CE-13001-33-31-007-2007-00169-01(AP)REV-2012

REVISION EVENTUAL DE ACCION POPULAR - No selecciona FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009 - ARTICULO 11

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012).

Radicación número: 13001-33-31-007-2007-00169(AP)REV

Actor: JUAN CARLOS VARGAS SANCHEZ Demandado: ELECTRIFICADORA DE LA COSTA S.A. E. S. PELECTROCOSTA Procede la Sala a resolver la solicitud presentada por el actor para la revisión eventual de la sentencia de 14 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro de la acción popular de la referencia, promovida por el señor JUAN CARLOS VARGAS SANCHEZ, a través de la cual se confirmó el fallo de 23 de febrero de 2011, del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena.

I.- ANTECEDENTES.

I.1. LA DEMANDA Y SUS PRETENSIONES.

El 6 de julio de 2007, el señor JUAN CARLOS VARGAS SANCHEZ, en nombre propio, promovió acción popular contra la Electrificadora de la Costa S.A. E. S. P. - ELECTROCOSTAhoy ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., - Electricaribe S.A. E.S.P.- y el MUNICIPIO DE SANTA CATALINA –BOLIVAR-, tendiente a proteger los derechos de los consumidores y usuarios, que estimó

vulnerados en razón del cobro mensual del impuesto de alumbrado público. Por lo anterior, solicitó acceder a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenar a la entidad accionada abstenerse de incluir en las facturas el valor correspondiente al impuesto de alumbrado público.

I.2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia de 23 de febrero de 2011, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena denegó las pretensiones de la demanda, argumentando para ello, la no existencia de amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor, toda vez que el cobro por concepto de alumbrado público realizado por la Electrificadora del Caribe en las facturas del servicio de energía eléctrica a los habitantes del Municipio de Santa Catalina –Bolívar-, se efectuó teniendo en cuenta las normas que regulan la materia. Ante la ausencia de la vulneración de los derechos colectivos enunciados por el actor, consideró que no había lugar al reconocimiento del incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, disposición derogada por la Ley 1245 de 2010.

I.3. LA APELACION.

El señor JUAN CARLOS VARGAS SANCHEZ impugnó la sentencia de 23 de febrero de 2011, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena. En esencia, adujó: Que el cobro del impuesto de alumbrado público en la factura de energía vulnera los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, por cuanto los

obliga a pagar un servicio no prestado por Electricaribe S.A., en la medida en que los amenaza con la suspensión de dicho servicio. Indicó que los artículos 8°, inciso 2°, de la Ley 142 de 1994, y 8° del Decreto 2223 de 1996, adicionado por el Decreto 828 de 2007, expresan que las empresas de servicios públicos domiciliarios no pueden cobrar servicios no prestados ni conceptos diferentes a los previstos en las condiciones de los contratos, en las facturas expedidas a sus usuarios. Resaltó que mediante sentencia de 16 de febrero de 2006, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ordenó, en un caso similar, “no cobrar el impuesto de alumbrado público dentro de la factura del servicio de energía”, amparando los derechos de los usuarios y consumidores del servicio de energía. Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, concediendo el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

I.4. LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia de 14 de diciembre de 2011, confirmo la decisión de primera instancia, con fundamento en lo siguiente: Que el cobro de la tarifa del impuesto del alumbrado público que realiza la empresa Electricaribe S.A. E. S. P., en la factura del servicio de energía eléctrica a los habitantes del Municipio de Santa Catalina –Bolívar-, no constituye un hecho violatorio de los derechos colectivos. Consideró que de conformidad con el Decreto 2424 de 2006, el alumbrado no es un servicio público domiciliario, sino que el mismo forma parte del sistema

