CE - 130012331000200601504012SENTENCIA20230815170507

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., uno (1) de junio de dos mi veintidós (2022) Radicación número: 13001-23-31-000-2006-01504-01(42763)

Actor: FE Y ALEGRÍA DE COLOMBIA

Demandado: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA-Competencia limitada a los aspectos desfavorables a la entidad demandada. CONTRATOS EN DERECHO PRIVADO-Por regla general son consensuales y solo excepcionalmente reales o solemnes. OFERTA-Contiene los elementos esenciales del negocio jurídico.

ACEPTACIÓN-Es un acto jurídico unilateral en el que el destinatario de la oferta manifiesta su adhesión incondicional a los términos de la misma. ACEPTACIÓN TÁCITA-Los hechos inequivocos de ejecución del negocio jurídico propuesto son una manifestación del consentimiento. CONTRATOS CON IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS-El Estado puede celebrar contratos para la prestación de servicios de educación en los establecimientos educativos, cuyos requisitos no son, en principio, distintos de los exigidos para la contratación entre particulares. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOSValor probatorio. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS-Criterios. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS-Las deficiencias, oscuridades o ambigúedades de un contrato pueden superarse a partir de las

Valor probatorio. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS-Criterios. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS-Las deficiencias, oscuridades o ambigúedades de un contrato pueden superarse a partir de las estipulaciones que las partes hayan establecido en otro contrato sobre la misma materia. La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 30 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 17 de febrero de 2003, Fe y Alegría de Colombia celebró un contrato con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para la prestación del servicio de educación a niños y jóvenes en la isla de Barú para el año 2003. Posteriormente, prestó el servicio sin firmar un contrato escrito entre febrero y julio del 2004. En agosto, suscribió contrato por el periodo restante de ese año. Alega falla del servicio y el enriquecimiento sin justa causa de la entidad por omitir el pago durante el periodo en el que prestó los servicios educativos sin contrato.

ANTECEDENTES2

Expediente n. 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones El 31 de octubre de 2006, Fe y Alegría de Colombia, a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Solicitó $294.833.500 por los servicios prestados, por daño emergente, y los intereses sobre esas sumas, por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que celebró un contrato con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para la prestación del servicio de

emergente, y los intereses sobre esas sumas, por lucro cesante. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que celebró un contrato con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para la prestación del servicio de educación a niños y jóvenes en la isla de Barú para el año 2003. Señaló que prestó el servicio sin celebrar un contrato por escrito durante febrero y julio de 2004 y que, en agosto, suscribió contrato por el periodo restante de ese año. El 26 de febrero de 2007 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. En el escrito de contestación de la demanda, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias indicó que se configuró la caducidad, pues pasaron más de dos años desde que se configuró la alegada omisión. El 29 de septiembre de 2009 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. Las partes reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio. El 30 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo Bolívar en la sentencia accedió parcialmente a las pretensiones, pues consideró que se configuró un enriquecimiento sin justa causa de la entidad demandada dado que el demandante prestó servicios de educación sin recibir contraprestación alguna. La sentencia no fue apelada y se remitió el expediente a esta Corporación para surtir el grado jurisdiccional de consulta, que se ordenó tramitar por auto del 26 de enero de 2012 y a su vez corrió traslado para alegar de conclusión. La demandada reiteró lo expuesto. El Ministerio Público señaló que no se configuró el enriquecimiento sin

2012 y a su vez corrió traslado para alegar de conclusión. La demandada reiteró lo expuesto. El Ministerio Público señaló que no se configuró el enriquecimiento sin justa causa, porque la demandada no había solicitado o autorizado los servicios prestados. La demandante guardó silencio.

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia3 Expediente n.” 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1? de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para decidir el grado jurisdiccional de consulta, porque se cumplen los requisitos del artículo 184

CCA, pues (i) el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta Corporación en razón de su naturaleza; (ii) la condena impuesta en primera instancia es superior a 300 SMLMV y (iii) el fallo no fue apelado. Acción procedente

2. El demandante interpuso acción de reparación directa para reclamar los perjuicios ocasionados por la omisión en el pago de los servicios de educación en la isla de Barú entre febrero y julio de 2004. La Sala debe establecer cuál es el medio de control procedente y si en realidad debió demandar en reparación directa el pago de los servicios prestado durante el periodo señalado.

El artículo 1495 CC dispuso que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El contrato, entendido

de los servicios prestado durante el periodo señalado. El artículo 1495 CC dispuso que el contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El contrato, entendido como acuerdo de voluntades destinado a crear una o más obligaciones, puede ser real, consensual o solemne (art. 1500 CC). Por regla general los contratos son consensuales y solo excepcionalmente reales o solemnes (art. 824 C. Co). En relación con los contratos consensuales, su perfeccionamiento requiere que la oferta o propuesta, debidamente comunicada al destinatario, sea aceptada por éste, expresa o tácitamente (art. 864 C. Co.). Si se trata de contratos en los que se exige una formalidad constitutiva para su perfeccionamiento o nacimiento, solemne o real, se debe cumplir y observar adicionalmente la formalidad ad substantiam actus o haberse verificado la entrega de los bienes, según el caso (arts. 1500 CC y 824 C. Co.)!. Aunque el Código Civil no regula las etapas de formación del contrato, el Código de Comercio sí lo hace, en los artículos 845 a 864. El artículo 845 define la oferta o propuesta como el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, que 1 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 8 de marzo de 1995, Rad 4473 [fundamento jurídico 4] y sentencia de 12 de agosto de 2002, Rad 6151 [fundamento jurídico 2]4 Expediente n. 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al

Expediente n. 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. La aceptación es un acto jurídico unilateral en el que el destinatario de la propuesta u oferta manifiesta su adhesión o aquiescencia incondicional a los términos de la misma. De conformidad con la ley mercantil sus características son las siguientes: (i) es un acto voluntario; (ii) debe ser pura y simple; (iii) debe ocurrir en tiempo y (iv) debe ser expresa. La aceptación tácita produce los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de ese hecho en tiempo y se manifieste con un hecho inequívoco de ejecución del negocio jurídico propuesto (art. 854 C. Co). Los hechos inequívocos de ejecución del negocio jurídico propuesto son, pues, una manifestación de consentimiento.

Las formalidades especiales a las que están sujetas la formación del contrato solemne pueden ser: (i) impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto, (ii) impuestas por las mismas partes y (iii) exigidas en atención a la calidad o el estado de las personas que celebraron el contrato. Las solemnidades impuestas por la ley en consideración a la naturaleza del acto son comunes en los contratos en los que hay una modificación en el titular o se imponen limitaciones al derecho de propiedad (arts. 1857,1966 y 2434 CC). La ley autoriza a los contratantes a subordinar los efectos de sus manifestaciones a formalidades voluntarias o a condiciones lícitas y posibles (arts. 1530 y siguientes CC). Al margen de la aplicación general de la precitada regla, además, el código reconoce esta

subordinar los efectos de sus manifestaciones a formalidades voluntarias o a condiciones lícitas y posibles (arts. 1530 y siguientes CC). Al margen de la aplicación general de la precitada regla, además, el código reconoce esta posibilidad, de manera implícita, en los artículos 1858 y 1979, al establecer que, en los contratos de compraventa de bienes muebles y arrendamiento, si los contratantes pactan que dichos contratos no se reputan perfectos hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida o arrendada. Las partes de un contrato, pues, están habilitadas para someter el perfeccionamiento de contratos a solemnidades o condiciones que en principio no se requeririan, mediante la estipulación de una cláusula especial (accidental, según el art. 1501 CC), siempre que no contrarien el orden público ni tenga objeto ilícito (art. 6, 16, 1502,1519, 1741 y 1523 CC), 2 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n”. 26, sentencia del 26 de febrero de 2021, Rad. 1100103-15-000-2020-04022-00 [fundamento jurídico 16].6 Expediente n. 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones contractual —en sentido amplio—, es decir, desde la formación del negocio jurídico hasta la etapa postcontractual, se rige por el derecho privado. De modo que, en los regímenes exceptuados, el perfeccionamiento del contrato no estará sujeto a la solemnidad ad substantiam actus prevista en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de

regímenes exceptuados, el perfeccionamiento del contrato no estará sujeto a la solemnidad ad substantiam actus prevista en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, sino únicamente a las solemnidades propias del negocio jurídico celebrado, reguladas en el derecho privado y a las impuestas por las partes.

4. El artículo 200 de la Ley 115 de 1994 dispuso que el Estado podría contratar con las iglesias y confesiones religiosas que gozaran de personería jurídica para que prestaran servicios de educación en los establecimientos educativos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el entonces vigente artículo 8 de la Ley 60 de 1993, los demás requisitos de estos contratos no serían distintos de los exigidos para la contratación entre particulares. El artículo 8 de la Ley 60 de 1993 disponía, de manera general, que solamente cuando se demostrara la insuficiencia de instituciones educativas del Estado podría contratarse con entidades sin ánimo de lucro. El artículo 113 de la Ley 715 de 2001, al derogar este precepto, en el artículo 27 estableció que los departamentos, distritos y municipios certificados prestarían el servicio público de educación en las instituciones educativas oficiales y que podrían, cuando se demostrara la insuficiencia en las instituciones educativas del Estado, contratar la prestación del servicio con entidades estatales o no estatales que prestaran servicios educativos, de reconocida trayectoria o idoneidad, previa acreditación.

Esta disposición fue modificada por la Ley 1176 de 2007 y luego adicionada y modificada por la Ley 1294 de 2009. Con base en estas normas, es claro que cuando se cumplieran los requisitos de

Esta disposición fue modificada por la Ley 1176 de 2007 y luego adicionada y modificada por la Ley 1294 de 2009. Con base en estas normas, es claro que cuando se cumplieran los requisitos de insuficiencia en las instituciones educativas del Estado establecidas en las citadas disposiciones, los requisitos para contratar los servicios educativos con iglesias y confesiones religiosas serían los previstos en el derecho privado y no los establecidos en la Ley 80 de 1993. En armonía, el artículo 6 del Decreto 1286 de 2001, que reglamentó el citado artículo 200 para la época de los hechos, prescribió que para la suscripción de contratos con las iglesias y confesiones religiosas se deberían reunir los siguientes requisitos: (i) gozar de personería jurídica de derecho público eclesiástico, para las entidades5 Expediente n. 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones

3. Los contratos que celebren las entidades que se rigen por la Ley 80 de 1993, están sujetos a una formalidad especial para que se perfeccionen o nazcan a la vida jurídica. El artículo 39 de la Ley 80 de 1993 prescribe que los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, salvo aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con esa formalidad. En concordancia, el artículo 41 dispuso que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Los contratos celebrados por ta Administración bajo las reglas del Estatuto General de Contratación de la

contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Los contratos celebrados por ta Administración bajo las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pues, son de carácter solemne, es decir, que para que existan se requiere que se eleve a escrito la manifestación de voluntad?. La ausencia de esta solemnidad ad substantiam actus conlleva la inexistencia del negocio jurídico e impide el nacimiento de los efectos jurídicos pretendidos por las partes (art. 1501 CC y 898 C. Co). Incluso para el caso del parágrafo del artículo 39, derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, que disponía que no habría lugar a la celebración de contratos con «formalidades plenas» cuando el valor del contrato fuera igual o inferior a las cuantías dispuestas en ese artículo, no se abandonaron todas las formalidades. Aunque no se requería que se elevara a escrito para su perfeccionamiento, el artículo 25 del Decreto 679 de 1994 —derogadoestableció que las obras, trabajos, bienes o servicios objeto del contrato debían ser ordenados previamente y por escrito por el jefe o representante legal de la entidad o por el funcionario en quien se hubiese delegado la contratación. Debían contener cuando menos el objeto del contrato y la contraprestación, así como los demás elementos para proceder al registro presupuestal. A su vez, según el artículo 41 de la Ley 80, en las situaciones de urgencia manifiesta previstas en el artículo 42, se permite la celebración del contrato sin un escrito, pero se exige dejar constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.

de urgencia manifiesta previstas en el artículo 42, se permite la celebración del contrato sin un escrito, pero se exige dejar constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. Por el contrario, en los eventos en que una norma especial excluya la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, toda la actividad 3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de marzo de 2011 , Rad. 17072 [fundamento jurídico 3.1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 268, disponible en https://cutt Iy/OQ9KFJH.7 Expediente n. 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones de la Iglesia Católica, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 133 de 1994 y el Decreto 1396 de 1997 o especial para las demás entidades religiosas de acuerdo con lo señalado en los artículos 9 y 12 de la misma ley y los Decretos 782 de 1995 y 1319 de 1998 y (ii) demostrar experiencia no menor a tres años en la dirección y administración de establecimientos educativos, con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 138 y 193 de la Ley 115 de 1994, evaluados por la respectiva Secretaría de Educación. El artículo 2 definió que las expresiones iglesia y confesión religiosa comprendía también a las entidades internas que estas hubieran erigido o fundado y que gozaran de reconocimiento jurídico ante el Estado, lo mismo que a las denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o asociaciones de ministros.

y confesión religiosa comprendía también a las entidades internas que estas hubieran erigido o fundado y que gozaran de reconocimiento jurídico ante el Estado, lo mismo que a las denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones o asociaciones de ministros. Esta reglamentación fue modificada con el Decreto 4313 de 2004, que reiteró que la legislación aplicable sería la prevista en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 (art. 10), precisó el concepto de iglesia y confesión religiosa (art. 11) y definió lo que denominó «contrato de administración del servicio público educativo» en virtud del cual, la entidad territorial podrá aportar su infraestructura física, docente y administrativa o alguna de ellas y el contratista por su parte, su capacidad de administración, dirección, coordinación y organización del servicio educativo, brindando la correspondiente orientación pedagógica (art. 13). Esta regulación fue «precisada», pero mantuvo su esencia, mediante el Decreto 2355 de 2009, que reguló nuevamente el «contrato de administración del servicio público educativo» y la noción de iglesia y confesión religiosa (arts. 17 a 21). El Libro 2, Parte 3, Título 1, Capítulo 3 del Decreto 1075 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación), subrogado y adicionado Decreto 1851 de 2015 y el Decreto 30 de 2017, compiló las normas que rigen la materia.

5. Fe y Alegría de Colombia acreditó ser una iglesia o confesión religiosa con personería jurídica, pues su objeto social indica que fue fundada por el padre José

compiló las normas que rigen la materia.

5. Fe y Alegría de Colombia acreditó ser una iglesia o confesión religiosa con personería jurídica, pues su objeto social indica que fue fundada por el padre José María Velas, S.J. y que sigue los valores religiosos de la Iglesia Católica [hecho probado 11.1] (art. 2 del Decreto 1286 de 2001). Esta calidad, además, no fue controvertida en este proceso. La Sala aplicará, pues, las reglas especiales de contratación del artículo 200 de la Ley 115 de 1994, que remitían al perfeccionamiento de los contratos exclusivamente al derecho privado.8

Expediente n.” 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones El 17 de febrero de 2003, Fe y Alegría de Colombia y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias celebraron el contrato n.” 7-001334/03 para la prestación de los servicios educativos en los niveles preescolar, básica y media a 750 alumnos en la isla de Barú, en la institución Luis Felipe Cabrera de Barú de propiedad de la entidad contratante, vigente durante el año 2003 [hecho probado 11.2]. El 9 de agosto de 2004, celebraron el contrato n. 7-299 para la prestación de los servicios educativos a 871 niños y jóvenes en la isla de Barú, en la institución Luis Felipe Cabrera de Barú de propiedad de la entidad contratante, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004 [hecho probado 11.3].

La institución Luis Felipe Cabrera de Barú —según certificación expedida por la directora de planeación educativa de la Secretaría de Educación Distrital del Distrito

diciembre de 2004 [hecho probado 11.3]. La institución Luis Felipe Cabrera de Barú —según certificación expedida por la directora de planeación educativa de la Secretaría de Educación Distrital del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias— prestó el servicio educativo a 905 estudiantes en los niveles de preescolar, básica y media en periodo lectivo de 2004 [hecho probado 11.4]. Este documento público se presume auténtico [núm. 10] y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas. Al provenir de una funcionaria de la entidad contratante, da cuenta de los servicios educativos prestados por institución Luis Felipe Cabrera de Barú en la fecha consignada.

6. Fe y Alegría de Colombia suscribió el contrato n. 7-001334/03 para la prestación de los servicios educativos de preescolar, básica y media a favor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias durante el 2003, que fue ejecutado en la institución Luis Felipe Cabrera de Barú de propiedad de esa entidad. Durante los meses de febrero a julio de 2004, Fe y Alegría de Colombia continuó la prestación de ese servicio en las instalaciones de la demandada y el Y de agosto del 2004 suscribió el contrato n.” 7-299 para ese fin, vigente hasta el 31 de diciembre siguiente.

La conducta de Fe y Alegría de Colombia y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias reflejan la existencia de un acuerdo de voluntades para la prestación del servicio de educación durante los meses de febrero a julio de 2004. Aunque no se suscribió escrito alguno, el demandante atendió la educación de

Cartagena de Indias reflejan la existencia de un acuerdo de voluntades para la prestación del servicio de educación durante los meses de febrero a julio de 2004. Aunque no se suscribió escrito alguno, el demandante atendió la educación de preescolar, básica y media en la isla de Barú y la entidad demandada permitió el uso de la institución Luis Felipe Cabrera de Barú —de su propiedadpara que se9 Expediente n. 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones prestaran esos servicios, circunstancia que constituye un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto (art. 854 C.Co).

Aunque no hubo oferta y aceptación expresa, de manera tácita las partes consintieron en las obligaciones esenciales, lo cual supone la existencia del contrato. Las partes, además, habían celebrado un contrato remunerado por el año anterior y, en agosto de 2004, elevaron escrito un nuevo contrato donde estipularon una contraprestación económica por la prestación del servicio y reconocieron que el demandante había prestado los servicios desde el 2003. En ese sentido, como existió consentimiento para la celebración del contrato de prestación de servicios educativos y este contrato no requiere formalidad alguna para su formación bajo las reglas del derecho privado, pues no existen normas que así lo establezcan (art. 824 C.Co), la Sala concluye que existió un contrato consensual durante el periodo demandado. Como el demandante reclamó por no haber recibido contraprestación alguna por la prestación del servicio de educación durante febrero y julio de 2004, periodo en el cual existió un contrato entre las partes, la Sala estudiará el caso bajo la acción de controversias contractuales, medio de control idóneo cuando se alega el

prestación del servicio de educación durante febrero y julio de 2004, periodo en el cual existió un contrato entre las partes, la Sala estudiará el caso bajo la acción de controversias contractuales, medio de control idóneo cuando se alega el incumplimiento de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA). Demanda en tiempo

7. El término para formular las pretensiones de naturaleza contractual, en la acción controversias contractuales, de conformidad con el inciso primero del numeral 10 del artículo 136 CCA, por regla general, es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. Según el demandante, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias no pagó los servicios educativos que prestó entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2004, de modo que a partir del día siguiente a esta última fecha comenzó a correr el término de dos años para interponer la demanda de controversias contractuales.

Obra en el proceso una solicitud de conciliación extrajudicial del 1 de diciembre de 2005 por los hechos objeto de la demanda y una constancia de aplazamiento del 2410 Expediente n.” 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones de abril de 2006 en ese trámite (f. 34-67 c. 1). Como la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 1 de diciembre de 2005 y la constancia de aplazamiento en ese trámite fue proferida el 24 de abril de 2006, se concluye que el término de caducidad se suspendió por tres meses, pues el trámite superó el plazo establecido

en ese trámite fue proferida el 24 de abril de 2006, se concluye que el término de caducidad se suspendió por tres meses, pues el trámite superó el plazo establecido para la celebración de la audiencia de conciliación (artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001). De modo que, como el término de caducidad se suspendió hasta el 1 de noviembre de 2006 y la demanda se presentó el 31 de octubre de 2006, se interpuso en tiempo. Legitimación en la causa

8. Fe y Alegría de Colombia está legitimada en la causa por activa y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias por pasiva, pues fueron las partes del contrato de prestación de servicios educativos en la isla de Barú durante el periodo demandado [núm. 6]. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró un incumplimiento de un contrato de prestación de servicios educativos por no haber pagado precio alguno.

Análisis de la Sala Como la sentencia fue objeto del grado jurisdiccional de consulta, la Sala estudiará lo que le resulte desfavorable a la entidad en los términos del artículo 184 CCA. Hechos probados

9. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

10. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en

Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio?.

10. Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento jurídico 1]. El Magistrado Ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad están en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 26.984. Estas providencias se pueden consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 363, 364 y 365, respectivamente, disponible en https://bit.Iy/3gjjduK.11

Expediente n.” 42.763

Demandante: Fe y Alegría de Colombia Concede pretensiones ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art

187 CPC).

11. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 11.1 Fe y Alegría de Colombia es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social

187 CPC).

11. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: 11.1 Fe y Alegría de Colombia es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social era: «en respuesta de la problemática angustiosa de ignorancia, miseria y marginalidad de una gran mayoría de la sociedad, e inspirada en las directrices concretas de la iglesia católica y de su fundador el padre José María Velas, S.J., la Asociación Fe y Alegría de Colombia, asume como fin de su existencia y de su acción educativa de carácter social, la promoción integral de las personas de las comunidades de las zonas populares más necesitadas, de manera que puedan ser autores de su propio desarrollo y del progreso del país», según da cuenta original del certificado n.” 53623639 de la Cámara de Comercio de Bogotá (f. 9-11 c. 1). 11.2 El 17 de febrero de 2003, Fe y Alegría de Colombia y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con fundamento en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1286 de 2001, celebraron el contrato n. 7-001334/03 para la prestación de los servicios educativos en los niveles preescolar, básica y media a 750 alumnos en la isla de Barú, en la institución Luis Felipe Cabrera de Barú de propiedad de la entidad contratante, por $476.250.000, vigente durante el año 2003, según da cuenta copia auténtica del contrato (f. 3-5 c. 2). El 12 de junio de