CE - 1117001233100020120021301220230816085200

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUl'=-Ll=RMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 17001-23-31-000-2012-00213-01 (58053)

Actor: FRANCISCO JOSÉ BARBIER LÓPEZ

Demandado: DEPARTAMENTO DE CALDAS Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONCESIÓN MINERA-Legitimación en la causa por activa de su titular. APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DAÑO-Elemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil. DAÑO ANTIJURÍDICO-No hay definición constitucional (art. 90 CN). DAÑO ANTIJURÍDICO-Afectación relevante para el derecho y opuesta al ordenamiento Jurídico. ANTIJURIDICIDAD-Se predica de la acción que causó el daño y no del deber de la víctima de soportarlo. DAÑO O PERJUICIO-Debe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético. DOCUMENTO PÚBLICO-Presunción de autenticidad. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. DAÑO O PERJUICIO-Concepto. DAÑO O PERJUICIO-Presupuesto de la responsabilidad civil del Estado. CARGA DE

LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones y su extinción al que alega aquéllas o esta. COSTAS EN CCA­ lmprocedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe. La Sala, de conformidad con el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de julio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 25 de abril de 2002, la Empresa Nacional de Minería-Minercol y Francisco José Barbier López suscribieron el contrato de concesión minera para la exploración y explotación económica de material de construcción. Alega falla del servicio porque el Departamento de Caldas declaró la caducidad del contrato de concesión y no decretó la superposición de títulos en el trámite de legalización de otro título minero sobre el área contratada. ANTECEDENTESe Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones El 27 de abril de 2012, Francisco José Barbier López, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra el Departamento de Caldas y el municipio de Belalcázar. Solicitó $14.026.566.936.80 por perjuicios materiales y 100

SMLMV por perjuicios morales. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que el Departamento de Caldas incurrió en falla del servicio al declarar la caducidad del contrato de concesión y decidir que el área concesionada no se superponía con la del título minero de Gabriel Castañeda. Agregó que el municipio

afirmó que el Departamento de Caldas incurrió en falla del servicio al declarar la caducidad del contrato de concesión y decidir que el área concesionada no se superponía con la del título minero de Gabriel Castañeda. Agregó que el municipio de Belalcázar incurrió en falla en el servicio porque no ejecutó la orden de amparo policivo ordenada por el Instituto Colombiano de Geología y Minería-lngeominas para que cesase la explotación ilegal en el área concesionada. El 13 de noviembre de 2012 se rechazó la demanda contra el municipio de Belalcázar por haber operado la caducidad y se admitió la demanda contra el Departamento de Caldas. En el escrito de contestación de la demanda, el Departamento de Caldas adujo que la Resolución n. º 4538 de 2009 anuló lo actuado en el expediente n.º 583-17 y que el trámite de legalización del título minero solicitado por Gabriel Castañeda obedeció a que la demandante devolvió en el año 2003 parte del área concesionada. El 26 de noviembre de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes guardaron silencio. El Ministerio Público conceptuó que no se acreditó el daño antijurídico. El 12 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo del Caldas en la sentencia negó las pretensiones, al considerar que no se demostró el daño alegado derivado de la imposibilidad de explotación del área concesionada, pues la demandante estaba en posibilidad de continuar con la explotación de la mina. La parte demandante

las pretensiones, al considerar que no se demostró el daño alegado derivado de la imposibilidad de explotación del área concesionada, pues la demandante estaba en posibilidad de continuar con la explotación de la mina. La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 16 de agosto de 2016 y admitido el 3 de noviembre siguiente. Esgrimió que la Delegación Minera del Departamento de Caldas le causó un perjuicio económico, pues sus funcionarios permitieron que un tercero invadiera el título minero nº. 583-17 concedido a la demandante. El 2 de marzo de 2018 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.e 3 Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6

CCA1, esto es, $283.350.0002.

competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA1, esto es, $283.350.0002. Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo3, en este caso por hechos que se imputan a una autoridad administrativa (art. 90 CN, art. 86 CCA y arts. 2341 y SS. CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en reparación directa, de conformidad con el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la 1 Se aplican las cuantías previstas en la Ley 446 de 1998, pues a la fecha de interposición del recurso de apelación -22 de octubre de 2015ya habían entrado en vigencia, según la Ley 954 del 28 de abril 2005. 2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2010, $515.000, por 500. 3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303

[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 744, 746 y 747, disponible en https://bit.ly/3gjjduK ..e Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones ocupación temporal o permanente de inmueble de propiedad ajena por trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda contra el Departamento de Caldas se interpuso en tiempo -27 de abril de 2012porque el Departamento de Caldas profirió el 20 de agosto de 201 O el auto nº. 775 que resolvió no iniciar trámite de caducidad del contrato de concesión otorgado a Francisco José Barbier López

[hecho probado 7.12]. Legitimación en la causa

4. El artículo 320 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, autorizó al Ministerio de Minas y Energía para delegar, previa reglamentación, las funciones de tramitación y celebración de los contratos de concesión, así como la vigilancia y control de su ejecución, en los gobernadores de departamento y alcaldes de ciudades capitales.

El Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución n.º 18 1145 del 14 de septiembre de 2001, reglamentó la delegación autorizada en el artículo 320 del Código de Minas y, mediante Resolución n.º 18-1 193 del 24 de septiembre delegó en el Gobernador de Caldas, dentro del ámbito territorial de su jurisdicción y por un

Código de Minas y, mediante Resolución n.º 18-1 193 del 24 de septiembre delegó en el Gobernador de Caldas, dentro del ámbito territorial de su jurisdicción y por un término de dos años, las funciones de tramitación de contratos de concesión excepto los que se refieran a carbón y esmeraldas, así como la vigilancia y control de ejecución de los mismos. Francisco José Barbier López es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que es el titular de la concesión minera para la exploración y explotación económica de material de construcción otorgada mediante contrato de concesión nº. 583-17 [hecho probado 7.1]. El Departamento de Caldas está legitimado en la causa por pasiva, pues fue la entidad que, en ejercicio de las competencias delegadas por el Ministerio de Minas y Energía, declaró la caducidad del contrato de concesión nº. 583-17 y adelantó el trámite de legalización de título minero solicitado por Gabriel Castañeda [hechos probados 7.5 y 7.7].

11. Problema jurídico5

Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones Corresponde a la Sala determinar si la declaratoria de caducidad del contrato de concesión y el trámite de legalización de un título minero le causaron un perjuicio a la demandante.

111. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta

111. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró tenían mérito probatorio4.

7. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 7 .1. El 25 de abril de 2002, la Empresa Nacional de Minería-Minercol y Francisco José Barbier López suscribieron el contrato de concesión minera nº. 583-17 para exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de materiales de construcción en una extensión superficiaria de 180 hectáreas, ubicada en jurisdicción de los municipios de Belalcázar y Viterbo, Caldas, según da cuenta copia auténtica del contrato (f. 131 a 146 c. 1). 7.2. El 24 de marzo de 2006, Francisco José Barbier López solicitó al Departamento de Caldas la suspensión del contrato de concesión nº. 583-17 por imposibilidad de iniciar labores, según da cuenta copia simple de la comunicación (f. 177-178 c. 1 ). 7.3. El 5 de abril y 22 de junio de 2006, Francisco José Barbier López reiteró la solicitud de suspensión del contrato de concesión nº. 583-17, según da cuenta copia simple de las comunicaciones (f. 179-181 c.1). 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento

simple de las comunicaciones (f. 179-181 c.1). 4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencia!, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bitlv/3gjjduK.e Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones 7.4. El 2 de julio de 2008, la Delegación Minera de Caldas visitó las áreas de explotación del título minero nº. 583-17 para verificar si había explotación de material de construcción en el cauce del río Risaralda, según da cuenta copia simple del informe (f. 400-401 c. 38). 7.5. El 9 de agosto de 2006, la Delegación Minera de Caldas accedió a la suspensión del contrato de concesión nº. 583-17, según da cuenta copia simple de la decisión (f. 183 c. 1). 7.6. El 22 de mayo de 2009, la Delegación Minera de Caldas visitó nuevamente el área del contrato de concesión nº. 583-17 para verificar la presencia de operarios en labores de extracción de material, según da cuenta copia simple del informe (f. 223-226 c. 1 ).

área del contrato de concesión nº. 583-17 para verificar la presencia de operarios en labores de extracción de material, según da cuenta copia simple del informe (f. 223-226 c. 1 ). 7.7. El 11 de agosto de 2009, la Delegación Minera visitó el área del contrato nº. 583-17 y constató que no había explotación o extracción reciente de material, según da cuenta copia del informe (f. 209-213 c. 3C). 7.8. El 2 septiembre de 2009, el Departamento de Caldas declaró la caducidad del contrato de concesión nº. 583-17 por incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, según da cuenta copia simple de la Resolución nº. 4538 de 2009 (f. 228 a 245 c. 1). 7.9. El 20 de agosto de 2010, el Departamento de Caldas revocó la Resolución nº. 4538 de 2009 que declaró la caducidad del contrato nº. 5831-7 porque el titular de la concesión no estaba inmerso en las causales de caducidad previstas en el artículo 112 de la Ley 685 de 2001, según da cuenta copia del auto (f. 322 a 324 c. 1 ). 7.10. El 13 de octubre de 2010, el Departamento de Caldas rechazó la solicitud de legalización presentada por José Gabriel Castañeda, decisión que fue confirmada el 26 de noviembre siguiente, según da cuenta copia simple de las resoluciones nº. 6146 y 965 de 2010 (f. 327 a 379 y 52 a 59 c. 1).e Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones El daño, presupuesto de la responsabilidad civil del Estado

6146 y 965 de 2010 (f. 327 a 379 y 52 a 59 c. 1).e Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones El daño, presupuesto de la responsabilidad civil del Estado

8. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la misma: una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico.

Esa afectación relevante para el derecho, al ser opuesta al ordenamiento jurídicoantijuricidad-, permite a su titular obtener una indemnización5. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria. El daño, como tiene determinado la jurisprudencia civil, es la base o punto de partida de toda acción reparatoria6. Según el artículo 90 CN, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ausencia de una definición constitucional de «daño antijurídico», el Consejo de Estado -en algunos pronunciamientos, sustentados en ciertos sectores de la doctrina españolaha entendido que para estudiar la antijuricidad del daño no es relevante la conducta que lo causa, sino que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una

lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. Esa tesis, sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 19937, pues antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o ilicitud al margen de los actos humanos. Además, la responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad -como el deber de soportar-, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración. Ahora bien, el daño -entendido como una afectación de un derecho o interés 5 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, nº. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2]. 6 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de octubre de 1982 [fundamento jurídico 2]. 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento jurídico párr. 19 a 24] y sentencia del 13 de julio de 1993, Rad. 8163 [fundamento jurídico párr. 12 a 22].e Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones tutelado por el ordenamiento jurídicose caracteriza por ser cierto, personal y

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones tutelado por el ordenamiento jurídicose caracteriza por ser cierto, personal y directo8. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable9. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo causal entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar.

9. Según la demanda, el Departamento de Caldas incurrió en falla del servicio al declarar la caducidad del contrato de concesión celebrado con la Empresa Nacional de Minería-Minercol y no decretar la superposición de títulos en el trámite de legalización de un título minero de Gabriel Castañeda sobre el área contratada.

Está acreditado que el 25 de abril de 2002, la Empresa Nacional de Minería­ Minercol y Francisco José Barbier López suscribieron el contrato de concesión nº. 583-17 para exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de materiales de construcción en una extensión superficiaria de 180 hectáreas, ubicada en jurisdicción de los municipios de Belalcázar y Viterbo, Caldas [hecho probado 7.1]. El 2 septiembre de 2009, el Departamento de Caldas declaró la caducidad del contrato de concesión nº. 583-17 otorgado a Francisco José Barbier López por

7.1]. El 2 septiembre de 2009, el Departamento de Caldas declaró la caducidad del contrato de concesión nº. 583-17 otorgado a Francisco José Barbier López por incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato [hecho probado 7.8]. El 20 de agosto de 201 O, el Departamento de Caldas dejó sin efectos la Resolución que declaró la caducidad porque el titular de la concesión no estaba inmerso en las causales de caducidad previstas en el artículo 112 de la Ley 685 de 2001 [hecho probado 7.9]. El 13 de octubre de 2010 el Departamento de Caldas rechazó la solicitud de legalización LH0191-17 presentada por José Gabriel Castañeda, porque no existía área libre, decisión que fue confirmada el 26 de noviembre siguiente [hecho probado 7.7].

10. Según el artículo 243 CGP, documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, 8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 29 de agosto de 1960 [fundamento jurídico V]. 9 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de agosto de 1976, Gaceta Judicial.

Tomo CLII, nº. 2393, p 320, (fundamento jurídico 1).e Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado manuscrito o firmado.

Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad o el desconocimiento, de conformidad con el artículo 269 CGP. El mérito probatorio de

es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad o el desconocimiento, de conformidad con el artículo 269 CGP. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 176 CGP. 10.1. Obra en el expediente las actas de las visitas de inspección al área del contrato de concesión nº. 583-17 (f. 223-226, 322-324 c. 1 y 400-401 c. 3). Según los documentos, en el área contratada no había explotación manual o mecánica de materiales de construcción. No se encontraron evidencias de la realización de trabajos antiguos, el predio estaba deshabitado y no existía evidencia de ningún tipo de construcción, infraestructura o montaje que indicara que explotación en el área concesionada. En las actas quedó constancia de que no existía presencia de operarios en labores de extracción de material, ni montaje de planta de beneficio, ni equipos para operaciones de arranque, carga y transporte de material, es decir, no había vestigios de explotación en el área. 10.2. También obra en el expediente la Resolución nº. 775 del 20 de agosto de 201 O, proferida por el Departamento de Caldas, que se abstuvo de iniciar el trámite de caducidad del contrato nº. 583-17 (f. 322 a 324 c. 1 ). Según el documento, de los informes de fiscalización al área contratada no es posible establecer que el titular de la concesión minera estuviera incurso en alguna de las causales de caducidad

los informes de fiscalización al área contratada no es posible establecer que el titular de la concesión minera estuviera incurso en alguna de las causales de caducidad del título. Según la parte resolutiva de la resolución, el contrato de concesión nº. 583-17 cumplía con todos los requisitos para su ejecución y su titular estaba facultado para ejercer las labores mineras autorizadas. Los informes de fiscalización al área contratada y la Resolución nº. 775 del 20 de agosto de 201 O son documentos públicos, pues los suscribieron funcionarios del Departamento de Caldas y se presumen auténticos, porque no se tacharon de falso (art. 244 CGP). Los funcionarios que suscribieron las actas dieron cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que visitaron el área contratada. Precisaron los elementos que hallaron en su visita y las condiciones del terreno. En efecto, el Departamento de Caldas fundamentó su decisión de abstenerse de(t) 10 Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones declarar la caducidad del contrato de concesión en los informes de fiscalización y, por ello, estableció que la demandante podía ejercer la actividad minera en el área contratada conforme las condiciones del título y normatividad vigente.

11. Esperanza González de Buitrago y Beatriz Eugenia De la Trinidad Ocampoconocidas del demandantedeclararon que en el año 2008 se produjo la caducidad del contrato de concesión y en el año 2010 se reinició la explotación. Afirmaron que durante ese período Francisco José Barbier López sufrió perjuicios morales y

