CE - 130012331000200800712011SENTENCIA20230801101849

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537)

Actor: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Demandado: FUNDACIÓN TRABAJAR POR COLOMBIA

Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL

Temas: RESTITUCIONES MUTUAS: la declaratoria de nulidad de un contrato de compraventa da lugar a las restituciones mutuas, pero para eso es necesar io que se acredite la entrega de los bienes y el pago del precio – el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 permite el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas, siempre que se demuestre que beneficiaron a la entidad / CARGA DE LA PRUEBA: la parte actora está en la obligación de probar los planteamientos y argumentos de la demanda, so pena de que se denieguen las pretensiones.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 11 de junio de 2015, profe rida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 780 – 797, c. ppl.)1, por medio de la cual se concedieron parcialmente las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 19 de diciembre de 2008, el Departamento de Bolívar presentó demanda (fls. 1 –

por medio de la cual se concedieron parcialmente las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 19 de diciembre de 2008, el Departamento de Bolívar presentó demanda (fls. 1 – 30, c1), en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra de la Fundación Trabajar por Colombia, con la pretensión de que se declarara la nulidad absoluta del contrato 380 del 24 de diciembre de 2007, que tenía por objeto la adquisición de medicamentos e insumos médicos, y que, como consecuencia, se

1 La demanda se interpuso ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, pero, antes de dictar sentencia de primera instancia, ese tribunal profirió el auto del 16 de junio de 2014 (fl. 773, c2), en el cual decidió: “ En cumplimiento del Acuerdo No. 0094 de junio 11 de 2014, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Secci onal de la Judicatura, se ordena remitir el expediente de la referencia, al Tribunal Administrativo de San Andrés […], para que continúe con el respectivo trámite”.2

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual. ordenara la restitución de los dineros efectivamente pagados, los cuales debían indexarse o actualizarse. Subsidiariamente, solicitó que se declarara el incumplimiento del contrato y el pago de los perjuicios derivados del mismo.

II. ANTECEDENTES2

1. La demanda:

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 19 de

incumplimiento del contrato y el pago de los perjuicios derivados del mismo.

II. ANTECEDENTES2

1. La demanda:

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 19 de diciembre de 2008 (fls. 1 – 30, c1), el Departamento de Bolívar, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo -C.C.A.-, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, se dirigió en contra de la Fundación Trabajar por Colombia, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA. DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA del Contrato No. 380 de 2007 suscrito entre el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y la FUNDACIÓN TRABAJAR POR COLOMBIA, según las manifestaciones de esta Acción Contractual.

SEGUNDA. En consecuencia de l a anterior declaratoria, CONDENAR a la FUNDACIÓN TRABAJAR POR COLOMBIA a las RESTITUCIONES consecuenciales de esa (sic) derivadas de esa nulidad, para lo cual se dará aplicación, al 1525 (sic) del Código Civil.

TERCERA. CONDENAR a la demandada FUNDACIÓN TRABAJAR POR COLOMBIA a los perjuicios que se llegaren a probar y que le hubieren causado a la demandante.

CUARTA. ORDENAR el pago de la actualización monetaria, indexación, indemnización por la depreciación monetaria e intereses corrientes y moratorios correspondientes a todas las declaraciones y condenas proferidas en la sentencia que resuelva este proceso.

QUINTA. CONDENAR en gastos, costas y agencias en derecho al

indemnización por la depreciación monetaria e intereses corrientes y moratorios correspondientes a todas las declaraciones y condenas proferidas en la sentencia que resuelva este proceso.

QUINTA. CONDENAR en gastos, costas y agencias en derecho al demandando.

En subsidio de las pretensiones PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRINCIPALES, téngase las siguientes como subsidiarias:

PRIMERA SUBSIDIARIA: DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO del Contrato No. 380 de 2007 por parte del contratista FUNDACIÓN TRABAJAR POR

COLOMBIA.

SEGUNDA SUBSIDIARIA. En consecuencia, CONDENAR a la FUNDACIÓN TRABAJAR POR COLOMBIA a (sic) al pago de los perjuicios derivados de ese

2 Se aclara que el expediente de este proceso se encuentra mal foliado, pues del folio 507 del cuaderno 2 pasa al folio 719. En una constancia secretarial obrante en el folio 775 del cuaderno 2 se advierte que el proceso consta de un cuaderno con 374 folios, y de otro con los folios del 375 al 507 y del 719 en adelante. Como esta constancia fue expedida antes de que se profiriera el fallo de primera instancia, no tiene en cuenta los folios que conforman el cuaderno principal.3

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual. incumplimiento, inclusive la cláusula penal pecuniaria contemplada en la

Cláusula Décimo Segunda del Contrato.

1.1 Los fundamentos de hecho:

Referencia: Acción Contractual. incumplimiento, inclusive la cláusula penal pecuniaria contemplada en la

Cláusula Décimo Segunda del Contrato.

1.1 Los fundamentos de hecho:

El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos, que, en síntesis, se expresan a continuación:

Durante el mes de diciembre de 2007, el Departamento de Bolívar afrontó una ola invernal que afectó a un gran número de sus municipios. Ante la magnitud de esta situación, la Dirección de Prevención y Desastres del Ministerio del Interior expidió la Resolución 33 del 5 de diciembre de 2007, por medio de la cual se declaró la situación de calamidad pública en el departamento.

El 6 de diciembre de 2007 -aunque en la demanda se decía 2008 -, el Comité Departamental de Atención y Prevención de Desastres diseñó un plan para afrontar la emergencia originada en la ola invernal, incluyendo la implementación del plan de atención bási ca en salud para 11 municipios, para lo cual se asignó un presupuesto de $550’000.000.

Por medio del Decreto 0690 del 13 de diciembre de 2007, el Gobernador de Bolívar declaró la urgencia manifiesta, hasta el 28 de diciembre siguiente, con el fin de conjurar la problemática social generada por la ola invernal.

Mediante comunicación del 13 de diciembre de 2007, la coordinadora del Programa de Urgencias, Emergencias y Desastres le solicitó al Secretario de Salud que gestionara los trámites necesarios para a dquirir los medicamentos e insumos médicos que serían empleados para asistir a los damnificados. Ese mismo día, se

de Urgencias, Emergencias y Desastres le solicitó al Secretario de Salud que gestionara los trámites necesarios para a dquirir los medicamentos e insumos médicos que serían empleados para asistir a los damnificados. Ese mismo día, se realizaron los términos de referencia, y se certificó la existencia del rubro de emergencia invernal, por valor de $2.000’000.000.

Según el expediente contractual, se realizó una única invitación a ofertar el día 19 de diciembre de 2007, a la Fundación Trabajar por Colombia. Sin embargo, esta fundación no cumplía con las condiciones de idoneidad y capacidad jurídica, técnica y financiera necesarias para ejecutar el objeto del contrato, violando, de este modo, los principios de selección objetiva y de transparencia.4

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual.

La parte accionada presentó su propuesta el 20 de diciembre de 2007, por valor de $643’984.559. El 21 de diciembre, el Secretario de Salud certificó que, si bien el Sistema de Información para la Contratación Estatal -SICEno arrojó un precio indicativo de mercado para los bienes que eran objeto de contratación, la propuesta de la Fundación Trabajar por Colombia se ajustaba a los precios de este último.

La anterior certificación, de acuerdo con el estudio de precios elaborado por la Oficina de Control Interno del departamento, no se ajustó a la realidad, ya que existía un sobrecosto del 40%.

Las partes suscribieron el contrato 380 del 24 de diciembre de 2007, que tenía por

Oficina de Control Interno del departamento, no se ajustó a la realidad, ya que existía un sobrecosto del 40%.

Las partes suscribieron el contrato 380 del 24 de diciembre de 2007, que tenía por objeto la adquisición de medicamentos e insumos médicos, destinados a atender a los municipios priorizados: Calamar, Soplaviento, Arjona (Gambote y Puerto Badel), San Cristóbal, Margarita, Cicuco, San Jacinto del Cauca, Talaigua Nuevo y El Peñón.

El valor del contrato ascendía a la suma de $643’984.559 -esto es, por encima del presupuesto asignado para implementar el plan de atención básica en salud -, los cuales se pagarían a contra entrega de los productos en el almacén de la Secretaría de Salud.

El 27 de diciembre de 2007, la supervisora del contrato certificó que se habían recibido a satisfacción los insumos objeto del mismo. No obstante, en ese documento no se realizó ningún inventario, no se certificó la cal idad de los medicamentos, ni se señaló su lugar de recibo.

Por medio del comprobante de ingreso 226 del 30 de diciembre de 2007, la almacenista del edificio de asistencia social de la Secretaría de Salud certificó el ingreso de los medicamentos de emergen cia y desastre entregados por la Fundación Trabajar por Colombia. Empero, este documento es posterior a la certificación realizada por la supervisora del contrato y se hizo por fuera de la vigencia de la urgencia manifiesta, que se extendía hasta el 28 de diciembre. Además, no resaltó ningún lugar diferente de recibo o de destino de los bienes, ni hizo salvedades especiales.

vigencia de la urgencia manifiesta, que se extendía hasta el 28 de diciembre. Además, no resaltó ningún lugar diferente de recibo o de destino de los bienes, ni hizo salvedades especiales.

Según narra el demandante, no existe un certificado que acredite con claridad la salida de los bienes del almacén. Sumado a ello, tam poco fueron entregados a la5

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual. población que se pretendía atender, lo cual impidió que se cumplieran los fines de esta contratación.

El 7 de marzo de 2008, la Contraloría Departamental de Bolívar realizó una inspección física en el almacén de la Secretaría d e Salud, para verificar el cumplimiento de varios contratos, entre ellos, el 380 de 2007. En el acta de esta diligencia, se explicó lo siguiente: (i) el representante legal de la Fundación Trabajar por Colombia le manifestó al ente fiscal que, por el volumen de los insumos y kits a entregar, no pudieron almacenarse en las instalaciones de la Secretaría de Salud, por lo que se almacenaron en unas bodegas de propiedad privada ubicadas en la zona industrial del barrio El Bosque, sector Manzanillo y (ii) una vez inspeccionadas esas bodegas, se encontró un gran número de mercados y de kits de aseo; asimismo, cuando se dirigieron al centro médico Los Ejecutivos, se constató la existencia de los medicamentos, que, por su naturaleza, se conservaban en refrigeradores.

asimismo, cuando se dirigieron al centro médico Los Ejecutivos, se constató la existencia de los medicamentos, que, por su naturaleza, se conservaban en refrigeradores.

En el informe del ente de control se concluyó que el contrato 380 (entre otros negocios jurídicos de urgencia) no cumplió con los fines de la contratación estatal y que se generó un presunto detrimento fiscal, toda vez que se adquirieron insumos, alimentos y medicamentos que no fueron entregados a la población afectada por la ola invernal.

El 27 de marzo de 2008, la Procuradora Regional de Bolívar realizó una visita para verificar los bienes adquiridos por la Secretaría de Salud, diligencia en la cual se le informó que no se hizo la interventoría física al momento de recibir las mercancías, como tampoco se realizó un inventario al entregarlas a los municipios, pero que existían constancias de recibo por parte de estos.

El 3 de junio de 2008, la coordina dora del Programa de Urgencias, Emergencias y Desastres, en su calidad de supervisora del contrato, rindió un informe en presencia del Ministerio Público y de la Contraloría Departamental, en el cual aseveró que se ejecutó el 100% de la inversión contratada; que todos los medicamentos e insumos fueron entregados; que, por la magnitud de los mismos, parte de ellos fueron almacenados en unas bodegas a cargo del contratista; que estos no se habían entregado a las comunidades, y que el departamento no había can celado el valor del contrato. A pesar de ello, no fueron enunciados los contratos que respaldaron la tenencia de las mercancías en las bodegas privadas por parte del contratista, ni este

entregado a las comunidades, y que el departamento no había can celado el valor del contrato. A pesar de ello, no fueron enunciados los contratos que respaldaron la tenencia de las mercancías en las bodegas privadas por parte del contratista, ni este certificó que tal situación no le generaría costos al departamento.6

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual.

Mediante oficio del 18 de julio de 2008, el Gobernador de Bolívar informó las irregularidades relacionadas con el contrato al Contralor Departamental. El 22 de julio siguiente, el jefe del Departamento Administrativo Jurídico solicitó un acompañamiento es pecial por parte del Ministerio Público. Finalmente, el Departamento de Bolívar se constituyó como parte civil dentro de los procesos penales que se iniciaron por los hechos acontecidos dentro de la contratación referida.

1.2 Fundamentos de derecho:

El accionante invocó como fundamento de sus pretensiones, los siguientes cargos:

1.2.1 Nulidad absoluta del contrato por falta de capacidad y objeto ilícito: Según el actor, el Decreto 2150 de 1995 dispone que, cuando el ejercicio de una determinada actividad exija la obtención de una licencia de funcionamiento o de un permiso, estos serán indispensables para el desarrollo de la misma. Teniendo esto de present e, aseguró que la venta y la comercialización de medicamentos constituían una actividad regulada, restringida, reglada y controlada por las autoridades públicas.

Luego de recapitular diferentes disposiciones que regulan el funcionamiento de los

de present e, aseguró que la venta y la comercialización de medicamentos constituían una actividad regulada, restringida, reglada y controlada por las autoridades públicas.

Luego de recapitular diferentes disposiciones que regulan el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos y la venta de medicamentos, afirmó que la Fundación Trabajar por Colombia carecía de capacidad, pues no acreditó que estuviera autorizada para realizar el objeto contractual. En otros términos, como el contrato se suscribió con un part icular que no estaba autorizado para realizar actividades farmacéuticas -ni vender medicamentos -, se encontraba viciado de nulidad, al celebrarse contra normas imperativas y de orden público.

1.2.2 Nulidad absoluta del contrato por falta de capacidad del representante legal: El representante legal de la fundación demandada solo podía realizar actos y celebrar contratos, sin la autorización de la junta, hasta por 499 salarios mínimos. No obstante, a pesar de que el contrato 380 superó este monto, no se apor tó la autorización emanada de la junta directiva. Si bien se entregó una autorización suscrita por el revisor fiscal, esta no tenía la virtualidad de sustituir las autorizaciones del órgano directivo. Sumado a ello, todo acto que faculte al representante l egal debe inscribirse en el registro mercantil, so pena de no producir efectos jurídicos.7

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual. 1.2.3 Nulidad absoluta del contrato por violación de los principios de

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual. 1.2.3 Nulidad absoluta del contrato por violación de los principios de transparencia y de selección objetiva: Aunque la Ley 80 de 1993 permite que, ante la presencia de una urgencia manifiesta, la administración celebre contratos de manera directa, esto no la habilita para desconocer los principios de la contratación o para actuar con desviación de poder.

Para el demandante, y con base en la jurisprudencia de esta Co rporación, cuando las partes, como en este caso, desconocen los principios que rigen la contratación, se vicia el contrato por ilicitud del objeto. Como el contratista no acreditó experiencia para suscribir el contrato objeto de debate, ni demostró que con tara con la infraestructura logística suficiente, ni aportó los permisos y licencias exigidos por la ley, ni contaba con la capacidad económica suficiente, era claro que no se había cumplido con el deber de selección objetiva, lo cual invalidaba el negocio jurídico.

1.2.4 Nulidad absoluta del contrato por desviación de poder: Luego de explicar la noción de desviación de poder, aseguró que la administración incurrió en este vicio de ilegalidad, por lo siguiente: (i) el fundamento del contrato 380 fue un diagnóstico del 6 de diciembre de 2007, pero este fue celebrado 20 días después, a pesar de que habían más de 25.000 afectados por la ola invernal; (ii) el contrato fue suscrito en los últimos días de la declaratoria de urgencia y antes de que el gobernador terminara su periodo constitucional; (iii) solo hubo una invitación a

fue suscrito en los últimos días de la declaratoria de urgencia y antes de que el gobernador terminara su periodo constitucional; (iii) solo hubo una invitación a presentar propuesta, la cual fue enviada a una fundación sin experiencia y sin capacidad técnica; (iv) se presentaron inconsistencias en los certificados de entrada y salida de los medic amentos; (v) se certificó el cumplimiento del contrato, pese a que las mercancías no reposaban en las bodegas oficiales; (vi) la Contraloría previno sobre un posible detrimento patrimonial, y (vii) no se realizó un inventario exhaustivo de los bienes objeto del contrato.

1.2.5 Nulidad absoluta del contrato por incumplimiento de los fines de la contratación: La parte actora recordó que la contratación estatal no es un fin en sí mismo, dado que tiene por objeto garantizar el interés público y satisfacer diferentes necesidades colectivas.

Asimismo, explicó que el desconocimiento del interés general puede configurar la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, esto es, que el contrato se celebre en contra de expresa proh ibición constitucional o legal. Finalmente, aseveró que, como los medicamentos continuaban en bodegas8

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual. de propiedad de particulares, no se cumplió con el objetivo del contrato 380, que era atender a la población afectada por la ola invernal.

1.2.6 Incumplimiento del contrato: Precisó que el contrato 380 de 2007 era de

de propiedad de particulares, no se cumplió con el objetivo del contrato 380, que era atender a la población afectada por la ola invernal.

1.2.6 Incumplimiento del contrato: Precisó que el contrato 380 de 2007 era de compraventa, en lugar de ser de suministro, ya que las prestaciones no fueron periódicas, sino de ejecución instantánea. Luego, afirmó que era una obligación de la fundación entregar los bienes en la Secretaría de Salud del departamento, pero que los mismos fueron llevados a unas bodegas privadas, razón por la cual era posible predicar un incumplimiento contractual.

2. Actuaciones procesales en primera instancia:

Por medio del auto del 4 de marzo de 2009 (fl. 311, c1), el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda, y ordenó su notificación al representante legal de la fundación demandada y al Ministerio Público, cancelar los gastos de notificación, fijar en lista el proceso por el término de 10 días, y reconocerle personería al apoderado de la parte actora.

2.1 Contestación de la demanda:

En atención a que no fue posible notificar personalmente a la demandada, el a quo, a través del auto del 28 de agosto de 2009 (fls. 325 – 327, c1), ordenó surtir su emplazamiento -al demandante se le requirió para que aportara la publicación del emplazamiento-.

El 20 de junio de 2013, el apoderado de la parte actora aportó la copia del periódico en el que se publicó el edicto emplazatori o (fls. 418 – 419, c2). Ante la no

emplazamiento-.

El 20 de junio de 2013, el apoderado de la parte actora aportó la copia del periódico en el que se publicó el edicto emplazatori o (fls. 418 – 419, c2). Ante la no comparecencia de los emplazados, por medio del auto del 6 de agosto de 2013 (fl. 421, c2), el tribunal de primera instancia designó a un curador ad litem.

El 3 de octubre de 2013, la curadora ad litem de la accionada contestó la demanda (fl. 426, c2). Afirmó que no le constaban los hechos o las declaraciones de la misma, por lo que debían probarse. Igualmente, aseguró que no poseía elementos probatorios relacionados con este asunto, por lo que se abstuvo de formular cualquier tipo de excepciones.9

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual.

2.2 Alegatos de conclusión:

Vencido el periodo probatorio, en auto del 16 de mayo de 2014 (fl. 769, c2), el Tribunal Administrativo de Bolívar corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera su concepto. Tanto las partes, como el Ministerio Público guardaron silencio.

3. La sentencia impugnada:

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió la sentencia del 11 de junio de 2015 (fls. 780 – 797, c. ppl.), en la que decidió lo siguiente:

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió la sentencia del 11 de junio de 2015 (fls. 780 – 797, c. ppl.), en la que decidió lo siguiente:

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad absoluta del contrato No. 380 de 2007 suscrito entre el Departamento de Bolívar y la FUNDACIÓN TRABAJAR POR COLOMBIA, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin lugar a restituciones mutuas entre las partes contratantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

CUARTO: COMPÚLSESE copias tanto a la Procuraduría General de la Nación como a la Fiscalía General de la Nación para que estudien la viabilidad jurídica de adelantar las investigaciones disciplinarias y penales en las que pudieron haber incurrido los funcionarios del departamento de Bolívar, que suscribieron el contrato de compraventa No. 380 de 2007 que se anula.

QUINTO: Por Secretaría devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar. Desanótese en los libros correspondientes y archívese una copia de esta providencia en los copiadores de este Tribunal.

Para sustentar esta determinación, enunció las causales de nulidad absoluta de los contratos estatales, previstas en los artículos 44 de la Ley 80 de 1993 y 1741 del Código Civil. Posteriormente, analizó cuáles eran los requisitos previstos en la ley para la venta y comercialización de medicamentos, concluyendo que esta actividad se encontraba sometida a normas de derecho público, por su relación con la

Código Civil. Posteriormente, analizó cuáles eran los requisitos previstos en la ley para la venta y comercialización de medicamentos, concluyendo que esta actividad se encontraba sometida a normas de derecho público, por su relación con la protección de la salud pública3.

3 La sentencia de primera instancia indicó: “El tema de la producción, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, entre otros, es a juicio de esta Corporación un asunto de derecho público de la nación, que tiene su regulación primaria en la ley, que desarrolla la reglamentación en diferentes normas […]. Así pues, no queda duda que el almacenamiento, comerci alización o distribución de medicamentos o dispositivos médicos, se sujeta a una regulación que impone en cabeza de quienes ejerzan estas actividades una serie de obligaciones y requerimientos, como las autorizaciones que deben obtenerse, además de estar s ujetos a la inspección y vigilancia de las autoridades a las cuales, las normas atribuyen tales competencias, como son las entidades territoriales de salud, la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima-”. (fls. 793 – 794, c. ppl.).10

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual.

Aseguró que el Departamento de Bolívar debió verificar que el contratista contara con las autorizaciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato, obligación que no se disminuía por encontrarse en una situación de urgencia. Para el a quo, era incomprensible que el demandante hubiera verificado el cumplimiento de varios

con las autorizaciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato, obligación que no se disminuía por encontrarse en una situación de urgencia. Para el a quo, era incomprensible que el demandante hubiera verificado el cumplimiento de varios requisitos, así fueran de menor importancia, pero que no constatara que la fundación contaba con los permisos de funcionamiento exigidos por el ordenamiento para el almacenamiento, la comercialización y la distribución de medicamentos. De esta forma, como no se acreditó que el contratista estuviera autorizado para vender estos insumos, concluyó que el contrato 380 de 2007 estaba viciado de nulidad por ilicitud de su objeto, pues se desconocieron normas de obligatorio cumplimiento.

Afirmó que, como en este caso, no había certeza de que el contratista le hubiese entregado al departamento la totalidad de los medicamentos, ni que este cancelara el valor del contrato, no existían elementos suficie ntes para formular pronunciamiento alguno en relación con las restituciones mutuas4.

Finalmente, no estudió la pretensión de incumplimiento, porque es un presupuesto indispensable para analizar el cumplimiento de las partes, que el contrato sea válido.

4. Recurso de apelación:

El 24 de agosto de 2015, el Departamento de Bolívar interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 799 – 804, c. ppl.), solicitando que se ordenaran las restituciones mutuas entre las partes.

El recurrente afirmó que existían pruebas de que los medicamentos no fueron entregados al departamento, pero que este sí pagó lo correspondiente al valor del contrato.

ordenaran las restituciones mutuas entre las partes.

El recurrente afirmó que existían pruebas de que los medicamentos no fueron entregados al departamento, pero que este sí pagó lo correspondiente al valor del contrato.

Aseveró que, si bien la coordinadora del Programa de Urgencias, Emergencias y Desastres y la jefe de la bodega del departamento aseguraron que el contratista entregó a satisfacción los productos objeto del contrato, a partir del informe de la

4 En concreto, se lee: “Ahora bien, como en el caso que nos ocupa, se trata de un contrato de compraventa en donde no existe certeza del recibo completo y total de los medicamentos e insumos por parte del Depar tamento de Bolívar, ni menos aún conoce esta Corporación – porque no obra prueba alguna – si fue cancelado el monto del contrato que por esta sentencia se anula, no existen elementos para formular pronunciamiento alguno acerca de las restituciones mutuas, que sería lo procedente de ordenar conforme a las disposiciones legales” (fl. 796, c. ppl.).11

Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00712-01 (56.537).

Actor: Departamento de Bolívar.

Demandado: Fundación Trabajar por Colombia.

Referencia: Acción Contractual.

Contraloría Departamental de Bolívar, se demostró que los insumos no fueron suministrados a la Secretaría de Salud, ni fueron repartidos en los municipios. Por ello, como no hubo una entrega por parte del contratista, no había lugar a devoluciones por parte del accionante.

Adicionalmente, indicó que, según el informe de la coordinadora del Programa de Urgencias, Emergencias y Desastres, quien fue supervisora del contrato, el

devoluciones por parte del accionante.

Adicionalmente, indicó que, según el informe de la coordinadora del Programa de Urgencias, Emergencias y Desastres, quien fue supervisora del contrato, el departamento ejecutó el 100% de los recursos, por lo que los mismos debían ser restituidos5.

Explicó que, al momento de estimar la cuantía de la demanda, definió que la misma equivaldría al valor del contrato, que fue cancelado en su totalidad por e