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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REVISIÓN EVENTUAL Radicación: 11001 33 42 056 2016 00389 01

Demandante: Manuel Antonio Súa y otros

Demandado: Bogotá D.C., Transmilenio S.A. y Coobs S.A.S.

Temas: Auto que decide la improcedencia de la revisión eventual ________________________________________________________________

Decide la Sala de la Sección Segunda sobre la solicitud del mecanismo de revisión eventual de la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante la cual confirmó la sentencia emiti da el 30 de octubre de 2018 por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de B ogotá, en la que se negaron las excepciones propuestas, salvo la de caducidad, que se declaró probada parcialmente, y se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción de grupo

Los señores Alfredo Arévalo Pinto, Álvaro Ruiz Alonso, Camilo Rodríguez Fernández, Carlos Julio Joya Rice, Carmen Elisa Sánchez de Castillo, César Augusto Domínguez, Diana Carolina Castillo, Domingo Vela ndia, Edwin Robin son

Los señores Alfredo Arévalo Pinto, Álvaro Ruiz Alonso, Camilo Rodríguez Fernández, Carlos Julio Joya Rice, Carmen Elisa Sánchez de Castillo, César Augusto Domínguez, Diana Carolina Castillo, Domingo Vela ndia, Edwin Robin son Mora, Eliberto Castillo Velandia, Gildardo Castillo Sánchez, Guandisalvo Escobar Elizalde, G ustavo Rey Chavarro, Héctor de Jesús Vargas Zuluaga, Héctor Julio Angarita, Héctor Julio Cárdenas Garzón, Javier Alberto Buriticá, Jesús Antoni o2

Radicado: 11001 33 42 056 2016 00389 01

Demandante: Manuel Antonio Súa y otros Mora Hernández, Jesús María Poveda Pedraza, Jorge Eliécer Ospino Ávila, José Armando Alba Ortega, José del Carmen Mora Hernández, José Jairo Mora Borda, José V icente Yaguas, Luis Alfredo Gómez Teca, Luis Antonio S úa López, Luz Mary Pardo, Manuel Antonio Súa López, Marcela Cecilia Malagón Díaz, María Eufrosina Ibagué, María Eugenia Forero, Miguel Ernesto Ariza, Octaviano Báez Peña, Olga Clementina Castillo, Olga María Castro, Óscar Hernández, Pedro Julio Malagón, Pedro Pablo Robayo, Rafael Are nas Borda, Ro sa Helena Estupiñán Suárez, Susana Ardila Yeguas, Waldyslao Forero Gómez, William Pardo y Yesid Escobar Moreno , actuando por intermedio de apoderado, interpusieron el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo en contra del Distrito Capital de Bogotá, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. 1 y el

Escobar Moreno , actuando por intermedio de apoderado, interpusieron el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo en contra del Distrito Capital de Bogotá, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. 1 y el Operador Solidario de Propietarios Transportadores 2 —Coobus S.A.S. — en procura de lograr una decisión favorable a causa de los daños y perjuicios producidos, con ocasión de la creació n y puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público3 y la cesación en el pago de las rentas pactadas . Para tal efecto, formularon las siguientes pretensiones:

(i) declarar solidariamente responsable s a las demandadas por los daños y perjuicios, concretados en el lucro cesante y el daño emergente, «ocasionados en el ejercicio de sus funciones» según lo ocurrido con la concesión de Coobus S.A.S. en condición de concesionario elegido por Transmilenio S.A.; y (ii) condenar a las demandadas a reconocer los daños materiales e inmateriales causados y futuros, por el valor que, según juramento estimativo, comprende «el promedio de las liquidaciones aportadas en esta demanda, por el número de 1798 vehículos, como el promedio de transportadores asociados a Coobus S.A.S.»; tales daños y perjuicios también incluyen «los dineros por concepto de renta dejados de pagar, más los intereses moratorios causados, y la proyección de rendimientos futuros y erogaciones económicas a los cuales tenía (sic) dere cho de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de asociación celebrado con cada accionante y avalado por la misma demandada» suma que se debe actualizar

1 En adelante Transmilenio S.A.

erogaciones económicas a los cuales tenía (sic) dere cho de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de asociación celebrado con cada accionante y avalado por la misma demandada» suma que se debe actualizar

1 En adelante Transmilenio S.A. 2 En adelante, Coobus S.A.S. 3 En adelante, SITP.3

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros hasta la fecha de la sentencia.

