CE-13001-23-31-000-2011-00439-01(52815)-2020

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN NJUSTA DE

LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD

PATRIMONIAL DE ESTADO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA / HECHO ADMINISTRATIVO / OMISIÓN

ADMINISTRATIVA / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, en este caso por hechos imputables a la administración de justicia.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA /

NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PLAZO Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bipolar, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por

demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006. exp.6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres y sentencia del 30 de enero de 2013

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

EN PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD ACCIÓN DE

REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DEL TÉRMINO EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DERECHO A LA

LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA /

EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / PRECLUSIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN / SENTENCIA ABSOLUTORIA / PRIVACIÓN DE LA

LIBERTAD / DEMANDA / PRESENTANCIÓN DE LA DEMANDA /

PROVIDENCIA JUDICIAL / SENTENCIA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA /

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA

[L]a Sala observa que el término de caducidad debe contarse a partir del día siguiente a la fecha en que quedó en libertad [El demandante] puesto que a partir de ese momento era evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ya que se tenía conocimiento de la antijuridicidad del daño reclamado (…) En efecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad . En este orden de ideas, se observa que [El demandante] fue privado de la libertad del (…) al (…) según da cuenta copia simple de la orden de arresto del comandante de la Estación de Policía (…) y el oficio del cumplimiento de la orden de arresto expedido por el mismo funcionario. Por lo anterior, el término de caducidad para ejercer la acción de reparación directa empezó a correr (…) día siguiente a que (…) recobró la libertad – y expiró (…) Sin embargo, como la demanda se presentó el (…) cuando ya había vencido el término dispuesto por el legislador, se

encuentra que la acción de reparación directa había caducado. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia (…) proferida por el Tribunal Administrativo (…) que negó las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditada la caducidad de la acción.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO

136

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13622; sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 49898, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 48130; C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 49206, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp.54716, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Esta providencia cuenta con aclaración de voto del Dr. Guillermo

Sánchez Luque. Ver. Rad. 36146-15 #1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 13001-23-31-000-2011-00439-01(52815)

Actor: BAYRON ENRIQUE ELLES MENDOZA Y OTRO

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA) Tema: Privación de la libertad. Desacato a sentencia de tutela. Caducidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda al encontrar acreditada la caducidad de la acción.

I. SÍNTESIS DEL CASO El 21 de mayo de 2008, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kostka, Bolívar, sancionó con cinco (5) días de arresto a Bayron Enrique Elles Mendoza, por desacato a la sentencia de tutela del 16 de noviembre de 2007, en la que le había ordenado pagar los salarios de la señora Ledis Mendoza Pedraza, quien trabajaba en el Hospital Local Ana María Rodríguez. Una vez se surtió el grado de consulta de este proveído, el 29 de agosto de 2008 la Policía Nacional capturó al señor Elles Mendoza para dar cumplimiento a la orden de desacato.

Sin embargo, el 11 de noviembre de 2008, Bayron Enrique Elles Mendoza presentó acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kostka, alegando que no debió ser capturado por desacato a la orden de tutela del 16 de noviembre de 2007, puesto que desde el 2 de enero de 2008 había renunciado al cargo de Gerente del Hospital Local Ana María Rodríguez. Bajo el anterior contexto, mediante sentencia de tutela del 23 de enero

de 2009 el Tribunal Superior de Cartagena amparó los derechos fundamentales del señor Elles Mendoza y dejó sin efecto las decisiones judiciales proferidas en el trámite incidental de desacato que se adelantó en su contra. Los demandantes consideran que la detención de Bayron Enrique Elles Mendoza fue injusta, puesto que se dejaron sin efecto las decisiones judiciales que ordenaron privarlo de la libertad, por violar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda El 23 de junio de 20111, Bayron Enrique Elles Mendoza y Giovanna Rosa López Rodríguez, en nombre propio y en representación de Andrés David Elles López; Hernando Enrique Elles Vásquez, Tilza Marina Mendoza Pérez y Hernando Rafael, Jeison Mauricio y Shirley Milagros Elles Mendoza, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de La Nación – Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de Bayron Enrique Elles Mendoza.

Como pretensiones la parte demandante solicita condenar a la entidad demandada a pagar 50 SMLMV a cada uno de los demandantes, por perjuicios morales; 50 SMLMV a cada uno de los demandantes, por daño a la vida de relación; y 50 SMLMV a cada uno de los demandantes, por alteración grave a las condiciones de existencia. En apoyo de las pretensiones la parte demandante afirma que el 21 de mayo de 2008, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kostka, Bolivar, sancionó con cinco (5) días de arresto a Bayron Enrique Elles Mendoza, por

desacato a la sentencia de tutela del 16 de noviembre de 2007, en la que le había ordenado pagar los salarios de la señora Ledis Mendoza Pedraza, quien trabajaba en el Hospital Local Ana María Rodríguez. 1 Fl. 1 a 13, C. 1. Sostiene que dicha decisión fue confirmada mediante proveído proferido el 13 de junio de 2008 por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena. Manifiesta que el 29 de agosto de 2008, la Policía Nacional capturó al señor Elles Mendoza para dar cumplimiento a la orden de desacato. Sin embargo, señala que el 11 de noviembre de 2008, Bayron Enrique Elles Mendoza presentó acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kostka, alegando que no debió ser capturado por desacato a la orden de tutela del 16 de noviembre de 2007, puesto que desde el 2 de enero de 2008 había renunciado al cargo de Gerente del Hospital Local Ana María Rodríguez. Bajo el anterior contexto, afirma que mediante sentencia de tutela del 23 de enero de 2009 el Tribunal Superior de Cartagena amparó los derechos fundamentales del señor Elles Mendoza y dejó sin efecto las decisiones judiciales proferidas en el trámite incidental de desacato que se adelantó en su contra. Los demandantes consideran que la detención de Bayron Enrique Elles Mendoza fue injusta, puesto que mediante sentencia de tutela se dejaron sin efecto las decisiones judiciales que ordenaron privarlo de la libertad, porque violaban sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

2. Contestaciones El 16 de agosto de 20112, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y

Santa Catalina admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público. 2.1. La Nación – Rama Judicial3 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que los proveídos proferidos en el trámite incidental por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kostka y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, fueron ajustados a derecho, pues se fundaron en criterios de autonomía judicial. 2 Fl. 220, C. 1. 3 Fl. 224 a 230, C. 1.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 25 de noviembre de 20134 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. La Nación – Rama Judicial5 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. Los demandantes y el Ministerio Público, guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 27 de agosto de 20146, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditado que había operado el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción, puesto que habían transcurrido más de dos años desde el momento en que cobró ejecutoria la sentencia de tutela proferida el 23 de enero de 2009 por el Tribunal Superior de Cartagena y aquel en que los demandantes presentaron la demanda.

Al efecto sostuvo que: “En este orden de ideas, si se tiene en cuenta que en el

caso sub examine la providencia que evidenció la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba el arresto del señor Elles Mendoza, fue proferida por… el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 23 de enero de 2009 y, en gracia de discusión la misma adquirió ejecutoria a más tardar el 18 de febrero de 2009, empero la demanda de reparación directa fue impetrada el 23 de junio de 2011, se impone concluir que para este caso operó la caducidad de la acción”.

5. Recurso de apelación Los demandantes interpusieron recurso de apelación, el cual fue concedido el 27 de octubre de 20147 y admitido el 9 de diciembre de 20148. 4 Fl. 360, C. 1. 5 Fl. 361 a 364, C. 3. 6 Fl. 172 a 184, C. 2. 7 Fl. 394, C. 2. 8 Fl. 398, C. 2. 5.1. Los demandantes9 manifestaron que la acción de reparación directa no se encontraba caducada, puesto que el término de caducidad debía contarse desde el 30 de abril de 2010, cuando se notificó por estado la decisión de la Corte Constitucional de no seleccionar para revisión la acción de tutela proferida el 23 de enero de 2009 por el Tribunal Superior de Cartagena.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 20 de enero de 201510 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 6.1. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 27 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, en este caso por hechos imputables a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la 9 Fl. 391 y 392, C. 2. 10 Fl. 400, C. 2. protección del interés general11, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción12, ofrecer

estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bipolar, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, 11 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada

referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”. 12 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”. resultando como una sanción ipso iure13 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia14, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Ahora bien, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Como en el caso sub examine el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó las pretensiones de la demanda al encontrar acreditada la caducidad de la acción y los demandantes sostienen en el recurso de apelación que la demanda fue interpuesta oportunamente, la Sala estudiará en el presente caso si la demanda se presentó en tiempo o no.

4. Caso concreto En el sub lite, Bayron Enrique Elles Mendoza (víctima), Giovanna Rosa López Rodríguez (esposa), Andrés David Elles López (hijo), Hernando Enrique Elles Vásquez (padre), Tilza Marina Mendoza Pérez (madre) y Hernando Rafael, Jeison Mauricio y Shirley Milagros Elles Mendoza (hermanos), pretenden que se declare patrimonialmente responsable a La Nación – Rama Judicial, por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de Bayron Enrique Elles Mendoza. 13 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

14 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no. 4.1. Hechos probados Se probó que el 2 de enero de 2008 el Alcalde de San Estanislao de Kostka aceptó la renuncia irrevocable presentada en esa fecha por Bayron Enrique Elles Mendoza al cargo de Gerente del Hospital Local Ana María Rodríguez, según da cuenta copia simple del Decreto 005, proferido por el Alcalde referido en esa fecha15. Está probado que el 21 de mayo de 2008, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kostka, Bolivar, sancionó con cinco (5) días de arresto a Bayron Enrique Elles Mendoza, por desacato a la sentencia de tutela del 16 de noviembre

de 2007, en la que le había ordenado pagar los salarios de la señora Ledis Mendoza Pedraza, quien trabajaba en el Hospital Local Ana María Rodríguez, según da cuenta copia simple16 de dicho proveído17. Asimismo, se probó que el 13 de junio de 2008 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena confirmó la decisión proferida el 21 de mayo de 2008 por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kostka, según da cuenta copia simple de dicho proveído18. También está probado que el 29 de agosto de 2008, la Policía Nacional capturó al señor Elles Mendoza para dar cumplimiento a la orden de desacato impartida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kostka, según da cuenta copia simple de la orden de arresto del Comandante de la Estación de Policía de San Estanislao de esa fecha19. Igualmente, consta que 3 de septiembre de 2008 Bayron Enrique Elles Mendoza recobró su libertad, según da cuenta copia simple de oficio del cumplimiento de la 15 Fl. 44 y 45, C. 1. 16 La Sala le otorga valor a las pruebas documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo decidido en sentencia de unificación con radicado No. 25022, del 28 de agosto de 2013. 17 Fl. 62 a 65, C. 1. 18 Fl. 73 a 76, C. 1. 19 Fl. 103, C. 1. orden de arresto del Comandante de la Estación de Policía de San Estanislao de

esa fecha20. Está probado que el 11 de noviembre de 2008, Bayron Enrique Elles Mendoza presentó acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kostka, alegando que no debió ser capturado por desacato a la orden de tutela del 16 de noviembre de 2007, puesto que desde el 2 de enero de 2008 había renunciado al cargo de Gerente del Hospital Local Ana María Rodríguez, según da cuenta copia simple de dicho escrito21. Se probó, además, que mediante sentencia de tutela del 23 de enero de 2009 el Tribunal Superior de Cartagena amparó los derechos fundamentales del señor Elles Mendoza y dejó sin efecto las decisiones judiciales proferidas el 21 de mayo y el 13 de junio de 2008 en el trámite incidental de desacato que se adelantó en su contra, según da cuenta copia simple de dicha providencia22. Finalmente, está probado que mediante auto del 23 de abril de 2009 la Corte Constitucional decidió no seleccionar para revisión la sentencia de tutela proferida el 23 de enero de 2009 por el Tribunal Superior de Cartagena, según da cuenta copia simple del informe de la Secretaría General de dicha Corporación23. 4.2. Análisis de la caducidad de la acción de reparación directa En el caso sub examine se tiene que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditado que había operado el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción, puesto que habían transcurrido más de dos años desde el momento en

que cobró ejecutoria la sentencia de tutela proferida el 23 de enero de 2009 por el Tribunal Superior de Cartagena, mediante la cual se dejó sin efecto las providencias judiciales proferidas en el trámite incidental adelantado contra Bayron Enrique Elles Mendoza, y aquel en que los demandantes presentaron la demanda. 20 Fl. 103, C. 1. 21 Fl. 114 a 119, C. 1. 22 Fl. 150 a 168, C. 1. 23 Fl. 190, C. 1. Asimismo, se evidencia que los demandantes alegaron en el recurso de apelación que el término de caducidad debe contarse desde el 30 de abril de 2010, cuando se notificó por estado la decisión de la Corte Constitucional de no seleccionar para revisión la acción de tutela proferida el 23 de enero de 2009 por el Tribunal Superior de Cartagena, puesto que en ese momento se tuvo conocimiento de la antijuridicidad del daño. Sin embargo, la Sala observa que el término de caducidad debe contarse a partir del día siguiente a la fecha en que quedó en libertad Bayron Enrique Elles Mendoza, puesto que a partir de ese momento era evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ya que se tenía conocimiento de la antijuridicidad del daño reclamado, esto es, que no debía haber sido capturado por desacato a la orden de tutela del 16 de noviembre de 2007, ya que desde el 2 de enero de 2008 había renunciado al cargo de Gerente del Hospital Local Ana María

Rodríguez. En efecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad24. En este orden de ideas, se observa que Bayron Enrique Elles Mendoza fue privado de la libertad del 29 de agosto de 200825 al 3 de septiembre de 200826, según da cuenta copia simple de la orden de arresto del Comandante de la Estación de Policía de San Estanislao y el oficio del cumplimiento de la orden de arresto expedido por el mismo funcionario. Por lo anterior, el término de caducidad para ejercer la acción de reparación directa empezó a correr el jueves 4 de septiembre de 2008 – día siguiente a que Bayron Enrique Elles Mendoza recobró la libertad – y expiró el lunes 6 de octubre 24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 25 Fl. 103, C. 1.

26 Fl. 103, C. 1. de 2010. Sin embargo, como la demanda se presentó el 23 de junio de 2011, cuando ya había vencido el término dispuesto por el legislador, se encuentra que la acción de reparación directa había caducado. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 27 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditada la caducidad de la acción. En mérito de lo expuesto, se RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: En firme esta providencia remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Presidente de la Sala Aclaración de voto Cfr. Rad. 36146-15 #1

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Magistrado

NICOLÁS YEPES CORRALES

Magistrado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO

REO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO /

SENTENCIA ABSOLUTORIA / SINDICADO / DETENCIÓN PREVENTIVA /

CARGAS PROCESALES / CARGA DE LA PRUEBA En mi criterio, el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en los eventos de privación injusta de la libertad