con el fin de que manifestaran lo que consideraran pertinente.
El 25 de julio de 2023 el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en las causales 1 del artículo 140 del Código General del Proceso y 3 del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.4
impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en las causales 1 del artículo 140 del Código General del Proceso y 3 del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.4
Dicho impedimento fue declarado fundado a través de proveído de la fecha (27 de julio de 2023).5
5. Traslado de la solicitud de suspensión provisional
Surtido el traslado de que trata el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el demandado, el Congreso de la República, el tercero David Alonso Roa Salguero, y la señora agente del Mi nisterio Público, se pronunciaron en forma oportuna sobre la medida cautelar solicitada, en los siguientes términos:
5.1 Carlos Mario Zuluaga Pardo
Por conducto de apoderado, la parte demandada solicitó que la medida cautelar fuera denegada.
2 Visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 3 Visible en la anotación 6 del expediente que obra en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 4 Visible en la anotación 20 del expediente que obra en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. 5 Visible en la anotación 22 del expediente que obra en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.Demandante: Édison Darío Telésforo González Salguero
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4
Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4
Señaló qu e la Resolución ORD -80112-1499 contiene una simple declaración de ejecución del fallo que declaró la nulidad de la elección del señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República.
Destacó que a través de dicho acto el contralor no ejerció facultades nominadoras; no sustituyó al Congreso de la República quien claramente deberá proveer la falta absoluta de contralor; no nombró, encargó ni designó a alguien, no proveyó una vacante, no designó a alguien ad hoc ni esta dispuso quién sería su reemplazo.
Adujo que la existencia del acto administrativo demandado no transforma la relevancia jurídica del hecho que en él se exterioriza, toda vez que, con o sin el acto demandado, por disposición de la ley, el vicecontralor debía asumir las funciones de contralor general de la República.
Manifestó que el señor Carlos Mario Zuluaga Pardo es el titular del cargo de vicecontralor y no ha tomado posesión de encargo, designación, nombramiento, suplencia o figura jurídica parecida como contralor general de la República; simplemente por mandato i mperativo del Decreto Ley 267 de 2000, artículo 38, parágrafo 1, debe asumir las funciones de ese cargo mientras que el Congreso de la República cumple con su deber.
Mencionó que el actor omitió algunas situaciones fácticas y jurídicas en su demanda
parágrafo 1, debe asumir las funciones de ese cargo mientras que el Congreso de la República cumple con su deber.
Mencionó que el actor omitió algunas situaciones fácticas y jurídicas en su demanda y solicitud de medida cautelar como, por ejemplo, que el señor Zuluaga Pardo fue designado vicecontralor general de la República mediante Resolución 4310 del 19 de septiembre de 2022, fecha en la cual tomó posesión de ese cargo y en la actualidad lo sigue desempeñando.
Además, que el Decreto Ley 267 de 2000 establece como función del vicecontralor remplazar al contralor general de la República en los términos de dicha norma, por lo que el demandado asumió ese rol en virtud del deber funcional y legal consagrado en el parágrafo 1 del artículo 38 y en el numeral 4 del artículo 47 del referido decreto.
Indicó que es imposible que con el acto demandado se haya desconocido el artículo 267 de la Constitución Política.
Arguyó que las razones expuestas por el demandante se alejan del contenido de la resolución acusada toda vez que en ella no se elige ni provee el cargo de contralor general de la República, simplemente se ejecuta el fallo de nulidad electoral que dejó vacante el cargo.
Afirmó que con el acto acusado no se encargó a nadie del cargo, ni se le ordenó al demandado asumir dicha calidad.
Sostuvo que la Constitución Política no atribuye ni formal ni materialmente al Congreso de la República nombrar encargados en la Contraloría General de la República ante faltas absolutas.
Destacó que la Resolución ORD-80112-1499-2023 invocó expresamente el artículo
Congreso de la República nombrar encargados en la Contraloría General de la República ante faltas absolutas.
Destacó que la Resolución ORD-80112-1499-2023 invocó expresamente el artículo 267 de la Constitución Política, por lo que no puede ahora endilgársele una violaciónDemandante: Édison Darío Telésforo González Salguero
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 directa de la Carta.
Señaló que en la parte motiva del acto acusado t ambién se invocó el artículo 6 del Decreto Ley 267 de 2000, sin embargo, respecto de esta norma no se planteó inconformidad alguna por lo que no puede ser objeto de pronunciamiento en esta ocasión.
Puso de presente que el numeral 18 del artículo 268 de la Carta Política sí contiene un sustento para el acto acusado, toda vez que establece que el contralor debe ejercer las demás atribuciones que le señale la ley, dentro de las cuales está la de desempeñar las funciones administrativas inherentes a su propia organización para la satisfacción de su misión constitucional.
Dijo que además los artículos 5.6 y 6 del Decreto Ley 267 de 2000 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 35 inciso 2 de la misma norma, le atribuyen especiales competencias al contralor general de la República que fueron ejercidas a través de la resolución demandada.
Adujo que el cargo de desviación de poder no reúne la carga de justificación,
competencias al contralor general de la República que fueron ejercidas a través de la resolución demandada.
Adujo que el cargo de desviación de poder no reúne la carga de justificación, razonabilidad ni argumentación exigida en la Ley 1437 de 2011 para su procedencia y consideración en los estrados judiciales.
Indicó que el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 no es una norma aplicable a la Contraloría General de la República toda vez que aplica a la Rama Ejecutiva y la Contraloría no hace parte de aquella.
Agregó que la Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023 expedida por el anterior contralor general de la República también fue demandada dentro de los radicados 11001032800020230003900 de la Sección Quinta y 11001032800020230017100 de la Sección Primera del Consejo de Estado, por lo que solicitó adelantar las gestiones a que haya lugar para su eventual acumulación, solicitud que reiteró mediante memoriales del 5 y el 13 de julio de 2023.6
5.2 Congreso de la República
A través del secretario general de la corporación se opuso a la solicitud de medida cautelar en los siguientes términos7:
Señaló que efectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución Política corresponde al Congreso de la República admitir la renuncia del contralor general de la República y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo mayores a 45 días.
Indicó que a través del acto demandado se declaró la ocurrencia de la falta absoluta del titular del cargo de contralor y, por ende, del supuest o de hecho previsto en la
cargo mayores a 45 días.
Indicó que a través del acto demandado se declaró la ocurrencia de la falta absoluta del titular del cargo de contralor y, por ende, del supuest o de hecho previsto en la
6 Visibles en las anotaciones 12, 14 y 19 del expediente electrónico. 7 Visible en la anotación 17 del expediente que obra en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.Demandante: Édison Darío Telésforo González Salguero
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 ley para la asunción de las funciones por parte del vicecontralor.
Adujo que dicho acto no ordenó un nombramiento, un encargo, una delegación o una asignación de funciones a un servidor público, sólo declaró una novedad administrativa y ejecutó un fallo judicial.
Manifestó que de conformidad con la ley correspondía al señor Carlos Mario Zuluaga Pardo, una vez presentada la vacancia absoluta del titular de la Contraloría General de la República, asumir las funciones de contralor.
Insistió en que la Resolución ORD -8011-1499 del 15 de junio de 20223 tan solo protocolizó una novedad administrativa interna de esa entidad.
Puso de presente que la sentencia del 25 de mayo de 2023 quedó legalmente ejecutoriada el 26 de junio de 2023, no en la fecha en que se indica en la demanda.
Reiteró que dentro de las funciones del vicecontralor general de la República que
ejecutoriada el 26 de junio de 2023, no en la fecha en que se indica en la demanda.
Reiteró que dentro de las funciones del vicecontralor general de la República que constan dentro del manual de la entidad adoptado a través de Resolución OGZ0806 de 2022, específicamente en los numerales 6 y 13 del Capítulo III se establece que corresponde a ese funcionario reemplazar al contralor en sus ausencias y realizar las demás funciones asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.
Agregó que el actor no demostró el perjuicio irremediable que se generaría en caso de no acceder a la medida cautelar por él solicitada.
Afirmó que el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 no rige para la Contraloría General de la República, sólo para la Rama Ejecutiva y es claro que ese ente de control no hace parte de aquella.
5.3 Tercero impugnador
El señor David Alonso Roa Salguero en su calidad de tercero impugnador solicitó desestimar la petición de suspensión provisional con base en los siguientes argumentos8:
Señaló que el acto demandado no es un acto de nombramiento y, por ende, su legalidad debe estudiarse en el medio de control de nulidad simple.
Indicó que prueba de que el señor Zuluaga Pardo no ha recibido en encargo el empleo de contralor general de la República es que no se ha separado de su cargo de vicecontralor y no se ha posesionado como contralor.
Manifestó que la Resolución 1499 del 15 de junio de 2023 ni siquiera es de contenido electoral, es un acto individual que dispone la asunción de nuevas
de vicecontralor y no se ha posesionado como contralor.
Manifestó que la Resolución 1499 del 15 de junio de 2023 ni siquiera es de contenido electoral, es un acto individual que dispone la asunción de nuevas funciones por quien ejerce el empleo de vicecontralor, por lo que debe disponerse la remisión del asunto a la Sección Primera de la Corporación.
8 Visible en la anotación 13 del expediente que obra en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.Demandante: Édison Darío Telésforo González Salguero
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7
Precisó que el artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000 no fue derogado tácitamente por el Acto Legislativo 0 4 de 2019 que reformó el artículo 267 de la Constitución Política.
Expuso que, en cualquier tiempo, bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991 es el Congreso de la República quien nombra al contralor general de la República ante sus vacancias o faltas absolutas.
Adujo que la norma constitucional no regula quién ejerce las funciones en el lapso entre la ocurrencia de la vacancia definitiva y la elección del nuevo contralor.
Aseveró que el cargo de nulidad por violación de norma superior se sustenta en un régimen normativo que no existe y que no aplica directamente al caso concreto, como es el caso, por ejemplo, del Decreto 1083 de 2015.
Aseveró que el cargo de nulidad por violación de norma superior se sustenta en un régimen normativo que no existe y que no aplica directamente al caso concreto, como es el caso, por ejemplo, del Decreto 1083 de 2015.
Afirmó que el acto acusado no hizo más que replicar el contenido legal existente, esto es que las funciones de contralor general de la República deben ser asumidas por el vicecontralor mientras el Congreso elige a la nueva cabeza de la entidad.
Mencionó que no hay desviación de poder, anticipación de funciones ni falta de competencia por lo que la medida cautelar debe ser denegada.
6. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta Corporación indicó que la medida cautelar de suspensión provisional debía ser negada, con base en los siguientes argumentos9:
Recordó las nociones de acto administrativo de contenido electoral y acto administrativo de ejecución, con el fin de precisar que a través del acto ahora acusado se pretendió materializar las consecuencias de la eventual ejecutoria de la sentencia de nulidad de la elección del señor Carlo Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República para el período 2022-2026.
Señaló que, en su criterio el contenido de dicho acto no encuadra dentro de la noción de acto administrativo de contenido electoral, sino de ejecución, por lo que estimó que no es susceptible de control judicial.
Adujo que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los actos de ejecución no tienen control judicial salvo que desconozcan el fallo que pretenden ejecutar, que creen situaciones jurídicas nuevas o distintas o que esté en contravía
Adujo que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los actos de ejecución no tienen control judicial salvo que desconozcan el fallo que pretenden ejecutar, que creen situaciones jurídicas nuevas o distintas o que esté en contravía con la providencia que ejecuta, hipótesis que no se materializan en el caso bajo estudio.
Indicó que de la lectura del acto acusado no se extrae que aquella contenga
9 Visible en la anotación 15 del expediente que obra en la Sede electrónica para la gestión judicial,
Samai.Demandante: Édison Darío Telésforo González Salguero
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 aspectos distintos a plasmar las consecuencias de la ejecución de la sentencia del 25 de mayo d e 2023 a través de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República, pese a que los efectos de las vacancias absolutas operan ipso iure sin que requieran orden alguna para proceder en tal sentido, pues la ley establece sus consecuencias.
Manifestó que, si en gracia de discusión se acepta que el acto acusado es demandable, se debe negar su suspensión provisional por cuanto no está acreditado que las normas invocadas como desconocidas apliquen al caso concreto y en caso de que ello sea así, que se hayan vulnerado.
demandable, se debe negar su suspensión provisional por cuanto no está acreditado que las normas invocadas como desconocidas apliquen al caso concreto y en caso de que ello sea así, que se hayan vulnerado.
Destacó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 267 de 2000, vigente para la fecha, ante la falta absoluta del contralor general de la República, el vicecontralor asume sus funciones, hasta tanto el Congreso de la República efectúe la elección definitiva.
Explicó que según el inciso 8 del artículo 267 de la Constitución Política modificado en 2015 y 2019 corresponde al Congreso de la República suplir las faltas absolutas y temporales de ese cargo, mayores a 45 días.
Expuso que la única modificación efectuada en este punto, es que el Congreso debe suplir las faltas temporales, sin embargo, ello no riñe con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 267 de 2000.
Sostuvo que, en tales condiciones, no le correspondía al Congreso realizar el encargo de las funciones de contralor general de la República, pues, aunque corresponda a dicha corporación elegir al nue vo contralor, mientras tanto ello ocurre, el vicecontralor es el encargado de suplir la vacancia en los términos del artículo 38 del Decreto 267 de 2000.
En consecuencia, solicitó en primer lugar rechazar la demanda de la referencia por dirigirse contra un acto no susceptible de control judicial o, en su defecto, negarla con base en las consideraciones expuestas.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia de la demanda promovida
dirigirse contra un acto no susceptible de control judicial o, en su defecto, negarla con base en las consideraciones expuestas.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia de la demanda promovida contra la Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023 a través de la cual se declaró la falta absoluta del titular del cargo de contralor general de la República y se declaró que a partir del 16 de junio de 2023 ocurriría el supuesto de hecho previsto en el parágrafo 1 del artícul o 38 del Decreto Ley 267 de 2000 para que el vicecontralor asuma las funciones de dicho cargo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
En tales condiciones, está facultada para proveer sobre la admisión de la demanda y decidir sobre la solicitud de suspensión provisional de los efectos del actoDemandante: Édison Darío Telésforo González Salguero
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 acusado, en los términos del artículo 277 del Código de Procedimie nto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. La admisión de la demanda
Para la admisión de la demanda en materia electoral se exige el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 162 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. La admisión de la demanda
Para la admisión de la demanda en materia electoral se exige el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la individualización de las pretensiones de que trata el artículo 163, que la demanda se presente en la oportunidad prevista en la letra a) del numeral 2 del artículo 164 y que se acompañe de los anexos señalados en el artículo 166 de ese mismo estatuto, además, de la verificación de la debida acumulación de causales de nulidad a que se refiere el artículo 281.
En este caso la demanda fue presentada en término, toda vez que el acto acusado data del 15 de junio de 2023 y la demanda fue presentada el 22 de junio del presente año, según consta en la anotación 1 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai. Es decir, 4 días después de su expedición, por lo que aun cuando se tomé como fecha para el cómputo de caducidad el de su expedición y no el de su publicación, es evidente que fue presentado dentro del término de 30 días de caducidad.
Así mismo, la demanda incluyó la designación de las partes, la pretensión formulada claramente, la descripción de los hechos, los fundamentos de derecho, la solicitud de pruebas que la actora pretende hacer valer en el proceso y las direcciones para las respectivas notificaciones.
Además, de la lectura de la disposición es claro que el saliente contralor dispone la vacancia de su cargo y que el señor Carlos Mario Zuluaga Pardo «asuma las
las respectivas notificaciones.
Además, de la lectura de la disposición es claro que el saliente contralor dispone la vacancia de su cargo y que el señor Carlos Mario Zuluaga Pardo «asuma las funciones» de contralor general de la República mientras el Congreso de la República adelanta la respectiva convocatoria para su reemplazo definitivo.
Es decir, sí crea una situación jurídica en particular con efectos electorales toda vez que, en últimas, designa quién asumirá las funciones del cargo de contralor general de la República una vez quede en firme la decisión judicial que declaró la nu lidad de la elección del señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra en dicha dignidad.
En consecuencia, contrario a lo afirmado por el demandado, el Congreso de la República, el Ministerio Público y el impugnador la demanda cumple con las exigencias legales y habrá de ser admitida en el medio de control de nulidad electoral para la cual es competente esta Sección y no la Sección Primera.
3. La solicitud de ser tenido como tercero
El señor David Alonso Roa Salguero, mediante memorial radicado electrónicamente el 5 de julio de 2023, visible en la anotación 13 del expediente electrónico de la referencia10, manifestó su intención de intervenir en el presente proceso.
10 Visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.Demandante: Édison Darío Telésforo González Salguero
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10
Radicación: 11001032800020230004100
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10
Sobre la oportunidad de la intervención de coadyuvantes en materia electoral, el artículo 228 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone:
«En los procesos electorales cualquier persona puede pedir que se le tenga como impugnador o coadyuvante. Su intervención solo se admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de celebración de la audiencia inicial …» (Se resalta).
En ese orden de ideas, como la referida solicitud fue presentada en el término de cumplimiento del auto admisorio de la demanda es claro que resulta oportuna y, por tanto, puede ser tenida en cuenta.
Por lo tanto, se tendrá al señor David Alfonso Roa Sal guero como impugnador dentro del presente asunto.
4. La solicitud de suspensión provisional
Según se tiene, en el caso concreto la parte actora solicitó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional del acto acusado en atención a que en su criterio fue expedido sin competencia, co
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