Como pretensión subsidiaria se buscó que, pese al valor antes indicado, el juez de conocimiento ordenara (i) rendir un dictamen pericial , por un perito idóneo, que determinara los daños y perjuicios provocados, tomando como base las condiciones de los contratos de asociación, en cuanto a las remuneracion es pactadas y lo dejado de pagar como consecuencia del incumplimiento del concesionario y los perjuicios derivados de este y de las decisiones de las demandadas; (ii) actualizar las cifras que sur jan como consecuencia del dictamen hasta la fecha en que se efectúe el pago; (iii) pagar los perjuicios inma teriales comprendidos por la alteración de las condiciones de existencia, según la tasación realizada en el proceso , en una suma no inferior a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes, por el sufrimiento que padecieron debido al inadecuado manejo «en la implementación del SITP».

1.2. La sentencia de primera instancia

El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia el 30 de octubre de 2018, mediante la cual (i) negó las excepciones de

1.2. La sentencia de primera instancia

El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia el 30 de octubre de 2018, mediante la cual (i) negó las excepciones de falta de legitimación en la causa y acción indebida, propuestas por el Distrito Capital de Bogotá , y las de ineptitud formal de la demanda por indebida acumulación de acciones e improc edencia de la acción por ausencia de identidad en el hecho generador e identificación del grupo, propuestas por Transmilenio S.A.; (ii) declaró parcialmente probada la excepción de caducidad propuesta por las demandadas; (iii) denegó las pretensiones de la demanda; y (iv) se abstuvo de condenar en costas.

1.3. La sentencia de segunda instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , resolvió el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en contra de la decisión anterior, mediante sentencia del 23 de febrero de 2023, en virtud de la4

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros cual confirmó la providencia recurrida. Para llegar a la anterior conclusión

consideró lo siguiente:

(i) En la acción de grupo 4 es indispensable que se reúnan «los requisitos mínimos procesales» y, además, que estén debidamente probados los elementos que configuran la responsabilidad, que, en este caso, es patrimonial, de las autoridades públicas demandadas.

(ii) En el anterior escenario y de cara al planteamiento formulado en e l recurso de apelación, se debe resolver si, en el sub lite, se configuró la caducidad parcial del

autoridades públicas demandadas.

(ii) En el anterior escenario y de cara al planteamiento formulado en e l recurso de apelación, se debe resolver si, en el sub lite, se configuró la caducidad parcial del medio de control , como lo determinó a quo, y si existen pruebas que acrediten el daño causado a los miembros del grupo por el no pago de las rentas pactadas en los contratos suscritos entre los propietarios de los vehículos y Coobus S.A.S., dada su condición de concesionario de la explotación preferencial y no exclusiva para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el esquema SITP, para la zona 3) Fontibón, según Contrato de C oncesión 005 de 2010 suscrito entre esa sociedad y Transmilenio S.A.

(iii) El reparo formulado por los recurrentes, en torno a la declaración de caducidad parcial, se fundó en que la afectación económica sufrida por los integrantes del grupo empezó a causarse en el mes de mayo de 2014,5 tal como lo constató el auxiliar de la justicia, al determinar el perjuicio económico sufrido por aquellos y «se configura y se reitera cada mes que cesa el pago del derecho adquirido a una renta mensual». Frente a ello, se verifica que el juez de primera instancia no se pronunció en relación con el dictamen pericial que se invoca en el recurso, en consideración a que se negaron las pretensiones de la demanda, toda vez que no se dem ostró la falla en el servicio invocada; en ese orden, al no haber responsables de los perjuicios, no fue necesario liquidar «los daños alegados».

