CE - 130012331000201100201011SENTENCIASENTENCIA20230721122306

Radicado: 13001-23-31-000-2011-00201-01 (60742)

Demandante: Luis Eduardo Padilla Medina y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: Demandantes:

Demandado: Referencia: 13001-23-31-000-2011-00201-01 (60742)

Luis Eduardo Padilla Medina y otros. La Nación — Fiscalía General de la Nación; Ministerio de Defensa — Policía Nacional. Acción de reparación directa. Tema 1: Responsabilidad del Estado por la administración de justicia. Subtema 1.1. Privación injusta de la libertad. Subtema 1.2. Ley 600 de 2000. Subtema 1.3. Daño antijurídico - no configurado. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 2013 1 , resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 16 de diciembre de 2014, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS La Fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a Luis Eduardo Padilla Medina por el delito de extorsión y, con posterioridad al cierre de la instrucción, le concedió el beneficio de la libertad provisional por haber operado el

I. SÍNTESIS La Fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a Luis Eduardo Padilla Medina por el delito de extorsión y, con posterioridad al cierre de la instrucción, le concedió el beneficio de la libertad provisional por haber operado el vencimiento del término para la calificación del sumario. Sin embargo, una vez proferida la resolución de acusación, el ente instructor varió la calificación jurídica provisional por considerar que los elementos que estructuraban el comportamiento reprochado correspondían al delito de estafa en grado de tentativa. Luego, un Juez Penal Municipal decretó su absolución en primera instancia por existir duda en torno a su responsabilidad. Los demandantes califican como injusta la privación de la libertad a la que fue sometido el señor Padilla Medina.

II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Luis Eduardo Padilla Medina junto con algunos de sus familiares más cercanos, presentaron, el 24 de marzo de 2011 2 , demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación — Fiscalía General de la Nación; Ministerio de Defensa — Policía Nacional—, en la que solicitaron declarar administrativa responsable a la entidad y condenarla al pago de los perjuicios causados con ocasión de la privación de la libertad que aquel soportó dentro de la investigación criminal radicada al núm. 172.285, I En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: "los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, 00 conscriptos y, (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno (..4 " .

2 Folios 1 a 62 C.2.Radicado: 13001-23-31-000-2011-00201-01 (60742) Demandante: Luis Eduardo Padilla Medina y otros 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante auto de fecha 9 de mayo de 2011 3 , notificado a las entidades accionadas 4 . La Nación — Fiscalía General de la Nación — se pronunció oportunamente, con escrito en el que se opuso a las pretensiones formuladass. Como argumento defensivo, expresó que su actuación se adelantó con fundamento en las normas constitucionales y penales vigentes para la época de los hechos, así como en los elementos probatorios recaudados en el marco de la instrucción criminal que daban cuenta de la participación del demandante en la conducta punible investigada. Por su lado, la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional — manifestó también su oposición a las súplicas de la demanda y remarcó que, los eventuales perjuicios que hayan podido sufrir los demandantes por la detención de Luis Eduardo Padilla, en ningún modo podían ser atribuidos a las autoridades de policía, en tanto su actuación se limitó a dar cumplimiento a la orden judicial en virtud de la cual se adelantó la diligencia de allanamiento y registro que dio lugar a la captura del actor 6 . Una vez agotada la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo 7 . Así lo hizo la demandada Nación, por conducto de la Fiscalía General de la Nación, quien no solo se opuso al reconocimiento de los perjuicios solicitados en

Público para que aquellas alegaran de conclusión y éste rindiera concepto de fondo 7 . Así lo hizo la demandada Nación, por conducto de la Fiscalía General de la Nación, quien no solo se opuso al reconocimiento de los perjuicios solicitados en la demanda, sino que, adicionalmente, manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, en tanto el proceso penal que dio lugar a la detención del actor tuvo origen en un informe de inteligencia suscrito por agentes de policía judicia1 8 . Los demandantes, por su parte, luego de citar algunas sentencias del Consejo de Estado relativas al régimen de responsabilidad aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, alegaron que la absolución de que fue objeto el sindicado revelaba la injusticia de la medida de detención preventiva impuesta en su contra 8 . El Ministerio Público presentó concepto de fondo, en el que consideró que el daño consistente en la restricción de la libertad del señor Luis Eduardo Padilla Medina se tomó antijurídico, comoquiera que la actuación penal en la que aquella fue decretada culminó con una providencia de carácter absolutorio 16 . 2.3. La sentencia recurrida El Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 16 de diciembre de 2014 11 , analizó la responsabilidad del Estado bajo el régimen objetivo, y consideró que la privación de la libertad padecida por Luis Eduardo Padilla Medina constituyó la materialización de una carga que éste no estaba obligado a soportar, en la medida que la investigación penal iniciada en su contra finalizó con una providencia de carácter absolutorio, por lo que encontró acreditado el daño antijurídico objeto de

materialización de una carga que éste no estaba obligado a soportar, en la medida que la investigación penal iniciada en su contra finalizó con una providencia de carácter absolutorio, por lo que encontró acreditado el daño antijurídico objeto de la pretensión de reparación, daño que imputó a la Fiscalía General de la Nación, en cuanto fue un órgano perteneciente a la estructura de esa entidad quien determinó la privación de la libertad del entonces sindicado. En consecuencia, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la 3 Folios 65 a 67 c.2. 4 Folios 73 a 75 C.2. 6 Folios 77 a 86 C.2. 6 Folios 87 a 94 C.2. 7 Folio 155 C.2. 6 Folios 156 a 168 C.2. 9 Folios 179 a 182 C.2. 19 Folios 169 a 178 C.2. 11 Folios 188 a 212 C. Ppal. 2Radicado: 13001-23-31-000-2011-00201-01 (60742) Demandante: Luis Eduardo Padilla Medina y otros Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, así como patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Luis Eduardo Padilla, razón por la cual condenó a esta entidad al pago de perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante. 2.4. El recurso de apelación La Nación - Fiscalía General de la Nación, en el recurso de apelación interpuesto el 10 de septiembre de 2015' 2 , solicitó la revocación de la sentencia de primera

2.4. El recurso de apelación La Nación - Fiscalía General de la Nación, en el recurso de apelación interpuesto el 10 de septiembre de 2015' 2 , solicitó la revocación de la sentencia de primera instancia. Como fundamento de su petición, argumentó que la privación de la libertad de que fue objeto Luis Eduardo Padilla Medina no podía calificarse como injusta, comoquiera que las decisiones adoptadas en el marco de la investigación a la que aquel fue vinculado se ajustaron a las exigencias formales y materiales dispuestas en la normatividad penal vigente para la época de los hechos, tanto como a los medios de prueba allegados en debida forma a la actuación criminal que daban cuenta de la participación del procesado en el delito que se le endilgaba. 2.5. Conciliación Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal Administrativo de Bolívar convocó a las partes a audiencia de conciliación 13 , diligencia que celebrada como fue el 28 de noviembre de 2017 14 , se declaró fallida ante la ausencia de una fórmula de arreglo que permitiera lograr entre aquellas un acuerdo conciliatorio; por lo que dicha Corporación concedió el recurso de apelación formulado por la entidad demandada". 2.6. Trámite procesal relevante en segunda instancia Esta Corporación admitió el recurso de apelación, con auto del 28 de febrero de 2018 16 . Por auto del 16 de mayo de 2018 17 , se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. En esta oportunidad procesal, la entidad apelante dijo que el

Por auto del 16 de mayo de 2018 17 , se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. En esta oportunidad procesal, la entidad apelante dijo que el Tribunal, en la sentencia de primera instancia, se abstuvo de analizar la legalidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva dictada en contra del ahora accionante y, por tanto, de determinar si esa decisión que ordenó la privación de su libertad fue producto de una actuación arbitraria y violatoria de los procedimientos legales". Por su parte, el Ministerio Público, a través del Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales —quien actualmente forma parte de esta Subsección— rindió concepto de fondo", en el que luego de analizar el asunto bajo el régimen objetivo de responsabilidad, concluyó que la detención padecida por el señor Luis Eduardo Padilla Medina se tomó injusta con la providencia que lo exoneró de responsabilidad penal y, en consecuencia, solicitó la confirmación del fallo de primer grado. 12 Folios 219 a 225 C. Ppal. 13 Folio 389 C. Ppal. 14 Folios 390 a 391 C. Ppal. 15 Ibid. 16 Folio 395 C. Ppal. 17 Folio 397 C. Ppal. 16 Folios 398 a 416 C. Ppal. 19 Folios 418 a 422 C. Ppal. 3Radicado: 13001-23-31-000-2011-00201-01 (60742) Demandante: Luis Eduardo Padilla Medina y otros Mediante escrito del 03 de mayo de 2023 el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en

Demandante: Luis Eduardo Padilla Medina y otros Mediante escrito del 03 de mayo de 2023 el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en calidad de agente del Ministerio Público 2 °. Con el fin de resolver el impedimento, el doctor Yepes Corrales se retiró del recinto para que los demás integrantes de Sala decidieran de conformidad, luego de lo cual, aquellos encontraron fundada la manifestación de impedimento y aceptaron la solicitud del doctor Yepes de separarse del conocimiento del asunto.

III. PROBLEMA JURÍDICO En atención a los presupuestos de la responsabilidad patrimonial pública, que, en nuestro caso, deben inferirse del artículo 90 de la Constitución Política, y en función de los reproches que la recurrente formula a la sentencia de primera instancia, la Sala encuentra necesario dar respuesta al siguiente problema jurídico: ¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad a la que fue sometido Luis Eduardo Padilla Medina como consecuencia de la ejecución de la medida de aseguramiento de detención preventiva dictada en su contra por el delito de extorsión, pese a que el proceso penal en la que ésta fue impuesta culminó con decisión de absolución por existir duda en torno . a la responsabilidad del incriminado?

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede a resolver el problema atinenté al fondo de la Os habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 de 1996 y á la naturaleza del asunto 21 , así como al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que

consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la ley 270 de 1996 y á la naturaleza del asunto 21 , así como al oportuno ejercicio que de la acción hizo la parte demandante, ya que la providencia absolutoria dictada el 18 de noviembre de 2009 por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Cartagena 22 , cobró ejecutoria el 26 de noviembre de esa anualidad 23 . Por lo tanto, el término de caducidad corría desde el 27 de noviembre de 2009 hasta el 27 de noviembre de 2011, pero este se suspendió el 20 de enero de ese mismo año 24 con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicia1 25 , cuando aún restaban 10 meses y 7 días para que feneciera dicho plazo legal. Comoquiera que la constancia en la que se declaró agotado el requisito de procedibilidad fue expedida por la Procuraduría 130 Judicial 11 para Asuntos 20 Indice 18 de SAMAI. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00 (34985). 22 Folios 361 a 373 C.3. 23 Comoquiera que la sentencia absolutoria fue notificada a las partes que no lo habían sido personalmente mediante edicto que, por el término legal de tres (3) días, se fi jó el 19 de noviembre de 2009 en la secretada

del juzgado de conocimiento (edicto visible a folio 374 C.3.) y, según el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, las providencias quedaban ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no fueron interpuestos los recursos legalmente procedentes, lo que no se observa en este caso. 24 'Decreto 1716 de 2009. Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 ° de la Ley 640 de 2001, o c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero. (. ..)". 23 La fecha de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial se observa en el acta expedida el 16 de marzo de 2011 por la Procuraduría 130 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bolívar, obrante a folios 44 a 46 C.2. 4Radicado: 13001-23-31-000-2011-00201-01 (60742) Demandante: Luis Eduardo Padilla Medina y otros Administrativos de Bolívar el 16 de marzo de 2011 26 , se impone concluir que, la demanda presentada el 24 de marzo de ese año 27 , lo fue en tiempo 28 . 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Luis Eduardo Padilla Medina, como sujeto pasivo de la privación de la libertad; Sandy Gamarra Torres,

4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Luis Eduardo Padilla Medina, como sujeto pasivo de la privación de la libertad; Sandy Gamarra Torres, quien demuestra ser su cónyuge 29 ; Luis Ernesto Padilla Gamarra" y Jeimmer Eduardo Padilla Gamarra 31 , acreditados como sus hijos; Rosmine Medina Villa y Eduardo Padilla Torres, quienes prueban ser los padres de Luis Eduardo 32 ; Dinaida Herrera Medina 33 , Euclides Herrera Medina 34 y Cesar Herrera Medina 35 , acreditados como sus hermanos. Y en lo que atañe al extremo pasivo de la Os, la persona jurídica llamada a responder en este asunto es la Nación, representada por el Fiscal General de la Nación , puesto que fue un órgano de la entidad que él regenta quien tramitó la instrucción criminal, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva y resolución de acusación contra el mencionado actor. Al punto, habrá que decir que el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la sentencia recurrida, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la Nación — Ministerio de Defensa — Policía Nacional porque, a su juicio, dicha entidad se limitó a dar cumplimiento a las órdenes judiciales emanadas de la Fiscalía General de la Nación. Como este punto no fue motivo de controversia ni de sustentación en el recurso de apelación, la Sala no dirá nada al respecto en recta aplicación de la sentencia de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación 37 , al tratarse de un asunto de la lifts que ha quedado definido con la decisión de primera instancia.

sentencia de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación 37 , al tratarse de un asunto de la lifts que ha quedado definido con la decisión de primera instancia. 4.2. En relación con el problema jurídico formulado 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia prescribe que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad 2° 'bid. 27 Folios 1 a 62 C.2. 2° CCA. Artículo 136.8 "Caducidad de las acciones. (. ..) La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. (...)". 2° La copia auténtica del registro civil de matrimonio con indicativo serial 05413917, obrante a folio 25 C.2., demuestra que Sandy Gamarra Torres es cónyuge de Luis Eduardo Padilla Medina. 3° La copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 35260648, obrante a folio 26 C.2., denota que Luis Ernesto Padilla Gamarra es hijo de Sandy Gamarra Torres y Luis Eduardo Padilla Medina. 31 La copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 26474528, obrante a folio 27 C.2., acredita que Jeimmer Eduardo Padilla Gamarra es hijo de Sandy Gamarra Torres y Luis Eduardo Padilla Medina.

32 La copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 8719362, visible a folio 22 C.2., refleja que Luis Eduardo Padilla Medina es hijo de Rosmine Medina Villa y Eduardo Padilla Torres. 33 Conforme con la copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 41587780, visible a fono 33 C.2., se observa que Dinaida Herrera Medina es hija de Rosmine Medina Villa y, por tanto, hermana de Luis Eduardo Padilla Medina. 34 Según la copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 41587781, visible a folio 37 C.2., se observa que Euclides Herrera Medina es hijo de Rosmine Medina Villa y, por tanto, hermano de Luis Eduardo Padilla Medina. 3° De acuerdo con la copia auténtica del registro civil de nacimiento con indicativo serial 44345015, visible a folio 40 C.2., se observa que Cesar Herrera Medina es hijo de Rosmine Medina Villa y, por tanto, hermano de Luis Eduardo Padilla Medina. 3° La Fiscalía General de la Nación "representa a la Nación en aquellos asuntos contencioso administrativos que se susciten con ocasión de sus actuaciones u omisiones". Al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—. Auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 20420. 37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21.060.Radicado: 13001-23-31-000-2011-00201-01 (60742) Demandante: Luis Eduardo Padilla Medina y otros patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas.

Demandante: Luis Eduardo Padilla Medina y otros patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 38 , lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialistica rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del dañosg. Debe surgir, una inadecuada

puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del dañosg. Debe surgir, una inadecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medida" -41 , y los elementos de juicio invocados por el operador jurídico con sustento en los medios materiales probatorios recabados, de modo tal que se reduzca a una apariencia de la responsabilidad del implicado en el asunto (razonabilidad). Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el delito 42 . 38 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771. 38 «[Eh juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se aPartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio dO causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del titulo de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. Corte Constitucional, sentencia SU -072 de 2018. 4° "Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el articulo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del

judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el articulo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva". CORTE IHD, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C N° 35, párr. 77. 41 "Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La prisión preventiva no es una excepción a esta regla. Como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. [...]

105. Otra condición del carácter cautelar de la prisión preventiva es que está llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto (provisionalidad)". COMISIÓN IDH.

Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 100 y 102 y 105. 42 "La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe

100 y 102 y 105. 42 "La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción". CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122.Radicado: 13001-23-31-000-2011-00201-01 (60742) Demandante: Luis Eduardo Padilla Medina y otros 4.2.3. Pues bien, conforme a las pruebas documentales practicadas en el presente asunto, fueron acreditados los siguientes hechos: 4.2.3.1. La Unidad Investigativa del Gaula —informó las actividades adelantadas con relación a la identificación e individualización de unas personas involucradas en un caso de extorsión del cual venía siendo víctima la señora Arelis Carrascal Martínez, quien según se anotó en ese documento recibía cartas extorsivas provenientes del Ejército de Liberación Nacional

personas involucradas en un caso de extorsión del cual venía siendo víctima la señora Arelis Carrascal Martínez, quien según se anotó en ese documento recibía cartas extorsivas provenientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el que, le exigían la suma de $7.000.000 que debía pagar en fracciones en los meses de abril y septiembre a la cuenta número 5047007781137 43 — la Fiscalía Especializada Delegada ante el Gaula de Cartagena, mediante providencia del 21 de abril de 2005, ordenó la apertura de investigación previa así como la práctica de algunas diligencias tendientes a perfeccionar la actuación". 4.2.3.2. El día 4 de mayo de 2005, Luis Eduardo Padilla Medina —en compañía del señor Jorge Luis Leyva Ortiz— fue capturado 45 por miembros del Gaula Regional Cartagena y dejado a disposición de la Fiscalía Especializada Delegada ante el Gaula con oficio No. 0296/UNIPJ-GAULA del 5 de mayo de 2005 46 , en el que se consignó: "respetuosamente me permito dejar a disposición de ese despacho judicial, a los Señores JORGE LUIS LEYVA ORTIZ (...) y LUIS EDUARDO PADILLA MEDINA (...), los antes mencionado (sic) fueron capturados en flagrancia el día de ayer, a las 10:30 horas aproximadamente en el Barrio Santa Lucia en la corporación CONAVI de esta ciudad, momentos en que realizaban operaciones en el cajero electrónico de esa entidad, con el fin de retirar la suma de siete millones de pesos $7'000.000.00, en desarrollo de la operación Antiextorsión que realizó personal de esta unidad, quienes venían extorsionando a la señora ARELYS

electrónico de esa entidad, con el fin de retirar la suma de siete millones de pesos $7'000.000.00, en desarrollo de la operación Antiextorsión que realizó personal de esta unidad, quienes venían extorsionando a la señora ARELYS CARRASCAL MARTINEZ". 4.2.3.3. Por resolución de fecha 5 de abril de 2005, la Fiscalía Especializada Delegada ante el Gaula de Cartagena ordenó la apertura de la instrucción en contra de Luis Eduardo Padilla Medina y Jorge Luis Leyva Ortiz por el delito de extorsión y, dispuso no solo la legalización de la captura de los señores antes enunciados sino, además, la práctica de otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos motivo de investigación 47 . 4.2.3.4. El señor Luis Eduardo Padilla Medina rindió indagatoria el 6 de mayo de 2005 ante la Fiscalía Especializada Delegada ante el Grupo Gaula de Cartagena". 4.2.3.5. La Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Cartagena, por resolución expedida el 16 de mayo de 2005, decidió la situación jurídica de Luis Eduardo Padilla Medina y Jorge Luis 43 Copia auténtica del oficio No. 0261 del 20 de abril de 2005 dirigido por el Gaula Regional Cartagena al Fiscal Especializado obra a folios 63 a 64 ca.

decidió la situación jurídica de Luis Eduardo Padilla Medina y Jorge Luis 43 Copia auténtica del oficio No. 0261 del 20 de abril de 2005 dirigido por el Gaula Regional Cartagena al Fiscal Especializado obra a folios 63 a 64 ca. " Copia auténtica de la providencia de apertura de investigación previa obra a folios 65 a 66