CE - 130012331000200201036011SENTENCIA20231019150249

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)

Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo

Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y

Contraloría Distrital de Cartagena

Temas: Supresión de cargo. Inexistencia de estudios técnicos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 9 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), la señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo formuló demanda ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Acuerdo 002 de 11 de abril de 2002, proferido por el Concejo

Carmen Ramos Arroyo formuló demanda ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Acuerdo 002 de 11 de abril de 2002, proferido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, «por medio del cual se establece la estructura orgánica y se determina la planta de personal de la Contraloría Distrital de Cartagena», en cuanto a la supresión del cargo de auxiliar admi nistrativo código 550, grado 03, que desempeñaba ; ii) Resolución 158 del 2 de mayo de 2002,2

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014) Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo expedida por el Contralor Distrital de Cartagena de Indias, «por medio de la cual se distribuye los empleos de la nueva estructura orgánica de la Contraloría Distrital de Cartagena, conforme a lo ordenado en el Acuerdo 002 del 11 de abril de 2002», en cuanto no dispuso su incorporación en la nueva planta de personal; y iii) oficio sin número del 2 de mayo de 2002, entregado el 6 de mayo siguiente, por el cual el contralor distrital de Cartagena le notificó tal decisión.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar su reintegro al cargo de auxiliar administrativo Código 550 Grado 03, del que fue separ ada o, en su defecto , a uno de igual, similar o superior jerarquía ; ii) pagarle el monto total de los salarios, primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías,

que fue separ ada o, en su defecto , a uno de igual, similar o superior jerarquía ; ii) pagarle el monto total de los salarios, primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, intereses de cesantías, auxilios médicos, aumentos, reajustes , cotizaciones a pensión y demás prestaciones de tipo económico dejados de percibir, desde el día en que se produjo su desvinculación, hasta cuando se reintegre efectivamente , sin solución de continuidad; iii) indexar y actualizar los valores que resulten, de conformidad con el IPC; iv) pagar los intereses moratorios y los perjuicios materiales y morales causados, que resulten demostrados ; y v) condenar a la accionada al pago de las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1. La señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo fue nombrada en el cargo de auxiliar administrativo, código 550 grado 03, mediante resolución emanada del despacho del contralor distrital de Cartagena de Indias. Se posesiono legalmente en el empleo y laboró hasta el 6 de mayo de 2002.

1. Su ingreso como auxiliar administrativo en el año 2001 «tuvo lugar en razón de reincorporación», teniendo en cuenta que cumplía los requisitos establecidos en los

Acuerdos Distritales del Concejo de Cartagena de Indias.3

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014) Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo iii) Mediante oficio sin número de l 2 de mayo de 2002, el contralor distrital de

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014) Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo iii) Mediante oficio sin número de l 2 de mayo de 2002, el contralor distrital de Cartagena, le comunicó que, mediante Acuerdo Distrital 002 del 11 de abril de 2002, el empleo que venía desempeñando había sido suprimido y , por ende , estaba retirada del servicio.

1. La señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo, mediante carta entregada el día 8 de mayo de 2002, comunicó a la Contraloría Distrital su deseo de ser

reincorporada a esa entidad como empleada de carrera.

1. El mencionado Acuerdo no suprimió el cargo que desempeñaba la demandante, pues en la planta de personal se aprecia n claramente 7 cargos de la misma denominación, para cuya provisión no se tuvo en cuenta el mérito, la calificación de servicios, la antigüedad, la capacitación, el nivel académico, ni el desempeño de las personas.

1. El referido acto tiene vicios en su formación y aprobación, que lo hacen nulo, pues dentro del proceso de reestructuración de la planta de personal de la Contraloría no se efectuó un estudio que respalde y sustente jurídica y técnicamente la supresión de los cargos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 25 y 125 de la Constitución Política; 62, 63,

la supresión de los cargos.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 25 y 125 de la Constitución Política; 62, 63, 82, 83, 85, 121, 127, 136 (numeral 2) 137, 139, 146 (numeral 2) 149, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Código Contencioso Administrativo; 1 y 2 de la Ley 443 de 1998; 16 y 49 de la Ley 446 de 1998; 3 y 4 de la Ley 489 de la 1998; y los Acuerdos 020 de 1999 y 002 de 2001 emitidos por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los argumentos que se resumen a continuación:

1. «Como causales de nulidad, de conformidad con e l artículo 84 del C.C.A, invoco4

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014) Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo las de infracción de las normas en que debían fundarse los actos administrativos acusados, la desviación de poder, la violación al debido proceso en cuanto al ejercicio de las atribuciones propias de los funcionarios que emitieron los actos acusados, la violación de principios constitucionales fundamentales y legales de la función pública y falsa motivación de los actos demandados».

1. «El cargo de Auxiliar Administrativo, Código 550, existe en la planta de personal.

Por lo tanto, el contenido del acto es discordante con la realidad. Existe en el

función pública y falsa motivación de los actos demandados».

1. «El cargo de Auxiliar Administrativo, Código 550, existe en la planta de personal.

Por lo tanto, el contenido del acto es discordante con la realidad. Existe en el Acuerdo 002 de 2002 siete (7) cargos de Auxiliar Administrativo, con el mismo Código 550, es palmaria la falsedad de la motivación del acto (…) los motivos reales del retiro del servicio permanecen ocultos».

1. Todas las entidades públicas tienen el deber de velar que el proceso administrativo interno que se adelante para establecer o modificar la planta de personal cuente con un estudio técnico previo, elabora do por un equipo interdisciplinario, avalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Este no es el caso de la actuación adelantada por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, puesto que no existe un documento que cumpla con los requisitos exigidos por la Función Pública, que contenga los fundamentos técnicos, funcionales y jurídicos que sustenten la reducción de su planta de personal.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La Contraloría Distrital de Cartagena, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones del libelo, con los siguientes argumentos:1

1. El acto administrativo demandado no incurre en causal o vicio que permita que prosperen las pretensiones de la demanda, debido a la naturaleza del cargo de la demandante y la sujeción a la ley en la emisión de este, pues en reiteradas oportunidades la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dicho que el funcionario

1 Folios 89 al 92.5

demandante y la sujeción a la ley en la emisión de este, pues en reiteradas oportunidades la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dicho que el funcionario

1 Folios 89 al 92.5

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014) Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo puede ser retirado, aunque se trate de un empleado con desempeño eficiente en el cargo.

1. En el artículo 25 del Decreto Ley 2400 de 1968 y en el numeral 3 del decreto 1950 de 1973, que lo reglamenta, se consagra expresamente la supresión del empleo como causal de retiro del servicio.

Propuso las excepciones de «no haber acompañado el actor una copia de los actos acusados con las constancias de su publicación, notificación o ejecución de conformidad con el artículo 139 del C.C.A.; aplicación de la Ley 617 de 2000; mala fe del demandante ; cobro de lo no debido ; falta de causa para demandar ; presunción de legalidad de los actos administrativos ; declaración de oficio ; caducidad del acuerdo del Consejo Distrital 002 del 11 de abril de 2002; caducidad de la solicitud contenida en el punto quinto que adiciona la demanda , la cual incorpora una sexta pretensión ; indebida individualización de los actos administrativos acusados en el punto sexto de la adición de la demanda; e indebido enjuiciamiento del acto administrativo complejo».

1.2.2. El Distrito de Cartagena también se opuso a súplicas de la demanda con fundamento en las siguientes razones:2

1. La Administración puede acudir a la supresión de cargos en una entidad, sin que

1.2.2. El Distrito de Cartagena también se opuso a súplicas de la demanda con fundamento en las siguientes razones:2

1. La Administración puede acudir a la supresión de cargos en una entidad, sin que

puedan oponérsele los derechos de carrera de los empleados, ya que estos deberán ceder ante el interés general.

1. Las normas sobre carrera administrativa reconocen el derecho de los empleados inscritos en el sistema a ser incorporados en los cargos de la nueva planta o a optar por una indemnización. Estas opciones han de entenderse como la garantía de los derechos del personal llamado a quedar cesante en los procesos en los que prevalece el interés general.

2 Folios 557 al 565.6

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)

Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo

Propuso las excepciones de inexistencia de violación del régimen jurídico; ineptitud de la demanda por no agotar en debida forma la vía gubernativa; legalidad y validez de los actos acusados; pago de lo debido y buena fe; y falta del requisito de la conciliación prejudicial.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el 9 de mayo de 2014,3 denegó las pretensiones d e la demanda, con sustento en las siguientes

consideraciones:

1. El oficio de 2 de mayo suscrito por el contralor distrital constituye una simple comunicación sobre la supresión del cargo que desempeñaba la demandante según lo dispuesto en el Acuerdo 002 del 11 de abril de 2002.

1. El oficio de 2 de mayo suscrito por el contralor distrital constituye una simple comunicación sobre la supresión del cargo que desempeñaba la demandante según lo dispuesto en el Acuerdo 002 del 11 de abril de 2002.

1. No le asiste razón a la actora cuando afirma que el cargo que ocupaba en la entidad no desapareció, pues de la lectura del artículo 14 del Acuerdo 002 de 2011, por el cual se adoptó la planta de la Contraloría, se puede establecer que existen diez cargos de auxiliar administrativo, código 550, pero grado 07 y no 03, como el que esta desempeñaba.

1. En cuanto al cargo de desviación de poder, en el proceso no se acreditó que la administración haya actuado por fuera del marco de la ley , más aún cuando el Acuerdo 002 del 11 de abril de 2002 adopt ó la planta de cargos de la Contraloría distrital de Cartagena teniendo en cuenta el presupuesto asignado a dicha entidad, en cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero.

1. Tampoco se demostró la violación de los principios fundamentales de la Función Pública, por cuanto la administración puede acudir a la supresión de cargos de una

3 Folios 672 al 683.7

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)

Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo

entidad sin que puedan oponerse los derechos de carrera de los funcionarios , ya que estos deberán ceder ante el interés general tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-370 del 27 de mayo de 1999.

entidad sin que puedan oponerse los derechos de carrera de los funcionarios , ya que estos deberán ceder ante el interés general tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-370 del 27 de mayo de 1999.

1. La causal de nulidad por violación del debido proceso no está probada, en la medida en que los actos acusados le fueron notificados en debida forma a la demandante para que ejerciera su derech o de defensa y se le respetar an los

derechos de carrera administrativa, en tanto que se le dio la opción de escoger entre la indemnización y el reintegro a otro cargo igual o equivalente.

1. Por otro lado, si bien la actora alega que no se efectuó un est udio técnico que respalde jurídicamente la supresión de los cargos, lo cierto es que en el capítulo de normas violadas no señaló las disposiciones que exigen la elaboración de este estudio, en forma previa, conforme al artículo 41 de la Ley 443 de 1998. Por lo tanto, no es posible entrar a decidir sobre el punto , «en orden a garantizar el derecho de defensa y los principios de congruencia y rogatividad de la jurisdicción contenciosa administrativa, por cuanto la ausencia de estudio técnico no fue estructurada como un cargo de anulación de los actos acusados , sino como un hecho irrelevante que finalmente no se plasmó ni ató a los cargos materia de estudio».

Y si bien la Sección Segunda del Consejo de Estado , en sentencia del 4 de noviembre de 2010 , confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 4 de septiembre de 2008, que anuló el Acuerdo 002 de 2002, en relación con la demandante en dicho proceso, lo hizo porque «en aquel

noviembre de 2010 , confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 4 de septiembre de 2008, que anuló el Acuerdo 002 de 2002, en relación con la demandante en dicho proceso, lo hizo porque «en aquel contencioso de nulidad y restablecimiento del derech o iniciado a instancia de la señora EDITH ARNEDO DE OROZCO efectivamente se planteó como cargo de anulación la ausencia de estudio técnico previo invocando para el efecto el artículo 41 de la Ley 443 de 1998, lo cual —como se dijo en precedenciapara el presente caso no aconteció».

1.5. El recurso de apelación8

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014) Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo El apoderado de la señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo interpuso recurso de apelación4 en contra de la sentencia previamente referenciada y solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento

de su petición expuso lo siguiente:

1. El a quo erró en su apreciación, al considerar que el cargo ocup ado por la demandante fue suprimido, por el solo hecho de que se cambió parcialmente la denominación del empleo, al pasar del Auxiliar Administrativo Código 550 Grado 03, que tenía en la planta anterior, al de Auxiliar Administrativo Código 550 grado 007 , que se fijó en la nueva planta , sin observar que las funciones asignadas a dichos empleos en la planta anterior y en la nueva eran las mismas.

1. Si la reestructuración de la planta de personal de la Contraloría era la

que se fijó en la nueva planta , sin observar que las funciones asignadas a dichos empleos en la planta anterior y en la nueva eran las mismas.

1. Si la reestructuración de la planta de personal de la Contraloría era la consecuencia del programa de saneamiento fiscal y financiero del Distrito de Cartagena de Indias, la realidad fáctica riñe con el propósito buscado, pues, si bien se redujo el número de cargos, aumentó el costo de nómina, dada la situación en la que se increment ó el número de empleos de profesionales y profesionales especializados, entre otros.

Es claro entonces que lo pretendido era la profesionalización de sus empleados, aspecto que se cumplía en cabeza de la actora, dada su calidad de contador público titulado, quien consolidó calificaciones sobresalientes, por encima de los de 890 puntos, siendo el máximo de 1000, y alcanzando inclusive puntajes de 9.30. En este orden, no tiene sentido que siendo esa una de las banderas de la restructuración se hayan hecho nombramientos en provisionalidad en el cargo de auxiliar administrativo código 550 grado 07 y posesionado personas que no acreditaban ni la experiencia ni el tiempo, ni contaban con el escalafón de la carrera administrativa.5

4 Folios 685 al 699. 5 Señaló como tales, las siguientes: , a saber, Omar Said Payares Pérez, Rocío Del Carmen Garcia Meléndez, Julio Carlos Pinedo Cabarcas, Juan Carlos Cárdenas Velásquez, Raymundo Guillermo Martínez Hernández y Fanny Del Carmen Sejín Reyes.9

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)

Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo

Fanny Del Carmen Sejín Reyes.9

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)

Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo

1. La señora Ramos Arroyo , como empleada de carrera, hizo valer su derecho preferencial y dentro de la oportunidad legal solicitó a la Contraloría Distrital de Cartagena su reincorporación en la nueva planta de personal, sin obtener respuesta por parte de la Administración.

1. El argumento del a quo según el cual la ausencia de estudio técnico no fue estructurada como un cargo de anulación de los actos acusados, sino como un hecho irrelevante, denota que no se analizó de manera integral la demanda , sus anexos, las documentales allegadas a petición y de oficio ni los alegatos.

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.6.1. El demandante

El apoderado de la señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo descorrió el término para alegar y reiteró los argumentos presentados en el recurso de apelación.6

1.6.2. La parte demandada

El Distrito Turístico Cultural de Cartagena de Indias reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.7

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias guardó silencio.8

1.7. El Ministerio Público

El agente del ministerio público no rindió concepto.9

2. Consideraciones

6 Folios 727 al 743. 7 Folios 745 al 750. 8 Constancia secretarial obrante a folio 743. 9 Ibidem.10

El agente del ministerio público no rindió concepto.9

2. Consideraciones

6 Folios 727 al 743. 7 Folios 745 al 750. 8 Constancia secretarial obrante a folio 743. 9 Ibidem.10

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)

Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo

2.1. Cuestión previa

El a quo decidió, «en orden a garantizar el derecho de defensa los principio s de congruencia y rogatividad de la jurisdicción contenciosa administrativa», no estudiar el cargo relacionado con la ausencia del estudio técnico, al considerar que se planteó «como un hecho irrelevante que finalmente no se plasmó ni ató a los cargos materia de estudio».

Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, en el acápite de normas violadas no se señaló el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 ;10 sin embargo, en el hecho 11 de la demanda11 se afirmó lo siguiente:

[…] el Acuerdo Distrital No. 002 de abril 11 de 2002 tiene vicios en su formación y aprobación que lo hacen nulo pues dentro del proceso que llevó al establecimiento de la planta de personal de la Contraloría, no se efectuó un estudio técnico que respalde y sustente jurídica y técnicamente la supresión de los cargos y la estructuración de la planta de personal como tal […].

Por su parte, en el acápite de «concepto de violación de normas», al desarrollar el cargo «2. violación al debido proceso»12 se expuso:

Las Contralorías Distritales, al igual que todas las entidades públicas del orden

Por su parte, en el acápite de «concepto de violación de normas», al desarrollar el cargo «2. violación al debido proceso»12 se expuso:

Las Contralorías Distritales, al igual que todas las entidades públicas del orden territorial, están sometidas y tienen el deber impuesto por norma de rango legal a velar que todo proceso o procedimiento administrativo interno que se adelanten (sic) para efectos de establecer, determinar o modificar la planta de personal cumpla con el requerimiento de un estudio técnico previo que cumpla con los requisitos y contenidos que exige la función pública y debe ser elaborado por un equipo interdisciplinario de profesionales de alto nivel de la entidad y contar con su aval y asesoría o ser elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este no es el caso de la actuación adelantada por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias puesto que no existe un documento que cumpla con los requisitos necesarios o requeridos por la

10 Artículo 41. Reforma de plantas de personal. <Artículo derogado por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004> Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la Administración y basarse en estudios técnicos que así l o demuestren, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en Administración Pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o profesionales en Administración Pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 11 Folio 6. 12 Folio 10.11

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014) Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo función pública que contenga los fundamentos técnicos, funcionales y jurídicos que sustenten el establecimiento de la planta de personal o su reducción.

No queda duda, entonces, de que no se trató de la narración de un hecho irrelevante, como lo consideró el tribunal, pues, a pesar de que no se señaló la norma vulnerada y el cargo se rotuló como «violación al debido proceso», lo cierto es que se fundamentó en la ausencia del estudio técnico previo que sustentaran las razones de la administración para reformar la planta de personal de la entidad. En consecuencia, es procedente resolver este cargo.

2.2. El problema jurídico

Dilucidado lo anterior, d e acuerdo con el recurso de apelación, a la Sala le corresponde determinar: (i) si la reforma de la planta de personal de la Contraloría de Cartagena de Indias contó con el estudio técnico previo; y (ii) si existió o no supresión efectiva del empleo que ocupaba la demandante.

2.2.1. Marco jurídico

De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos de las entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo las excepciones expresamente consagradas en la ley.

2.2.1. Marco jurídico

De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos de las entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo las excepciones expresamente consagradas en la ley.

La Ley 443 de 1998, vigente para la época en que se expidió el acto acusado, reguló la carrera administrativa como un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública, así como ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los empleos y el ascenso.

A su turno, conforme a los artículos 37 y 39 ibidem, el retiro de los servidores con derechos de carrera se verificaría por las causas determinadas en la Constitución Política o en la ley, entre las que se encuentran la supresión del empleo, « como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias,12

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014) Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modifica ción de planta».

Igualmente, se previó que los servidores afectados por tales medidas podrían «optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional».

La Administración, en síntesis, por motivos de interés general ligados a la eficacia y eficiencia de la función pública puede acudir a la supresión de cargos en una entidad, sin que puedan oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios, ya que estos deberán ceder ante el interés general.13

eficiencia de la función pública puede acudir a la supresión de cargos en una entidad, sin que puedan oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios, ya que estos deberán ceder ante el interés general.13

Por otra parte, el artículo 41 de la Ley 443 de 1998,14 reguló la reforma de las plantas de personal en los siguientes términos:

Artículo 41. Reforma de plantas de personal. Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia o profesionales en Administración Pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditadas, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional incluidos sin excepción los e stablecimientos públicos, y las plantas de personal de empleos públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del Estado, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. (...)”

A su turno, el Decreto 15 72 de 1998, reglamentario de la mencionada ley, en su artículo 148 reiteró:

Artículo 148. Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán

artículo 148 reiteró:

Artículo 148. Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán

13 Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de noviembre de 2010, radicado 13001 -23-31-000-2002-01039-01(0621-09), consejero pon ente: Victor Hernando Alvarado Ardila. radicado 13001-23-31-000-2002-01039-01(0621-09). 14 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».13

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014) Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en razones que propendan por la modernización de la institución, las cuales estarán soportadas en estudios técnicos que así lo demuestren.

Finalmente, el Decreto 2504 de 1998, que modificó algunos artículos de l Decreto 1572, en su artículo 9 dispuso:

Artículo 9. Modificase el artículo 154 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el cual quedará así: Artículo 154. Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal deberán estar basados e n metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.

2. Evaluación de la prestación de los servicios.

ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta, alguno o varios de los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.

2. Evaluación de la prestación de los servicios.

3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los empleados.

De los artículos transcritos se deduce que para la modificaci ón de cualquier planta de personal se debe contar con los estudios técnicos que justifiquen dicha reestructuración, los cuales deben estar basados en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que contemplen uno o varios de los aspectos consagrados en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

1. El 18 de abril de 1994, por medio de la Resolución 111 del 11 de abril anterior, la señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo fue nombrada en la Contraloría Distrital de Cartagena, en el empleo de revisor de cuentas en la Unidad Legal Examen de

Cuentas y Juicios Fiscales.15

15 Folio 155.14

Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014) Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo ii) El 20 de novi