materiales. Lina María Cárdenas -apoderada de José Gabriel Castañedadeclaró

del contrato de concesión y en el año 2010 se reinició la explotación. Afirmaron que durante ese período Francisco José Barbier López sufrió perjuicios morales y materiales. Lina María Cárdenas -apoderada de José Gabriel Castañedadeclaró que, de acuerdo con las visitas de la delegación minera del Departamento de Caldas, Francisco José Barbier López inició actividades mineras entre los años 2010-2011 y «paralelamente mi cliente realizó explotación en el área minera desde hace varios años ... ». Las declaraciones de los testigos se refieren a aspectos generales del contrato de concesión nº. 583-17 y los perjuicios sufridos por la demandante por declaratoria de caducidad del contrato. De lo relatado no se aprecian inconsistencias, ni lagunas en la versión de los hechos narrados, pero no dan cuenta de la imposibilidad de explotación del área concesionada por la demandante a raíz de la declaratoria de caducidad del contrato y el trámite de legalización del título minero de Gabriel Castañeda. 12 . Bernardo Arango González -miembro de la Delegación Minera de Caldas­ declaró que se retiró de la delegación el 18 de mayo de 2007 y hasta ese momento la demandante no había obtenido las servidumbres mineras necesarias para operar el título minero. Afirmó que en el año 2004 Gabriel Castañeda se acogió a un proceso de legalización de minería y de conformidad con el Código de Minas los alcaldes son los responsables de tramitar quejas sobre minería ilegal y suspender las explotaciones ilegales. Como el testigo participó en el trámite de vigilancia e inspección del contrato de concesión nº. 583-17, es un testigo cuya imparcialidad o credibilidad puede verse

las explotaciones ilegales. Como el testigo participó en el trámite de vigilancia e inspección del contrato de concesión nº. 583-17, es un testigo cuya imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los términos del artículo 211 CGP Esta norma prevé que el juez analizará estos testimonios de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Ene 11 Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones cuanto a las causas por impidieron a la demandante explotar el área contratado, el dicho del testigo se fundamenta en conjeturas y suposiciones y no en hechos constatables y verificables. No explicó, entonces, cómo conoció que la declaratoria de caducidad y el trámite de legalización del título sobre el área superpuesta impidió al demandante la explotación del título minero.

12. Conforme las pruebas, el Departamento de Caldas declaró la caducidad del contrato de concesión nº. 583-17 otorgada a Francisco José Barbier López, decisión que dejó sin efectos el 20 de agosto de 2010. El Departamento de Caldas tramitó la solitud de legalización de título minero de José Gabriel Castañeda, pero fue rechazada porque no existía área libre. No se acreditó, entonces, que durante dicho período la Administración hubiera impedido la explotación económica del yacimiento o la ejecución del contrato. En efecto, la declaratoria de caducidad no suspendió la ejecución del contrato y, por ello, la demandante estaba en la posibilidad jurídica de continuar con la explotación del yacimiento de materiales de construcción mientras se resolvía el recurso de reposición formulado contra la Resolución nº. 4538 del 2

ejecución del contrato y, por ello, la demandante estaba en la posibilidad jurídica de continuar con la explotación del yacimiento de materiales de construcción mientras se resolvía el recurso de reposición formulado contra la Resolución nº. 4538 del 2 de septiembre de 2009. Tampoco se acreditó que el trámite de legalización del título minero de José Gabriel Castañeda hubiera impedido la explotación económica del yacimiento o la ejecución del contrato de concesión nº. 583-17. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudorsi excepcionadebe probar su extinción ( carga de la prueba}. Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones10 . En concordancia, el artículo 167 CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos 211 y 306 CPACA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como la parte demandante no probó un daño o perjuicio cierto y no hipotético, esto es, el no haber podido explotar el área contratada por una acción u omisión de la Administración y consecuente diminución de su patrimonio por esta causa, la Sala 10 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de febrero de 1936 [fundamento

jurídico párr. 10) en Gaceta Judicial, Tomo XLIII nº. 1907 - 1908, pp. 334 - 336 y sentencia del 13 de enero de 1971 [fundamento jurídico IV párr. 4) en Gaceta Judicial, Tomo CXXXVIII, nº. 2340 a 2345, p. 24.e 12 Expediente nº. 58.053

Demandante: Francisco José Barbier López Niega pretensiones confirmará la sentencia apelada.

14. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte demandante haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO: CONFÍR MASE la sentencia del 12 de julio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGU NDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

GOG/OAO

CÓPI ESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE OR Presidente de la Sa Ul t ..