CE - 130012333000201400278011SENTENCIASENTENCIA20230814182336

Radicado: 1300123 33 000 2014 00278 01 (60870)

Demandante: Departamento de Bolívar

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Radicación 13001 23 33 000 2014 00278 01 (60870)

Demandante: Departamento de Bolívar

Demandado: Joaco Hernando Berrío Villareal Referencia: Repetición Tema 1. Acción de repetición. Subtema 1.1. Presupuestos de la acción de repetición.

Subtema 1.2. Prueba del pago. Subtema 1.3. Elemento subjetivo -culpa grave del servidor público. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 20051, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 29 de septiembre de 2017, que negó las pretensiones.

1. SÍNTESIS El departamento de Bolívar resultó condenado en proceso de nulidad y restablecimiento de! derecho, adelantado por la declaración de insubsistencia de que fue objeto el señor Alvaro de Jesús Matson Carballo. Pretende el demandante que se declare la responsabilidad del señor Joaco Hernando Berrío Villareal —por culpa grave— pues, en su condición de gobernador del departamento de Bolívar, expidió el Decreto 51 de 22 de enero de 2008, acto de insubsistencia declarado nulo y que dio

grave— pues, en su condición de gobernador del departamento de Bolívar, expidió el Decreto 51 de 22 de enero de 2008, acto de insubsistencia declarado nulo y que dio origen al pago de la condena.

II. ANTECEDENTES: 2.1. El nueve (9) de junio de dos mil catorce (2014)2, el departamento de Bolívar presentó demanda contra Joaco Hernando Berrío Villareal, en ejercicio de la acción de repetición, con la cual pretende: (i) que se le declare responsable de los perjuicios ocasionados al departamento por la condena impuesta en la sentencia del 26 de octubre de 2009, dictada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia de¡ 10 de marzo de 2011, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 13001 3331 002 2008 00083 01; que, en consecuencia, (u) se condene al pago de cuatrocientos cincuenta y dos millones cincuenta y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos ($452'057.743.00), monto cancelado a favor de Alvaro de Jesús Matson Carballo, p o r concepto de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación dela entidad demandante. 2.1.1. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante manifestó, en síntesis, lo siguiente: 1 Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005. 2 Folio 1 del cuaderno 1.

1Rdo.: 1300123 33 000 2014 00278 01 (60870) Demandante: departamento de Bolívar

2 Folio 1 del cuaderno 1. 1Rdo.: 1300123 33 000 2014 00278 01 (60870) Demandante: departamento de Bolívar

2.1.1.1. Que Álvaro de Jesús Matson Carballo se desempeñó en varios cargos en el departamento de Bolívar desde el 12 de febrero de 2001 hasta el 22 de enero de 2008. Fue desvinculado de la entidad mediante el Decreto 51 del 22. de enero de 2008, suscrito por el hoy demandado Joaco Hernando Berrío Villareal —en su condición de gobernador—, siendo el último cargo desempeñado por aquel el de asesor código 105, grado 02, del despacho del gobernador, asignado a la Secretaría de Talentp Humano como coordinador del Fondo Territorial de Pensiones Departamental. - 2.1.1.2. Que en virtud de dicha desvinculación, el señor Matson Carballo presentó acción de nulidad y resta blecimiepto del derecho contra el departamento de Bolívar, negocio que le correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena; el cual, en sentencia del 26 de octubre de 2009, dispuso: i) declarar la nulidad del Decreto 51 de 22 de enero de 2008; u) ordenar el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que permaneció desvinculado de la entidad y, iii) ordenar su reintegro al cargo en el que se encontraba al momento de su desvinculación. Tal decisión fue confirmadapor el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia del 10 de marzo de 2011..

entidad y, iii) ordenar su reintegro al cargo en el que se encontraba al momento de su desvinculación. Tal decisión fue confirmadapor el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia del 10 de marzo de 2011.. 2.1.1.3. Que el hecho dañoso en el procéso ordinario de nulidad y restablecimiento consistió en un acto contrario ,a derecho, pues desconoció "que el personal de carrera requiere de causales y procedimientos legales para su retiro del servicio', razón por la cual se dispuso la condena en contra de la entidad hoy demandante. Tal omisión configura el supuesto de culpa grave que se le atribuye al demandado en este proceso consistente en la "violación directa e inexcusable de las normas de derecho" Sobre el particular, en la demanda únicamente se expresó: "Esto configuró omisión dañina, determinante de la responsabilida [sic] patrimonial del ente territorial por configurarse uno de los eventos de culpa grave, la violación directa e inexcusable de las normas de derecho. En este sentido, la conducta del agente del Estado e. gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción dir e cta a la Constitución o a la ley (Artículo 6 numeral 1 de la Ley 678 de 2001)" [negritas del texto original]. 2.1.2.A modo de sustento jurídico de sus pretensioñes, el ente demandante hizo referencia a los artículos 2, 6 y 90 de la Constitución; 142 y 164 del CPACA; 63 y 2341 del Código Civil; y los artículos 4, 6 y 27 de la Ley 678 de 2001. Manifestó que en esta última ley se definieron las presunciones para establecer los eventos en que la conducta es dolosa o gravemente culposa.

del Código Civil; y los artículos 4, 6 y 27 de la Ley 678 de 2001. Manifestó que en esta última ley se definieron las presunciones para establecer los eventos en que la conducta es dolosa o gravemente culposa. 2.2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto del 17 de octubre de 2014, que fue notificado el 2.1 del mismo mes y año 6 . El demandado presentó escrito de contestación, por medio del cual se opuso a las pretensiones de la misma, según él, por carecer dé soporte legal, pues el acto administrativo que dio origen a la condena —expedida por el entonces gobernador de Bolívar, hoy demandado— fue expedido de buena fe y (sic) no violó norma constitucional ni legal alguna. 1. Folio 9 del cuaderno 1. ' Folio 7 del cuaderno 1. Folios 114 del cuaderno 1. 6 Folio 115 del cuaderno 1. 2Rdo.: 1300123 33 000 2014 00278 01 (60870) Demandante: departamento de Bolívar

Invocó tomo excepciones la "falta de acreditación de todos los requisitos de ley para la prosperidad de la pretensión de repetición 1,7 , pues no es procedente calificar la expedición del Decreto 51. de¡ 22 de enero de 2008, como constitutiva de culpa grave o de violación inexcusable de las normas jurídicas, dado que la declaración de insubsistencia de los empleados de libre nombramiento y remoción no debe ser motivada y, para ese entonces, el demandante dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho había perdido los derechos de carrera desde el año de

insubsistencia de los empleados de libre nombramiento y remoción no debe ser motivada y, para ese entonces, el demandante dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho había perdido los derechos de carrera desde el año de 1998, al haber aceptado un cargo de libre nombramiento y remoción. 2.3. Mediante audiencia inicial celebrada el 12 de mayo de 20168 se fijó el objeto del litigio, al tiempo que fueron decretados como pruebas los documentos allegados con la demanda y su contestación. En audiencia del 11 de agosto de 2016 se corrió traslado a las partes para formular alegatos de conclusión y a la Procuraduría para su respectivo concepto; tal oportunidad fue aprovechada por las partes —demandante y demandado— y por el representante del Ministerio Público 9 . 2.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia del 29 de septiembre de 2017 1 0 negó las pretensiones. Consideró que no se demostró el pago efectivo de la condena, teniendo en cuenta que "no fue aportado el medio de convicción que soporte la transferencia de los aludidos dineros a la cuenta bancaria del señor [Álvaro de Jesús] Matson Carballo o el paz y salvo que contenga la declaración inequívoca de haber recibido el pago, o cualquier otro documento que [sic] de fe de su entrega real y material` " 1. En esta oportunidad, el magistrado Arturo Matson Carballo manifestó su impedimento, el cual fue aceptado por el Tribunal, comoquiera que se encuentra incurso en la causal 1 del artículo 144 del CGP, por ser hermano del señor Alvaro de Jesús Matson Carballo —demandante en el proceso ordinario que dio origen a la condena por la que en este asunto se demanda—.

1 del artículo 144 del CGP, por ser hermano del señor Alvaro de Jesús Matson Carballo —demandante en el proceso ordinario que dio origen a la condena por la que en este asunto se demanda—. 2.5. El treinta (30) de octubre de dos mil diecisiete (2017)12, la parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se disponga la revocación de la decisión anterior y se acceda a las súplicas de la demanda, toda vez que: 2.5.1. No existe en el ordenamiento jurídico ninguna disposición que establezca solemnidad para la prueba o validez del pago. Por el contrario, para el particular hay plena libertad probatoria. 2.5.2. El comprobante de egreso que obra en el expediente es un documento público vinculante que refleja la manifestación de voluntad de la entidad condenada; de modo que resulta inadmisible que se exija el paz y salvo que contenga la declaración de haberse recibido dicho pago. El documento de egreso es válido para determinar que "[ ... ] sí existió una disposición presupuestal y pago de condena" 13 . Por consiguiente, las "pretensiones de la demanda claramente están llamadas a prospera(' 14 . Folio 127 del cuaderno 1. 8 Folio 142 a 144 del cuaderno 1. Folios 194 a 198, 202 a 227 y 228 a 238 del cuaderno 1. ° Folios 240 a 245 del cuaderno principal. 11 Folio 244 a 245 del cuaderno principal. 12 Folio 249 del cuaderno principal. 13 Folio 249 del cuaderno principal. 14 Ibídem. 3Rdo.: 1300123 33 000 2014 00278 01 (60870)

12 Folio 249 del cuaderno principal. 13 Folio 249 del cuaderno principal. 14 Ibídem. 3Rdo.: 1300123 33 000 2014 00278 01 (60870) Demandante: departamento de Bolívar 2.6. La apelación fue concedida 15 , admitida 16 y se corrió traslado para alegaciones de las partes y concepto del Ministerio Público 17 . Esta oportunidad fue aprovechada por el demandado, quien manifestó que su condición de agente del Estado y la existencia de la condena judicial no eran materia de discusión, pues se encontraban probados. No obstante, sostuvo, "no hay prueba del pago del valor de la condena" 18 ni estaba demostrada la culpa grave al expedir el Decreto 51 del 22 de enero de 2008, por el cual se declaró insubsistente al señor Alvaro Matson Carballo 19 . El Ministerio Público, a través del Procurador Primero . Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales —quien actualmente forma parte de esta Subsección— solicitó la confirmación del fallo impugnado, debido a que, en su criterio, "[ ... ] no se demostró en debida forma que la condena hubiere sido pagada, ya que los documentos con los que se pretende acreditare! pago n 9 dan cuenta sobre el efectivo recibo de suma alguna por parte del beneficiario o de su apoderado, pues no existe en el expediente ningún medio de prueba que confirme tales operaciones 1,20 . El extremo demandante también aprovechó esta oportunidad procesal, en la cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, por cuanto los "[ ... ] documentos contables que fueron aportados si [sic] cqnstituyen evidencia del pago

El extremo demandante también aprovechó esta oportunidad procesal, en la cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, por cuanto los "[ ... ] documentos contables que fueron aportados si [sic] cqnstituyen evidencia del pago que mi poderdante, el departamento de Bolívar, hizo a! señor Matson Carballo en [sic] ocasión a una sentencia judicia!' 21 . 2.7. El Magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó su impedimento, por haber rendido concepto en este asunto en condición de agente del Ministerio Público, Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado. Los magistrados Guillermo Sánchez Luque y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sinja intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala cuando este punto fue debatido— resuelven declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Nicolás Yepes Corrales, porque la situación descrita está enmarcada en la causal prevista en el artículo 141.12 del Código General del Proces0 22 .

III. PROBLEMA JURÍDICO 3.1 De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") — aplicable en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada 23 — el "recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo

funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a "pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Al tratarse de un proceso contencioso15 Auto del 23 de noviembre de 2017, folio 251 del cuaderno principal. 16 Auto del 6 de julio de 2018, folio 278 del cuaderno principal. 17 Auto del 6 de septiembre de 2018, folio 281 del cuaderno principal. 18 Folio 303 del cuaderno principal. 19 Folio 305 del cuaderno principal. 20 Folios 347 y 348 del cuaderno principal. 21 Folio 318 del cuaderno principal. 22 Código General del Proceso, artículo 141. Causales de recusación. Sari causales de recusación las siguientes: [...] 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. [ ... ]." 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de junio de 2014, rd. núm. 25000-23-36-000-2012-0039501(lJ). . 4Rdo.: 1300123 33 000 2014 00278 01 (60870) Demandante: departamento de Bolívar administrativo, el pronunciamiento oficioso sobre las excepciones es procedente, según el artículo 164 del CCA 24 . 3.2. Ni la condena judicial de la entidad demandante al pago de $158'464.874, ni la

Demandante: departamento de Bolívar administrativo, el pronunciamiento oficioso sobre las excepciones es procedente, según el artículo 164 del CCA 24 . 3.2. Ni la condena judicial de la entidad demandante al pago de $158'464.874, ni la condición de agente estatal del demandado fueron materia de debate en esta instancia, debido a que fueron aceptados expresamente —como hechos probados— por el demandado [aptado. 2.6]. Así pues, al haber quedado zanjada la litis sobre los mencionados presupuestos objetivos de la pretensión de repetición, la Sala procederá a estudiar los siguientes problemas jurídicos, en función de los cargos de la alzada y la competencia que le asiste: 3.2.1. ¿Con documentos provenientes de la entidad demandante se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena judicial?

De encontrarse superado este presupuesto objetivo, se dará respuesta a la siguiente pregunta: 3.2.2. ¿Se configuró la culpa grave del señor Joaco Hernando Berrío Villareal, demandado en el proceso de la referencia, por haber sido declarada la nulidad del acto administrativo que declaró insubsistente al señor Alvaro de Jesús Matson Carballo —Decreto 51 del 22 de enero de 2008—?

IV. CONSIDERACIONES 4.1. La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152, numeral 11, de la ley 1437 de 2011 (CPACA) 25 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar

los artículos 150 y 152, numeral 11, de la ley 1437 de 2011 (CPACA) 25 y el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Así, pues, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 26 . 4.2. De acuerdo con el artículo 164 del C.P.A.C.A., "cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código" 27 . A su vez, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 prevé que la acción de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, según lo dispuesto en el artículo 192, inciso 2, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). 24 CCA. "Artículo 164. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos. II En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que e/fallador encuentre probada. II Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión. II El silencio del inferior no

definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que e/fallador encuentre probada. II Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión. II El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus". 25 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia de esa ley. 26 La cuantía de la demanda ($45205774300) es superior a los 500 smlmv, exigidos por el citado articulo 152.11 de la Ley 1437 de 2011. 27 Esta norma es aplicable en su redacción original, sin tener en cuenta la modificación que introdujo el articulo 43 de la Ley 2195 de 2022, dado que dicha ley aplica solo para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma. 5Rdo.: 13ÓO123 33 000 2014 00278 01 (60870) Demandante: departamento de Bolívar En este caso, el pago se realizó el veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012)28, cuando aún no había expirado el plazo de diez-(10) meses con que contaba la entidad para pagar, teniendo en cuenta que la sentencia del diez (10) de marzo de dos mil once (2011), dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, quedó ejecutoriada el veintidós (22) de marzo del mismo añ0 29 .Como el plazo de caducidad vencía así el veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014) y la demanda fue

ejecutoriada el veintidós (22) de marzo del mismo añ0 29 .Como el plazo de caducidad vencía así el veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014) y la demanda fue presentada el nueve (9) de junio del mismo año 30 , l acción de repetición fue incoada oportunamente. 4.3. La acción fue ejercida por el departamento de ;Bolívar, entidad que resultó condenada al declararse la nulidad del acto por medio del cual se declaró insubsistente al señor Alvaro de Jesús Matson Carballo, mediante la sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009)31, dictada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia del diez (10) de marzo de dos mil once (2011)32, razón por la cual dicho departamento se encuentra legitimado en la causa por activa. Con la certificación de 19 de mayo de 2014, expedida por la oficina de Talento Humano de la gobernación de Bolívar 33 , se encuentra demostrada la legitimación en la causa por pasiva del señor Joaco Hernando Berrío Villareal, como agente estatal del demandado, puesto que fue quien, en su condición de gobernador de Bolívar, expidió el decreto anulado por la jurisdicción contencios.a administrativa. Sobre el régimen jurídico sustantivo aplicable 4.4. Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener

Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos 34 . En ese orden, silos hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior 35 . Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables ; en el régimen anterior, "Sifl perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2 1 de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la juçisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de 28 Folios 81 a 87 del cuaderno 1. 29 Folio 65 del cuaderno 1. 30 Folio 1 del cuaderno 1. 31 Folios 23 a 48 del cuaderno principal. 32 Folios 49 a 65 del cuaderno principal. 33 Folio 86 del cuaderno 1. 1 34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330. 35 "Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad

35 "Las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que plantea el Código Civil. //Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6 0 y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o,rnanuales respectivos. II Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe, contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, biene y familia". Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 18 de junio de 2018. Expediente N 6. 54692. 601

Rdo.: 1300123 33 000 2014 00278 01 (60870) Demandante: departamento de Bolívar responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)» 16. Por ende, como en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra del departamento de Bolívar ocurrieron el veintidós (22) de enero de 2008, la Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.

condena en contra del departamento de Bolívar ocurrieron el veintidós (22) de enero de 2008, la Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto. Consideraciones relativas al primer problema jurídico 37 . 4.5. El pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo del deudor, que consiste en la ejecución de la prestación que se debe (artículo 1626 Código Civil) 38 . Es así una conducta positiva o de abstención —dar, hacer o no hacer—, según el caso, que tiene la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 ejusdem) 39 contraído por voluntad propia, por la causación de un daño o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil) 40 . Nuestra codificación civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues estableció la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil 41 —en su momento— y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proces0 42 . Si bien es cierto que el Código Civil hace referencia a la "carta de pago", así como al recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago 43 , la cual es una prueba documental que —por provenir del acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es esta la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y,

acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es esta la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica 44 . 4.6. El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y ha considerado que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellas mismas, lo cierto es que gozan de plena validez y capacidad probatoria, como quiera 36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 11 de julio de 2019, exp. 54692. 37 Aptado. 3.2.1. 38 "El pago efectivo es la prestación de lo que se debe". 39 "Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: lo.) Por la solución o pago efectivo". 40 "Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona,

o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia". 41 Artículo 175, Código de Procedimiento Civil: 'Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericia¡, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez". 42 Artículo 165, Código General de Proceso: "Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericia¡, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez". 43 Ver, por ejemplo, artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil. 44 Artículo 176, Código General del Proceso: "Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos". Artículo 187, Código de Procedimiento Civil: "Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. II El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba".

conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. II El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba". 7Rdo.: 1300123 33 000 2014 00278 01 (60870) Demandante: departamento de Bolívar que, en virtud de quien los expide, se trata de documentos públicos 45 . El legislador también elevó esta interpretación a rango normativo, razón por la que estableció en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, lo siguiente: "[...] el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suf