CE-13001-23-33-000-2021-00272-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA / CONCURSO DE MÉRITOS – Convocatoria 4 de la Rama Judicial / MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA – Justificado / DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA / PANDEMIA / COVID 19 / PROCESO DE SELECCIÓNAutoridad accionada ha tomado las medidas correctivas necesarias para encaminar la actuación y continuar con el desarrollo del concurso /

AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[S]e están vulnerando sus derechos fundamentales, en consideración a que se modificó el cronograma del concurso de manera indefinida. En relación con este reparo, la Sala expresa que la variación del cronograma no implica, por sí sola, la vulneración del derecho al debido proceso de los participantes, pues no es un asunto de aquellos que no es inmodificable, en la medida en que estos ajustes de fechas resultan válidos, cuando ello obedece a contingencias o situaciones que impidan la ejecución de sus etapas en los términos previstos. No obstante, el hecho de que una persona no tenga conocimiento acerca de cuánto puede tardar un proceso de selección genera una incertidumbre inaceptable, cuando de ello depende el cumplimiento de una condición de acceso al cargo, que según se ha explicado, debería estar claramente definida en la reglamentación del concurso. (…) Pues bien, en el presente caso, la Sala comparte las consideraciones del Tribunal Administrativo de Bolívar, en tanto que la variación del cronograma obedeció a razones justificadas, entre otras, por los efectos producidos por la declaratoria de la emergencia sanitaria por Covid-19, lo cual ha generado

razonables demoras en distintos procesos que se adelantan en la administración pública. Es importante precisar que la situación descrita implicó la necesidad de suspender el trámite del concurso, en tanto es una medida que implica básicamente reducir significativamente el riesgo de exposición a dicho virus para los concursantes y realizadores del concurso, pues se previene y contiene el contagio. Sin embargo, ello no es óbice para que el concurso se mantenga suspendido indefinidamente, razón por la cual, la autoridad accionada el 29 de julio de 2021, publicó un cronograma (…) De lo anterior se concluye que, si bien es cierto que el proceso de selección que inició en el año 2016 y que debía culminar en el 2017, se ha prolongado en el tiempo de manera excesiva, lo cierto es que ello no resulta injustificado, y en cualquier caso, la autoridad accionada ha tomado las medidas correctivas necesarias para encaminar la actuación y así continuar con el desarrollo del concurso. Situación que a pesar de no ser suficiente para satisfacer lo pedido por la parte actora, sí implica que la administración está comprometida con la ejecución del concurso y su culminación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 13001-23-33-000-2021-00272-01(AC)

Actor: EILEEN VÁSQUEZ PÉREZ Y OTROS

Demandado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLIVAR

Tema: Tutela de fondo – concursos de méritos – confirma negativa SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 10 de junio de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó la solicitud de amparo deprecado.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud Los señores Eileen Vásquez Pérez, Rodolfo Gutiérrez Pájaro, Erasmo Buelvas Jácome, Edward José Benítez Turizo, Rafael González Navarro, Víctor Elías Guevara Flórez, Liry Luz Munera Cabrera, Jessica Paola Fuentes Meneses, Sergio Daniel Buelvas Henao, Reysa Andrea Vásquez Medrano, Alexander García Vergara, Óscar Eduardo Rojas Rincón, Adriana Aguas, Willmard Willoughby Urzola, Gustavo Campiz Jiménez, Diana Carolina Calvo González, Nelsy C. Sánchez Trejo, Noris Ramos Torres, Aura Murcia Martínez, Cindy Lafaurie Barros, Daniela Patricia Puello Jaspe, Stefanía Arnedo Oviedo, Alejandro Ruiz Castro, Diana Paola Azuero Ramírez, Nelson Garibello Pardo, Mario Andrés Mendoza Charris, Laura Stephanie Robles Polo, y Mckenzy Karina Torres Bru, instauraron acción de tutela el 27 de mayo de 2021, contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, enviada al correo electrónico de la Secretaría General del Tribunal de ese departamento, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso en los concursos de méritos, trabajo, confianza legítima, acceso a cargos públicos e igualdad.

Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por las supuestas dilataciones injustificadas en el cumplimiento del cronograma establecido para desarrollar el proceso de selección de empleados de la Rama JudicialAdministración de la Seccional de Bolívar - en consideración a que no existe un registro de elegibles vigente, y a la supuesta negativa para su expedición. 1.2. Hechos La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:  Señalaron los accionantes que, el 4 de noviembre de 2016, el Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para proveer empleos de la Rama Judicial, el cual finalizó con la suscripción del contrato No. 164 del 22 de diciembre de 2016, con la Universidad Nacional de Colombia, y tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2017 con la expedición del registro de elegibles.  Adujeron que dicho contrato lleva 14 modificaciones y en la última fijaron como plazo final el 30 de junio de 2021, es decir que se ha superado por 4 años su ejecución.  Indicaron que el 3 de febrero de 2019 aplicó la prueba de conocimientos, esto es, 2 años después de la fecha inicial en la que debía finalizar el contrato.  Resaltaron que, a través de Resolución No. CSJBOR19-266 de 17 de mayo de 2019, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar publicó los resultados de la prueba de conocimiento, respecto del cargo de secretario de juzgado municipal.  Manifestaron que, obrando dentro de su legítimo derecho, muchos

participantes recurrieron el resultado de la prueba y algunos solicitaron exhibición de los cuadernillos y las hojas de respuestas. Consideraron que el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional han utilizado como excusa esta situación para demorar la continuidad del proceso de selección.  Advirtieron que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar publicó un listado de cargos que no tenían ningún trámite pendiente, es decir, ningún recurso o solicitud que impidiera la expedición de los registros de elegibles; sin embargo, a pesar de estas circunstancias, no han sido expedidos los registros, como es el caso del cargo de secretario juzgado municipal.  Resaltaron que, el 24 de mayo de 2021, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar publicó los registros de elegibles de aquellos cargos que no tenían exclusiones pendientes, “y al mismo tiempo publicó la lista de excluidos”. 1.3. Petición de amparo constitucional Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes: “TUTELAR, nuestros derechos fundamentales al debido Proceso, al trabajo, a la confianza legítima, acceso a los cargos públicos e igualdad y como consecuencia: PRIMERO: ordenar al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR, que (sic) un término no mayor a 48 horas expida los registros de elegibles del cargo de secretario municipal Bolívar, conforme viene estipulado en el cronograma.

SEGUNDO: ordenar al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR, indique fechas exactas en las cuales serán resueltos los recursos contra las

exclusiones y así mismo los recursos contra las listas de elegibles del cargo de secretario municipal Bolívar, sin más demoras y dilaciones injustificadas”. 1.5. Trámite de la acción Mediante auto de 28 de mayo de 2021, el Magistrado Ponente de la primera instancia admitió la presente acción de tutela y por auto de 31 de mayo siguiente adicionó la admisión en el sentido de ordenar la vinculación de los ciudadanos que habían sido excluidos por el Consejo Seccional de la Judicatura, para el cargo al que aspiran los actores. 1.6. Contestación del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar Esta entidad judicial alegó que no busca dilatar la convocatoria, sino que, como administrador de la carrera judicial a nivel regional, se encuentra en la obligación de velar porque el proceso de convocatoria se lleve bajo los principios del debido proceso administrativo y se mantenga el derecho a la igualdad, de manera que por ello busca realizar las etapas pendientes de manera célere, sin afectar o abandonar las tareas del giro ordinario de la entidad. Indicó que la labor de verificación de las hojas de vida se realizaría desde el nivel central y no por esa Corporación; empero, desde que se recibió dicha valoración, se informó a la Unidad de Carrera, formal e informalmente de los errores en los que se incurrieron en dicha actividad, yerros que implicaban un mayor o menor puntaje, así como el hecho de contar dentro de los participantes, con personas que no cumplían con los requisitos mínimos del cargo, es decir, las convalidaciones aleatorias no arrojaron los mejores resultados, lo que llevó a la determinación de revisar la totalidad de las 905 hojas de vida, labor que culminó

recientemente. Aunado a lo anterior, consideró que no deben desconocerse otros factores internos acaecidos al momento de revisar la documentación de los 905 participantes de la convocatoria 4, que dicho sea de paso, fue puesta a disposición en el mes abril de 2020, ya que a la par se atendían las múltiples funciones a cargo, como las establecidas en el artículo 101 de la ley 270 de 1996, el Acuerdo PSAA16-10561 de 2016, entre otros, más las que trajo consigo la emergencia sanitaria, por lo que no se considera que el término transcurrido obedeciera a la negligencia o desidia de la corporación, la cual, ante todo, vela por el debido proceso y el derecho a la igualdad de los 905 participantes de la convocatoria. Resaltó que, es cierto que el Consejo Seccional en la convocatoria No. 3 expidió los registros de elegibles al tiempo que las resoluciones de exclusión, empero, la práctica demostró que se puede ser así más eficiente. Con respecto a la manifestación de que el Consejo Seccional no puede alterar el cronograma de la convocatoria, indicó que no es del todo cierto, pues no se podría pasar por alto que la Corporación, como administrador seccional de la carrera judicial y responsable de los concursos a nivel regional, debe tomar las decisiones que correspondan para cumplir con sus obligaciones, lo que podría implicar modificar las fechas, siempre que se trate de etapas o actividades que dependan de la seccional. Precisó que no está poniendo a los actores en desigualdad respecto a sus iguales, entendidos como aquellos concursantes que esperan el mismo registro de

elegibles; además, resaltó que los recursos contra las resoluciones de exclusiones publicados el 21 de mayo y las que conforman los registros de elegibles expedidos el 24 del mismo mes, se tramitarán conjuntamente y con la debida celeridad, para que a medida que vayan quedando en firme los actos administrativos de exclusiones, se expidan inmediatamente los respectivos registros de elegibles, con la finalidad de que se dé la contradicción. 1.7. Fallo de primera instancia El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante fallo de 10 de junio de 2021, negó el amparo solicitado, en consideración a que, si bien, objetivamente existe incumplimiento del cronograma inicialmente estipulado, en el concurso en cuestión; dicho incumplimiento ha obedecido a factores exógenos a la accionada, que han conllevado a necesarias modificaciones al cronograma, sin que ello constituya una vulneración de los derechos invocados por los accionantes. Esta decisión fue notificada el 15 de junio de 2021 mediante correo electrónico. 1.8. Impugnación El 18 de junio de 2021 la parte accionante envío al correo electrónico del Tribunal Administrativo de Bolívar un escrito en el que manifestó: “Por medio del presente memorial, estando dentro del término legal para ello, manifestamos que impugnamos el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la referencia. En el transcurso del día se estará allegando las razones de nuestro recurso, o en su defecto al superior que conozca de la segunda instancia”. No obstante, en el expediente no se advierte que la parte actora allegara el escrito que sustentara las razones de la impugnación.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 2.1. Competencia Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 10 de junio de 2021, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si la autoridad accionada vulneró las garantías constitucionales de la parte actora debido a las supuestas dilataciones injustificadas en el cumplimiento del cronograma establecido para desarrollar el proceso de selección de empleados de la Rama Judicial, Administración de la Seccional de Bolívar. 2.2.1. Panorama general de la acción de tutela Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuandoquiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.

Esta institución tiene dos características esenciales, a saber: la subsidiaridad y la inmediatez; la primera por cuanto solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable y, la segunda, porque se trata de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda, efectiva, concreta y actual, del derecho sujeto a violación o amenaza. 2.2.2. Principio del mérito

Como lo indicó el a quo, la Ley 270 de 1996 señala que la carrera judicial tiene como fundamento el carácter profesional de funcionarios y empleados, la eficacia de su gestión, la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio1. A efectos de ocupar los cargos de carrera en la rama judicial, se requiere, además de los requisitos de ley, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección aprobado en las evaluaciones previstas en la ley y de conformidad con los reglamentos que expida el Consejo Superior de la Judicatura2. Ahora bien, en cuanto al término para la realización de los concursos, el artículo 164 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, establece que la convocatoria es la norma que regula todo proceso de selección en la rama judicial y que “cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala Administrativa de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente cada vez que, según las circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente”. 1 Artículo 156 de la Ley 270 de 1996. 2 Artículos 156 y 160 de la Ley 270 de 1996. 2.2.3. Debido proceso en los concursos de méritos La jurisprudencia constitucional ha señalado que el respeto al debido proceso en el marco del desarrollo de concurso de méritos involucra los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, el derecho de impugnación, y la garantía

de publicidad de los actos de la Administración3. En ese orden, el deber de la entidad administradora del concurso de (i) fijar de manera precisa y concreta las condiciones, pautas y procedimientos del concurso, (ii) presentar un cronograma definido para los aspirantes, (iii) desarrollar el concurso con estricta sujeción a las normas que lo rigen y, en especial, a las que se fijan en la convocatoria, (iv) garantizar la transparencia del concurso y la igualdad entre los participantes, (v) asegurar que los participantes y otras personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, tienen derecho a ejercer control sobre la forma como se ha desarrollado y (vi) no someter a los participantes a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas. 2.2.4. Convocatoria como ley del concurso Es preciso señalar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han indicado que la convocatoria y las reglas fijadas en ella, constituyen ley para las partes en los concursos de méritos, en la medida en que obligan tanto a la administración como a los participantes, a dar estricto acatamiento a cada una de las etapas, reglas y condiciones en virtud de principios axiales del sistema de carrera, tales como el debido proceso administrativo, la igualdad, la publicidad y la transparencia.4 El respeto por las formas propias del concurso ha sido un aspecto objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en el sentido de indicar que el trámite reglado impone: (i) límites a las autoridades encargadas de su ejecución; y (ii) obligaciones a los participantes5.

Lo anterior fue objeto de pronunciamiento en la Sentencia SU-913 de 20096, la cual fue expedida en el marco de un concurso méritos para proveer plazas de notarios, en la cual, además de concluir que la convocatoria es ley para las partes, la Corte señaló: “los lineamientos definidos en la misma no están exentos de sufrir variaciones leves por factores exógenos, modificaciones que deben ser informadas a los participantes para que se cumpla idóneamente con los principios de la publicidad y de transparencia, ello en aras de no transgredir las prerrogativas superiores y de no quebrantar la confianza legítima depositada por los particulares en la administración, de cara a los parámetros establecidos para el desarrollo del respectivo concurso. El 3 Sentencia T-604 de 2013. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 5 Corte Constitucional. Sentencia T-470 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 6 Corte Constitucional. Sentencia SU-913 de 2009. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos públicos, consagrado en el artículo 40 constitucional, se ve vulnerado si durante el trámite de un concurso abierto, se modifican las condiciones de acceso y evaluación”. Para los accionantes, se están vulnerando sus derechos fundamentales, en consideración a que se modificó el cronograma del concurso de manera indefinida. En relación con este reparo, la Sala expresa que la variación del cronograma no implica, por sí sola, la vulneración del derecho al debido proceso de los

participantes, pues no es un asunto de aquellos que no es inmodificable, en la medida en que estos ajustes de fechas resultan válidos, cuando ello obedece a contingencias o situaciones que impidan la ejecución de sus etapas en los términos previstos. No obstante, el hecho de que una persona no tenga conocimiento acerca de cuánto puede tardar un proceso de selección genera una incertidumbre inaceptable, cuando de ello depende el cumplimiento de una condición de acceso al cargo, que según se ha explicado, debería estar claramente definida en la reglamentación del concurso. Sobre el particular, esta Corporación en un antecedente de tutela, señaló que “la creación de una expectativa de ser considerado para el acceso de un cargo público y que posteriormente se frustra por razones no imputables al ciudadano, afecta la confianza en las instituciones, lo que, además, resulta incompatible con los principios de celeridad y eficacia que deben orientar la actividad de la administración”7. Pues bien, en el presente caso, la Sala comparte las consideraciones del Tribunal Administrativo de Bolívar, en tanto que la variación del cronograma obedeció a razones justificadas, entre otras, por los efectos producidos por la declaratoria de la emergencia sanitaria por Covid-19, lo cual ha generado razonables demoras en distintos procesos que se adelantan en la administración pública. Es importante precisar que la situación descrita implicó la necesidad de suspender el trámite del concurso, en tanto es una medida que implica básicamente reducir significativamente el riesgo de exposición a dicho virus para los concursantes y realizadores del concurso, pues se previene y contiene el contagio.

Sin embargo, ello no es óbice para que el concurso se mantenga suspendido indefinidamente, razón por la cual, la autoridad accionada el 29 de julio de 2021, publicó un cronograma que, según se advierte en la página web del referido concurso https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicaturade-bolivar/avisos3, establece los siguientes plazos: 7 Consejo de Estado, Acción de tutela 2015-01960-01 (AC). De lo anterior se concluye que, si bien es cierto que el proceso de selección que inició en el año 2016 y que debía culminar en el 2017, se ha prolongado en el tiempo de manera excesiva, lo cierto es que ello no resulta injustificado, y en cualquier caso, la autoridad accionada ha tomado las medidas correctivas necesarias para encaminar la actuación y así continuar con el desarrollo del concurso. Situación que a pesar de no ser suficiente para satisfacer lo pedido por la parte actora, sí implica que la administración está comprometida con la ejecución del concurso y su culminación.

3. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 10 de junio de 2021, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Una vez ejecutada la presente providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Presidente (Firmado electrónicamente)

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Magistrado (Firmado electrónicamente) CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Magistrado Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.