4 Así se le menciona a lo largo de la providencia.

vez que no se dem ostró la falla en el servicio invocada; en ese orden, al no haber responsables de los perjuicios, no fue necesario liquidar «los daños alegados».

4 Así se le menciona a lo largo de la providencia. 5 Si bien, más adelante se refiere una fecha distinta es porque así se enunció en la sentencia que se analiza. Ver precisión en el pie de página 5.5

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros

(iv) Aun a pesar de lo anterior, y revisado el dictamen pericial invocado, se observa que fue decretado como prueba mediante auto del 11 de octubre de 2016 y practicado en audiencia celebrada el 5 de julio de 2017 y, efectivamente, en él se señaló que la mora en el pago de la renta surgió a partir de abril del año 2014. 6 No obstante, la circunstancia que dio orig en a la caducidad parcial decretada por el juez de conocimiento consistió en la propia afirmación realizada por el grupo actor, en la situación fáctica relacionada en la demanda, en la cual identificó como uno de los hechos generado res del daño, la creació n y puesta en funcionamiento del SITP, por lo que, es respecto de es ta circunstancia que se analiza la caducidad del medio de control.

(v) Hecha la anterior precisión, y en aplicación de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, en concordanci a con lo señalado en el artículo 164, numeral 2, literal h), de la Ley 1437 de 2011, se concluye que están determinados 2 eventos para identificar el momento a partir del cual empieza a correr el término para que

literal h), de la Ley 1437 de 2011, se concluye que están determinados 2 eventos para identificar el momento a partir del cual empieza a correr el término para que se configure la caducidad, por un lado, desde la fecha en que se causó el daño y, por otro lado, desde el momento en que cesó la acción «vulnerante causante del daño». Sin embargo, cuando se pretenda la declaración de responsabilidad y reconocimiento y pago de indemnización de perjuicios por daños causados a un grupo, la demanda se debe promover dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se originó el daño, interpretación que surge de lo decidido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 12 de agosto de 2014, radicación 18001 23 33 000 2013 00298 01, M.P. Enrique Gil Botero.

(vi) Así las cosas, y con fundamento en lo indicado por los accionantes en la demanda, se identificaron dos hechos generadores del daño, el primero, derivado de las decisiones de creación, imple mentación y puesta en marcha del SITP y, el segundo, producto de la cesaci ón de pagos de l a renta que, conforme a lo indicado en la apelación, ocurrió desde el mes de mayo de 2014. En lo que respecta al primer hecho, los actos administrativos que crearon, implementaron y

6 Aunque en la referencia de lo señalado en el recurso se menciona el mes de mayo de 2014 (folio 218), al resolver el planteamiento se resalta el mes de abril de 2014 (folio 218 vuelto).6

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros

218), al resolver el planteamiento se resalta el mes de abril de 2014 (folio 218 vuelto).6

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros pusieron en funcionamiento dicho sistema datan de los años 2006 a 2010, 7 mientras que la demanda se presentó el 26 de abril de 2016, es decir, cuando se había superado el término para el ejercicio oportuno del derecho de acción. En cuanto al segundo hecho, el grupo demandante y recurrente asegura que el pago de las rentas que los afectan se suspendió en el mes de mayo de 2014 , de ahí que se hubiera declarado, en forma parcial, la caducidad.

(vii) Sin perjuicio de lo anterior, y para resolver el argumento del daño continuado, que invocó el grupo recurrente, se debe considerar que este tan solo sería predicable respecto de la cesación de pago de las rentas que se cuestionan; no obstante, estas derivan del Contrato de C oncesión 005 de 2010, s uscrito entre Transmilenio S.A. y Coobus S.A.S., respecto del cual se declaró el incumplimiento parcial, a través de la Resolución 0107 del 11 de abril de 2013, y se hizo efectiva la cláusula penal ; además, posteriormente, según Resolución 233 del 25 de ab ril de 2016, se declaró el incumplimiento grave de ese contrato y se dio por terminado; en todo caso, los pagos al concesionario se suspendieron desde el 13 de septiembre de 2013 , lo que lleva a confirmar la decisión que, en torno a la caducidad parcial, declaró el juez de conocimiento.

terminado; en todo caso, los pagos al concesionario se suspendieron desde el 13 de septiembre de 2013 , lo que lleva a confirmar la decisión que, en torno a la caducidad parcial, declaró el juez de conocimiento.

(viii) En cuanto al reproche formulado por los recurrentes, que tiende a cuestionar la conclusión a la que llegó el juzgado de primera instancia, según la cual el derecho de rentas constituía una «situación contractual pri vada», se acoge el análisis de la sentencia materia de censura, pues de los actos administrativos que pusieron en marcha el SITP, y, en particular, del Contrato de Concesión 005 de 2010 suscrito entre Transmilenio S.A. y Coobus S.A.S., se infiere que, en efecto, los accionantes se sometieron a una negociación con el concesionario y en los contratos respectivos se establecieron las condiciones de su vinculación, de manera que aunque la figura de rentas fue impuesta por Transmilenio S.A., el que incumplió el pago estas fue el operador y dicha inobservancia, se repite, se

7 Se refieren los Decretos Distritales 319 del 15 de agosto de 2006, 486 del 30 de noviembre de 2006 y 309 del 23 de julio de 2009; las Resoluciones 064 del 30 de enero de 2010 y 448 del 2 de noviembre de 2010 y el Contrato de concesión 5 del 16 de noviembre de 2010.7

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros predica respecto del vínculo jurídico de naturaleza privada contenido en los contratos suscritos entre las partes mencionadas.

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros predica respecto del vínculo jurídico de naturaleza privada contenido en los contratos suscritos entre las partes mencionadas.

(ix) Según el recurso, en la decisión de primera instancia se a firma que las acciones de grupo solo pueden atender situaciones derivadas de relaciones extracontractuales; sin embargo, al revisar la providencia cuestionada se verifica que, en ella, se analizó la responsabilidad de las entidades demandadas y se concluyó que estas no omitieron sus funciones en la estructuración de la Licitación Pública TMSA-LP-004-2009 y la ejecución del Contrato de Concesión 005 de 2010 y, por ende, no se configuraba la falla en el servicio que conllevara declarar la responsabilidad de l as demandadas ni el reconocimiento de los perjuicios reclamados por el grupo actor, lo que no quiere decir que la providencia haya señalado que «la acción de grupo solamente a tiende situaciones derivadas de relaciones extracontractuales».

(x) Tampoco es de recibo el argumento que formulan los recurrentes, en el sentido de cuestionar que la sentencia apelada erró «al hacer excluyentes las acciones de grupo frente a las acciones ordinarias/individuales» pues lo que se concluyó en dicha providencia fue que e l Distrito Capital de Bogotá y Transmilenio S.A., en el marco de sus competencias, adoptaron las medidas necesarias para afrontar la problemática que surgió por el incumplimiento del concesionari o Coobus S.A.S. de cara a los propietarios de los vehículos d e transporte público colectivo que entregaron sus automotores para la operación de la concesi ón, pero que tales

problemática que surgió por el incumplimiento del concesionari o Coobus S.A.S. de cara a los propietarios de los vehículos d e transporte público colectivo que entregaron sus automotores para la operación de la concesi ón, pero que tales autoridades, en momento alguno, generaron un derecho adquirido sobre los accionantes, para percibir una renta fija dentro del término del contra to de concesión, pues tales rentas derivaban de los diferentes contratos suscritos entre la mencionada empresa 8 y aquellos, lo cual conllevaría «una responsabilidad a esta última frente a los demandantes por haber cesado el pago de la renta fija de conformidad con lo pactado en los contratos».

