CE - 130012333000201400055021SENTENCIA20230718121653

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

Demandantes: Orlando Sanguino Omaña y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa Radicación: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

Demandantes: Orlando Sanguino Omaña y otros

Demandados: Fiscalía General de la Nación

Tema: Privación de la libertad . Se confirma la decisión de condenar a la Fiscalía a reparar el daño causado por la privación de la libertad del demandante Orlando Sanguino Omaña debido a que se acreditó que sufrió un daño especial como consecuencia de su detención porque fue absuelto por atipicidad ob jetiva de la conducta. Se modifica la indemnización de perjuicios de acuerdo con las reglas jurisprudenciales.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 17 de junio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Escritural No. 002, que resolvió:

<<PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios causados a los

de Bolívar, Sala de Decisión Escritural No. 002, que resolvió:

<<PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los perjuicios causados a los demandantes por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar, por concepto de daño moral, las siguientes sumas de dinero:

1.ORLANDO SANGUINO OMAÑA Víctima directa 100 smlmv

2. ISABELLA SANGUINO VANEGAS Hija 100 smlmv

3. ANA MERCEDEZ SANGUINO OMAÑA Hermana 50 smlmv

4. WILMER SANGUINO OMAÑA Hermano 50 smlmv

5. LUZ ALBA SANGUINO OMAÑA Hermana 50 smlmv

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar al señor ORLANDO SANGUINO OMAÑA, las siguientes sumas de dinero:Radicado: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

Demandantes: Orlando Sanguino Omaña y otros

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- Daño emergente: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES

SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

($359.631.174).

- Lucro cesante: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS

TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($199.544.540).

($359.631.174).

- Lucro cesante: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS

TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($199.544.540).

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia. (…)>>.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 5 de octubre de

20181. En el auto del 2 de noviembre de 20182 se corrió traslado para alegar de conclusión. Los demandantes y la Fiscalía General de la Nación alegaron de conclusión. El Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda fue presentada el 16 de marzo de 2012 por Orlando Sanguino Omaña (víctima directa) y su familia3. Se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación para obtener la reparación del daño causado por la privación de la libertad a la que fue sometido el citado demandante entre el 21 de junio de 2006 y el 19 de noviembre de 2009 4, es decir , por un término de tres (3) años , cuatro (4) meses y treinta (30) días. En el proceso penal se le imputó el delito de peculado,

de noviembre de 2009 4, es decir , por un término de tres (3) años , cuatro (4) meses y treinta (30) días. En el proceso penal se le imputó el delito de peculado, en carácter de interviniente, en concurso con el delito de lavado de activos.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<(…) PRIMERA: LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN es responsable por haber violado los derechos fundamentales a ORLANDO SANGUINO OMAÑA, con ocasión de la tramitación de una investigación penal que se llevó hasta la interrupción de la libertad personal de la que fue víctima y que obedeció a la responsabilidad objetiva de la entidad demandada, que devino en un daño típico y antijurídico atribuido a la demandada con exclusividad, pues se le ocasionaron numerosos perjuicios, incluyendo la expedición de orden de captura

1 F. 694 c. ppl. 2 F. 699 c. ppl. 3 En auto del 31 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Bolívar inadmitió la demandada del demandante Remy Emerson Carrillo Sanguino por carencia de poder (fls. 532 – 533, c. 3). 4 Según las fechas indicadas en las afirmaciones de la demanda.Radicado: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

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para efectos de ser oído en indagatoria l a cual se prolongó durante todo el curso del proceso en marras, adelantado por la Fiscalía General de la Nación, a través de su ente jurisdiccional, Fiscalía Décima Especializada -UNCLA de Bogotá, no

del proceso en marras, adelantado por la Fiscalía General de la Nación, a través de su ente jurisdiccional, Fiscalía Décima Especializada -UNCLA de Bogotá, no obstante, el Juzgado Único Penal Especializado del Circu ito de Cartagena , determinó la legalidad de las actuaciones de mi mandante, como finalmente lo resolvió ABSOLVER a mi poderdante, teniendo entre otras consideraciones la siguiente: <<Por no ser dineros públicos, por no configurarse el delito de peculado por parte de SANGUINO ni a favor suyo ni a favor de terceros, dado que su misión fenecía después de pagadas las cuentas, porque era de resorte exclusivo y liberatoria de las cooperativas el determinar el uso que habían de darle el manejo de los dineros obtenidos por los servicios prestados al ente estatal, es por lo que la acusación de lavado de activos no prospera>>, situaciones de hecho que le causaron en el pasado, presente y futuro grave afectación en el patrimonio y en el buen nombre de los demandantes.

SEGUNDA: LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN es responsable por los daños y perjuicios materiales y/o patrimoniales tanto por daño emergente como por lucro cesante actuales y futuros, incluida la corrección monetaria e intereses comerciales y morat orios y daños y perjuicios extramatrimoniales: perjuicios o daños morales objetivados y subjetivados y sucesivos, así como la vulneración a los derechos fundamentales como la libertad, propiedad, el trabajo, familia, el buen nombre, vida de relación, libre desarrollo de la personalidad y la tranquilidad, ocasionados a los demandantes, como consecuencia del evidente

vulneración a los derechos fundamentales como la libertad, propiedad, el trabajo, familia, el buen nombre, vida de relación, libre desarrollo de la personalidad y la tranquilidad, ocasionados a los demandantes, como consecuencia del evidente error en la administración de justicia, con ocasión del trámite de las sumarias 08028, adelantado por la Fiscalía General de la Nación, a travé s de su ente jurisdiccional, Fiscalía Décima Especializada UNCLA de Bogotá.

TERCERA: DAÑOS MATERIALES Como consecuencia de las declaraciones anteriores LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , reconocerá y pagará por intermedio del suscrito los daños materiales que se logren acreditar en la presente demanda y que serán acreditados en las declaraciones de los demandantes mayores de edad, en la fecha y hora que designe el magistrado competente.

El lucro cesante, el valor de los intereses bancarios que l as sumas anteriores causa, hasta la fecha de pago de la condena, y como lo ha estimado el honorable Consejo de Estado en sus reiteradas jurisprudencias, comprendiendo la corrección monetaria.

El valor de las costas procesales y demás importes de tal índole conforme lo dispone la Ley 1285 de 2009, según la propia liquidación que razonablemente estime el señor magistrado.

CUARTA: DAÑOS INMATERIALES O MORALES A LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN reconocerá y pagar al suscrito y a la demandante, por

cada uno:

A.- Por la vulneración al derecho fundamental a la dignidad humana en el sentido que establece el artículo 1 de la Constitución Política, y el artículo 11 de la

GENERAL DE LA NACIÓN reconocerá y pagar al suscrito y a la demandante, por cada uno:

A.- Por la vulneración al derecho fundamental a la dignidad humana en el sentido que establece el artículo 1 de la Constitución Política, y el artículo 11 de la Convención Americana s obre Derechos Humanos, el equivalente a la suma de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

B.- Por la vulneración al derecho fundamental a la integridad moral, social y física conforme lo establecen los artículos 15 y 21 de la Cons titución Política, y los artículos 11 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, elRadicado: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

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equivalente a la suma de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

C.- Por la vulneración al derecho fundamental al honor y al buen nomb re y a la honra conforme lo establecen los artículos 15 y 21 de la Constitución Política, y los artículos 11 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el equivalente a la suma de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

D.- Por la vulneración al derecho fundamental a la libertad personal, a la libre locomoción y fijación de residencia consagrados en el artículo 24 de la Constitución Política, artículos 7 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos el equivalente a la suma de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

artículos 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos el equivalente a la suma de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

E.- Por la vulneración al derecho fundamental al derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el equivalente a la suma de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

F.- Por la vulneración a los derechos fundamentales políticos consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política, y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el equivalente a la suma de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

G.- Por la vulneración al derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política, y en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el equivalente a la suma de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

H.- Por concepto de perjuicios morales subjetivados / pretium doloris el equivalente a la suma de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

QUINTA: LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN reconocerá y pagará a título de perjuicios extra patrimoniales diferentes a los morales, de conformidad con la retirada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, al

suscrito y al demandante, por cada uno:

El denominado perjuicio a la vida de relación en lo concerniente al grado de afectación extra patrimonial, relativo al contacto, correspondencia, afinidad,

suscrito y al demandante, por cada uno:

El denominado perjuicio a la vida de relación en lo concerniente al grado de afectación extra patrimonial, relativo al contacto, correspondencia, afinidad, educación, crianza y goce del mundo exterior y con los seres queridos y pérdida de oportunidades en lo laboral, económico, político, social, familiar y profesional el equivalente a la suma de seiscientos (600) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

SEXTA: LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN reconocerá y pagará por intermedio del suscrito a los demandantes, a título de perjuicios extra patrimoniales como consecuencia del trámite de las sumarias 3352, adelantado por la Fiscalía Décima Especializada -UNCLA de Bogotá , la cual mediante resolución de acusación de fecha 15 de junio de 2007 dispuso detención del Dr.

Sanguino Omaña, por los siguientes conceptos:

A.- Por la vulneración al derecho fundamental a la dignidad humana en el sentido que lo establece el artículo 1° de la Constitución Política, y el artículo 11 de laRadicado: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

Demandantes: Orlando Sanguino Omaña y otros

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Convención Americana sobre Derechos Humanos, el equivalente a la suma de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno.

B.- Por vulneración a los derechos a la integridad moral, social, física y psicológica conforme lo establece el artículo 12 de la Constitución Política, y el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el equivalente a la suma de

B.- Por vulneración a los derechos a la integridad moral, social, física y psicológica conforme lo establece el artículo 12 de la Constitución Política, y el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el equivalente a la suma de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno.

C.- Por la vulneración al derecho al honor y al buen nombre y a la honra conforme lo establece el artículo 15 de la Constitución Política, y los artículos 11 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el equivalente a la suma de ciento cincuenta (150) salarios mín imos mensuales legales vigentes, para cada uno. (…)>>.

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- La investigación penal contra el demandante Orlando Sanguino Omaña tuvo su origen en el informe FIJIN 899E de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero que lo señaló de permitir durante los años 2004 y 2005, en su calidad de gerente del Hospital San Juan de Dios de Magangué, el desvío de dineros públicos que le habían sido entregados para la contratación administrativa de esa empresa social del Estado.

3.2.- El demandante Orlando Sanguino Omaña fue capturado el 21 de junio de 2006 con fines de indagatoria.

3.3.- El 7 de julio de 200 6 la Fiscalía Décima Especializada de Bogotá D.C. de la Unidad Nacional de Fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación contra el demandante Orlando Sanguino Omaña , a

la Unidad Nacional de Fiscalías para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos, dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación contra el demandante Orlando Sanguino Omaña , a quien le imputó el delito de peculado, en su carácter de interviniente, en concurso con el delito de lavado de activos.

3.4.- El 15 de junio de 2007 la Fiscalía acusó al demandante Orlando Sanguino Omaña.

3.5.- El 17 de noviembre de 2009 el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de Indias absolvió al demandante Orlando Sanguino Omaña porque los delitos imputados no se configuraron. En consecuencia, ordenó su libertad inmediata.

3.6.- El 19 de noviembre de 2009 el demandante Orlando Sanguino Omaña fue dejado en libertad.Radicado: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

Demandantes: Orlando Sanguino Omaña y otros

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4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el demandante Sanguino Omaña fue capturado el 21 de junio de 2006; (ii) el 7 de julio de 2006 la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra ; (iii) la Fiscalía lo acusó el 15 de junio de 2007; (iv) el 17 de noviembre de 2009 fue absuelto por un juez de conocimiento ; y (v) el 19 de noviembre de 2009 fue dejado en libertad.

Fiscalía lo acusó el 15 de junio de 2007; (iv) el 17 de noviembre de 2009 fue absuelto por un juez de conocimiento ; y (v) el 19 de noviembre de 2009 fue dejado en libertad.

5.- Según la parte actora, el demandante Orlando Sanguino Omaña fue privado injustamente de su libertad porque la Fiscalía ordenó su detención sin que existiera prueba de su responsabilidad en los hechos investigados. En consecuencia, adujo que no se configuraban los delitos que le fueron imputados, por lo que la entidad demandada debe responder por los perjuicios causados, en virtud de un régimen de responsabilidad objetiva.

6.- En relación con los perjuicios, los demandantes indicaron que: (i) sufrieron dolor, angustia y estigmatización con ocasión de la detención injusta; (ii) vieron afectado el buen nombre y prestigio que tenían dentro de la comunidad; (iii) la víctima directa dejó de percibir sus ingresos como gerente y como médico internista durante el tiempo que estuvo privado de su libertad, lo cual afectó su contexto familiar; y (iv) la víctima directa incurrió en gastos para pagar su defensa del proceso penal.

B. Posición de la parte demandada

7.- La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda ni presentó alegatos de conclusión en primera instancia.

C. Sentencia recurrida

8.- En la sentencia del 17 de junio de 2016 el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Escritural No. 002 adoptó las siguientes decisiones:

8.1.- Condenó a la Fiscalía al aplicar un régimen objetivo de responsabili dad.

Sala de Decisión Escritural No. 002 adoptó las siguientes decisiones:

8.1.- Condenó a la Fiscalía al aplicar un régimen objetivo de responsabili dad. Señaló que se demostró que el proceso penal contra Orlando Sanguino Omaña terminó con sentencia absolutoria <<porque no existió prueba que acreditara su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en concurso con lavado de activos>> , lo que evidencia que no tenía la carga de soportar la restricción de la libertad a la que fue sometido entre el 20 de junio de 2006 y el 19 de noviembre de 2009.

8.2.- En relación con el reconocimiento de perjuicios, el tribunal:Radicado: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

Demandantes: Orlando Sanguino Omaña y otros

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a.- Reconoció el pago de los perjuicios morales para la víctima directa, su hija y sus hermanos en los montos transcritos al principio de la providencia. Negó la reparación por este concepto frente a los sobrinos de la víctima directa porque no fueron acreditados.

b.- Ordenó el pago de trescientos cincuenta y nueve millones seiscientos tre inta y un mil ciento setenta y cuatro pesos ($359.631.174) por concepto de daño emergente, correspondiente al valor actualizado de los honorarios pagados al abogado del demandante en el proceso penal.

c.- Reconoció el lucro cesante pedido por la parte actora, ya que se acreditó que el demandante Sanguino Omaña ejercía una actividad económica al momento de su detención. Para liquidar este perjuicio tomó como base de la liquidación el

c.- Reconoció el lucro cesante pedido por la parte actora, ya que se acreditó que el demandante Sanguino Omaña ejercía una actividad económica al momento de su detención. Para liquidar este perjuicio tomó como base de la liquidación el valor de $6.000.000 correspondiente a los $4.000.000 que percibía por honorarios en la Clínica La Candelaria y $2.000.000 que recibía por los servicios prestados en la Corporación de Servicios Asistenciales de la Diócesis de Magangué <<Cordesa>>.

d.- Negó la reparación de los perjuicios a la vida de relación porque no se demostraron.

D. Recurso de apelación

9.- La Fiscalía General de la Nación solicita que se revoque integralmente la decisión de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda. Su inconformidad se centra en los siguientes puntos:

9.1.- La medida de aseguramiento de detención preventiva contra el demandante Sanguino Omaña se ordenó en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que detenta la entidad y se fundamentó en valoración de las pruebas – indicios– obrantes en el proceso penal.

9.2.- No puede predicarse un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni un error judicial y mucho menos una privación injusta, en la medida en que la Fiscalía cumplió con la función de investigar las conductas punibles.

9.3.- En relación con los perjuicios, solicita que se revoque la reparación: (i) de los perjuicios morales porque no están acreditados y lo solicitado excede lo contemplado por la jurisprudencia contenciosa; (ii) del daño emergente por

los perjuicios morales porque no están acreditados y lo solicitado excede lo contemplado por la jurisprudencia contenciosa; (ii) del daño emergente por concepto de honorarios pr ofesionales, porque no se aportó el contrato de prestación de servicios profesional y el recibo de pa go para probarlos; y (iii) del lucro cesante porque la víctima directa dejó de devengar los salarios que percibía por una decisión autónoma de la entidad q ue obedeció al <<mejoramiento del servicio>>.Radicado: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

Demandantes: Orlando Sanguino Omaña y otros

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II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

10.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años contados desde la ejecutoria de la providencia penal que absolvió a la víctima, momento en el que se concreta el daño en los términos del artículo 136 del C.C.A., según lo ha precisado la jurisprudencia en los eventos de privación injusta de la libertad. En efecto: (i) la sentencia absolutoria quedó ejecutoriada el 28 de diciembre de 20095; (ii) la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 4 de noviembre de 2011; (iii) la conciliación se declaró fallida el 26 de enero de 20126; (iv) por lo tanto, el término de caducidad se extendió hasta el 22 de marzo de 2012; y (v) la demanda fue presentada el 16 de marzo de 2012.

de 20126; (iv) por lo tanto, el término de caducidad se extendió hasta el 22 de marzo de 2012; y (v) la demanda fue presentada el 16 de marzo de 2012.

F. Exposición del litigio, síntesis de la controversia y decisiones a adoptar

11.- Con el acta de derechos del capturado7 y el certificado del 30 de agosto de 2010 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-8 está probado que el demandante Orlando Sanguino Omaña fue privado de su libertad entre el 21 de junio de 2006 y el 19 de noviembre de 2009, es decir por un término de tres (3) años, cuatro (4) meses y treinta (30) días. 12.- También está demostrado que, mediante providencia del 17 de noviembre de 2009 , el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de Indias absolvió al demandante Orlando Sanguino Omaña debido a que la conducta por la cual había sido investigado era objetivamente atípica. 13.- En esta providencia, la Sala: 13.1.- Se abstendrá de estudiar la legalidad de la medida de aseguramiento contra el demandante Orlando Sanguino Omaña porque fue absuelto por atipicidad objetiva de la conducta investigada, evento en el cual la responsabilidad del Estado debe ser estudiada bajo el régimen objetivo, como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018. 13.2.- Condenará a la Fiscalía General de la Nación porque se acreditó que el demandante Sanguino Omaña sufrió un daño especial al haber sido detenido y luego absuelto por atipicidad objetiva de la conducta.

13.2.- Condenará a la Fiscalía General de la Nación porque se acreditó que el demandante Sanguino Omaña sufrió un daño especial al haber sido detenido y luego absuelto por atipicidad objetiva de la conducta.

5 Según constancia ejecutoria que obra en el folio 510, c. 3. 6 Según Acta de Audiencia del 26 de enero de 2012 de la Procuraduría 21 Judicial II para Asuntos Administrativos de Santiago de Cartagena de Indias que obra en los folios 516 - 519 del c. 3. 7 F. 96, c. 1. 8 F. 511, c. 3.Radicado: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

Demandantes: Orlando Sanguino Omaña y otros

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13.3.- Imputará a la Fiscalía General de la Nación únicamente el daño correspondiente al tiempo que la víctima directa estuvo detenida por cuenta de esta entidad. 13.4.- En relación con los perjuicios, la Sala: a.- En cuanto a los perjuicios morales: (i) modificará el monto reconocido a la víctima directa y a su hija Isabella Sanguino Vanegas de acuerdo con las reglas jurisprudenciales; (ii) revocará la decisión de ordenar su reparación a favor de los hermanos de la víctima directa porque no los acreditaron; y (iii) confirmará la decisión de negar la indemnización pedida por los sobrinos de la víctima directa porque no fue apelada. b.- Revocará la decisión de reparar el daño emergente por concepto de honorarios profesionales pagados en el proceso penal porque no fue acreditado por la parte actora.

porque no fue apelada. b.- Revocará la decisión de reparar el daño emergente por concepto de honorarios profesionales pagados en el proceso penal porque no fue acreditado por la parte actora. c.- Liquidará el lucro cesante teniendo en cuenta el tiempo que la víctima directa estuvo privada de la libertad a cargo de la Fiscalía. d.- Ordenará reparar el perjuicio a la honra y al buen nombre que sufrió la víctima directa, como quiera que esta medida procede de oficio.

G. Plan de exposición

14.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad 9. En consecuencia, se referirá a: (i) el daño antijurídico sufrido por el demandante; (ii) la entidad imputada; (iii) el análisis de la culpa de la víctima ; y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.

H. El demandante sufrió un daño antijurídico debido que fue privado de la libertad y posteriormente absuelto por atipicidad objetiva de la conducta, por lo que debe condenarse al Estado sin estudiar la legalidad de su detención

15.- El artículo 414 del Código de Procedimiento Penal (2700 de 1991) disponía:

<<Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que

Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave>>.

9 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.Radicado: 13001-23-33-000-2014-00055-02 (62313)

Demandantes: Orlando Sanguino Omaña y otros

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16.- En esos casos, y como consecuencia de la disposición legal antes citada, era suficiente acreditar la privación de la libertad para obtener la indemnización. El legislador en este caso consideró que, en tales eventos, era muy sencillo para el juez penal determinar la improcedencia de la orden de detención, razón por la cual, si se adoptaba tal medida, el Estado debía indemnizar.

17.- Derogada la norma anterior, e invocando solamente el artículo 90 de la C.P., la jurisprudencia del Consejo de Estado continuó considerando que la absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad y que resultaba indiferente que la detención hubiese sido adoptada con todas las exigencias legales:

<<(…) El concepto de daño antijurídico, como se ha señalado en la jurisprudencia y en la doctrina se desliga de su causación antijurídica . Por lo tanto, aunque la

legales:

<<(…) El concepto de daño antijurídico, como se ha señalado en la jurisprudencia y en la doctrina se desliga de su causación antijurídica . Por lo tanto, aunque la medida de aseguramiento se hubiera dictado atendiendo las exigencias constitucionales, esto es, fundada en una causa prevista en la ley, con el cumplimiento de los requisitos probatorios señalados, por el tiempo indispensable para la averiguación de los hechos, de manera proporcional a la conducta realizada, con el fin de evitar la fuga del sindicado, asegurar su presencia en el proceso, hacer efectiva la sentencia o impedir la continuación de su actividad delictiva, el daño será antijurídico cuando esa medida deviene injusta, porque la conducta que se investiga no se materializó en el mundo de los hechos, o habiéndose producido esa conducta, el sindicado no fue su autor, o cuando habiéndola ejecutado éste, tal conducta no encuadraba en la descripción típica o estaba amparada por una causal de justificación o inculpabilidad, es decir, por un h echo que no reviste reproche penal alguno. (…)>>10

18.- La Corte Constitucional, en la sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, avaló esta jurisprudencia e indicó que en los casos de atipicidad objetiva de la conducta era procedente aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, siendo suficiente la demostración de este presupuesto para ordenar la reparación:

<<105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica - es posible predicar que la decisión de privar