CE - 130012333000201400139011SENTENCIA20230829103008

CONSEJERO PONENTE: NICOLAS YEPES CORRALES

Bogota D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitres (2023)

Tema:

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

I. SINTESIS DEL CASO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIONC Accion de repeticion. Regimen previsto en los articulos 90 de la Constitucion Politica de 1991 y 77 y 78 del Codigo Contencioso Administrativo. No se probo la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente estatal. acciOn de REPETICION 130012333000201400139 01 (60512) DISTRITO DE CARTAGENA SIMON HERRERA MACIA El 5 de noviembre de 2002, Roque Rafael Espana Fernandez, Mauricio Jose Espana Gomez, Jose Marco Espana Gomez, Mania Milena Espana Gomez y Faustino Espana Gomez, herederos de Betty del Carmen Gomez de Espana, suscribieron una conciliacion extrajudicial con el Distrito de Cartagena, en la que esta ultima entidad acordo pagar a los convocantes el 70% del valor adeudado a Betty del Carmen Gomez de Espana por concepto de sancion moratoria en el pago oportuno de sus cesantias en los anos 1997,1998,1999 y 2000. Mediante auto del. 10 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo de Bolivar aprobo la referida conciliacion extrajudicial. Como el Distrito de Cartagena afirma que pago una indemnizacidn por concepto de dicha conciliacion, en ejercicio de la accion de repeticion, presento demanda en contra de Simon Herrera Macia, pues considera

conciliacion extrajudicial. Como el Distrito de Cartagena afirma que pago una indemnizacidn por concepto de dicha conciliacion, en ejercicio de la accion de repeticion, presento demanda en contra de Simon Herrera Macia, pues considera que era el Contralor Distrital que suscribio la conciliacion y que con su actuacion gravemente culposa incidio en la produccion del dano antijuridico por el cual debio pagar la suma alii acordada.

Referenda: .

Radicacion: Demandante: Demandado: Se decide el recurso de apelacion interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolivar, que nego las pretensiones de la demanda.I

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda Refiere que Betty del Carmen Gomez de Espana fallecio el 15 de abril de 2001.

Aunado a Io anterior, manifiesta que con fundamento en el incumplimiento del pago de la sancion moratoria, el 5 de noviembre de 2002 Roque Rafael Espana Fernandez, Mauricio Jose Espana Gomez, Jos6 Marco Espana Gomez, Hania Milena Espana Gomez y Faustino Espana Gomez convocaron a la Contralorla Distrital para celebrar audiencia de conciliacion en la Procuraduria 22 Judicial II ante Radicado: 130012333000201400139 01 (60512) Demandante: Distrito de Cartagena En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que del 27 de junio de 1994 hasta el 7 de enero de 1997 y del 31 de marzo de 1997 hasta el 30 de marzo de 2001, Betty del Carmen Gomez de Espana laboro en la Contralorla Distrital de

1994 hasta el 7 de enero de 1997 y del 31 de marzo de 1997 hasta el 30 de marzo de 2001, Betty del Carmen Gomez de Espana laboro en la Contralorla Distrital de Cartagena, y que esta entidad durante losanos "1997, 1998, 1999 y 2000" r\o page oportunamente las cesantlas a las que tenia derecho la senora Gomez de Espana, por Io que se genero una sancion moratoria que debla ser reconocida y pagada. Como pretensiones de su demanda, el extreme activo solicita condenar a Simon Herrera Macia a pagarle la suma de $90,563,276, correspondiente a Io que pago a Roque Rafael Espana Fernandez, Mauricio Jose Espana Gomez, Jose Marco Espana Gomez, Hania Milena Espana Gomez y Faustino Espana Gomez, herederos de Betty del Carmen Gomez de Espana. El 3 de noviembre de 2005\ el Distrito de Cartagena, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la accion de repeticion, presento demanda en contra de Simon Herrera Macia, para que se le declarara patrimonialmente responsable del pago de $90,563,276 realizado a Roque Rafael Espana Fernandez, Mauricio Jose Espana Gomez, Jose Marco Espana Gomez, Hania Milena Espana Gomez y Faustino Espana Gomez, herederos de Betty del Carmen Gomez de Espana, en cumplimiento de la conciliacion aprobada por el Tribunal Administrative de Bolivar el 10 de junio de 2003. ’ Fl. 1 a 8, 41 a46y 94 a 98, C. 1.I 3

2. Contestacion Senala que mediante auto del 10 de junio de 2003, el Tribunal Administrativo de Bolivar aprobo la conciliacion extrajudicial celebrada entre la Contraloria Distrital de

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2. Contestacion Senala que mediante auto del 10 de junio de 2003, el Tribunal Administrativo de Bolivar aprobo la conciliacion extrajudicial celebrada entre la Contraloria Distrital de Cartagena y Roque Rafael Espana Fernandez, Mauricio Jose Espana Gomez, Jose Marco Espana Gomez, Hania Milena Espana Gomez y Faustino Espana Gomez, herederos de Betty del Carmen Gomez de Espana.

Como el Distrito de Cartagena afirma que pago una suma de dinero por concepto de la conciliacion mencionada, presento demanda en ejercicio de la accion de repeticion en contra de Simon Herrera Macia, pues considera que con su actuar gravemente culposo incidio en la produccion del dano antijuridico por el cual la demandante debio suscribir el acuerdo conciliatorio y pagar Io alii acordado, toda vez que era el Contralor Distrital de Cartagena para la fecha en que se suscribio el acuerdo conciliatorio. el Tribunal Administrativo de Bolivar, en la que se acordo que la Contraloria Distrital pagaria a los convocantes el 70% de Io adeudado a Betty del Carmen Gomez de Espana, esto es, la suma de $90,563,276. El 27 de abril de 2015^-^, el Tribunal Administrativo de Bolivar admitio la demanda y ordeno su notificacion al demandado y al Ministerio Publico.

Radicado: 1300123330(10201400139 01 (<505121

Demandante; Distrito i1t; Cartagena 2.1. Simon Herrera Macia"' se opuso a las pretensiones de la demanda e indico que no actud con culpa grave, pues no era funcionario de la Contraloria Distrital de Cartagena cuando ocurrieron los hechos por los cuales dicha entidad suscribio la

2.1. Simon Herrera Macia"' se opuso a las pretensiones de la demanda e indico que no actud con culpa grave, pues no era funcionario de la Contraloria Distrital de Cartagena cuando ocurrieron los hechos por los cuales dicha entidad suscribio la conciliacion del 5 de noviembre de 2002, es decir, no fue el agente que incumplio con los pages de cesantias que se debian realizar a Betty del Carmen Gomez de Espana. 2 Fl. 379 a 380, C. 2. 3 La demanda de repeticidn fue admitida el 1 de junio de 2007 por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Cartagena, sin embargo, a traves del auto del 25 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolivar declare la nulidad de todo Io actuado por falta de competencia. “ Fl. 384 a 399, C. 2. Et 4

3. Alegatos de conclusion en primera instancia 3.2. El Distrito de Cartagena y Simon Herrera Macia guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia no Al efecto, sostuvo: “Pues bien, quedo claro que en el presente case no se ha demostrado que el accionado hubiese actuado con culpa grave o dolo, en razon de que la entidad demandante no logro demostrar que el sehor Simon Herrera Macia, haya actuado atendiendo a Io sehalado, pues su sola afirmaclon no es suficiente Mediante sentencia del 30 de junio de 2017^ el Tribunal Administrative de Bolivar nego las pretensiones de la demanda, al constatar que el Distrito de Cartagena acredito la conducta dolosa o gravemente culposa de Simon Herrera Macia.

El 15 de diciembre de 2016®, se corrio traslado a las partes y al Ministerio Publico para alegar de conclusion y presentar concepto, respectivamente.

acredito la conducta dolosa o gravemente culposa de Simon Herrera Macia. El 15 de diciembre de 2016®, se corrio traslado a las partes y al Ministerio Publico para alegar de conclusion y presentar concepto, respectivamente.

Radicado: 130012333000201400139 01 (60512] Demandsmte: Distrito de Cartagena 3.1. El Ministerio Publico® solicito negar las pretensiones de la demanda porque no se probo el pago de la conciliacion celebrada por la Contraloria Distrital de Cartagena ni la conducta dolosa y/o gravemente culposa de Simon Herrera Maci^. 5 Fl. 429, C. 3. ® Fl. 432 436, C. 3.

Fl. 439 a 448, C. Ppal. De hecho, textuaimente indico: "Realizando un examen de los hechos narrados y los cuales seran comprobados, aunandolo a las diferentes definiciones que nos brinda la norma, inferimos que la gestion que desempehd mi cliente como Contralor Distrital se reallzo conforme a los principios de la funcion publica (...). La conciliacion realizada (...) se llevo a cabo por la no consignacidn de las cesantlas de la finada durante el tiempo que esta labord en la Contraloria Distrital de Cartagena, cuando el sehor Simon Herrera Macia no tenia la calidad de Contralor Distrital de Cartagena, es decir que bajo su direccion no se cometieron las omisiones que generaron el detrimento patrimonial al Estado que hoy se le endilga a mi apadrinado. ” n 775

5. Recurso de apelacion para demostrarlo. As! las cosas, se entiende que, para que se pueda imputar responsabilidad del agente publico, se requiere demostrar que la actuacion que

n 775

5. Recurso de apelacion para demostrarlo. As! las cosas, se entiende que, para que se pueda imputar responsabilidad del agente publico, se requiere demostrar que la actuacion que origino la condena en contra del Estado Io (sic) fue con culpa grave o dolo, y que dicha actuacion la realizo en calidad de servidor publico (..Es decir, se requiere que la entidad que pretende repetir contra el exfuncionaiio aporte los elementos y mediOS de conviccion que permitan conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrio la accion o se presento la omisidn y demas necesarias para analizar el aspecto subjetivo de la conducta del servidor publico, y que su incidencia en el hecho danoso en (sic) conexidad con el servicio. Es por Io anterior que considera esta Sala que este requisite o presupuesto para la procedencia de la accion de repeticion no se encuentra debidamente acreditado, debido a la escasez probatoria, y ausencia de medios de conviccion, por Io que considera esta Sala que la presente accion de repeticion sera despachada desfavorablemente al demandante”. 5.1. La parte demandante’^ sostuvo que el a quo era el que debia determiner con base en las pruebas allegadas al proceso que Simon Herrera Macia actuo con culpa grave “al suscribir el acuerdo conciliatorio del 5 de noviembre de 2002", en el que obligo a la Contralorla Distrital de Cartagena a pagar una suma de dinero a los

herederos de Betty del Carmen Gomez de Espana. 8 Fl. 450 a 453, C. Ppal. » Fl. 476, C. Ppal. Fl. 481, C. Ppal. ” Fl. 450 a 453, C. Ppal. El 14 de julio de 2017®, el Distrito de Cartagena interpuso recurso de apelacion, el cual fue concedido el 25 de septiembre de 2017® y admitido el 6 de diciembre de 2017^0. Radlcado; 130012333000201400139 01 (60512)

Demandante: Distrito de Cartagena>6

6. Alegatos de conclusion en segunda instancia

Hi. CONSIDERACIONES

1. Jurisdiccion y competencia El 27 defebrero de2018‘'2 se corrio traslado a las partes y al Ministerio Publico para alegar de conclusion y presentar concepto, respectivamente. 6.1. El Distrito de Cartagena, Simon Herrera Maciay el Ministerio Publico guardaron silencio.

La jurisdiccion de Io contencioso administrative, como guardian del orden jurfdico, conoce de las demandas que promuevan las entidades publicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuacion dolosa 0 gravemente culposa de servidores, ex servidores publicos o particulares que desempenen funciones publicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdiccion, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 129 del CCA^^, modificado por el artfeuio 37 de la Ley 446 de 1998 y el articulo 7 de la Ley 678 de 2001‘' •Radicado: 1300.12333000201400139 0.1 (60512)

Demandante: Distrito de Cartagena

modificado por el artfeuio 37 de la Ley 446 de 1998 y el articulo 7 de la Ley 678 de 2001‘' •Radicado: 1300.12333000201400139 0.1 (60512)

Demandante: Distrito de Cartagena Fl. 484, C. Ppaf. "El Consejo de Estado, en Sala de Io Contencioso Administrative conocera en segunda instancia de las apelaclones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tnbunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnacidn, as! como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelacion o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisidn. El grade jurisdiccional de consulta se surtird en los eventos de que trata el articulo 184 de este codigo." 1^ "Articulo 7. Jurisdiccidn y competencia. La jurisdiccidn de Io contencioso administrative conocerd de la accidn de repeticidn.

Sard competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia sehaladas en el Cddigo Contencioso Administrativo. Cuando la reparacidn patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliacidn o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un confllcto con el Estado, serd competente el juez o tribunal que haya aprobadoel acuerdo o que ejerza jurisdiccidn territorial en el lugaren que se haya resuelto el conflicto7

2. Accion procedente Al respecto, esta Corporacion ha sehalado que la competencia en acciones de repeticion reguladas por el Codigo Contencioso Administrative se determine de

se haya resuelto el conflicto7

2. Accion procedente Al respecto, esta Corporacion ha sehalado que la competencia en acciones de repeticion reguladas por el Codigo Contencioso Administrative se determine de acuerdo con el criterio de conexidad consagrado en el inciso 2° del articulo 7 de la Ley 678 de 2001, siempre y cuando tengan origen en un proceso judicial que hubiere cursado ante esta jurisdiccion y en virtud del cual hubiere resultado comprornetida la responsabilidad^® patrimonial del Estado, sin que se requiera establecer la cuantla del asunto.

En conclusion, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelacion interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repeticion. De conformidad con la definicion del articulo 2° de la Ley 678 de 2001, en concordancia con Io dispuesto en el articulo 90 de la Constitucion Politica , la accion de repeticion es una accion de caracter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor publico o particular investido de una funcion publica que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliacion u otra forma de terminacion de un conflicto. En este caso la accion procedente es la de repeticion, porque se solicita declarer a Simon Herrera Macia patrimonialmente responsable del pago de $90,563,276, realizado en cumplimiento de la conciliacion extrajudicial aprobada mediante auto del 10 de junio de 2003, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolivar.

RadiCiido: 130012333000201,400139 01 (60512]

Demaiidante; Distrito de Cartagena

del 10 de junio de 2003, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolivar.

RadiCiido: 130012333000201,400139 01 (60512] Demaiidante; Distrito de Cartagena 15 Cfr. Consejo de Estado, Seccidn Tercera, sentencias del 23 de noviembre de 2016 y Rad. 46108, 13 de abril de 2016, Rad. 42.354, entre otras.8

3. Vigencia de la accion Este fenomeno procesal, de caracter bifronte, en tanto se entiende como limite y garantia a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda Con el proposito de otorgar seguridad juridica, de evitar la paralisis del trafico jurldico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la proteccion del interes general®, establecio unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden publico, por Io que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extincion del derecho de accionar, as! como la consolidacion de las situaciones que se encontraban pendientes de solucion.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, ademas, la racionalizacion de la utilizacion del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de accion''^, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solucion por los organos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Radlcitdo: .130012333000201400139 01 (60512)

los organos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Radlcitdo: .130012333000201400139 01 (60512) Demandante: Distrito de Cartagena Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002; "La caducidad es una institucidn jurldico procesal a travds de ia cual, el legislador, en uso de supotestadde configuracidn normative, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdiccidn con el fin de obtener pronta y cumplida Justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad Juridica, para evitar la paralizacidn del trafico jurldico. En esta medida. la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la proteccidn de un interds general.

Como claramente se explicd en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referenda, esta es una figura de orden publico Io que explica su cardcter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia." Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 "...el derecho al acceso a la administraciPn de justicia no es absolute, pues puede ser condicionado legalmente a que la promociPn de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que sehala el legislador (...). El tdrmino de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de accidn, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restriccidn

legislador (...). El tdrmino de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de accidn, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restriccidn necesaria para la estabilidad del derecho, Io que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad juridica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos9 y estabilidad de las relaciones jurfdicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan serdiscutidas indefinidamente. El articulo 11 de la Ley 678 de 2001 senala que la accion de repeticidn caducara dos anos contados a partir del dia siguiente al de la fecha del pago total de la condena o' conclllaclon efectuado por la entidad o a mas tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el Inciso 4° del articulo 177 del Codigo Contencloso Administrativo^”.

Radicado: 13001.2333000201400139 01 (60512] Demandante: Distrito de Cartagena Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguhdad juridica de los sujetos procesales, el legislador instituyo la figura de la caducidad coma una sancidn en los eventos en que determinadas acciones judiclales no se ejercen en un t^rmlno especifico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el lltigio dentro del plazo fijado por la ley y de no haceiio en tiempo, perder^n la posibilidad de accionar ante la jurisdiccldn para hacer efectivo su derecho. Es asl como el fendmeno procesal de la caducidad opera ipso lure o de plena derecho, es decirque no

tiempo, perder^n la posibilidad de accionar ante la jurisdiccldn para hacer efectivo su derecho. Es asl como el fendmeno procesal de la caducidad opera ipso lure o de plena derecho, es decirque no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactive del sujeto procesal llamado a interponer determinada accidn judicial". Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998:"... [sji el actor deja transcunir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demands, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excuse alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantla para la seguridad Juridica y el interes general. Y es que la caducidad represents el llmite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de proteccidn, pues es un hechd cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce SUS derechos, no se verd expuesto a perderlos por la ocurrencia del fendmeno indicado". 20 Mediante sentencia C-832 de 2001 la Corte Constitucional se pronuncid frente al contenido normative del numeral 9 del articulo 136 del CCA, cuyo texto es identico al primer inciso del articulo 11 de la Ley 678 de 2001. En la mencionada providencia, esa Corporacidn declard la constitucionalidad condicionada de la norma bajo una interpretacidn armdnica con el inciso 4° de! La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanlsmo de certldumbre y seguridad juridica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanlsmo de certldumbre y seguridad juridica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores juridicos que discuten alguna situacion; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende tambien como una limitacion de caracter irrenunciable al ejercicio del derecho de accion, resultando como una sancion ipso iure^^ que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algun reclame o requerir algun reconocimiento o proteccidn de la justicia’®, cuya consecuencia, por demandar mas alia del tiempo concedido por la ley procesal, significa la perdida de la facultad potestativa de accionar.

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4. Legitimacion en la causa 4.1. El Distrito de Cartagena se encuentra legitimado en la causa por active, pues fue la entidad publica que celebro el acuerdo conciliatorio con Roque Rafael Espana Fernandez, Mauricio Jose Espana Gomez, Jose Marco Espana Gomez, Mania En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejercio en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el auto del 10 de junio de 2003, mediante el cual el Tribunal Administrative de Bolivar aprobo el acuerdo conciliatorio celebrado entre la Contraloria Distrital de Cartagena y Roque Rafael Espana Fernandez, Mauricio Jose Espana Gomez, Jose Marco Espana Gomez, Mania Milena Espana Gomez y Faustino Espana Gomez^^ quedo ejecutoriado el 19 de junio de 2003^^; jj) que el plazo de los 18 meses de que trata el articulo 177 del CCA, para realizar el pago de

Faustino Espana Gomez^^ quedo ejecutoriado el 19 de junio de 2003^^; jj) que el plazo de los 18 meses de que trata el articulo 177 del CCA, para realizar el pago de la conciliacion se cumpiio el 20 de diciembre de 2004; iii) que el 16 de febrero y el 26 de marzo de 2004 la Contraloria Distrital de Cartagena pago la suma de 45.281.638 a la apoderada de Roque Rafael Espana Fernandez, Mauricio Jose Espana Gomez, Jose Marco Espana Gomez, Mania Milena Espana Gomez y Faustino Espana Gomez, segun da cuenta copia de los comprobantes de egreso No, 34640823 y 3523062, respectivamente; v) que Io que ocurrio primero fue el pago de la conciliacibn; y, iv) que la demanda se present© el 3 de noviembre de 200525, esto es, dentro de los dos afios que otorga el articulo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentaria de forma oportuna.

Radicado: 130012;333000201400139 f)l (60512) Demandante: Distrito de Carugeiia articulo 177 del CCA, el cual establece que el pago de las condenas judiciales proferidas contra las entidades publicas podr^ ser ejecutable 18 meses despu6s de ejecutoriada la sentencia.

Asi, la Corte indicb que en el evento en que la entidad publica no hubiere realizado el pago dentro de dicho t6rmino, la caducidad deber^ contarse entonces a partir del vencimiento de los 18 meses

siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria o del auto aprobatorio de la conciliacibn. Cabe resaltar que con posterioridad, en Sentencia C-394 de 2002, la Corte Constitucional tambien estudiq la exequibilidad del primer inciso del articulo 11 de la Ley 678 de 2001 y dispuso que su constitucionalidad estarla sometida a la misma interpretacidn realizada en la Sentencia C-832 de 2001, de manera que, "el tormina de caducidad de la accidn empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a m^s tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el articulo 177 inciso 4 del C6digo Contencioso Administrative" 2’ Fl. 17 a 20, C. 1. y Fl. 294 a 297, C. 2. 22 FL 297, C. 2. 23 Fl. 13, C. 1. 2Fl. 167, C. 1. 25 Fl. 1 aS, C. 1. •• - □E_'11

5. Problema juridico

6. Solucidn al problema juridico 4.2. Simon Herrera Macia esta legitimado en la causa por pasiva, pues presuntamente fue el agente que con su conducta dolosa y/o gravemente culposa dio lugar a la conciliacion celebrada el 5 de noviembre de 2002 y aprobada mediante auto del 10 de junio de 2003 proferido por el Tribunal Administrative de Bolivar, en la que la Contralorla Distrital de Cartagena se comprometio a pagar una suma de dinero a Roque Rafael Espana Fernandez, Mauricio Jose Espana Gdmez, Jose Marco Espana Gomez, Mania Milena Espana Gomez y Faustino Espana Gomez. En

la que la Contralorla Distrital de Cartagena se comprometio a pagar una suma de dinero a Roque Rafael Espana Fernandez, Mauricio Jose Espana Gdmez, Jose Marco Espana Gomez, Mania Milena Espana Gomez y Faustino Espana Gomez. En la demanda se sefialo que el sefior Herrera Macia se desempenaba como Contralor Distrital de Cartagena, calidad que esta acreditada con la copia de la certificacion del 28 de febrero de 2013, expedida por el director administrativo y financiero de la Controlaria de Cartagena^^, en la que consta que el demandado ejercio como contralor entre el 25 de enero de 2001 al 15 de enero de 2004. Corresponde a la Sala determiner si Simon Herrera Macia actuo con dolo y/o culpa grave al no pagar oportunamente las cesantias de Betty del Carmen Gomez de Espana causadas durante el ano 2000, las cuales debian ser consignadas a mas tardar el 15 de febrero de 2001. Antes de resolver el problema juridico es menester hacer unas consideraciones sobre el regimen juridico aplicable al presente caso. Milena Espana Gomez y Faustino Espana Gomez, el cual fue aprobado por el Tribunal Administrativo de Bolivar mediante auto del 10 de junio de 2003^®. 26 Fl. 17 a 20, C. 1. y Fl. 294 a 297, C. 2. 2? Fl. 189, C. 1.

Radicado: 1301)12333000201400139 01 (60512)

Demandante: Distrito de Cartagena12

7. Regimen juridico aplicable al case La mencionada disposicion normativa reglamento aspectos sustanciales de la accion de repeticion y del llamamiento en garantia con fines de repeticion, fijando

Demandante: Distrito de Cartagena12

7. Regimen juridico aplicable al case La mencionada disposicion normativa reglamento aspectos sustanciales de la accion de repeticion y del llamamiento en garantia con fines de repeticion, fijando generalidades como el objeto, nocion, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagro unas presunciones legales con Incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Ademas, respecto a los aspectos procesaies de la accibn, la Ley 678 de 2001 regulo asuntos relatives a la jurisdiccion y competencia, legitimacion, desistimiento, procedimiento, termino de caducidad, oportunidad de la conciliacion judicial o extrajudicial, cuantificacion de la condena y determinacion de su ejecucion, as! como Io atinente al llamamiento en garantia con fines de repeticion y las medidas cautelares en el proceso^®.

Como una manifestacion del principle de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artlculo 90 de la Constitucion Politica senala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparacion patrimonial de uno de tales danos que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, ague! debera repetir contra este”. K,«!icado: 130012333000201400139 01 (605121

Demandanre: Disfrilv de Cartagena Per su parte, el legislador expidio la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinacion de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a traves del ejercicio de la accion de repeticion o de llamamiento en garantia

Per su parte, el legislador expidio la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinacion de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a traves del ejercicio de la accion de repeticion o de llamamiento en garantia con fines de repeticion’’. Esta ley definio la repeticion como una accion civil de caracter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor publico, asi como tambien respecto de los particulares que ejercen funcion publica, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliacion