CE-13001-23-31-000-1999-0272-01(1597-03)-2004

INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Procedencia de la facultad discrecional de remoción porque el actor no estaba inscrito en carrera / FISCALIA GENERAL DE LA NACIONMarco normativo sobre el régimen de carrera. Naturaleza de los cargos / IDONEIDAD Y BUEN DESEMPEÑO LABORAL - Estas condiciones no constituyen factor de inamovilidad del funcionario / DESVIACION DE PODER - Inexistencia El presente asunto se contrae a establecer si se ajusta o no a derecho la Resolución No.0-0614 de abril 13 de 1999, expedida por el señor Fiscal Genera la Nación, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO JUDICIAL I, de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cartagena. Inicialmente el cargo de Profesional Universitario Judicial I era considerado por el legislador como un empleo de carrera y, por lo tanto, debía proveerse mediante un concurso de méritos, esto es, a través de un proceso de selección. Con posterioridad, se expide la ley 116 de febrero 9 de 1994 (Diario Oficial No. 41216) que modifica, entre otros, el artículo 66 del decreto 2699 de 1991, estableciendo que los empleados del Cuerpo Técnico de Investigación a nivel nacional, regional y seccional serían catalogados como personal de libre nombramiento y remoción. De conformidad con el marco normativo que antecede, y atendiendo la situación laboral del actor se colige, que el cargo para el cual fue nombrado mediante la Resolución No. 0-0127 del 17 de enero de 1995, en virtud de la Ley 270 de 1996

se clasifica para la fecha de la declaratoria de insubsistencia como un cargo de carrera judicial, al cual sin embargo, el demandante no accedió mediante el sistema de méritos, pudiendo entonces ejercerse válidamente la facultad discrecional. Si al anterior cargo hubiese accedido el actor por el sistema de selección cuando era de carrera y así se hubiere cambiado su naturaleza jurídica posteriormente por el de libre nombramiento y remoción, no obstante esta nueva circunstancia, se habían respetado los derechos de la carrera judicial. Pero esta no es la situación presentada en su particular caso. Se reitera entonces que, no obstante desempeñar el demandante un cargo de carrera en el momento de declararse insubsistente su nombramiento, al cual accedió en forma ordinaria y no mediante el sistema especial de méritos, no le otorgaba - por ese simple hechofuero alguno de estabilidad que le impidiera a la administración ejercer su facultad discrecional de libre remoción. En esas condiciones, al dársele tratamiento de empleado de libre nombramiento y remoción no se infringieron las normas citadas en la demanda y dadas estas razones no pueden prosperar las pretensiones incoadas por el actor. En cuanto al supuesto desmejoramiento del servicio, la Sala dirá que aún cuando las pruebas testimoniales son coincidentes en afirmar de manera genérica que el demandante era un empleado cumplidor de sus deberes, la Sala ha sostenido en reiteradas oportunidades que el buen desempeño de los funcionarios no genera fuero de estabilidad, ni es obstáculo para que la administración ejercite la facultad discrecional que se presume ejercida en aras del buen servicio. En conclusión, la Sala considera que la

sentencia del Tribunal Administrativo amerita ser confirmada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A"

Consejero ponente: ALBERTO ARANGO MANTILLA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004).

Radicación número: 13001-23-31-000-1999-0272-01(1597-03)

Actor: GUSTAVO ADOLFO VALENCIA REYES Demandado: FISCALIA GENERAL DE LA NACION Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de 5 de diciembre de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de

Bolívar. ANTECEDENTES Actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., el señor GUSTAVO ADOLFO VALENCIA REYES solicita de esta jurisdicción que se declare la nulidad de la Resolución No. 0 - 0614 de abril 13 de 1999, expedida por el señor Fiscal General de la Nación, por medio de la cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento en el cargo de Profesional Universitario Judicial I, de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cartagena. A título de restablecimiento del derecho pide que se ordene a la entidad accionada el reintegro al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría, el pago de salarios y prestaciones sociales que se hayan causado durante el lapso de su desvinculación, incluidos los aumentos salariales, sin solución de continuidad, y

que se apliquen los artículos 176 a 178 del C.C.A.

HECHOS::

En la demanda se describen estos: 1º. Mediante Resolución No. 0-1307 del 1 de diciembre de 1993 fue nombrado en el cargo de Investigador Judicial I, de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cartagena. 2º. Posteriormente, por medio de la Resolución No. 0127 del 17 de enero de 1995 fue nombrado como Profesional Universitario Judicial I de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la misma ciudad. Tomó posesión el 30 de enero de 1.995. 3º. Se aduce que cumplió con eficiencia y responsabilidad sus funciones. Que no existía en su contra proceso disciplinario alguno. 4º. Indica que en cuatro oportunidades le asignaron funciones de Jefe de Unidad de la Policía Judicial de la Seccional de Cartagena. 5º. Los cargos desempeñados son de carrera de acuerdo con las normas vigentes. 6o. El acto fue expedido sin motivación alguna. Al expedirse el acto acusado se obra con desviación de poder y se violan los artículos 6, 13, 25, 29, 53 123, 125 y 251 de la Constitución Política; arts. 130, 132, 159 y 163 de la ley 270 de 1996; art. 5 del decreto 2699 de 1991 y demás normas concordantes. Considera que en el caso concreto la administración se extralimitó en el ejercicio de sus funciones en cuanto a la competencia discrecional al declarar la insubsistencia del nombramiento del actor. El fin perseguido por el acto se aleja

del mejoramiento del servicio. La Fiscalía General de la Nación ha omitido poner en funcionamiento las normas de carrera, y bajo el pretexto de su propia culpa incurre en errores al expedir actos administrativos que desconocen el principio de legalidad. LA SENTENCIA APELADA En la primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda. Después de examinar la situación fáctica laboral del actor, dedujo el Tribunal Administrativo que el acto demandado goza como todos los de su misma especie de la presunción de legalidad por encontrarse ajustado a la ley, y haber sido expedido por razón del buen servicio. El actor no estaba inscrito en carrera al momento de la declaratoria de insubsistencia del cargo de Profesional Universitario Judicial I de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cartagena. De esta manera el retiro del servicio podía tener lugar a través de un acto discrecional sin necesidad de motivarlo, amén de que en esa situación de provisionalidad en que el empleado se encontraba no gozaba si quiera de una relativa inamovilidad. LA APELACION Es propuesta por la parte demandante. Insiste en que el cargo que venía ocupando el actor es de carrera judicial. Argumenta que el empleado nombrado en provisionalidad goza de una estabilidad relativa, es decir, goza del derecho a permanecer en el cargo hasta tanto se provea por el sistema legalmente previsto. El acto acusado fue expedido con falsa motivación y conllevó a una desmejora en la prestación del servicio. ALEGATOS El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto desfavorable a las pretensiones de la demanda. Para ese Despacho resulta

incuestionable que el actor desempeñaba un cargo de carrera bajo la modalidad de nombramiento en provisionalidad al no encontrar documento alguno que acreditara su inscripción en carrera. El demandante no demostró el desmejoramiento del servicio que alega. La resolución acusada fue soportada legalmente en la facultad concedida por el numeral 4 del artículo 20 del Decreto 2699 de 1991, el cual le otorga la posibilidad de dar por terminado dicho nombramiento provisional. Se decide, previas estas CONSIDERACIONES El presente asunto se contrae a establecer si se ajusta o no a derecho la Resolución No.0-0614 de abril 13 de 1999, expedida por el señor Fiscal Genera la Nación, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor GUSTAVO ADOLFO VALENCIA REYES en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO JUDICIAL I, de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cartagena. De la situación del actor 1.- Gustavo Adolfo Valencia Reyes fue nombrado mediante Resolución No. 0-1307 del 1 de diciembre de 1993 en el cargo de INVESTIGADOR JUDICIAL I, de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cartagena (fl. 9 cuaderno 2). 2.- Mediante Resolución No. 0-0127 del 17 de enero de 1995 fue nombrado en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO JUDICIAL I de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cartagena (fl. 6 cuaderno 2).

3.- Por medio de Resolución No. 0-0614 del 13 de abril de 1999 el señor Fiscal General de la Nación declaró insubsistente el nombramiento efectuado a GUSTAVO ADOLFO VALENCIA REYES, del cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO JUDICIAL I, de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cartagena (fl. 21). Esta decisión fue comunicada al actor mediante oficio STGR No. 2732 del 13 de abril de 1999 (fl. 22). 4.- Obra al folio 40 del cuaderno principal del expediente una constancia expedida por el Analista de Desarrollo Humano de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación con sede en Cartagena, de conformidad con la cual el demandante laboró en la Fiscalía General de la Nación, desempeñando los siguientes cargos: Desde el 25 de enero de 1994 hasta el 29 de enero de 1995, en el cargo de Investigador Judicial I. Desde el 30 de enero de 1995 hasta el 13 de abril de 1999, en el cargo de Profesional Universitario Judicial I. 5.- Por medio de oficio SEDH-0718 calendado el 30 de junio de 1999, la Coordinadora de Grupo Administración de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, en relación con la situación del actor frente a la carrera judicial señaló que éste se encontraba nombrado “en provisionalidad” en el cargo de Profesional Universitario Judicial I de la Dirección Seccional del CTI Cartagena (fl. 43). Del marco normativo

El régimen de carrera aplicable para los cargos de la Fiscalía General de la Nación, era el previsto en el decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991 “Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, expedido por el Presidente de la República en uso de las facultades conferidas por el literal a) del artículo transitorio 5º de la Constitución Política. El artículo 66 del citado decreto 2699 de 1991 disponía: “Los empleados de la Fiscalía se clasifican, según su naturaleza y forma como deben ser provistos; en libre nombramiento y remoción y de carrera. Son de libre nombramiento y remoción, las personas que desempeñan los empleos de:

1. Vice-Fiscal General de la Nación.

2. Secretario General.

3. Jefes de Oficina de la Fiscalía General.

4. Directores Nacionales y Jefes de División de la Fiscalía

General.

5. Director de Escuela.

6. Directores Regionales y Seccionales.

7. Los empleados del despacho del Fiscal General, del Vice-Fiscal y de la Secretaría General.

Los Directores Regionales y Seccionales ingresarán por concurso y sólo podrán ser removidos, previa autorización del Consejo Nacional de Policía Judicial. Los demás cargos son de carrera y deberán proveerse mediante el sistema de méritos.”. Inicialmente el cargo de Profesional Universitario Judicial I era considerado por el legislador como un empleo de carrera y, por lo tanto, debía proveerse mediante un concurso de méritos, esto es, a través de un proceso de selección. Con posterioridad, se expide la ley 116 de febrero 9 de 1994 (Diario Oficial No.

1. que modifica, entre otros, el artículo 66 del decreto 2699 de 1991, estableciendo que los empleados del Cuerpo Técnico de Investigación a nivel nacional, regional y seccional serían catalogados como personal de libre nombramiento y remoción.

El artículo 1º de la Ley 116 de 1994 fue sustituido por el artículo 130 de la Ley 270 de 1996 que en su orden dispone:

Artículo 130. CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS.

“... Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrados Auxiliares, Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de los Magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de Secretario de esas corporaciones; los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General, Directores Nacionales; Directores Regionales y Seccionales, los empleados del despacho del Fiscal General, del Vicefiscal, y de la Secretaría General, y los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia... Son de carrera los cargos de Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Tribunales Contencioso Administrativos y de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura; los de Fiscales no previstos en los incisos anteriores; de Juez de la República, y los demás cargos de empleados de la Rama Judicial...” (negrilla fuera de texto). En cuanto a la forma de provisión de empleos en la Rama Judicial, el artículo 132

ibídem, dispuso: “...

1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de

carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.

2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.

Cuando el cargo sea de carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo...”. De la naturaleza de los cargos de la Fiscalía General de la Nación Respecto a la naturaleza de los cargos de la Fiscalía General de la Nación, expresó la Corte Constitucional en Sentencia C-053/97, lo siguiente: “El artículo parcialmente demandado, que a su vez modifica el 66 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991, fue sustituido por el 130 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo contenido ya fue objeto del examen de la Corte Constitucional en Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa). La norma, después de la revisión efectuada por la Corte, dispuso:

"ARTICULO 130. CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS. Son de período individual los cargos de Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de Fiscal General de la Nación y de Director Ejecutivo de Administración Judicial. Los funcionarios a que se refieren los incisos anteriores permanecerán en sus cargos durante todo el período salvo que antes de su vencimiento intervenga sanción disciplinaria de destitución por mala conducta o lleguen a la edad de retiro forzoso. Es obligación de cada funcionario y del Presidente de la Corporación, informar con seis meses de anticipación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de la fecha en que se producirá el vencimiento de su período, con el objeto de que se proceda a elaborar la lista de candidatos que deba reemplazarlo. Son de libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los despachos de magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas Corporaciones; los cargos de los despachos de los magistrados de los tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General, directores nacionales; directores regionales y seccionales, los empleados del despacho del Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaría General, y los de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación. Son de carrera los cargos de Magistrado de los tribunales superiores

de Distrito Judicial y de los tribunales contencioso administrativos y de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura; de los Fiscales no previstos en los incisos anteriores; de Juez de la República, y los demás cargos de empleados de la Rama Judicial. PARAGRAFO TRANSITORIO. Mientras subsistan el Tribunal Nacional y los juzgados regionales, son de libre nombramiento y remoción los magistrados y jueces a ellos vinculados, lo mismo que los fiscales delegados ante el Tribunal Nacional y los fiscales regionales". Es claro que la disposición estatutaria sustituyó en su integridad el precepto acusado, referente a la misma materia -la clasificación de los empleos de la Fiscalía General de la Nación para lo relativo a la aplicación del régimen de carrera judicial-, y además el nuevo texto ya fue examinado por esta Corte y hallado conforme a la Constitución desde el punto de vista formal y en todos sus aspectos materiales, según puede verse en las consideraciones de la Sentencia C-037, ya mencionada. Así las cosas, carece de sentido un nuevo pronunciamiento. Considera la Corte que la Ley Estatutaria reguló completamente el tema, quitando toda vigencia al artículo impugnado, motivo por el cual no acoge el concepto del Procurador General de la Nación, que pide resolver de fondo sobre la exequibilidad de los numerales 2 y 9 de aquél, referentes al Secretario General de la Fiscalía y a los empleados del Cuerpo Técnico de Investigación, a nivel nacional, regional y seccional, ya que tanto en uno como en otro caso tiene pleno vigor y aplicación la norma estatutaria.

En efecto, como allí puede observarse, el Secretario General es de libre nombramiento y remoción, al paso que los empleos no enunciados expresamente como excluidos de la carrera -tal es el caso de los que preveía el numeral 9 del artículo objeto de demandapertenecen al rango de "los demás cargos de empleados de la Rama Judicial", según las expresiones del artículo 130 de la Ley 270 de 1996, que son de carrera, como en dicha disposición se indica. No se olvide lo que expresó al respecto esta Corte en la mencionada Sentencia C-037 de 1996: "Dentro del mismo orden ideas, debe advertirse que en lo que se refiere a los empleados del Fiscal General de la Nación y del Vicefiscal, se entiende que son de carrera, excepto aquel personal de directa confianza de los citados funcionarios, como es el caso -por ejemplode los respectivos secretarios privados. En cambio, estima la Corte que los empleados de la Secretaría General sí deben pertenecer al régimen de carrera. En iguales términos, conviene anotar que los empleados que se encuentren en los despachos de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, deben también estar sometidos al régimen de carrera. En cuanto al inciso quinto, resultan igualmente aplicables las consideraciones expuestas en el sentido de que el legislador es competente para definir cuáles empleos pertenecerán al sistema de carrera (Arts. 125 y 150-23 C.P.). Por lo demás, la enumeración allí contenida, determina cargos que razonable y justificadamente deben hacer parte del régimen en mención, pues ellos marcan una oportuna estabilidad laboral que dependerá únicamente de la eficiencia y los

méritos de cada trabajador. Resta agregar que, conforme a lo señalado en el artículo 83 del presente proyecto de ley, los magistrados de las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura también deberán pertenecer al sistema de carrera". De conformidad con el marco normativo que antecede, y atendiendo la situación laboral del actor se colige, que el cargo para el cual fue nombrado mediante la Resolución No. 0-0127 del 17 de enero de 1995, en virtud de la Ley 270 de 1996 se clasifica para la fecha de la declaratoria de insubsistencia como un cargo de carrera judicial, al cual sin embargo, el demandante no accedió mediante el sistema de méritos, pudiendo entonces ejercerse válidamente la facultad discrecional. Si al anterior cargo hubiese accedido el actor por el sistema de selección cuando era de carrera y así se hubiere cambiado su naturaleza jurídica posteriormente por el de libre nombramiento y remoción, no obstante esta nueva circunstancia, se habían respetado los derechos de la carrera judicial. Pero esta no es la situación presentada en su particular caso. No existe la menor duda entonces que el demandante no se encontraba escalafonado en carrera judicial para esa época. Así lo demuestra la documental allegada al expediente. Por esa misma razón, la medida discrecional podía adoptarse en cualquier momento, sin necesidad de ser motivada, tal y como la adoptó la Fiscalía General de la Nación. Como en esta oportunidad el demandante no estaba inscrito en carrera judicial en el cargo de Profesional Universitario Judicial I, ni ejercía el empleo en período de prueba, es claro entonces que su nombramiento podía ser declarado

insubsistente. No estaba amparado por las prerrogativas inherentes a la carrera y que le permitieran una relativa estabilidad en el mencionado cargo. El nombramiento ordinario inicialmente hecho al actor se tornó en provisional por efectos de la Ley. Frente a esta última circunstancia precisa la Sala, que no pueden predicarse iguales derechos de quien se encuentra nombrado en propiedad luego de superar las etapas propias de un concurso, respecto de quien se halla nombrado en provisionalidad, pues esta modalidad de provisión no genera por sí misma fuero de inamovilidad propio de quienes ingresan al servicio por el sistema de méritos. Se reitera entonces que, no obstante desempeñar el demandante un cargo de carrera en el momento de declararse insubsistente su nombramiento, al cual accedió en forma ordinaria y no mediante el sistema especial de méritos, no le otorgaba - por ese simple hecho - fuero alguno de estabilidad que le impidiera a la administración ejercer su facultad discrecional de libre remoción. En esas condiciones, al dársele tratamiento de empleado de libre nombramiento y remoción no se infringieron las normas citadas en la demanda y dadas estas razones no pueden prosperar las pretensiones incoadas por el actor. En cuanto al supuesto desmejoramiento del servicio, la Sala dirá que aún cuando las pruebas testimoniales que obran a folios 191 y s.s. son coincidentes en afirmar de manera genérica que el demandante era un empleado cumplidor de sus deberes, la Sala ha sostenido en reiteradas oportunidades que el buen desempeño de los funcionarios no genera fuero de estabilidad, ni es obstáculo para que la administración ejercite la facultad discrecional que se presume

ejercida en aras del buen servicio. Sólo cuando el nominador desborda los lineamientos que señala el legislador en punto al ejercicio de la facultad discrecional (art. 36 C.C.A.), se puede hablar de desviación de poder, pero esta circunstancia en el sub judice no se encuentra acreditada. El actor no logró entonces desvirtuar la presunción de legalidad de que está investido el acto impugnado, que para el caso concreto se traduce en la presunción de que los fines que motivaron a la administración están demarcados por el mejoramiento del servicio. Esta presunción no se desfigura por el hecho de que el demandante allegue pruebas sobre la idoneidad en su desempeño, por cuanto, como ya se indicó, este factor no es constitutivo de inamovilidad para el funcionario, al contrario, se constituye en el mínimo de los deberes que le asisten desde el momento mismo de la posesión del cargo. Así las cosas,, como ya lo precisó esta Sala “no es el nominador el llamado a demostrar en qué sentido quiso mejorar el servicio, sino que es el funcionario retirado quien debe llevar a la convicción al juez, a través de pruebas fehacientes de que los cargos que endilga al acto de retiro son ciertos”1. En conclusión, la Sala considera que la sentencia del Tribunal Administrativo amerita ser confirmada. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA : CONFIRMASE la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de

Bolívar dentro del proceso promovido por el señor Gustavo Adolfo Valencia Reyes contra la Nación - Fiscalía General de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. Una vez ejecutoriada la sentencia, devuélvase al Tribunal de origen. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha. ALBERTO ARANGO MANTILLA ANA MARGARITA OLAYA FORERO 1 Sentencia de 2 de octubre de 2003 Exp. No. 4174-02 Consejera Ponente Dra. Ana Margarita Olaya Forero.

NICOLAS PAJARO PEÑARANDA

MYRIAM C. VIRACACHÁ SANDOVAL

Secretaria