8 Refiriéndose a Coobus S.A.S.8

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros

(xi) Los recurrentes pretenden de rivar el incumplimiento de las obligaciones por parte del Distrito y de Transmilenio S.A. en la expedición de la resolución que declaró el incumplimiento del contrato y su consecuent e terminación, pues, con ella, se demuestra el fracaso del sistema y los errores cometidos por tales entidades; sin embargo, al revisar las consideraciones de dicho acto administrativo y otros documentos que tienen relación con él , se concluye que el fraca so del contrato no obedeció a un incumplimiento en la etapa de estructuración de la licitación, sino de uno atribuible al concesionario; de ahí que no haya evidencia de que la desatención de las obligaciones contractuales sea imputable al ente distrital.

(xii) Para los apelantes es necesario analizar los elementos de la responsabilidad ,

licitación, sino de uno atribuible al concesionario; de ahí que no haya evidencia de que la desatención de las obligaciones contractuales sea imputable al ente distrital.

(xii) Para los apelantes es necesario analizar los elementos de la responsabilidad , pues el daño causado por no pagar las rentas pactadas está demostrado en el proceso y, por ende, se cometió un error al desconocer el dictamen pericial en el que se liquidaron los perjuicios a partir de mayo de 2014, momento desde el cual cesaron los pagos de tales rentas, a las cuales tenían derecho por haberse declarado el incumplimiento del contrato, hecho que generó un perjuicio que jamás se reparó, corrigió o indemnizó. En torno a dicho aspecto, se puede verificar que la razón del a quo para no valorar dicho dictamen fue la decisión adversa a las pretensiones de la demanda, entre las cuales estaba el pago de la indemnización. Con todo, al analizar el dictamen aludido, se constata que, en él, se expresó que la mora en el pago de las rentas se causó desde abril y no desde mayo de 2014, lo que, en todo caso, no cambia el examen ya efectuado, en cuanto dicho incumplimiento no es predicable del Distrito ni de Transmilenio S.A. sino del concesionario.

(xiii) Frente al argumento según el cual son las autoridades demandadas las que ordenaron a los transportadores entregar sus vehículos a cambio de un derecho de renta mensual y han sido las que han emitido actos administrativos que buscan que los pequeños transportadores cedan ese derecho adquirido de renta, lo que quiere decir que nunca han tenido la intención de reconocer el perjuicio causado desde el año 2014, se insiste que la decisión de dar por terminado el contrato no

que los pequeños transportadores cedan ese derecho adquirido de renta, lo que quiere decir que nunca han tenido la intención de reconocer el perjuicio causado desde el año 2014, se insiste que la decisión de dar por terminado el contrato no obedeció a un incumplimiento atribuible a tales autoridades, sino al concesionario9

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros y, aun a pesar de ello, las demandadas, por una parte, realizaron diferentes gestiones orientadas a que Coobus S.A.S. cumpliera las obligaciones del contrato y, al no lograrlo, han adelantado políticas para mitigar la problemática ocasionada en el incumplimiento de dicho acto jurídico , tanto así que, producto de ello, muchos de los iniciales integrantes del grupo han desistido del medio de control, en primera y en segunda instan cia, acogiéndose a las alternativas ofrecidas por aquellas.

(ix) En cuanto al planteamiento según el cual los integrantes del grupo se sometieron al sistema creado, de modo que no acudieron a proponer algún tipo de relación contractual, y que, producto d e ello, recibieron un evidente atropello a su patrimonio y actividad económica, se reitera que la renta fija que se acordó está plasmada en los contratos suscritos con el concesionario y que, aun a pesar de ello, las autoridades demandadas, en quienes no r eside responsabilidad, han adelantado las acciones que, dentro de sus competencias, han considerado viables para mitigar el daño ocasionado a quienes suscribieron contratos con el Coobus S.A.S. producto del Contrato 005 de 2010.

adelantado las acciones que, dentro de sus competencias, han considerado viables para mitigar el daño ocasionado a quienes suscribieron contratos con el Coobus S.A.S. producto del Contrato 005 de 2010.

(x) Frente a los element os de la responsabilidad en la acción de grupo no están acreditados por lo siguiente: a. aunque está demostrado un daño que afecta a una pluralidad de sujetos, este es atribuible a Coobus S.A.S., según Contrato de Concesión 005 de 2010; b. la parte actora no probó que la conducta activa u omisiva fuera imputable a las autoridades demandadas y , por el contrario, se concluyó que fue el concesionario el que incu mplió varias de las obligaciones contractuales; c. el daño antijurídico, aunque sí se demostró su c onfiguración, no se predica de las entidades accionadas; d. no está probado, en el sub lite, el nexo causal entre la actividad desplegada por el Distrito Capital y Transmilenio S.A. y el daño ocasionado al grup o, comoquiera que la renta mensual fija que de jaron de recibir, derivó de un incumplimiento de la mencionada empresa.

(xi) Consecuentes con lo dicho en el numeral anterior, «la responsabilidad que se endilga a la parte demandada e s de carácter contractual, por cuanto la acción se encuentra dirigida a obtener la repa ración de los perjuicios provenientes del10

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros incumplimiento de las obligacion es pactadas en los contratos que garantizan el control total de la flota accionista y el contrato de administración vehicular,

Demandante: Manuel Antonio Súa y otros incumplimiento de las obligacion es pactadas en los contratos que garantizan el control total de la flota accionista y el contrato de administración vehicular, específicamente el pago de la renta fij a mensual» lo que conlleva que dejó de ser un asunto que busca reparar los perjuicios a un grupo, para convertirse en un litigio entre un particular y una entidad pública, producto del incumplimiento de un acto jurídico de tipo contractual.9

1.4. La solicitud de revisión eventual

El apoderado de los accionantes formuló solicitud de revisión de la sentencia, pues consideró que , según lo señalado en la Ley 1285 de 2009, uno de los objetivos de la revisión eventual consiste en unificar jurisprudencia en lo s asuntos que generan controversia y deban, inclusive, ser aclarados. Al respecto, señaló que el Consejo de Estado ha considerado que se trata de un mecanismo de impugnación excepcional que le confiere amplias facultades para garantizar el principio de leg alidad y proteger los derechos fundamentales y que le permite no solo unificar jurisprudencia, sino volver a fallar el asunto «sin consideración alguna en relación con las instancias, y por tanto, sin que opere la prohibición de reforma en peor».10

La part e accionante consideró que la revisión eventual, en el sub lite , es procedente con base en lo siguiente:11

9 Para arribar a tal conclusión se cita la postura plasmada en la sentencia del 19 de junio de 2008, radicación 25000 23 25 000 2004 01606 01, M.P. Myriam Guerrero de Escobar. 10 El aparte transcrito en la solicitud y que se cita en esta providencia, corresponde a la sentencia

radicación 25000 23 25 000 2004 01606 01, M.P. Myriam Guerrero de Escobar. 10 El aparte transcrito en la solicitud y que se cita en esta providencia, corresponde a la sentencia dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 3 de septiembre de 2013, radicación 17001 33 31 001 2009 01566 01 (IJ) M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 11 Se precisa que, a través de escritos del 3 y 8 de mayo del año en curso, que ob ran en los índices 5 y 7 de la plataforma Samai, se recibieron escritos , el primero, suscrito por el apoderado de los accionantes en el que expone argumentos adicionales para la procedencia de la solicitud de revisión eventual, entre ellos, el deber que ti ene que juez de hacer un estudio independiente de los derechos colectivos invocados, para lo cual se soportó en la providencia emitida por la Sala 14 Especial de Decisión, del 31 de mayo de 2022, dictada en el radicado 20001-33-31-000-200700042-01, M.P. A lberto Montaña Plata y que « la función de unificación de jurisprudencia del mecanismo de revisión eventual no se debe limitar a los aspectos meramente teóricos», y, el segundo, suscrito, directamente, por algunos de los accionantes, en los que solicitan re alizar un análisis detallados de su situación.11

Radicado: 11001 33 42 056 2016 00389 01

Demandante: Manuel Antonio Súa y otros

(i) La sentencia objeto de la solicitud de revisión eventual contraría los alcances legales y jurisprudenciales de la responsabilidad extracontractu al cuando otorga

Demandante: Manuel Antonio Súa y otros

(i) La sentencia objeto de la solicitud de revisión eventual contraría los alcances legales y jurisprudenciales de la responsabilidad extracontractu al cuando otorga un servicio en concesión, pues concluye que al mediar un contrato de tal naturaleza la responsabilidad de las consecuencias negativas de un incumplimiento frente a él se convierte en un tema exclusivo del concesionario.

(ii) La providencia es contradictoria, pues, de un lado, afirma que existe un daño acreditado, pero, de otro lado, asegura que no está demostrada la responsabilidad de Transmilenio S.A. y del Distrito Capital en torno a él, con lo cual desatiende la competencia judicial q ue recae sobre el fallador cuando está demostrada la certeza del daño antijurídico y, por ende, «ha invertido cargas procesales hacia la parte actora, con el agravante de no reconocer la responsabilidad extracontractual y solidaridad que existe entre el Es tado y los concesionarios, quienes desempeñan las actividades que el Estado ha decidido delegar o ceder bajo su inspección y vigilancia, por no poseer la capacidad para hacerlo directamente».

(iii) La jurisprudencia ha reconocido que al otorgarse una con cesión, quien la desarrolla ejerce un mandato que no le da plena autonomía, pues existen disposiciones impuestas en el contrato que no son de libre elección para el concesionario, lo que ocurre en el caso planteado, pues el sistema de entrega de vehículos por pago de rentas mensuales fue creado e impuesto por el ente Gestor y el Distrito Capital y no por Coobus S.A.S., además, fue el contrato de concesión el que determinó que todos los propietarios de los vehículos se debían afiliar a los

vehículos por pago de rentas mensuales fue creado e impuesto por el ente Gestor y el Distrito Capital y no por Coobus S.A.S., además, fue el contrato de concesión el que determinó que todos los propietarios de los vehículos se debían afiliar a los entes favorecidos con la concesión, so pena de cancelar sus licencias, lo que se traduce en una imposici ón; prueba de ello es que los contratos suscritos entre los accionantes y dicha empresa fueron proformas definidas por Transmilenio S.A. dentro del proceso licitatorio pa ra dar cumplimiento a lo que se denominó «principio de DEMOCRATIZACIÓN para la vinculación de la flota existente» el cual, en últimas, constituyó la pauta para determinar que los pequeños transportadores del servicio colectivo no podían continuar ejerciend o su actividad y debían desaparecer, ante el nuevo sistema de transporte.12

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Demandante: Manuel Antonio Súa y otros

(iv) Fueron las autoridades demandadas las que fijaron, en el pliego de condiciones, las dos maneras para retirarse del servicio público de transporte, la primera, vendiendo el veh ículo y, la segunda, recibiendo el pago de una renta mensual por el término de 25 años; además, fue en él en donde se determinó que el monto de dicha renta estaría determinado por el 1.5% del avalúo del vehículo; lo anterior quiere decir que la fijación de tales pautas no constituyen «un acto espontáneo e independiente de los concesionarios frente a los transportadores» sino una creación de origen de Transmilenio S.A ., pero ejecutada por Coobus S.A.S.

espontáneo e independiente de los concesionarios frente a los transportadores» sino una creación de origen de Transmilenio S.A ., pero ejecutada por Coobus S.A.S.

(v) Tal circunstancia lleva a cuestionar lo siguiente: