CE - 130012333000201300078011SENTENCIA20230613000000

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)

RADICACIÓN: 13001-23-33-000-2013-00078-01 (58638)

ACTOR: RAFAEL ENRIQUE ELJAIEK REALES Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADOInundación de predios aledaños al canal del Dique durante la ola invernal del segundo semestre del año 2010 / FUERZA MAYOR - Presupuestos. Configuración de la causal eximente de responsabilidad.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Trib unal Administrativo de Bolívar el 28 de octubre de 2016, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el mes de noviembre del año 2010 se presentó una inundación en los predios La María, Cerrito, Mi Salvación, Santa Rita, Santa Fe y Bonanza, ubicados en el departamento de Bolívar, de propiedad de los demandantes, quienes no pudieron continuar con sus actividades productivas. La parte actora alega que la causa de la inundación fue el desbordamiento de las aguas contenidas en el canal del Dique, obra pública que generaba un riesgo excepcional para los habitantes de la zona y

continuar con sus actividades productivas. La parte actora alega que la causa de la inundación fue el desbordamiento de las aguas contenidas en el canal del Dique, obra pública que generaba un riesgo excepcional para los habitantes de la zona y frente a la cual las entidades demandadas han incumplido sus obligaciones de vigilancia y mantenimiento. Por su parte, las entidades demandadas afirman la configuración de la causal eximente de responsabilidad por fuerza mayor.2

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00078-01 (58638) Actor: Rafael Enrique Eljaiek Reales y otros Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presenta do el 7 de febrero de 2013 (fl.1 c. ppal 1), los señores Raschid Eljaiek Estarita, Rafael Enrique Eljaiek Reales, Raschid Farid Eljaiek Sagbini y Enrique Lucio Estarita Pereira, por conducto de apoderado judicial (fls.17 c. ppal 1), interpusieron demanda de reparación directa en contra de la NaciónMinisterio de Transporte, Instituto Nacional de Vías, Departamento de Bolívar, Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la MagdalenaCORMAGDALENA y la Corporación Autónoma Regional del Canal del DiqueCARDIQUE, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

Primera: Declarar patrimonialmente y solidariamente responsables a las entidades demandadas, MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO

NACIONAL DE VÍAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, CORMA GDALENA,

Primera: Declarar patrimonialmente y solidariamente responsables a las entidades demandadas, MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, CORMA GDALENA, CARDIQUE, de los daños sufridos por los señores RASCHID ELJAIEK ESTARITA, RAFAEL ENRIQUE ELJAIEK REALES, RASCHID FARID ELJAIEK SAGBINI y ENRIQUE LUCIO ESTARITA PEREIRA, como consecuencia del desbordamiento del Canal del Dique en el carreteable que de Calamar conduce a San Cristóbal, el día 28 de noviembre de 2010.

Segunda: Condenar a las entidades demandadas, MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CORMAGDALENA, CARDIQUE, al pago de los daños patrimoniales sufridos por los señores RASCHID FARID ELJAIEK SAGBINI y RAFAEL ENRIQUE ELJAIEK REALES, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, como consecuencia de la inundación de las fincas La María y el Cerrito, en las cuales ellos desarrollan la actividad ganadera.

Tercero: Condenar a las entidades demandadas, MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CORMAGDALENA, CARDIQUE, al pago de los daños patrimoniales sufridos por los señores RASCHID ELJAIEK ESTARITA y ENRIQUE L UCIO ESTARITA PEREIRA, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, como consecuencia de la inundación de las fincas Mi Salvación y Santa Rita,

sufridos por los señores RASCHID ELJAIEK ESTARITA y ENRIQUE L UCIO ESTARITA PEREIRA, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, como consecuencia de la inundación de las fincas Mi Salvación y Santa Rita, en las cuales ellos desarrollan la actividad ganadera.

Cuarta: Condenar a las entidades demandadas, MINI STERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CORMAGDALENA, CARDIQUE, al pago de los daños patrimoniales sufridos por el señor RASCHID ELJAIEK ESTARITA, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, como consecuencia de la inundación de las fincas Santa Fe y Bonanza, en las cual desarrolla la actividad ganadera.

Quinta: Condenar a las entidades demandadas, MINISTERIO DE TRANSPORTE, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, CORMAGDALENA, CARDIQUE, al pago de los perjuicios morales sufridos por los señores RASCHID ELJAIEK ESTARITA, RAFAEL ENRIQUE3

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00078-01 (58638) Actor: Rafael Enrique Eljaiek Reales y otros Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

ELJAIEK REALES, RASCHID FARID ELJAIEK SAGBINI y ENRIQUE LUCIO ESTARITA PEREIRA, como consecuencia de la inundación de las fincas de su propiedad o las que usufructúan y e n las cuales desarrollan su actividad económica, la afectación de su empresa y de su patrimonio.

ESTARITA PEREIRA, como consecuencia de la inundación de las fincas de su propiedad o las que usufructúan y e n las cuales desarrollan su actividad económica, la afectación de su empresa y de su patrimonio.

Sexta: Disponer que sobre las sumas reconocidas se causen intereses moratorios de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Como fundamento fáctico de la demanda se expuso, en síntesis, que la inundación de los terrenos de propiedad de los demandantes denominados La María, Cerrito, Mi Salvación, Santa Rita, Santa Fe y Bonanza ubicados en los municipios de Calamar y Arroyohondo-Bolívar, inició en el mes de noviembre del año 2010 por el desbordamiento del canal del Dique y se prolongó durante un periodo de 6 meses, causando el ahogamiento de varios animales, afectaciones en la infraestructura, en las praderas y generando la pérdida de productividad de las fincas, aunado a la aflicción de los actores producto de la pérdida de la totalidad de su patrimonio.

El canal del Dique es un brazo fluvial artificial que comunica la ciudad de Cartagena con el río grande de la Magdalena. La obra pública ha sido objeto de rectificaciones y ampliaciones, lo que generó un incremento de la velocidad del caudal y de la sedimentación del canal, ello representa un riesgo permanente de inundación para los propietarios de los predios aledaños.

El aumento en el nivel de las lluvias causado por el fenómeno de La Niña no fue sorpresivo porque las autoridades contaban con información meteorológica

los propietarios de los predios aledaños.

El aumento en el nivel de las lluvias causado por el fenómeno de La Niña no fue sorpresivo porque las autoridades contaban con información meteorológica suministrada por el IDEAM. Desde la pr imera semana de agosto de 2010, las autoridades conocían que el nivel del río Magdalena había superado la cota 8,2 de inundación en el inicio del canal del Dique (Calamar), a pesar de ello no se creó un plan de supervisión o monitoreo, con el fin de identificar y reparar cualquier fuga de agua que se pudiera presentar. Con posterioridad al 28 de noviembre de 2010, la atención de la emergencia por parte de las autoridades fue tardía, insuficiente e ineficaz.

2. Trámite en primera instancia

2.1. La demanda fue admitida el 12 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar (fls. 158-162 c.ppal 1).4

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00078-01 (58638) Actor: Rafael Enrique Eljaiek Reales y otros Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

2.2. Dentro del término oportuno, las entidades demandadas presentaron contestación en el siguiente sentido:

2.2.1. El Ministerio de Transporte sostuvo que no debe responder por hechos de la naturaleza y que no se encarga de la conservación y mantenimiento de las vías fluviales, así como la atención de las inundaciones, por tratarse de un organismo eminentemente regulador, planificador y normativo (fls. 176 a 181 c.ppal 1).

naturaleza y que no se encarga de la conservación y mantenimiento de las vías fluviales, así como la atención de las inundaciones, por tratarse de un organismo eminentemente regulador, planificador y normativo (fls. 176 a 181 c.ppal 1).

2.2.2. El Instituto Nacional de Vías-INVIAS resaltó que no es responsable de atender a los ciudadanos afectados por las inundaciones causadas por hechos de la naturaleza cuya intensidad no es posible determinar, de ahí que el Estado se enfrente a un evento de fuerza mayor (fls. 203 a 211 c. ppal 2).

2.2.3. La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique manifestó que, si bien se tenía conocimiento de las variaciones climáticas, no era posible prever la magnitud de la s precipitaciones y sus efectos en los caudales, debido a que su intensidad fue atípica y alcanzó los niveles más altos en comparación con años anteriores, tornándose de un evento de fuerza mayor con sus características de imprevisible e irresistible (fls. 231 a 249 c.ppal 2).

2.2.4. La Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena expuso que no tuvo participación en la causación de las inundaciones; la ruptura del dique obedeció al fenómeno natural presentado de forma extraordinaria, cuya intensidad fue mayor a la registrada en otros años, aunado a la intervención ilegal de personas que introdujeron tuberías en el dique para regar sus predios, eventos que cataloga como fuerza mayor y hecho de un tercero, respectivamente (fls. 278 a 302 c.ppal 2).

2.3. El 22 de agosto de 2013 se llevó a cabo la audiencia inicial (fls. 322 a 336 y CD

fuerza mayor y hecho de un tercero, respectivamente (fls. 278 a 302 c.ppal 2).

2.3. El 22 de agosto de 2013 se llevó a cabo la audiencia inicial (fls. 322 a 336 y CD fl.340 c.ppal 2). El 2 de septiembre, 8 de octubre y 5 de noviembre de 2014 se materializó la audiencia de pruebas (fls. 723 a 733, 742 a 745 y 785 a 788 c.ppal 4).

2.4. Dentro del término concedido para alegar de conclusión, las partes presentaron sus escritos en los siguientes términos:

2.4.1. La parte demandante alegó que el título de imputación aplicable al presente asunto era el de riesgo excepcional, en tanto la construcción del canal del Dique y5

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00078-01 (58638) Actor: Rafael Enrique Eljaiek Reales y otros Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

sus diversas intervenciones han representado un riesgo permanente de inundación para los predios aledaños a la obra pública.

Luego, expuso que la responsabilidad del Estado también se encontraba comprometida bajo el título de falla del servicio, por cuanto las entidades no realizaron las obras tendientes a la reducción del caudal, la resolución del problema ambiental generado por los sedimentos y la falta de control sobre los terraplenes.

Adujo que la falta de mantenimiento de los chorros y el hecho de que estos hubieran sido cerrados en el año 2009 por CARDIQUE, sin ninguna planeación o previsión de los riesgos, generó que estos se reabrieran y se desbordara el canal del Dique

Adujo que la falta de mantenimiento de los chorros y el hecho de que estos hubieran sido cerrados en el año 2009 por CARDIQUE, sin ninguna planeación o previsión de los riesgos, generó que estos se reabrieran y se desbordara el canal del Dique (fls. 881 a 900 c.ppal 5).

2.4.2. La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique reiteró que los hechos ocurridos el 30 de noviembre de 2010 fueron causados por el fenómeno de La Niña, evento de características extraordinarias, imprevisibles e irresistibles que configuran un hecho de fuerza mayor. Los informes presentados por el IDEAM demuestran que las precipitaciones ocurridas en el segundo semestre del año 2010 y primer semestre del 2 011 fueron de mayor magnitud en comparación con años anteriores y estuvieron por encima del 100% de los valores promedios multianuales (fls. 802 a 818 c.ppal 5).

2.4.3. Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena expuso que, según las pruebas prac ticadas, sí se realizaron actividades de prevención por parte de algunas entidades, pero como el fenómeno natural fue tan fuerte e imprevisible, aquellas fueron insuficientes para evitar la ruptura del canal del Dique, en todo caso, reiteró que los hechos encuadran en un evento de fuerza mayor (fls. 819 a 832 c. ppal 5).

2.4.4. El Ministerio de Transporte afirmó que cumplió con la obligación de apropiar los recursos económicos necesarios para la realización de obras de prevención de estas emergencias (fls. 850 a 858 c.ppal 5).

2.4.5. El Departamento de Bolívar concluyó que los demandantes no aparecen

los recursos económicos necesarios para la realización de obras de prevención de estas emergencias (fls. 850 a 858 c.ppal 5).

2.4.5. El Departamento de Bolívar concluyó que los demandantes no aparecen inscritos como damnificados de la ola invernal del 2010; el desbordamiento del canal del Dique no se produjo hacia la ubicación de los predios de los actores; las inundaciones obedecieron al rebosamiento de la ciénaga del Jobo; tampoco se6

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demostró la cantidad d e semovientes, plantas o pastos existentes en dichos terrenos y, en todo caso, se está ante un evento de fuerza mayor (fls. 859 a 868 c.ppal 5).

2.4.6. El Instituto Nacional de Vías -INVIAS se limitó a reiterar lo expuesto en la contestación a la demanda (fls. 876 a 880 c.ppal 5).

2.5. El Ministerio Público consideró que el daño no resultaba imputable al Estado al ser causado por un fenómeno de la naturaleza extraño, imprevisible e irresistible para la administración, características que configuran el exi mente de responsabilidad denominado fuerza mayor (fls. 833 a 849 c.ppal 5).

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia proferida el 28 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, al conside rar que si bien el daño

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia proferida el 28 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, al conside rar que si bien el daño cuya indemnización se pretendía se encontraba debidamente acreditado, no ocurría lo mismo con la imputación, en tanto aquel no fue causado por una falla del servicio atribuible a las entidades demandadas; por el contrario, se compro bó que las inundaciones obedecieron a la alta pluviosidad presentada en la zona para la época de los hechos (noviembre de 2010) con ocasión del fenómeno de La Niña, situación que constituye la causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor (fls. 950 a 969 c. seg. instancia).

4. El recurso de apelación

De manera oportuna, el apoderado de los demandantes formuló recurso de apelación con base en los siguientes reparos:

El juez de primera instancia omitió analizar el título de imputación de riesgo excepcional e ignoró que el canal del Dique es una obra utilizada como vía fluvial generadora de riesgos especiales para los habitantes de las zonas aledañas.

A pesar de los múltiples diagnósticos y advertencias sobre el problema hidrosedimentológico del can al asociado a las rectificaciones y ampliaciones realizadas, las autoridades no adoptaron las medidas para evitar la tragedia ocurrida en noviembre de 2010, circunstancias que de haber sido valoradas por el a quo le7

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00078-01 (58638) Actor: Rafael Enrique Eljaiek Reales y otros Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

habrían permitido concluir que las lluvi as no fueron la causa única y determinante de aquella.

Señaló que se interpretó erróneamente el oficio del IDEAM, porque si bien se presentó un aumento en las precipitaciones en el segundo semestre de 2010, estas no podían considerarse inesperadas o sorpresivas, dado que, en comunicación del 2 de junio de 2011, el IDEAM confirmó que los niveles de lluvia superaron los promedios registrados, pero era una circunstancia que se veía venir desde el año 2009.

Resaltó que a partir del año 2011, el Gobierno Nac ional adelantaba un macro proyecto con el fin de restaurar los ecosistemas degradados del canal de Dique, así como regular el ingreso de caudales, el tránsito de sedimentos, controlar las inundaciones y el nivel del agua, lo cual ponía en evidencia que la adopción de una política de prevención y mitigación de riesgos del canal habría evitado la tragedia del año 2010, inclusive, en un escenario de alta pluviosidad (fls. 973 -979 c. seg. instancia).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 7 de diciembre de 2016 (fls. 981 c. seg. instancia).

5.- Trámite en segunda instancia

5.1. Mediante providencia del 23 de febrero de 2017, esta Corporación admitió el recurso de apelación (fls. 988 a 989 c. seg. instancia).

5.- Trámite en segunda instancia

5.1. Mediante providencia del 23 de febrero de 2017, esta Corporación admitió el recurso de apelación (fls. 988 a 989 c. seg. instancia).

5.2. El 14 de febrero de 2018 se corrió traslado a las partes para presentar los alegatos de conclusión (fl. 1033 c.seg. instancia).

La parte demandante alegó que debía revocarse la sentencia porque no se configuró la causa extraña, en tanto las precipita ciones presentadas con ocasión del fenómeno de La Niña: I) eran previsibles, debido a que las entidades conocían con 6 meses de anticipación las predicciones del nivel de lluvias; II) las consecuencias eran resistibles porque las entidades demandadas no de mostraron el cumplimiento de las obligaciones de recuperación y preservación del canal del Dique.8

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Solicitó la declaratoria de responsabilidad de las entidades al comprobarse la existencia de un daño imputable a las mismas, por la existencia de un “daño especial por riesgo excepcional”, o por la falla del servicio de la administración al incumplir el principio de prevención (fls. 1035 a 1056 c. seg. instancia).

5.3. El concepto rendido por el Ministerio Público fue extemporáneo (fls. 1057 a 1076 c. seg. instancia).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

5.3. El concepto rendido por el Ministerio Público fue extemporáneo (fls. 1057 a 1076 c. seg. instancia).

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer el presente asunto en atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, por tratar se de la apelación de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Igualmente, en razón a la cuantía porque la pretensión mayor superó el límite de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes contemplado en el numeral 6 del artículo 152 del CPACA, vigente para la época de presentación de la demanda.

2. Ejercicio oportuno de la acción

De conformidad con el escrito inicial, los hechos que dieron lugar al presente litigio ocurrieron el 28 de noviembre de 2010, por ello, el cómputo del término de caducidad debe regirse por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo1.

En consecuencia, el término inicial para presentar la demanda, que comenzó a correr el 29 de noviembre del año 2010, finalizaba el 29 de noviembre de 2012. Este plazo fue suspendido el 16 de noviembre de 2012 con la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial, cuando faltaban 14 días para la configuración de la caducidad. La constancia de no acuerdo conciliatorio fue expe dida el 28 de enero de 2013 (fls. 96 a 98 del c.ppal 1), por tal motivo, el término para interponer la demanda se extendió hasta el 11 de febrero de 2013 y como el escrito inicial fue

de 2013 (fls. 96 a 98 del c.ppal 1), por tal motivo, el término para interponer la demanda se extendió hasta el 11 de febrero de 2013 y como el escrito inicial fue presentado el 7 de febrero anterior, resulta imperioso concluir que el m edio de control fue ejercido oportunamente.

1 El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP, establece: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre los anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.9

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00078-01 (58638) Actor: Rafael Enrique Eljaiek Reales y otros Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

3. Legitimación en la causa

Los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa en razón de su derecho de propiedad sobre los inmuebles presuntamente afectados por las inundaciones. En efecto, de los certificados de tradición y libertad aportados se desprende que, para la época de los hechos, el señor Raschid Eljaiek Estarita era el propietario de los predios Santa Fe (060-16004) y Bonanza (060-83077), además de tener el usufructo de Santa Rita; e l señor Raschid Farid Eljaiek Sagbini era propietario de los terrenos La María (No. 060 -114434) y Santa Rita (060 -30005); Rafael Enrique Eljaiek Reales tenía el derecho de propiedad sobre el predio Cerrito (060-103905) y lo mismo sucedía con el señor Enriq ue Lucio Estarita Pereira

Rafael Enrique Eljaiek Reales tenía el derecho de propiedad sobre el predio Cerrito (060-103905) y lo mismo sucedía con el señor Enriq ue Lucio Estarita Pereira respecto de la finca Mi Salvación (060 -22689), inmuebles registrados en el municipio Calamar en el departamento de Bolívar (fls. 66 a 86 c. ppal 1).

De igual modo, las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva de hecho, toda vez que en el escrito inicial se realizó la imputación del daño a cada una de ellas según las obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico.

4. Caso concreto

4.1. Daño antijurídico

Este elemento no se encuentra en discusión porque no fue objeto del recurso de apelación; en todo caso, el acervo probatorio recaudado, concretamente las certificaciones expedidas por funcionarios de los municipios de Arroyohondo y Calamar (fls. 78, 79, 83, 87 a 95 c.ppal 1), la inspección judicial, los testimonios y los dictámenes periciales confirman que los predios La María, El Cerrito, Mi Salvación, Santa Rita, Bonanza y Santa Fe fueron inundados a partir del me s de noviembre del año 2010, lo cual, aparentemente, generó la imposibilidad para continuar con el ejercicio de las actividades productivas desarrolladas en las fincas.

Este daño fue personal, directo, cierto2 y antijurídico, esto último por la inexistencia de alguna justificación jurídica que impusiera a los demandantes el deber de soportar las afectaciones en su derecho de propiedad.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22

de alguna justificación jurídica que impusiera a los demandantes el deber de soportar las afectaciones en su derecho de propiedad.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. 59218, C.P. María Adriana Marín.10

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00078-01 (58638) Actor: Rafael Enrique Eljaiek Reales y otros Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

4.2. Imputación

El artículo 90 de la Constitución Política no privilegió algún régimen de responsabilidad en particular, el juez debe definir el título de imputación atendiendo a las particularidades del caso concreto, de tal modo que encuentre las razones fácticas y jurídicas para adoptar la decisión correcta.3

El a quo no incurrió en un error al enjuiciar el presente asunto desde la óptica de la falla del servicio, título de imputación de carácter preferente y empleado por excelencia para desatar la responsabilidad extracontractual del Estado, ello en razón de su mayor capacidad de control de las actuaciones de la adm inistración y de prevención frente a la ocurrencia de daños antijurídicos.4

Los demandantes alegan que el daño sufrido fue producto del desbordamiento del canal del Dique, que si bien se trata de una estructura artificial, se encuentra estrechamente condi cionado a los fenómenos naturales de la zona, en especial, aquellos que influyen en el caudal del río Magdalena (fl. 25 del documento CM-513

canal del Dique, que si bien se trata de una estructura artificial, se encuentra estrechamente condi cionado a los fenómenos naturales de la zona, en especial, aquellos que influyen en el caudal del río Magdalena (fl. 25 del documento CM-513 Informe Final, CD fl. 667 c. ppal 4), de ahí que no sea desacertado traer a colación el marco jurisprudencial desar rollado por la Sección Tercera sobre la responsabilidad del Estado en eventos de ocurrencia de desastres naturales 5, los cuales, en principio, se consideran como constitutivos de fuerza mayor.6

La imputación de responsabilidad al Estado por los daños antijurídicos derivados de la ocurrencia de fenómenos de éste tipo dependerá de que se establezca su previsibilidad y resistibilidad en conjunto con la inactividad del Estado que, conocedor de la potencial ocurrencia del fenómeno natural, no ejecuta acción alguna tendiente a conjurarlo, encontrándose obligado a ello, responsabilidad que también resulta comprometida si se establece que con su conducta activa, el Estado expuso a los administrados al fenómeno natural.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 59259, C.P. María Adriana Marí. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia de 14 de septiembre de 2011, exp. No. 22745. M.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 25 de octubre de 2019, exp. No. 48509. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. 5 Así cataloga el artículo 2 de la Ley 46 de 1 988 a los fenómenos naturales que causan daño o alteran de manera grave las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causadas por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requie ra por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social. 6 Ley 95 de 1890, artículo 1° “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un na ufragio, un terremoto, el aprestamiento de enemigos, los autos de autoridad ejércitos por un funcionario público, etc.”11

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00078-01 (58638) Actor: Rafael Enrique Eljaiek Reales y otros Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

Así, al estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños provenientes de la ocurrencia de fenómenos naturales 7, tales como el desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas, inundaciones por lluvias, entre otros, ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de que las entidades demandadas incumplieron su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adoptar las medidas de prevención requeridas para cada caso

lluvias, entre otros, ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de que las entidades demandadas incumplieron su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adoptar las medidas de prevención requeridas para cada caso concreto, a pesar de haber tenido conocimiento previo de la posible ocurr encia del hecho natural8.

Ahora bien, la estructura escalonada del juicio de responsabilidad estatal implica que, una vez se compruebe la existencia de un daño antijurídico, se procede con el estudio de la imputación fáctica, escenario en el que se analiza la configuración de las causales eximentes de responsabilidad: culpa exclusiva de la víctima, hecho del tercero o fuerza mayor. Superado ese componente, se abre la posibilidad de definir la imputación jurídica a través de los títulos de falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial, como se ha expuesto en diferentes ocasiones:

(…) la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para e stablecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico