CE - 110010328000202300046001AUTOQUERESUELNIEGASOLI20230830160931

Demandante: Ximena Echavarría Cardona

Demandado: Consejo Nacional Electoral Radicado 11001-03-28-000-2023-00046-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2023-00046-00

Demandante: XIMENA ECHAVARRÍA CARDONA Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Tema: Auto decide suspensión provisional. Resolución 5529 de 15 de diciembre de 2022 (reconocimiento de personería jurídica de la agrupación política Fuerza Ciudadana)

AUTO – ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión provisional, presentada por la ciudadana Ximena Echavarría Cardona contra la Resolución 5529 de 15 de diciembre de 2022, expedida por el Consejo Nacional Electoral – en lo sucesivo CNE - por medio de la cual se reconoció persone ría jurídica a la agrupación política Fuerza Ciudadana.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La actora presentó demanda el 11 de julio de 2023 , en ejercicio del medio de

agrupación política Fuerza Ciudadana.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La actora presentó demanda el 11 de julio de 2023 , en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA , con el siguiente propósito:

PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución 5529 del 15 de diciembre de 2022 expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se RECONOCIÓ y ORDENÓ la inscripción de la agrupación política “FUERZA CIUDADANA”, en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica que reposa en el Consejo Nacional Electoral, dentro del radicado CNE-E-DG-2022-018424.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral excluya del Registro Único de Pa rtidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica a la agrupación política “FUERZA CIUDADANA”.Demandante: Ximena Echavarría Cardona

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1.2. Hechos

La demandante expuso los siguientes:

1.2.1. El señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, a través de apoderado, presentó solicitud de reconocimiento de personería jurídica a favor del Grupo Significativo Fuerza Ciudadana.

La demandante expuso los siguientes:

1.2.1. El señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, a través de apoderado, presentó solicitud de reconocimiento de personería jurídica a favor del Grupo Significativo Fuerza Ciudadana.

1.2.2. El CNE expidió la Resolución 5529 de 2022 , mediante la cual concedió dicho atributo. Al efecto, tuvo en cuenta que la colectividad ha sido estable en el tiempo; cuenta con el respaldo ciudadano en las urnas reflejado en la representación política lograda con la elección de varios alcaldes, un gobernador y una curul de representante a la Cámara . Además, de haber conformado la coalición1 que llevó al señor Gustavo Petro al S enado de la República ( 2018) - como segunda fuerza electoral del paísy a la Presidencia de la República 20222026.

1.2.3. En este mismo acto, el CNE registró los estatutos y la plataforma ideológica y programática del colectivo y, provisionalmente, al ciudadano Carlos Eduardo Caicedo Omar como presidente fundador y representante legal del movimiento referido.

1.3. La solicitud de suspensión provisional

La parte actora pidió, en escrito separado a la demanda pero anexo a esta , la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto. Como fundamento invocó las siguientes censuras y planteamientos:

1.3.1. Falsa motivación: indicó que, como lo expresó en la demanda, el acto impugnado otorgó la personería jurídica, al aplicar el principio de igualdad, mediante la extensión del caso fallado por la Corte Constitu cional frente a Colombia Humana (SU-316-21).

impugnado otorgó la personería jurídica, al aplicar el principio de igualdad, mediante la extensión del caso fallado por la Corte Constitu cional frente a Colombia Humana (SU-316-21).

Literalmente, adujo: «…como se expresó en el escrito de la demanda, el Consejo Nacional Electoral expidió dicha Resolución con una evidente falsa motivación, pues se

1 El acto demandado contiene la relación de la participación electoral activa de Fuerza Ciudadana. En esta se refiere a que la elección de candidato único a la Presidencia 2018 -2022 estuvo precedida de la llamada “Consulta de la Inclusión Social por la paz” con la participación del MAIS, Colombia Humana y Fuerza Ciudadana. Luego para la primera y segunda vuelta presidencial 2018-2022, dicha colectividad apoyó e hizo parte de la respectiva coalición. Así también integró la coalición para presidente 2022-2026, con el entonces candidato Gustavo Petro. Véanse folios 37 y 38 de la Resolución 5529 de 2022.Demandante: Ximena Echavarría Cardona

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le otorga personería jurídica como partido político a Fuerza Ciudadana’ basados en el principio de igualdad, extendiendo lo que la corte constitucional expone frente al caso de Colombia Humana…».

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le otorga personería jurídica como partido político a Fuerza Ciudadana’ basados en el principio de igualdad, extendiendo lo que la corte constitucional expone frente al caso de Colombia Humana…».

1.3.2. Violación a normas en que debía fundarse: por cuanto otorgó la personería jurídica cuestionada en contravía al artículo 108 Superior, al inobservar el umbral del 3% de los votos emitidos en la elección de Congreso de la República, dando aplicación a las medidas propue stas en el Acuerdo Final que no han sido reguladas en el ordenamiento jurídico vigente.

Aseveró que Fuerza Ciudadana no cumplía con dichos parámetros . Esto , por cuanto explicó lo siguiente:

…si bien es cierto dicha agrupación política para elecciones de congreso 20222026, inscribió lista cerrada para Cámara de Representantes en la circunscripción del Magdalena, cumpliendo así con el requisito cualitativo, no fue de la misma forma con el cuantitativo, pues la votación válida obtenida en el territorio naci onal fue de 71.075. De igual manera, “FUERZA CIUDADANA” inscribió lista al senado obteniendo 431.166 votos como se refleja en el formulario E26 SEN. Los votos válidos para Senado ascendieron la cifra de 16.990.304, lo que significa que “FUERZA CIUDADANA” con su votación obtuvo el 2.537% del total de los votos válidos, por lo tanto, se incumple así con el requisito cualitativo impuesto por la constitución y la Ley para serle reconocida personería Jurídica.

válidos, por lo tanto, se incumple así con el requisito cualitativo impuesto por la constitución y la Ley para serle reconocida personería Jurídica.

Afirmó que la aplicación extensiva de la SU -316 de 2021, no procedía en este caso, comoquiera que la curul de senador de la República d e Gustavo Petro se obtuvo en ejercicio de un derecho personal contemplado en el Estatuto de la Oposición y no de la coalición.

Indicó que tampoco podía emplear las medidas propuestas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera –en lo sucesivo Acuerdo Final o AF-, por cuanto no han sido reguladas en el ordenamiento jurídico vigente.

Agregó:

…Al tiempo, con la finalidad que se ordene la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, es necesario poner de presente el calendario electoral para las elecciones territoriales 2023, en donde “Fuerza Ciudadana” actualmente cuenta con la posibilidad jurídica de expedir avales tanto para corporaciones como para cargos uninominales de las diferentes circunscripciones del territorio nacional.

Que, de no concederse la suspensión provisional del acto administrativo demandado, se estaría incurriendo en un perjuicio irremediable para cada uno deDemandante: Ximena Echavarría Cardona

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los candidatos que aspiren por “Fuerza Ciudadana” pues los avales estarían viciados de nulidad, generándose de esta manera una vulneración directa a los derechos fundamentales de cientos de ciudadanos electores.

Los avales que bajo la personería jurídica institucional e ilegalmente otorgue “Fuerza Ciudadana”, defraudarán al electorado, a los candidatos y darán vía libre a innumerables procesos de nulidad electoral que desestabilizarán la democracia, en la medida que quienes resulten electos, implicaría ello, en el caso de cargos públicos de elección popular la necesidad de realizar nuevas elecciones y en el caso de cargos públicos de corporaciones de elección popular que actúen durante el periodo constitucional 2024-2027, incompletas, dado que los declarados nulos, no podrán reemplazarse por otros candidatos de la misma lista.

1.4. Traslado de la medida cautelar

Por auto de 25 de julio de 2023, se ordenó correr el traslado de la solicitud de medida cautelar al demandado y a Fuerza Ciudadana, por el término común de cinco (5) días. En la misma fecha, en providencia aparte se admitió la demanda de nulidad de contenido electoral.

1.4.1. La colectividad Fuerza Ciudadana, a través de apoderado judicial, pidió negar la suspensión provisional. Lo primero, por una razón de improcedencia, ante el incumplimiento de la carga argumentativa necesaria para que la medida se decrete.

negar la suspensión provisional. Lo primero, por una razón de improcedencia, ante el incumplimiento de la carga argumentativa necesaria para que la medida se decrete.

Refirió a que cuando la medida está indebidamente sustentada, al tratarse de un acto de contenido electoral, en caso de decretarse, afectaría de manera grave los derechos políticos de un cuantioso número de ciudadanos, quienes acudieron a la colectividad para inscribir sus candidaturas con base en los principios de confianza legítima y buena fe.

Lo segundo, por razones de fondo en las que recordó que el CNE para conceder la personería jur ídica referida examinó varios aspectos, a saber: (i) el Acuerdo Final; (ii) la necesidad de desligar el requisito o la exigencia del umbral como elemento de la personería jurídica, precisamente para dar aplicación a aquel; (iii) la sentencia SU-257 de 2021 que se refirió a dicho atributo, advirtiendo que este antecedente juzgó la situación a favor del partido Nuevo Liberalismo y cuyos efectos fueron inter comunis 2 y (iv) el Estatuto de la Oposición y las consecuencias de la curul en el Senado para el candidato que hubiera obtenido la segunda mayor votación a la Presidencia de la República.

2 Con esta expresión se hace referencia al alcance de una decisión cuyos beneficios abarcan a terceros que no habiendo sido parte o sujeto procesal predican circunstancias comunes a las del peticionario.Demandante: Ximena Echavarría Cardona

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peticionario.Demandante: Ximena Echavarría Cardona

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Explicó que Fuerza Ciudadana participó en la misma consulta interpartidista para elegir candidato único a la Presidencia de la República 2018 -2022 en la que obtuvo una votación de 513.309 sufragios. Hizo parte de la coalición que llevó a que a Colombia Humana se le reconociera la personería.

Aseveró que sería un contrasentido que se otorgara personería a una sola de las colectividades que participaron en la misma consulta y que conformaron la coalición, comoquiera que esos resultados fueron los que permitieron postular y bajo un esfuerzo mancomunado al entonces candidato presidencial Gustavo Petro.

Aunado a que mencionó que encuentra soporte en el mandato 262 Superior al permitir mantener la personería jurídica a los partidos minoritarios que concurren a una coalición. Es más, así lo sostiene la jurisprudencia de la Sección Quinta – sin informar referencia-.

Se opuso al argumento de la parte actora sobre la curul de la oposición como un derecho exclusivamente personal, comoquiera que su triunfo se debió al apoyo mancomunado.

Planteó que la demandante no presentó ningún argumento de trascendencia para apartarse de lo dicho por la Corte Constitucional, relativo a que el umbral del 3%

mancomunado.

Planteó que la demandante no presentó ningún argumento de trascendencia para apartarse de lo dicho por la Corte Constitucional, relativo a que el umbral del 3% pueda ser el obtenido en las elecciones presidenciales . Así también, omitió examinar el artículo 243 de la Ley 1909 de 2018 y no expuso las razones por las cuales no resulta de recibo aplicar el principio de igualdad respecto de la SU-257 de 5 de agosto de 2021 o se debe desestimar la decisión del CNE adoptada con fundamento en la Ley 1909 de 2018 y en la SU-316 de 16 de septiembre de 2021.

Acusó a la parte actora de omitir señalar que el acto demandado toma como referencia para adoptar la decisión, no la fecha de las ele cciones del Congreso,

3 Artículo 24. Curules en Senado y Cámara de Representantes. Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes, durante el periodo de estas corporaciones, e integrarán las comisiones primeras constitucionales de las respectivas cámaras. Terminados los escrutinios electorales, la autoridad electoral les expedirá las respectivas credenciales.

Quienes resultaren elegidos mediante esta fórmula, serán miembros adicionales de las actuales comisiones constitucionales permanentes del Senado de la República y de la C ámara de Representantes y, con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 6°de esta ley y harán parte de bancada de la misma organización

comisiones constitucionales permanentes del Senado de la República y de la C ámara de Representantes y, con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 6°de esta ley y harán parte de bancada de la misma organización política.Demandante: Ximena Echavarría Cardona

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sino el momento de culminación del período institucional del Presidente de la República (7 de agosto de 2022). Esto resultaba procedente, toda vez que el CNE estaba comparando la situación con el Estatuto de la Oposición.

Finalmente, se opuso a la censura de falsa motivación por aplicación del principio a la igualdad , por cuanto la actora omite señalar que la misma Constitución Política y las recientes decisiones judiciales han morigerado la exigencia del umbral del 3% del total de votos válidos en las elecciones parlamentarias.

Citó el fallo de la Sección Quinta de 16 de septiembre de 2021 4, en el que se indicó el doble propósito del umbral. A su vez, se reconoció que en medio de los sucesivos cambios al porcentaje referido, efectuado por las reformas legislativas de 2003 y 2009, la Constitución mantiene un régimen excepcional para su adquisición respecto de las minorías étnicas y políticas. Indicó que estas últimas con el A.L. 01 de 2013 , modificatorio del artículo 176 Superior, dejaron de ser

de 2003 y 2009, la Constitución mantiene un régimen excepcional para su adquisición respecto de las minorías étnicas y políticas. Indicó que estas últimas con el A.L. 01 de 2013 , modificatorio del artículo 176 Superior, dejaron de ser sujetos de tratamiento especial.

En ese antecedente jurisprudencial se informó que en el último período se han otorgado varias personerías jurídicas a través de otros mecanismos institucionales, como aconteció en el 2013 con l a Unión Patriótica o en el 2016 con el Acuerdo Final que dispuso otorgarla a quienes adelantaran un proceso de reincorporación a la vida civil o con las llamadas escisiones y «otras situaciones especiales que de conformidad con la jurisprudencia han amerit ado una interpretación de las reglas generales de cara a los derechos fundamentales y principios constitucionales».

Expuso como apoyo a la denegatoria de la suspensión provisional que la Corte Constitucional en la SU -257 de 2021 , al otorgar la personer ía al Nuevo Liberalismo, no se limitó únicamente a examinar las relaciones de causalidad entre los hechos de violencia política que afectan la estabilidad y permanencia de los partidos y movimientos políticos, sino las inequidades derivadas de un sistema elec toral sustentado en un umbral como requisito para acceder a la personería jurídica.

Así también, abordó el asunto desde la arista de la protección de las garantías para la actividad política y electoral.

Aseveró que l a Alta Corporación impuso una interpretación sistemática de los preceptos contenidos en los artículos 40 numeral 3 y 108 Constitucional, para

para la actividad política y electoral.

Aseveró que l a Alta Corporación impuso una interpretación sistemática de los preceptos contenidos en los artículos 40 numeral 3 y 108 Constitucional, para

4 “Radicado 11001-03-24-000-2011-00221-00”.Demandante: Ximena Echavarría Cardona

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garantizar la participación política. En tal sentido fijó como regla de unifi cación según el cual el mandato 108 y la figura del umbral debe interpretarse y aplicarse en forma tal que no afecte otros valores y principios que la misma Constitución Política protege.

Para el caso concreto, el CNE constató que desde el año 2011 la agrupación política Fuerza Ciudadana ha mantenido un apoyo electo ral significativo que la aleja de las características de un grupo significativo de ciudadanos.

Dentro de ese contexto, indicó que el CNE no desconoció el artículo 108 Superior, comoquiera que se apoyó en el Acto Legislativo 02 de 2017 y en las sentencias C-630 de 2017 5 y SU -257 de 2021, como mecanismo de interpretación para garantizar el pluralismo político y la expansión del principio democrático para la implementación del Acuerdo Final.

Destacó que el reconocimiento de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo no se relacionó únicamente con la situación de violencia política sino que buscó

garantizar el pluralismo político y la expansión del principio democrático para la implementación del Acuerdo Final.

Destacó que el reconocimiento de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo no se relacionó únicamente con la situación de violencia política sino que buscó evitar que una hermenéutica formalista sobre la exi gencia del umbral electoral difuminara el principio participativo.

Finalmente, agregó:

…se solicita que al momento de decidir sobre la solicitud de suspensión provisional la Sala… tenga en cuenta el principio de proporcionalidad, esto es, que considere mediante un juicio de ponderación de intereses que resultaría más gravoso para el interés público. Así mismo que, en virtud del principio in dubio pro legalidad, en caso de duda, opte por mantener en firme los efectos de la Resolución del CNE atacada.

1.4.2. El Consejo Nacional Electoral –CNE-, por intermedio de apoderada judicial solicitó negar la medida cautelar. Indicó que al expedir el acto demandado si bien se apoyó en las sentencias SU -257 y SU -316 de 2021 y en el AF no desconoció los pronunciamientos de las Altas Cortes en la materia.

Indicó que no existió falsa motivación porque precisamente la decisión se sustentó en lo acontecido en situaciones similares frente a otras colectividades e incluso que es la jurisprudencia en asuntos electorales la que ha morigerado la

5 Se decidió en revisión automática el proyecto de A.L. 02 de 2017 «por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al

5 Se decidió en revisión automática el proyecto de A.L. 02 de 2017 «por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera».Demandante: Ximena Echavarría Cardona

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aplicación literal del mandato 108 constitucional, como aconteció en el caso de la Unión Patriótica6.

En relación con la aplicación del Acuerdo Final, si bien no hace parte del ordenamiento jurídico positivo, conforme al artículo 4° del A.L. 1 de 2016, la parte actora olvidó que luego del plebiscito, el A.L. 2 de 2017 dejó en claro que las normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política, sus contenidos constituyen obligatoriamente parámetros de interpretación y validez de las normas y leyes que implementen y desarrollen a aquel.

Por lo anterior, es deber de las instituciones y autoridades del Estado cumplir de buena fe lo establecido en el AF.

Concluyó que aunque la actora invocó el artículo 108 de la Constitución Política omitió consultar el fundamento de las decisiones jurisprudenciales adoptadas, lo que le habría permitido evidenciar que no hay contrariedad alguna con el orden jurídico.

2. CONSIDERACIONES

omitió consultar el fundamento de las decisiones jurisprudenciales adoptadas, lo que le habría permitido evidenciar que no hay contrariedad alguna con el orden jurídico.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para resolver sobre la solicitud de suspensión provisional en el marco de la nulidad de contenido electoral contra la Resolución 5529 del 15 de diciembre de 2022, por medio de la cual el CNE reconoció la personaría jurídica de la agrupación política Fuerza Ciudadana , con fundamento en lo dispuesto en el literal f) del artículo 1257 del CPACA y en armonía con el artículo 149 numeral 1° que otorga al Consejo de Estado el conocimiento en única instancia de la nulidad simple del acto expedido por autoridad nacional y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

6 Sentencia sin fecha dictada por la Sección Quinta dentro del radicado 2010-00027-00 y SU-257 de 2021 proferida por la Corte Constitucional.

7«Artículo 125. De la expedición de providencias . (Mod. Ley 2080 de 2021, art. 20). La expedición de las providencias judiciales se sujetará las siguientes reglas: “ (…) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán… las siguientes providencias: (…) f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electo ral, la decisión de las medidas cautelares será de sala» (Negrilla y subraya fuera de texto).Demandante: Ximena Echavarría Cardona

Demandado: Consejo Nacional Electoral Radicado 11001-03-28-000-2023-00046-00

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2.2. La suspensión provisional de los efectos del acto administrativo

El artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, establece una fórmula innominada para la adopción de medidas cautelares, clasificándolas en preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión.

Se admite en esta tipología cualquier clase de medida que el juez encuentre necesaria para garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia e impedir que el ejercicio del medio de control respectivo, pierda su finalidad.

En este amplio catálogo, se contempló en el numeral 3º del artículo en cita 8, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, como herencia del anterior estatuto, esto es, el Decreto 01 de 1984, el cual dedicaba el título XVII a regular esta figura, como la única cautela posible.

Así las cosas, al coexistir en la actualidad diferentes modalidades de medidas cautelares, concurren también distintos presupuestos para ordenarlas.

Ha de tenerse presente que la interpretación de los requisitos procesales para su procedencia, debe hacerse a la luz de la tutela judicial efectiva, que parte de reconocer que no solo las personas tienen el derecho de acudir a los órganos judiciales para formular su de manda, sino a que el objeto del litigio se proteja

procedencia, debe hacerse a la luz de la tutela judicial efectiva, que parte de reconocer que no solo las personas tienen el derecho de acudir a los órganos judiciales para formular su de manda, sino a que el objeto del litigio se proteja desde el inicio del trámite a fin de asegurar la justicia material y que la sentencia cumpla su cometido.

Según el artículo 231 del CPACA, cuando se pretenda la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, el actor debe cumplir los requisitos señalados en el inciso primero de dicha norma que dispone:

Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares . Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos, procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del act o demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (…).

8 «Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares . Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: (…) 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (…).».Demandante: Ximena Echavarría Cardona

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Sobre el particular, esta Corporación ha destacado, que la actual regulación de la medida no exige la «manifiesta infracción» de la norma superior, como lo ordenaba la legislación anterior, por lo que se advierte una variación significativa para su decreto.

En efecto, en el anterior régimen , para la suspensión provisional del acto acusado, la jurisprudencia del Consejo de Estado exigía que la contrariedad con el ordenamiento superior debía ser ostensible, clara, manifiesta, flagrante o grosera, lo cual promovió que, en no pocas ocasiones, esta circunstancia hiciera casi imposible su viabilidad, afectando sustancialmente el propósito de la medida cautelar y el derecho la tutela judicial efectiva.

Esta Sala, en providencia de 12 de diciembre de 20199, sobre el tema indicó lo siguiente:

30. Al respecto, la doctrina ha destacado 10 que con la antigua codificación, - Código Contencioso Administrativo -, se requería para la procedencia de la suspensión provisional, la existencia de una manifiesta infracción de las disposiciones invocadas, esto es, infracción grosera, de bulto, observada prima facie. Con la expedición de la Ley 1437 de 2011, basta que se presente una violación a las disposiciones señaladas como desconocidas, contravención que debe surgir del análisis por parte del juez, del acto demandado con las normas

facie. Con la expedición de la Ley 1437 de 2011, basta que se presente una violación a las disposiciones señaladas como desconocidas, contravención que debe surgir del análisis por parte del juez, del acto demandado con las normas esgrimidas como tra nsgredidas o, del estudio de las pruebas aportadas por el accionante con su escrito introductorio para que sea procedente la medida cautelar.

31. Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo debe efectuar un estudio y análisis de los argumento s expuestos por el demandante y confrontarlos junto con los elementos de prueba arrimados a esta etapa del proceso para efectos de proteger la efectividad de la sentencia, basado en los requisitos y en los criterios de admisibilidad de la medida cautelar d e la cual se trata.

En la actualidad, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, el juez administrativo está habilitado para confrontar el acto demandado y las normas invocadas como transgredidas, a partir de la interpretación de la ley y la jurisprudencia y el estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Lo anterior, implica hacer un análisis amplio, analítico y razonado, para veri ficar si se vulnera el ordenamiento jurídico, sin perder de vista que, en todo caso, se

9 Consejo de Estado, Sección Quinta, Radicación número: 05001-23-33-000-2019-02852-01, M.P Doctora Rocío Araujo Oñate. 10 «BENAVIDES José Luis. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comentado y concordado. Ed. Universidad Externado de Colombia. 2013 pg. 496».Demandante: Ximena Echavarría Cardona

10 «BENAVIDES José Luis. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comentado y concordado. Ed. Universidad Externado de Colombia. 2013 pg. 496».Demandante: Ximena Echavarría Cardona

Demandado: Consejo Nacional Electoral Radicado 11001-03-28-000-2023-00046-00

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