CE-13001-23-33-000-2021-00536-01(AC)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO

PARTICULAR / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO

MECANISMO TRANSITORIO / SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Corresponde a la Sala establecer si en el i) caso sub examine es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de amparo contra de actos administrativos de contenido particular y concreto (…) [L]a Sala considera que, en principio, la pretensión del actor de ser reubicado en un cargo de igual o superior jerarquía en la Alcaldía de Cartagena, con ocasión del Decreto núm. 0949 de 30 de agosto de 2021, debería analizarse por el juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad de los actos expedidos por la administración. (…) [Sin embargo,] la Sala resalta que el actor aduce que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta y en ese sentido es sujeto de especial protección constitucional (…). En el expediente del caso sub examine, se observa una certificación médica de discapacidad de 17 agosto de 2021, expedida en la IPS Medicina Integral del Caribe S.A.S, tal como un extracto de la historia clínica del actor donde consta que en el año 2008 fue atendido con una herida en la mano izquierda con exposición ósea, que conllevó a la amputación traumática a nivel de entre el codo y la muñeca. En este contexto, la Sala considera que la

certificación de discapacidad y la copia de la historia clínica aportada, permiten concluir que el actor, en efecto, se encuentra en un estado de discapacidad física debidamente acreditado. (…) Por ello, la Sala considera que, si bien la accionante cuenta con el mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho para efectos de debatir la legalidad del Decreto núm. 0949 de 30 de agosto de 2021 , lo cierto es que, bajo las circunstancias apreciadas en el caso concreto, resulta apremiante el estudio de fondo de este caso, en tanto existe la posibilidad de que se materialice un perjuicio irremediable, consistente que se pongan en riesgo los derechos fundamentales invocados por el accionante como consecuencia del retiro de su cargo.

PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN CARGO PROVISIONAL /

OMISIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE DESVINCULACIÓN DE CARGO

PROVISIONAL OCUPADO POR UN SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

CONSTITUCIONAL / CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD / ACCIONES

AFIRMATIVAS PARA LA REUBICACIÓN DE PERSONA EN SITUACIÓN DE

DISCAPACIDAD SIN QUE IMPLIQUE DESCONOCIMIENTO DE LISTA DE

ELEGIBLES / VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS

FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS

FUNDAMENTALES ANTE LA FALTA DE VINCULACIÓN EN TRÁMITE DE

TUTELA

[La Sala] deberá determinar: ii) si el Distrito de Cartagena y la Comisión Nacional del Servicio Civil, vulneraron los derechos fundamentales del actor con la expedición del Decreto núm. 0949 de 30 de agosto de 20211; y iii) si el Juzgado

Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena al no vincularlo a la acción de tutela identificada con el número único de radicación 13001333300220210006000, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. (…) [E]n el caso sub examine, la Directora Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena al expedir el Decreto núm. 0949 de 30 de agosto de 2021 , terminó el empleo en provisionalidad del actor para nombrar a una persona que hacia parte de la lista de elegibles tras ganar el concurso de méritos. La Sala no desconoce 1 “Por medio del cual se efectúa un nombramiento en periodo de prueba y se termina un nombramiento provisional”. que dicha decisión es posible en los términos expuestos en la jurisprudencia citada supra. No obstante, la Alcaldía de Cartagena, en el acto mencionado supra, no hizo referencia alguna a la condición de vulnerabilidad manifiesta del actor, quien es una persona en situación de discapacidad física y responsable de 5 hijas menores de edad. En ese sentido, no tomó acciones afirmativas para la reubicación del actor en un cargo de igual o superior jerarquía al que venía ocupando, para evitar la lesión a sus derechos fundamentales como sujeto de especial protección constitucional. En razón a lo anterior, la Sala estima que la acción de tutela promovida el actor resulta procedente como mecanismo de protección transitoria. (…) [L]a Sala considera que la Alcaldía de Cartagena, al expedir el acto administrativo objeto de la presente acción de amparo, sin considerar la situación de debilidad manifiesta del actor, vulneró sus derechos

fundamentales. Lo anterior, porque, si bien los derechos de quien ocupa un cargo en provisionalidad deben ceder frente a los de la persona que fue nombrada tras ganar un concurso de méritos y hace parte de la lista de elegibles; lo cierto es que el actor se encuentra en una situación de vulnerabilidad debidamente acreditada que deriva en la necesidad de que la Alcaldía de Cartagena tome acciones tendientes a la reubicación del actor a un cargo de igual o superior jerarquía. Lo anterior, en el evento en que actualmente existan vacantes disponibles u ocupadas en provisionalidad por otras personas que no gocen de estabilidad laboral reforzada; o lo reubique en provisionalidad en las vacantes que se produzcan en el futuro. [Finalmente], (…) la acción de tutela tramitada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena tenía como propósito obtener la vinculación de quienes hacían parte de la lista de elegibles en cargos vacantes del Distrito de Cartagena. En consecuencia, quienes tenían interés legítimo en dicha actuación eran las personas que hacían parte de dicha lista. En ese sentido, al no encontrarse el [actor], dentro de la lista de elegibles mencionada supra, y atendiendo a que el derecho de éste a la estabilidad laboral reforzada cede a los derechos de quienes se encuentren en lista de elegibles, no resultaba imperativo para el Juzgado Segundo Administrativo vincularlo como tercero con interés directo. Máxime si se tiene en cuenta que la autoridad responsable por proteger los derechos del actor como persona en situación de vulnerabilidad manifiesta, y su velar por su consecuente reubicación, corresponde a la Alcaldía de Cartagena como se expuso supra.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 6 – NUMERAL 1 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 13001-23-33-000-2021-00536-01(AC)

Actor: MIGUEL EDUARDO BALCÁZAR RODRÍGUEZ

Demandado: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, COMISIÓN NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL Y JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance Derechos Fundamentales Invocados: i) salud, ii) trabajo, iii) debido proceso, iv) dignidad humana, v) seguridad social y iv) mínimo vital Derecho Fundamental Amparado: i) salud, ii) trabajo, iii) debido proceso, iv) dignidad humana, v) seguridad social, iv) mínimo vital La Sala decide la impugnación presentada por la Alcaldía de Cartagena contra la sentencia de tutela de 27 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar por medio de la cual amparó los derechos fundamentales del actor; ordenó al Distrito de Cartagena que lo reubique en un cargo similar al que venía ocupando; y denegó el amparo solicitado respecto del Juzgado

Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena y la Comisión Nacional del Servicio Civil. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, actuando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Distrito de Cartagena de Indias, la Comisión Nacional del Servicio Civil, y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena porque, a su juicio, i) la Directora Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena, al expedir el Decreto núm. 0949 de 30 de agosto de 20212, y ii) el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena al no vincularlo a la acción de tutela identificada con el número único de radicación 130013333002202100060-00, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra. 2 “Por medio del cual se efectúa un nombramiento en periodo de prueba y se termina un nombramiento provisional”.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que “[…] fue nombrado en provisionalidad en la vacante temporal de AYUDANTE GRADO 01 CODIGO 472 en el Distrito de Cartagena, cargo que vengo desempeñando de manera ininterrumpida por espacio de catorce (14) años

[…]”.

4. Señaló que“[…] a escaso un año de labor perdí mi mano izquierda como lo demuestro con historia clínica que anexo, surgiendo de esa manera una

discapacidad […]”. Asimismo, precisó que es padre cabeza de familia y tiene a su cargo cinco hijos menores de edad y su compañera permanente.

5. Adujo que, “[…] El Distrito de Cartagena por intermedio de la Directora de Talento Humano María Eugenia García Montes, a pesar de tener conocimiento de mi discapacidad y de que mi vacante no fue ofertada, procedió a solicitar a la CNS autorización para usar la lista de elegibles, adicional a los cargos que por ley ya había provisto, para disponer de mi vacante sin atender las condiciones que le exige la ley y la jurisprudencia. […]”.

6. Afirmó que “[…] el Distrito de Cartagena, que ya había solicitado a la CNS hacer uso de la lista, es decir, estaba interesada en hacer uso de mi vacante, expidió el Decreto No. 0949 de 30 de mayo de 2021 realizando el nombramiento en periodo de prueba del señor TOMAS RAMIREZ URUETA identificado con la C.C. No. 73.108.956 numero (sic) 23 de la lista, al tiempo que me retiró del cargo de manera automática y así me lo notificó el mismo día (sic) 30 de agosto de 2021 señalando que estaría en el cargo mientras se posesione mi reemplazo, el cual se posesionará en la presente semana […]”.

7. Adujo que “[…] el suscrito a pesar de dar a conocer mi condición de padre cabeza de familia desde el momento de mi ingreso, igualmente el día 23 de agosto de 2021 nuevamente dirigí derecho de petición a la doctora MARIA EUGENIA GARCIA MONTES donde le expuse todas las razones de mi condición, pero dicha

señora no atendió mi inquietud […]”.

8. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena profirió sentencia de 25 de marzo de 2021, dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radiación 13001-33-33-002-2021-00060-00, presentada por el señor Tomás Ramírez contra la Comisión Nacional de Servicio Civil, en la cual resolvió: “[…] Primero.- DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela presentada por el señor Tomás Ramírez Urueta, identificado con C.C. n°73.108.956 en contra de la Comisión Nacional de Servicio Civil [CNSC], por los precisos motivos indicados en esta providencia.

Segundo.- AMPARAR los derechos fundamentales del debido proceso administrativo y acceso a la función pública del señor Tomás Ramírez Urueta, identificado con C.C. n°73.108.956 en contra del Distrito de Cartagena de Indias, por las consideraciones de esta sentencia. Tercero.- En consecuencia del amparo judicial concedido, se ORDENA a la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena que, dentro de las 48 horas subsiguientes a la notificación de esta sentencia, comunique a la CNSC la existencia de las seis (6) vacantes definitivas del empleo denominado ayudante, código 472, grado 01, habidas en su planta de cargos y, solicite su autorización para hacer uso de la lista de elegibles conformada para poder proveer a favor de las personas que siguen en orden de elegibilidad o mérito, donde se encuentra el actor, Tomás Ramírez Urueta, a quien

inmediatamente deberán informar de su actuación. Igualmente, se le ordena a dicha dependencia que, tan pronto como reciba la autorización aludida, dentro de los cinco (5) días siguientes, ponga en marcha los trámites de nombramiento y posesión, según los parámetros del marco legal de rigor.[…]”. La solicitud de tutela Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela: “[…]1) Se tutelen mis derechos fundamentales y los de mi núcleo familiar. 2) Se ordene al Distrito de Cartagena a través de su Alcalde Mayor que respete mis derechos a la protección especial por las condiciones de discapacidad, retén social o estabilidad laboral reforzada por mi debilidad manifiesta. 3) Que en consecuencia se ordene al Distrito de Cartagena a través de su Alcalde mayor se proceda a nombrarme en otro cargo de igual o superior jerarquía en el que de acuerdo a mi perfil pueda desempeñar mis funciones para garantizar así mis derechos fundamentales entre ellos principalmente al mínimo vital y trato digno. 4) Que provisionalmente y mientras se decida la tutela se ordene al Distrito de Cartagena a abstenerse de posesionar al otro concursante y por consiguiente a no separarme del cargo, o nombrarme en la misma u otra dependencia para no interrumpir mi ingreso con el que garantizo la manutención, vivienda y educación de mis hijas, los cuales no se pueden lograr sin el pago oportuno de los servicios públicos, entre ellos la energía e internet para las clases virtuales. Esta solicitud de URGENTE lo pido a Dios y a éste respetable juzgado. 5) Que se ordene al Distrito cumplir las órdenes que dicte éste Despacho judicial

en 24 horas. 6) Que se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizar la lista de elegibles para proceder a mi nombramiento con el objetivo de garantizar mis derechos fundamentales. 7) Que se decrete la nulidad o ineficacia de la decisión de fecha 25 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena mediante la cual amparó los derechos de TOMAS RAMIREZ URUETA, sin haberme vinculado como persona afectada con dicha decisión, con lo cual se me causó un perjuicio irremediable. […]”.

10. Indicó que: “[…] Soy padre de cinco (5) hijos de nombre […] nacida el 10 de febrero de 2004, […] nacida 4 de septiembre de 2006, […] nacida el 6 de enero de 2011[…] nacida el 17 de febrero de 2006 y […] nacida el 01 de agosto de 2013, todos a mi cargo y responsabilidad, así mismo todos se encuentran estudiando. […] 8) El retén social y la estabilidad laboral reforzada se cumple en mi caso por que todos mis hijos son menores de edad, todos dependen económicamente de mi persona y de nadie mas, asumo todos los gastos de mi núcleo familiar con el producto de mi trabajo que venía desempeñando en el Distrito de Cartagena, con mi salario venía pagando manutención, vestidos, educación, gastos escolares, medicinas no cubiertas por el seguro, transporte mio y de mi núcleo familiar, servicios públicos, pago de deudas u obligaciones contraídas en mi difícil e incómoda situación, por ser mi trabajo mi único ingreso y sin el cual se

desintegrará mi familia viendo seriamente afectado la unidad familiar. Mi seguridad social viene siendo contributiva pero el despido me ha dejado frente a una situación difícil de cambio de régimen que sufrirá la alteración de la novedad, pero debe entender el Despacho que en caso de traspasarme al régimen subsidiado no todo es la seguridad en salud, puesto que mi sustento, el de mi compañera y mis hijos se verá afectado y seriamente en riesgo. […] “[…] Tengo debilidad manifiesta por mi vulnerabilidad teniendo en cuenta mi discapacidad y las condiciones propias del retén social que amerita estabilidad laboral reforzada conforme decisiones de la Corte Constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala).