interconectado nacional y comparte con el servicio de energía eléctrica el sistema de transmisión y los sistemas de distribución. Por ello, todo usuario potencial del servicio de alumbrado público debe ser sujeto de impuesto, entendiéndose por usuario potencial toda persona que forma parte de una colectividad que reside en determinada jurisdicción territorial municipal o distrital. Resaltó que el hecho de que potencialmente la colectividad pueda beneficiarse del alumbrado público, justifica que todos los miembros queden incluidos como sujeto pasivo de la mencionada obligación. Afirmó que en el sub lite, a folios 365 a 373 del expediente, obran copias del “Convenio para contratar la operación, reposición, modernización, mantenimiento, Administración y expansión del sistema de alumbrado público en el Municipio de Santa Catalina.” suscrito entre Electricaribe y el citado ente territorial, por el cual, la demandada facturaría y recaudaría el impuesto establecido para el referido servicio. Sostuvo que a folios 375 a 392 del expediente, obra copia del Acuerdo núm. 02 de marzo 26 de 2010, por el cual el Concejo Municipal de Santa Catalina –Bolívar-, facultó al Alcalde de esa municipalidad para que a partir de la vigencia del referido Acuerdo y mediante Decretos reglamentarios, estableciera el sistema y procedimiento para el cobro del impuesto de alumbrado público, y para que negociara periódicamente con la empresa de energía que preste el citado servicio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

II.1. COMPETENCIA.

Sea lo primero advertir que la Sala Plena del Consejo de Estado al modificar el Reglamento de la Corporación mediante Acuerdo núm. 0117 de 12 de octubre de

2010, adicionó el artículo 13 del Acuerdo núm.58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo núm.55 de 2003, así: “ARTICULO 1º. Adiciónase el artículo 13 del Acuerdo número 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo número 55 de 2003, por el cual se expidió el reglamento interno del Consejo de Estado, el siguiente parágrafo: PARAGRAFO. De la selección para su eventual revisión de las sentencias o las demás providencia que determinen la finalización o el archivo del proceso en las acciones populares de grupo, proferidas por los Tribunales Administrativos en segunda instancia, conocerán todas las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin atender a su especialidad, previo reparto efectuado por el Presidente de la Corporación. Seleccionado el asunto para su revisión, la Sala Plena de lo Contencioso decidirá sobre la misma. De la insistencia de que trata la parte final del artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 conocerá la misma Sección que resolvió sobre su no selección, a menos que a petición de cualquier Consejero la Sala Plena decida resolverla. La Secretaría General una vez realizado el reparto respectivo procederá a enviar un informe a cada despacho en el que se indiquen los aspectos esenciales del asunto cuya revisión se solicita. ARTICULO 2º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.” En virtud de lo anterior y en armonía con el artículo 11 de la Ley 1285 de 22 de enero de 2009, la Sala es competente para conocer de la solicitud de revisión de

la acción popular de la referencia formulada por el actor. II.2. Frente a la finalidad y requisitos de procedencia de la revisión eventual de las acciones populares y de grupo, la Sección Primera, ha señalado: “El artículo 11 de la Ley 1285 de 22 de enero de 2009, establece el mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo decididas por los Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia. La norma dispone: “Artículo 11. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que formará parte del Capítulo Relativo a la organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual tendrá el siguiente texto: “Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios. En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidos por los Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia. La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso; los Tribunales Administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de

la petición, deberán emitir, con destino a la correspondiente Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella. Parágrafo 1º. La ley podrá disponer que la revisión eventual a que se refiere el presente artículo también se aplique en relación con procesos originados en el ejercicio de otras acciones cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos la ley regulará todos los aspectos relacionados con la procedencia y trámite de la revisión eventual, tales como la determinación de los plazos dentro de los cuales dentro de los cuales las partes o el Ministerio Público podrán elevar sus respectivas solicitudes; la insistencia que pueda presentarse respecto de la negativa de la selección; los efectos que ha de generar la selección; la posibilidad de que la revisión eventual pueda ocurrir con otros recursos ordinarios o extraordinarios. Parágrafo 2º. La ley regulará todos los asuntos relacionados con la procedencia y trámite de los recursos, ordinarios o

extraordinarios, que puedan interponerse contra las decisiones que en cada caso se adopten en los procesos que cursen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.” De lo trascrito se desprende con claridad que la finalidad del mecanismo de la eventual revisión es la unificación de la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo con miras a evitar la existencia de criterios contradictorios respecto de un mismo tema, derivados, por ejemplo y a título puramente enunciativo, de su complejidad, indeterminación, ausencia de claridad normativa, vacío legislativo, confusión y diversidad de interpretaciones, inexistencia de criterio consolidado respecto de determinados tópicos, entre otros aspectos significativos o propios de la tarea unificadora. De igual manera, del texto normativo copiado en precedencia se tienen como requisitos para la prosperidad del aludido mecanismo, los siguientes: A.- Petición de parte o del Ministerio Público Se necesita solicitud expresa de parte o del Ministerio Público, lo que descarta la decisión oficiosa de revisión por la autoridad judicial. Si bien la norma en cita guarda silencio respecto de la necesidad, o no, de sustentar la petición, se estima indispensable para su procedencia que el interesado exponga de manera sencilla las razones por las cuales considera que la providencia definitiva debe ser seleccionada para el cumplimiento del fin unificador previsto en la ley. Al respecto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en auto de 14 de julio de 2009, Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez, precisa lo siguiente:

“En efecto, como lo establece la ley y como se ha expuesto en la presente providencia, la finalidad del mecanismo de la revisión consiste única y exclusivamente en la unificación de la jurisprudencia, por consiguiente, quien pretenda solicitar la revisión deberá acreditar, en cumplimiento de los deberes de lealtad, buena fe y en el de obrar sin temeridad, que la providencia objeto de la petición reúne las condiciones y presupuestos previstos en la ley. En este sentido, si la ley de manera manifiesta define los propósitos y los requisitos de la procedencia de la figura de la revisión, está previendo implícitamente la necesidad, en cabeza de la parte interesada, de sustentar o expresar las razones por medio de las cuales considera que la providencia objeto de la solicitud pueda ser revisada con el fin de unificar la jurisprudencia. Al respecto cabe agregar que constituye principio general en las actuaciones procesales, aquél según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, razón por la cual si la hipótesis fáctica que se requiere acreditar, tratándose del mecanismo de la revisión, es la finalidad que con dicha figura se persigue, le corresponde al interesado demostrar que la solicitud de seleccionar la providencia definitiva respectiva cumple con ese propósito; lo contrario esto es, la sola presentación de la petición sin sustentación alguna, comportaría el traslado, al operador judicial, de la carga de la diligencia que le corresponde a las partes, lo cual desnaturalizaría por completo el principio dispositivo que fundamenta y rige, entre otros, las estructura procesal

prevista en el ordenamiento. Claro está, conviene precisar que habida cuenta que el mecanismo de revisión no comporta un recurso, la sustentación a la cual se ha hecho referencia no se sujeta a las formalidades y exigencias propias que se requieren tratándose de las impugnaciones tanto ordinarias como extraordinarias previstas en la ley.” B.- Petición presentada en oportunidad La solicitud debe presentarse dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia que ponga fin al proceso. C.- La providencia cuya revisión se solicita debe haberse dictado por un Tribunal Administrativo y determinar la finalización o archivo del proceso. La revisión recae únicamente sobre las sentencias o demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los Tribunales Administrativos. No se revisan las dictadas por los jueces administrativos bajo el entendido de que ellos acatan el precedente jurisprudencial vertical fijado por el respectivo Tribunal que funge como su superior funcional y, en esa medida, se encuentra salvaguardada la coherencia sistémica de la jurisprudencia. Así las cosas, las particularidades de cada asunto; el cumplimiento de los requisitos legales para la procedencia de la solicitud de revisión; la configuración de uno o varios de los eventos que determinen la necesidad de unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado; y la importancia o trascendencia de los temas que se debaten en la providencia, serán los parámetros que esta Corporación tendrá en cuenta para efectos de definir la selección, o no, de la providencia respectiva.”1

II.3. EL CASO CONCRETO.

En el caso bajo examen, se tiene que la sentencia de 14 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, se notificó a las partes y demás interesados por edicto fijado el día 16 de enero de 2012 y desfijado el día 18 de ese mismo mes y año. El 20 de enero de 2012 el actor, en escrito visible a folios 507 a 514 del expediente, solicitó al Tribunal la revisión de dicha providencia, fundamentando su pretensión en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009. Lo anterior permite afirmar que la revisión fue solicitada oportunamente. El escrito presentado hace un recuento de la controversia suscitada con ocasión del cobro del impuesto de alumbrado público en el Municipio de Santa Catalina -Bolívar-, refutando las consideraciones que tuvo en cuenta el Tribunal para confirmar la decisión del a quo, en cuanto denegó las pretensiones formuladas. Estima la Sala que resulta improcedente la utilización de este mecanismo con el fin de replantear los argumentos expuestos en la demanda, los cuales ya han sido estudiados y desestimados por el juez de conocimiento. En efecto, a pesar de que la solicitud cumple con los requisitos formales, de los argumentos expuestos se desprende que el actor pretende que se estudien nuevamente las decisiones proferidas dentro del proceso y así lograr el 1 Consejo de Estado, Sección Primera, M.P.: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, AP-2008-00032-01, Noviembre de 2009. reconocimiento del incentivo en cuantía igual o superior a cincuenta (50) salarios

mínimos legales mensuales vigentes, tal y como lo resalta en la parte final de su escrito. Además de lo anterior, no enuncia ni explica cuáles son las posiciones contradictorias sobre el asunto sub examine o cuál es la confusión y/o diversidad de interpretaciones sobre el mismo, a partir de las cuales se concluya la inexistencia de un criterio consolidado sobre el particular, tan sólo se limita a señalar la sentencia de 4 de agosto de 2006, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de la acción popular radicada bajo el núm. 2004-02394. Cabe señalar que la Sala2 en proveído de 27 de enero de 2011, que ahora se prohíja, ya tuvo oportunidad de resolver una solicitud de revisión presentada por el aquí demandante, con los mismos supuestos fácticos y jurídicos, pero contra otro Municipio, en el que precisó: “Al analizar el memorial contentivo de la solicitud de revisión, se observa que el solicitante la fundamenta en las posiciones confusas en torno al cobro del impuesto de alumbrado público por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, según las sentencia del 4 de agosto de 2006, radicación 2004-02394-01(AC), M.P.: doctor Filemón Jiménez Ochoa; y la del 16 de febrero de 2006, radicación 2004-00237-01 (AP), M.P.: doctor Ramiro Saavedra Becerra. Ahora bien, encuentra la Sala que el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, consagró la revisión en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo, es decir, que en caso de que sea viable dicha revisión, ésta sólo procederá cuando exista

pronunciamientos contrarios entre acciones populares o entre acciones e grupo. En este orden de ideas, se observa que las dos providencias a que hace referencia el actor, son de distinta naturaleza ya que la primera de ellas es una acción de cumplimiento y la segunda es una acción popular. 2 Expediente núm. 2007–00091, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González. Así las cosas, encuentra la Sala que en el caso bajo examen no concurren los presupuestos exigidos para que proceda la selección de la providencia objeto de solicitud de revisión” De lo anterior se evidencia que si bien la sentencia objeto de inconformidad se profirió por el Tribunal Administrativo de Bolívar decidiendo la instancia, y que la petición de su revisión se presentó oportunamente, el actor no cumplió con la carga de explicar las razones por las que, a su juicio, resulta necesaria la selección de dicha sentencia, con miras a cumplir la finalidad de unificar la Jurisprudencia del Consejo de Estado Las consideraciones precedentes permiten concluir que en el caso bajo examen no concurren los presupuestos exigidos para que proceda la selección de la sentencia objeto de solicitud de revisión. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: R E S U E L V E: PRIMERO: NO SELECCIONAR PARA REVISION la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro de la acción popular promovida por el señor JUAN CARLOS VARGAS SANCHEZ contra la

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y el

MUNICIPIO DE SANTA CATALINA -BOLIVAR-, mediante la cual se confirmó la providencia de 23 de febrero de 2011, del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, que denegó la acción popular instaurada.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al Juzgado de primera instancia y comuníquese esta decisión al Tribunal

Administrativo de Bolívar. COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de mayo de 2012.

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidenta

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO