CE - 130012331002200700876011SENTENCIASENTENCIA20230727110118

Radicado: 13-001-23-31-002-2007-00876-01 (61126)

Demandante: David Reinaldo García García y otros

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Radicado número: 13-001-23-31-002-2007-00876-01 (61126)

Demandantes: David Reinaldo García García y otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa.

Tema 1: Privación injusta de la libertad - Ley 600 de 2000. Subtema 1.1. Daño antijurídico no acreditado. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25 de abril de 20131, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la Nación - Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión No. 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar el 21 de agosto de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS La Fiscalía Seccional Séptima de Cartagena vinculó, mediante indagatoria, a David Reinaldo García García —soldado regular que se encontraba prestando servicio militara la investigación penal seguida en su contra por el delito de Rebelión, en consecuencia, libró orden de captura en su contra, que se materializó el 5 de

Reinaldo García García —soldado regular que se encontraba prestando servicio militara la investigación penal seguida en su contra por el delito de Rebelión, en consecuencia, libró orden de captura en su contra, que se materializó el 5 de septiembre de 2003; luego, al definir su situación jurídica, le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, que se hizo efectiva hasta el 25 de febrero de 2004, como colofón de la concesión de beneficio de libertad provisional otorgado por el ente instructor. Finalmente, el mérito del sumario se calificó con preclusión el 20 de abril de 2006 por la insuficiencia demostrativa de la única prueba de cargos —testimonio del denunciante-, decisión ejecutoriada a partir del 24 de mayo de 2006. En consecuencia, a este contencioso concurrieron el investigado y sus familiares más próximos con el cometido de reclamar la indemnización de los daños sufridos por la privación de la libertad parecida con ocasión a la instrucción del sumario penal seguido en su contra.

II. ANTECEDENTES 1 En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aprobó: 'los expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (u) conscriptos y, (üi) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno ( ... )".Radicado: 13-001-23-31-002-2097-00876-01 (61126)

Demandante: David Reinaldo García García y otros

2.1. La demanda 2

turno ( ... )".Radicado: 13-001-23-31-002-2097-00876-01 (61126)

Demandante: David Reinaldo García García y otros

2.1. La demanda 2 El 19 de diciembre de 2007, David Reinaldo García García, así como varios de sus familiares más próximos, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de que se la declare administrativamente responsable por 'la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a todos los démandantes, a raíz de las detenciones preventivas a que fue sometido [.. .J por un (apso de más de 157 días y haber sido exonerado por PRECLUSION DE LA INVESTIGACION definitiva'. En consecuencia, solicitó el reconocimiento y pago dp los perjuicios morales, materiales (daño emergente y lucro cesante), psicolóqicos y por alteración a las condiciones de existencia 5 . 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia • La demanda fue admitida mediante auto del 11 de feb?ero de 20086 notificado en debida forma 7 , sin embargo, el libelo introductorio fue posteriormente adicionado y corregido 8 , escrito que también fue aceptado por el Tribunal a través de proveído del 5 de agosto de 2009. La accionada Nación - Fiscalía General de la Nación presentó contestaciones frente la demanda y su adición 10 , a través de los cuales se opuso a las pretensiones. Como razones de defensa, indicó que el señor David Reinaldo García García fue vinculado a la actuación a causa de la denuncia y testimonio presentados en su contra, con los cuales se jo sindicaba como miembro

se opuso a las pretensiones. Como razones de defensa, indicó que el señor David Reinaldo García García fue vinculado a la actuación a causa de la denuncia y testimonio presentados en su contra, con los cuales se jo sindicaba como miembro y colaborador del Frente 37 de las FARC-EP, en tal sentido, arguyó que apremiaba la instrucción de las pesquisas, pues era necesario esclarecer los hechos delictivos, sin perjuicio de que estas terminaran con la preclusión, resultado que no implica que el proceder del ente instructor haya sido irregular, máxime que el sindicado se encontraba en la obligación de soportar el daño padecidó. Surtido el traslado de la demanda, el Tribunal, a través de proveído del 27 de mayo de 201011, decretó las pruebas solicitadas por las partes 12 , subetapa que, luego de ser concluida, dio mérito para que se corriera traslado a las partes para alegar de conclusión y al delegado del Ministerio Público para que rindiera concepto 13 , oportunidad aprovechada por los sujetos procesales con reiteración de sus posiciones 14. 2 Escrito inicial de folios 1 a 14 C . l. y adición de folios 69 y 70 íd. Según fecha inscrita en el sello de radicado de folio 14 C. y acta individual de reparto de folio 44 ibídem. Sumario identificado con el radicado No. 126.985. Pretensiones vistas a folios 1 a 3 C . l. 6 Auto de folio 46 C . 1. Folio 47 Ci. 6 Folios 69 y 70 C . l. Auto de folio 74 C . l., y, notificación de la adición de folio 87 íd.

6 Auto de folio 46 C . 1. Folio 47 Ci. 6 Folios 69 y 70 C . l. Auto de folio 74 C . l., y, notificación de la adición de folio 87 íd. ° Folios 60 a 68 y 88 a 89 C . l. 11 Auto de folios 96 a 98 C.1. 12 Decretó la documental aportada con la demanda, as¡ como la oficiada solicitada ante la Fiscalía Once Seccional de Cartagena, el Comandante del Batallón de Infantería de Marina N°3 de Malagana y la testimonial deprecada por este extremo procesal; denegó la documental oficiada ante la el Ejército Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Decretó la documental oficiada ante el FOSYGA y el interrogatorio de parte pedido por la demandada. Decisión que no fue recurrida por las partes. 13 Auto de folio 220 C.2. 14 Escritos visibles a folios 226 a 242 C.2. y 243 a 244 íd. 2Radicado: 13-001-23-31-002-2007-00876-01 (61126)

Demandante: David Reinaldo García García y otros

2.3. La sentencia recurrida La Sala de Descongestión No. 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia de primera instancia el 21 de agosto de 201515, mediante la que declaró administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad padecida por David Reinaldo García García, y en consecuencia, ordenó el pago de $4503452 por lucro cesante, y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para cada uno de los siguientes

privación injusta de la libertad padecida por David Reinaldo García García, y en consecuencia, ordenó el pago de $4503452 por lucro cesante, y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para cada uno de los siguientes demandantes: el afectado principal, sus padres (José Gertrudis García Martínez y Rubia Isabel García Castro), así como 25 SMLMV para cada uno de sus hermanos (Dubis Judith, Vilma Indira, Elsy Emperatriz, Margelis Isabel, Alicia del Rosario, Liliana Gregoria, José Arturo, Dalis Catherine, Karen Rubiela y Carlos Andrés García García), y, denegó las demás súplicas. Para arribar a la antedicha decisión, el Tribunal se decantó por el régimen objetivo, de ahí que —a su juiciofue suficiente con la demostración de la detención padecida y el desenlace de las pesquisas con preclusión para condenar al órgano demandado. 2.4. Los recursos La Parte Actora 16 apeló la sentencia de primera instancia con el cometido que se revisara el reconocimiento de los perjuicios, concretamente para que se reconociera el daño por la alteración a las condiciones de existencia de los demandantes, luego de la aprehensión padecida por David Reinaldo García García. Para ello, se valió de lo que consideró como una valoración incorrecta realizada por el a quo a los testimonios de Carlos Arturo Díaz Pájaro y Eduardo Enrique Monterrosa. La Nación - Fiscalía General de la Nación 17 recurrió la sentencia dictada por el Tribunal con el cometido que en esta instancia se procediera a su revocación, yen su lugar, se negaran las súplicas de la demanda. Los motivos de inconformidad fueron los siguientes:

Tribunal con el cometido que en esta instancia se procediera a su revocación, yen su lugar, se negaran las súplicas de la demanda. Los motivos de inconformidad fueron los siguientes: (1) Afirmó que la actuación a su cargo se llevó a cabo en estricto acatamiento de los cometidos funcionales de investigación e instrucción penal (art. 250 C.N.), y en ese sentido, acreditó las exigencias previstas en el Artículo 356 de la Ley 600 de 2000 para dictar la medida de aseguramiento en contra de David Reinaldo García García (valiéndose para ello de la declaración de un testigo que lo señalaba como miembro del grupo subversivo FARC-EP). (ji) Precisó que la privación de la libertad padecida no se constituyó como un daño antijurídico, comoquiera la preclusión de las pesquisas se sustentó en la duda probatoria que le asistía a la Fiscalía para calificar el sumario, más no porque la investigación se haya surtido irregular o irrazonadamente, de modo tal que al aquí accionante le correspondía el deber de acreditar que el actuar del ente instructor fue ilegal, injusto o desproporcionado, hecho que no se esclareció en el presente asunto. (iii) No existió falla en el servicio toda vez que la Fiscalía, en cada subetapa de la actuación penal, actuó conforme a las exigencias y grados de convencimiento exigidos en la ley adjetiva vigente. Tan fue así que inició la investigación con base en la información legalmente obtenida que lo sindicaba de pertenecer a un grupo armado ilegal, indagaciones que dieron mérito para su aprehensión física y posterior definición de la situación jurídica, empero, al momento de

base en la información legalmente obtenida que lo sindicaba de pertenecer a un grupo armado ilegal, indagaciones que dieron mérito para su aprehensión física y posterior definición de la situación jurídica, empero, al momento de calificar el mérito del sumario, la misma Fiscalía concluyó que el acervo 15 Folios 279 a 306 C. Apelación. 16 Recurso de folios 308 a 309 C. Apelación 17 Recurso de folios 310 a 313 C. Apelación. 3Radicado: 13-001-23-31-002-2007-00876-01 (61126)

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probatorio era insuficiente para formular acusación, comoquiera que no permitía demostrar más allá de toda duda la culpabilidad y antijuridicidad del actuar ilícito endilgado, colofón que de ninguna mnera denota una falla en la instrucción, sino, por el contrario, que no cabía la posibilidad de proseguir con el curso del sumario punible. 2.5. Conciliación Según lo prescrito en el Artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal convocó a audiencia de conciliación 18 , la cual fue evacuada el 25 de enero de 2018 1 9, y hubo de declararse fallida, razón por la cual, se concedieron las apelaciones mediante auto del 30 de enero de 201820. 2.6. Trámite relevante en segunda instancia Admitida la apelación el 11 de marzo de 201921, esta Corporación corrió traslado a los extremos procesales y al representante del Ministerio Público para alegar de conclusión en segunda instancia y emitir concepto, respectivamente 22 , oportunidad

Admitida la apelación el 11 de marzo de 201921, esta Corporación corrió traslado a los extremos procesales y al representante del Ministerio Público para alegar de conclusión en segunda instancia y emitir concepto, respectivamente 22 , oportunidad en la que solamente intervino la Fiscalía General de lai"Jación 23 con reiteración de los argumentos de defensa expuestos en el curso de laactuación y acotó una serie de argumentaciones asociadas al monto de los perjuicios reconocidos.

III. PROBLEMA JURÍDICO 3.1. De acuerdo con el Artículo 320 del Código Geheral del Proceso (CGP) 24 , aplicable de manera supletoria al procedimiento contenc ioso administrativo conforme el artículo 267 del CCA, dispone que "el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión" de ahí que el Canon 328 íd. prevé que la competencia funcional del juez de segun , da instancia será '7..] solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adóptar de oficio, en los casos previstos por la ley". Así, es apenas lógico comprender que el margen de apreciación del juez de la apelación se encuentra limitado por los a r gumentos expuestos por el recurrente en contra de la decisión que se hubiera adoptado en primera instancia, y que resultó desfavorable o perjudicial a sus derechos o iñterés 25 .

Ahora bien, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas

que resultó desfavorable o perjudicial a sus derechos o iñterés 25 . Ahora bien, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de ° Auto de folio 380 C. Apelación. 19 Acta de folio 382 C. Apelación. 20 Auto de folio 383 C. Apelación. 21 Folio. 388, C. Apelación. 22 Folio. 390, C. Apelación. 23 Folios 391 a 405 C. Apelación24 Normatividad aplicable al caso concreto debido a que la interposición de los recursos de apelación sub examine se realizó el 28 de agosto de 2015, y de acuerdo con lo señalado'en el auto proferido por la Sala Plena de esta Corporación, el 25 dejunio de 2014, expediente 2012-00395-01 (IJ) la Ley 1564 de 2012 (CGP) empezó a regir, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a partir del 1 0 de enero de 2014. 25 Se recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa ¡la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia

de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa ¡la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 9 deebrero de 2012, expediente 20104 y sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 4Radicado: 13-001-23-31-002-2007-00876-01(61126)

Demandante: David Reinaldo García García y otros

la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada" 26 . 3.2. Ahora bien, en el sub examine las alzadas fueron interpuestas por ambas partes, en ese orden, la Fiscalía General de la Nación formuló motivos de inconformidad frente a la declaratoria de responsabilidad, y la demandante censuró la denegación M reconocimiento del perjuicio asociado a la alteración a las condiciones de existencia, en este sentido, la Sala precisa que, como juez de segunda instancia, su competencia funcional se circunscribe a resolver los aspectos indicados en las apelaciones y, por lo tanto, le corresponde dar respuesta al siguiente interrogante: 3.2.1. ¿Es constitutiva de daño antijurídico, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, la privación de la libertad padecida por David Reinaldo García García, con ocasión a la instrucción del sumario penal No. 126.955 seguido en su contra por el delito de Rebelión, pese a que la actuación concluyó por preclusión de la investigación? Si el daño se revela antijurídico, la Subsección deberá establecer si el mismo le

por el delito de Rebelión, pese a que la actuación concluyó por preclusión de la investigación? Si el daño se revela antijurídico, la Subsección deberá establecer si el mismo le es imputable al organismo demandado y, si los perjuicios reconocidos a los actores se concedieron de acuerdo con la jurisprudencia unificada por esta Corporación sobre la materia.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito 4.1.1. La Sala procede al resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 y a la naturaleza del asunto 27 , así como al oportuno ejercicio que del medio de control hizo la parte demandante, ya que presentó su demanda el 19 de diciembre de 200728, esto es, dentro de los dos (2) años posteriores 29 al día siguiente a la ejecutoria de la providencia con la que se declaró la preclusión de la investigación seguida contra David Reinaldo García García, lo que sucedió a partir del 24 de mayo de 2006 30 -31 . 4.1.2. Dicha decisión tendrá tal alcance respecto de los siguientes demandantes que la Sala encuentra legitimados en causa por activa: DAVID REINALDO GARCIA 26 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de¡ 9 de febrero de 2012, expediente 20104 y sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005. 27 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008,

rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985). 26 Según fecha inscrita en el sello de radicado de folio 14 C. 1. y acta individual de reparto de folio 44 ibídem. 29 Articulo 136.8 del CCA. 30 constancia de ejecutoria vista a folio 321 C.1 de pruebas.// Art. 187 de la Ley 600 de 2000. 31 Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, expediente 46576: '[P]ara el caso en concreto fueron varias las personas vinculadas al proceso pena/ y /a resolución que precluyó /a investigación en beneficio de/ aquí accionante fue objeto de apelación en /o atinente a /a responsabilidad de otros sindicados. Sin embargo, dicho recurso no atacó la decisión que resultó a favor del señor ( ... ), /o que es pertinente para decidirla caducidad de/a acción de reparación directa a cargo de la Sala. ( ... ) [L]a Sala encuentra que si bien la preclusión de la investigación en beneficio del señor ( ... ), se decretó mediante Resolución ( ... ), proferida por la Fiscalía ( ... ), la cual no fue objeto de cuestionamiento en sede de apelación en ese especifico aspecto, los efectos ejecutorios de ese fallo quedaron suspendidos hasta que se resolvió tal recurso -así no atacara esa parle de la decisión-, bajo el entendido de que en nuestro sistema penal no existen ejecutorias parciales de las decisiones, pues debe conservarse la unanimidad de ejecución de las providencias, de suerte que la mencionada resolución cobro ejecutoria cuando se decidió la segunda instancia'

no existen ejecutorias parciales de las decisiones, pues debe conservarse la unanimidad de ejecución de las providencias, de suerte que la mencionada resolución cobro ejecutoria cuando se decidió la segunda instancia' También ver CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, auto del 3 de junio de 2009, exp.

31912. Reiterado en auto del 10 de julio de 2013, exp. 33973.

5Radicado: 13-001-23-31-002-2007-00676-01 (61126)

Demandante: David Reinaldo Garcia García y otros

GARCÍA32, como víctima directa de la privación de la libertad; sus padres JOSÉ GERTRUDIS GARCÍA MARTÍNEZ y RUBIA ISABEL GARCÍA CASTR0 33 ; y sus

hermanos DUBIS JUDITH GARCIA GARCIA 34 , VILMA INIRIDA GARCÍA

GARCÍA, ELSY EMPERATRIZ GARCÍA GARCÍA? 6 , MARGELYS ISABEL

GARCÍA GARCíA 37 ALICIA DEL ROSARIO GARCÍA GARCÍA38, LILIANA

GREGORIA GARCÍA GARCÍA, JOSÉ ARTURO GARCÍA GARCÍA°, DALIS

CATHERINE GARCÍA GARCÍA41, KAREN RUBIELÁ GARCÍA GARCÍA 42 y

CARLOS ANDRÉS GARCÍA GARCÍA.

Yen lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encúentra legitimada en causa a la NACION - FISCALÍA GENERAL DE LA NACION", comoquiera que a dicho órgano se le atribuyeron los daños derivados de la expedición de la medida de

a la NACION - FISCALÍA GENERAL DE LA NACION", comoquiera que a dicho órgano se le atribuyeron los daños derivados de la expedición de la medida de aseguramiento en contra de David Reinaldo García García, razón por la cual, se avala la concurrencia de dicho ente, a través de su representante legal, el Fiscal General de la Nación o su delegado. 4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada 4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se cpnfigure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (U) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. 4.2.2. La Ley 600 de 2000, vigente en el momento de Ioá hechos, establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva procedía cuando existieran dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con:'ena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 600 de 2000. Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del patrimonio lesionado no está obligado a soportar 46 , lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialística rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente

lesionado no está obligado a soportar 46 , lleva a entender que, en algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley y de la principialística rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo, resultar intrínsecamente injusto. Esa la razón por la que el juicio relativo a la juridicidad del daño no se agota 32 Registro Civil de Nacimiento No. 10218719 de folio 17 C . 1. y copia de la actuación penal seguida en su contra que milita en el cuaderno de pruebas 1. 33 Registro Civil de Nacimiento No. 10218719 de folio 17 C.1 31 Sobre la prueba de hijos de crianza ver sentencia 5C1171-2022 de la Cdrte Suprema de Justicia - Sala Civil Familia. 11 Registro Civil de Nacimiento No. 3397475 de folio 20 C.1 36 Registro Civil de Nacimiento No. 14487153 de folio 22 C.1 17 Registro Civil de Nacimiento No. 12255547 de folio 23 C.1 38 Registro Civil de Nacimiento No. 10513495 de folio 25 C.1 E Registro Civil de Nacimiento No. 12547990 de folio 27 C.1 ° Registro Civil de Nacimiento No. 10218698 de folio 29 C.1 41 Registro Civil de Nacimiento No. 10798621 de folio 31 C.1 42 Registro Civil de Nacimiento No. 14412930 de folio 33 C.1 ' Registro Civil de Nacimiento No. 20149808 de folio 35 C.1 ' La Sala observa que el hecho reputado como generador del daño, parte del dictado de la orden de captura y medida de aseguramiento de detención preventiva gestada por la Fiscalía Øn contra del señor Garcia Garcia.

La Sala observa que el hecho reputado como generador del daño, parte del dictado de la orden de captura y medida de aseguramiento de detención preventiva gestada por la Fiscalía Øn contra del señor Garcia Garcia. "Artículo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento: para los imputables la detención preventiva. ¡¡Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. II No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiérá de las causales de ausencia de responsabilidad. II Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: II 1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. [ ... ]". 46 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771. 6Radicado: 13-001-23-31-002-2007-00876-01 (61126)

Demandante: David Reinaldo García García y otros

con la verificación de la observancia del actuar conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe extenderse al análisis de su conformidad con ¡ajusticia. Así lo reclama un correcto entendimiento del articulo 90 de la Constitución Política de Colombia. Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no

Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del daño 47 . Debe surgir de una adecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medida 4849 , y la contribución que haya prestado la conducta del penalmente procesado a la configuración de la convicción con el grado de probabilidad que exigía la ley para su decreto, de una apariencia de su responsabilidad en el asunto (razonabilidad). Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de pena previsto para el de1itó 50 . 4.2.3. Pues bien, conforme a las pruebas documentales practicadas en el presente asunto, fueron acreditados los siguientes hechos: 4.2.3.1. A través de Oficio No. 421 CBFEIM-ASJUR-723 del 25 de agosto de 20035 1 , el Comandante del Batallón de Fuerzas Especiales l. M. de Cartagena, le solicitó a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía - Seccional Cartagena, que escuchara en declaración juramentada a Jairo Enrique Montes Mejía, toda vez que esta persona, además de pertenecer a la Red de 47 «[E]l juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una

47 «[E]l juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del articulo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del titulo de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. [.]". CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-072 de 2018. 48 'Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el articulo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de ¡ajusticia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva". CORTE IHD, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C N°35, párr. 77. 41 "Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La prisión preventiva no es una excepción a esta regla. Como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se

procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan. 1...] 105. Otra condición dei carácter cautelar de la prisión preventiva es que está llamada a regir sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto (provisional/dad)". COMISIÓN IDH. Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párr. 100y 102y 105. ° "La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autor