11. Adujo que: “[…] COOMEVA EPS ha certificado que mis hijas […], […], […], […], […]y mi compañera TRINIDAD OTERO MARTINEZ en calidad de beneficiarios estuvieron vinculados desde hasta 19/08/2021 (los cuales se anexan), por lo tanto en éste momento han quedado desamparados, siendo que la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional me protegen. 27) Mis hijas se encuentran matriculadas a instituciones educativas y sus certificados son anexados así: […]a la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA, […]a la CORPORACION TECNICA INSTITUTO ROCHY, […] a la

INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA, […] a la INSTITUCION EDUCATIVA SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER, […]a la CORPORACION TECNBICA INSTITUTO ROCHY, educación que se encuentra en riesgo de continuar por la imposibilidad de costearlos. 28) Solo en servicios públicos básicos requiero un promedio de $380.000

mensuales, para el efecto me permito anexar algunos de los recibos o facturas de servicios públicos. […]”.

12. Alegó que: “[…] Mi derecho al mínimo vital se ha vulnerado, los de mi núcleo familiar, así mismo las normas de retén social y la estabilidad laboral reforzada, el derecho de petición por haber solicitado oportunamente a dicha funcionaria respetara mi estatus y no me ha respondido como le ordena la ley, así mismo mi derecho a la confianza legítima ha sido vilipendiado por cuanto que dadas mis condiciones de limitación me hicieron ver que gozaría de especial protección del Estado, la salud y educación de mis hijas, y demás derechos fundamentales y conexos. Todo eso se agrava con mis condiciones de debilidad manifiesta. […]”.

13. Indicó, respecto de su discapacidad física, que: “[…] En caso de poder tener mi otra mano el suscrito seguramente podría desempeñar oficio informal que ganara siquiera la comida para mi mujer y mis hijas, pero en este estado es imposible valerme por mi mismo, porque debe tenerse en cuenta que las discapacidades a mi edad traen situaciones de difícil o imposible adaptación, no puedo conducir automotores de cuatro, tres o dos llantas, no puedo manejar equipos y elementos de riesgo, ni siquiera en computación debido a que no me representa productividad o adaptación, es decir, no puedo realizar una labor con mediano rendimiento. […]”.

14. Argumentó que: “[…] La doctora MARIA EUGENIA GARCIA MONTES como Directora de talento Humano tuvo la oportunidad y el deber de informar al Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena dentro de la acción de tutela de TOMAS RAMIREZ

URUETA contra el Distrito de Cartagena y la Comisión Nacional del Servicio Civil, tutela a la cual no fue vinculado el suscrito, para que dicho juzgado en fallo de tutela de fecha 25 de marzo de 2021 se contemplara las normas del retén social por la necesidad de estabilidad laboral reforzada con base en la condición de ser padre cabeza de hogar y ser discapacitado. Con ello dio lugar a la vulneración de mi debido proceso, porque con dicha omisión, sumada a su arbitraria solicitud anterior de uso de la lista de elegibles para disponer de mi cargo impidió que el juzgado Segundo Administrativo advirtiera la necesidad de vincularme por tener intereses afectados en la decisión. […]”.

15. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto de 14 de septiembre de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii); vinculó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena; y iii) ordenó notificar al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena, a la Procuraduría Judicial Delegada, al Distrito de Cartagena y a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Informe de la parte demandada y del tercero con interés legítimo

16. La Alcaldía del Distrito de Cartagena indico que la acción de tutela del presente caso es improcedente comoquiera que, a su juicio: “[…] El retiro del servicio se produce en cumplimiento de un deber constitucional dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, con ocasión de la provisión definitiva por concurso de méritos.

El nombramiento en provisionalidad que ostentaba el accionante, en un empleo de

la planta de cargos de la Alcaldía de Cartagena, solo le otorgaba una estabilidad laboral relativa que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, estará sujeta a que no se presente cualquiera de las siguientes situaciones: • La provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, • La imposición de sanciones disciplinarias, • La calificación insatisfactoria Es imperioso aclarar Mediante Acuerdo No. CNSC -20181000006476 del 16 de Octubre de 2018 de la Comisión Nacional del Servicios Civil se abrió a concurso de méritos No. 771 de 2018 denominado Convocatoria Territorial Norte para la provisión definitiva de 408 empleos en vacancia definitiva de la Planta de cargos de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, entre los cuales se encontraba el empleo AYUDANTE CÓDIGO 472 GRADO 01 ocupado en provisionalidad por el accionante […]”.

17. Precisó que: “[…] de conformidad al requerimiento elevado por esta Oficina Asesora Jurídica a la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena, se informó por parte de esta última a través de Oficio AMC-OFI0114192-2021, calendado el 16 de septiembre ogaño, que luego de haberse surtido todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el oficio 202110211064441 de 24 de agosto de 2021, por el cual autoriza a la Alcaldía de Cartagena el uso de lista de elegibles para proveer tres (3) vacantes en el empleo AYUDANTE CODIGO 472 GRADO 01,

identificado con el Código OPEC 73341, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias (Bolívar). El señor TOMAS RAMÍREZ URUETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3806772, ocupó la posición 23 de la lista de elegibles de la OPEC 73341, por tanto, correspondió a la Alcaldía de Cartagena expedir el Decreto No. 949 de 30 de agosto de 2021 por el cual lo nombra en periodo de prueba en el empleo AYUDANTE CÓDIGO 472 GRADO 01. Con fundamento en todo lo expuesto, se profiere el acto administrativo de terminación del nombramiento provisional del accionante, quien actualmente ocupa el empleo en cita, para que el elegible tomara posesión de este. […]”.

18. Indicó que: “[…] La Resolución No. 7950 de 28 de julio de 2020 (20202210079505), expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforma y adopta la lista de elegibles para proveer dieciocho (18) vacantes definitivas del empleo denominado Ayudante Código 472 Grado 1 identificado con el código OPEC No. 73431 del Sistema

General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Cartagena de Indias, Proceso de Selección No. 771 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte. Quienes ocuparon las posiciones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18 de la lista de elegibles fueron nombradas y posesionadas en el empleo del Sistema

General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Cartagena de Indias. A la persona que ocupó la posición 15 de la lista elegibles, le fue concedida prorroga de 90 días hábiles para que tome posesión del empleo, la cual se encuentra vigente. Luego de la expedición de los actos administrativos citados, surgieron nuevas vacantes definitivas en la planta de cargos de la Alcaldía de Cartagena, por lo tanto, se hizo necesario actualizar el plan de vacantes y adoptarlo para la vigencia 20202021 en el Decreto Distrital No. 1638 de 29 de diciembre de 2020. La norma dispone que existen 6 vacantes definitivas para el empleo denominado Ayudante Código 472 Grado 1. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1960 de 2019, la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena reportaría las seis (6) vacantes del empleo denominado Ayudante Código 472 Grado 1 ante la CNSC, con el objeto de recibir las instrucciones necesarias para realizar los nombramientos de las personas que le siguen en la lista en orden de elegibilidad con quienes ocuparon las subsiguientes posiciones a los 18 primeros. Que la CNSC debía autorizar el uso de lista de elegibles para proveer las vacantes definitivas del empleo, con quienes siguen en lista conformada por la Resolución No. 7950 de 28 de julio de 2020 (20202210079505). En consecuencia, se profiere el oficio 202110211064441 de 24 de agosto de 2021, por el cual autoriza a la Alcaldía de Cartagena el uso de lista de elegibles para proveer tres (3) vacantes en

el empleo AYUDANTE CODIGO 472 GRADO 01, identificado con el Código OPEC 73341. Por lo anterior, resultó de obligatorio cumplimiento para la Alcaldía de Cartagena que se nombrara en periodo de prueba al señor Tomas Ramírez Urueta, para que este tomara posesión del empleo previo a la terminación de la provisionalidad del accionante. […]”. (Resaltado por la Sala).

19. La Comisión Nacional del Servicio Civil afirmó que carecía de legitimación en la causa por pasiva toda vez que, a su juicio: “[…] en virtud de las facultades asignadas por el artículo 130 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004, la CNSC es el organismo encargado de la

administración y vigilancia del Sistema General de Carrera y de los Sistemas Especiales y Específicos de Carrera Administrativa de origen legal; así mismo, el literal a) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 consagra que es función de la CNSC, establecer los reglamentos y los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de empleos de carrera. En tal sentido, la acción de tutela como instrumento de protección, para este caso, es improcedente contra la Comisión, porque la competencia constitucional y legal de la entidad llega solo a la expedición y firmeza de las respectivas listas de elegibles de conformidad con las etapas del proceso de selección reguladas por los artículos 31 de la Ley 909 de 2004 y 14 a 16 del Decreto Ley 760 de 2005, por eso la solicitud de amparo es improcedente respecto de la CNSC, al margen de

que sea procedente respecto de las demás autoridades implicadas. […]”. (Resaltado por la Sala).

20. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena informó que: “[…] Este juzgado conoció, en primera instancia, de la acción de tutela con radicación 13001333300220210006000 que promovió, en su propio nombre, el señor Tomás Rodríguez Urueta en contra de la Comisión Nacional de Servicio Civil

(CNSC), con la cual deprecó la protección judicial de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, para que, consecuencialmente, se le ordenara a la entidad accionada atender en forma eficaz y de fondo la solicitud radicada el 12 de enero de 2021, relativa a la autorización del uso de la lista de elegibles y realizar los trámites administrativos necesarios para que la Alcaldía de Cartagena pudiera nombrarlo en la vacante definitiva del empleo denominado “ayudante, código 472, grado 01”, del cual aseguraba conservar orden de mérito. En forma resumida, el señor Tomás Rodríguez Urueta narró en su demanda que hace parte de la aludida lista de elegibles, conformada mediante resolución 7950 del 29 de julio de 2020 y que la Alcaldía de Cartagena ha decretado la existencia de 6 vacantes definitivas en el empleo, adicionales a otras 18 que fueron incluidas en la oferta pública de empleo – OPEC73431. Indicó, así mismo que dicha situación lo ubica en condición de ser nombrado en una de las vacantes adicionales, en razón a que ocupaba el puesto número 23 de la lista de elegibles y que la Alcaldía comunicó dicha situación a la CNSC mediante oficio

AMC-OFI-0008453 del 2 de febrero de 2021, pero hasta la fecha en que había radicado la tutela no se ha producido respuesta alguna, que atendiera el fondo de lo pretendido en su solicitud, desconociendo sus derechos fundamentales. Pues bien, al disponer sobre la admisión, y con fundamento en los hechos relatados en la demanda de tutela, por auto del 15 de marzo de 2021 el juzgado decidió vincular como tercero con interés a la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena de Indias, todo ello, con base en la preceptiva del art. 13 del Decreto 2591 de 1991. Luego de cumplidos los trámites de notificación a la CNSC y al tercero vinculado y una vez fueron valorados los informes que fueron rendidos dentro de la actuación, el juzgado dictó sentencia el 25 de marzo de 2021, (i) declarando, por una parte, la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con la petición que fue formulada por el actor ante la CNSC y, por otro (ii) amparó los derecho sus derechos fundamentales del debido proceso administrativo y acceso a la función pública frente a las actuaciones y omisiones del Distrito de Cartagena de Indias […]”. “[…] El expediente subió al Tribunal Administrativo de Bolívar, por impugnación del fallo de parte de la CNSC y del Distrito de Cartagena, correspondiéndole su conocimiento, al despacho de la magistrada Digna María Guerra Picón, quien mediante fallo del 21 de abril de 2021 confirmó la decisión y ordenó la remisión a la

Corte Constitucional para una eventual revisión. Este fallo fue notificado el 22 de abril siguiente. En la actualidad, el juzgado está pendiente de decidir sobre un incidente de desacato que promovió el señor Tomás Rodríguez Urueta, con ocasión de la manifestación relativa al pertinaz incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de la Directora de Talento Humano del Distrito de Cartagena de Indias y del Director de Carrera Administrativa de la CNSC. […]”.

21. Adujo que existía falta de legitimación en la causa por pasiva comoquiera que, a su juicio: “[…] en lo que respecta a impedir el cumplimiento del fallo de tutela que fue proferido en amparo de los derechos fundamentales del señor Tomás Rodríguez Urueta, pues, el legislador ha dispuesto un medio de control judicial idóneo para cuestionar la legalidad del acto administrativo con el cual, al acatar la determinación judicial, se adoptó colateralmente, la terminación de su vinculación en provisionalidad con la entidad territorial, y éste es, precisamente, el de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, es claro