CE - 130012333000201500145011SENTENCIA20230814171140

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Bogotá D.C., veintiocho (23) de febrero de dos mil veintitrés Radicación número: 13001-23-33-000-2015-00145-01(61057)

Actor: SOCIEDAD CLUB NÁUTICO CARTAGENA LTDA.

Demandado: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL CARTAGENA DE INDIAS Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA APELANTE ÚNICO-Limites de la apelación. DICTAMEN PERICIAL-Debe someterse a contradicción para ser valorado. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DAÑO-Elemento esencial constitutivo de la responsabilidad civil. DAÑO ANTIJURÍDICO-No hey definición constitucional (art. 90 CN). DAÑO ANTIJURÍDICO-Afectación relevante para el derecho y opuesta al ordenamiento jurídico. ANTIJURIDICIDAD-Se predica de la acción que causó el daño y no del deber de la víctima de soportarlo. DAÑO O PERJUICIO-Debe ser cierto, personal y directo. CERTEZA DEL DAÑO-Debe ser real y efectivo, no hipotético. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. PRUEBA DE OFICIO-No procede a solicitud de parte, sino por iniciatwva del juez. COSTAS EN CPACA-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia.

La Sala, de conformidad con el inciso 3 del artículo 63A de la Ley 270 de 1996,

proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia. La Sala, de conformidad con el inciso 3 del artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones. SÍNTESIS DEL CASO El 3 de noviembre de 2009, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias suspendió las obras que ejecutaba la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda. Posteriormente, la alcaldía de Cartagena levantó la suspensión porque la obra no requería licencia de construcción. Alega que la osden de suspensión no tuvo fundamento legal y le cau:ó perjuicios.

ANTECEDENTES2

Expediente n. 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda Niega pretensiones El 19 de enero de 2015, la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda., a través de apoderado judicial, formuló demanda de reparación directa contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Solicitó $18.474.245.975 por perjuicios materiales y 400 SMLMV por perjuicios morales. En apoyo de las pretensiones, la demandante afirmó que la demandada incurrió en una vía de hecho al suspender las obras autorizadas por la Dirección General Marítima y exigir requisitos sin sustento legal. Agregó que la demandada es responsable a título de daño especial.

El 16 de junio de 2015 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. El

las obras autorizadas por la Dirección General Marítima y exigir requisitos sin sustento legal. Agregó que la demandada es responsable a título de daño especial. El 16 de junio de 2015 se admitió la demanda y se ordenó su notificación. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias contestó extemporáneamente. El 11 de febrero de 2016 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La demandada adujo que no se configuró un rompimiento del «principio» de igualdad de las cargas públicas. Agregó que el dictamen pericial que aportó la demanda carece de sustento y no acredita el daño. El Ministerio Público conceptúo favorablemente a las pretensiones, al considerar que la suspensión de las obras por la demandada configuró una falla del servicio. El 27 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia negó las pretensiones, porque no se acreditó un daño antijurídico. La demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 22 de enero de 2018 y admitido el 18 de mayo siguiente. Esgrimió que la sentencia se limitó a valorar el informe del perito, sin analizar la actuación irregular de la demandada. Agregó que el Tribunal podía decretar pruebas de oficio para subsanar puntos del dictamen pericial. El 30 de octubre de 2018 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante reiteró lo expuesto. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio. |

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia3

segunda instancia. La demandante reiteró lo expuesto. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio. |

CONSIDERACIONES

l. Presupuestos procesales Jurisdicción y competencia3 Expediente n. 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 CPACA, modificado por el artículo 615 CGP, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 CPACA, esto es, $322.175.000.

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?, en este caso, por daños imputados a una entidad pública (art. 90 CN y art. 140 CPACA y arts. 2341 y ss. CC).

Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 164.2.¡ CPACA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente

y ss. CC). Demanda en tiempo

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 164.2.¡ CPACA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento de! hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa. La demanda se interpuso en tiempo -19 de enero de 2015porque la demandante conoció el daño alegado desde el 20 de diciembre de 2012, fecha de levantamiento de la orden de suspensión de las obras [hecho probado 6.5]. En efecto, como el 8 de marzo de 2013 se presentó solicitud de conciliación prejudicial, el término de caducidad se suspendió hasta el 27 de mayo de 2013, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, fecha en que se 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario minimo de 2015, $644.350 pesos, por 500. 2 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento juridico 3], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo 8. Bogotá, imprenta Nacional, 2018, pp. 744-746, disponible en https://bit.ly/3qFJIOn.4

Expediente n. 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones

744-746, disponible en https://bit.ly/3qFJIOn.4 Expediente n. 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones declaró fallida la conciliación, según da cuenta original de la constancia de no conciliación (f. 155 c. 2). Al día siguiente se reanudó el conteo por dos meses y 19 días faltantes, que vencía el 18 de marzo de 2015. Legitimación en la causa

4. La sociedad Club Náutico Cartagena Ltda. es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, pues era la ejecutora de las obras de construcción que ordenó suspender el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias [hecho probado 8.1]. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias está legitimado en la causa por pasiva, pues fue la entidad que ordenó la suspensión de las obras [hecho probado 8.2]. ll. Problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si se configuró daño por la orden de suspensión de unas obras de construcción.

HI. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 del CGP.

Hechos probados

6. Las copias simples se valorarán según el artículo 246 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 211 CPACA.

7. El informe del experto aportado con la demanda, denominado «Informe daño económico Club Náutico Cartagena» (f. 141-152 c. 2), en los términos del artículo 127 CGP, no será valorado por la Sala, pues no fue sometido a la contradicción

económico Club Náutico Cartagena» (f. 141-152 c. 2), en los términos del artículo 127 CGP, no será valorado por la Sala, pues no fue sometido a la contradicción establecida para un dictamen pericial, de conformidad el artículo 228 CGP?. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos: Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2010, Rad. 37.269 [fundamento jurídico 2].5 Expediente n. 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones 8.1. El 3 de julio de 2008, la Dirección General Marítima otorgó en concesión a la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda. un área de 18,613.94 mts cuadrados para la reconstrucción de las instalaciones existentes, según da cuenta copia simple de la Resolución n. 0201 (f. 60-63 c. 2). 8.2. El 3 de noviembre de 2009, el alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias-Localidad Histórica y del Caribe del Norte ordenó suspender las obras de construcción que ejecutaba la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda. en el barrio Manga, por no tener las licencias de construcción ni de intervención del espacio público, según da cuenta copia simple de la decisión (f. 70-71 c. 2). 8.3. El 20 de diciembre de 2012, el distrito levantó la medida de suspensión de las obras de construcción, porque cesaron las causas que motivaron la suspensión,

8.3. El 20 de diciembre de 2012, el distrito levantó la medida de suspensión de las obras de construcción, porque cesaron las causas que motivaron la suspensión, según da cuenta copia simple de la orden de levantamiento de la medida (f. 136139 c. 2). 8.4. El 26 de diciembre de 2012, el distrito levantó los sellos de suspensión de las obras de construcción que ejecutaba la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda., según da cuenta copia simple del acta (f. 140 c. 2). El daño, presupuesto de la responsabilidad civil del Estado

9. En los procesos de responsabilidad civil del Estado, el primer elemento que debe quedar demostrado es el daño. La noción de daño en el ámbito de la responsabilidad administrativa no difiere de aquella propia del derecho común. Su esencia es la misma: una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico. Esa afectación relevante para el derecho, al ser opuesta al ordenamiento jurídico —antijuricidad-, permite a su titular obtener una indemnización“. La responsabilidad supone la existencia de un perjuicio. El perjuicio es, pues, uno de los elementos esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria. El daño, como tiene determinado la jurisprudencia civil, es la base o punto de partida de toda acción reparatoria?. 4 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2].

4 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 4 de abril de 1968, Gaceta Judicial, Tomo CXXXIV, n. 2297-2299, p.58-65, [fundamento jurídico 2]. 5 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de octubre de 1982 [fundamento jurídico 2].6 Expediente n, 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones Según el artículo 90 CN, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ausencia de una definición constitucional de «daño antijurídico», el Consejo de Estado —en algunos pronunciamientos, sustentados en ciertos sectores de la doctrina española— ha entendido que para estudiar la antijuricidad del daño no es relevante la conducta que lo causa, sino que lo esencial es determinar si la víctima estaba en el deber o no de soportarlo. Esa noción de daño antijurídico podría llevar a una idea: que el artículo 90 CN prevé una responsabilidad objetiva, es decir, sin importar cómo se causó el daño. Esa tesis, sin embargo, fue superada por esta Corporación desde 1993%, pues antijuridicidad significa contrariedad al derecho y, por ello, no puede hablarse de antijuridicidad o ilicitud al margen de los actos humanos. Además, la responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad — como el deber de soportar—, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración.

responsabilidad del Estado no puede estar basada en criterios de solidaridad — como el deber de soportar—, que no son propios del juez de la Administración. La regla general, entonces, debe ser la atribución de culpa de la Administración. Ahora bien, el daño —entendido como una afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídicose caracteriza por ser cierto, personal y directo”. La certeza del daño supone el conocimiento seguro y claro de su existencia, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, pues si se trata solo de una posibilidad de producirse o una hipótesis, no es un daño indemnizable. En otros términos, el daño o perjuicio debe ser real y efectivo, no hipotético. El juicio de responsabilidad, entonces, supone analizar el daño, el nexo causal entre la conducta del Estado y ese daño, y un juicio de atribución que permita explicar por qué su causación genera el deber de indemnizar.

10. Según la demanda, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias le causó un perjuicio al suspender las obras autorizadas por la Dirección General Marítima y exigir requisitos sin sustento legal. $ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 1993, Rad. 7429 [fundamento jurídico párr. 19 a 24] y sentencia del 13 de julio de 1993, Rad. 8163 [fundamento jurídico párr. 12 a 22]. 7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 29 de agosto de 1960

[fundamento jurídico V].

7 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 29 de agosto de 1960 [fundamento jurídico V]. 8 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de agosto de 1976, Gaceta Judicial. Tomo CLII, n. 2393, p 320, [fundamento jurídico 1].7 Expediente n 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones Está acreditado que el 3 de julio de 2008, la Dirección General Marítima otorgó en concesión a la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda. un área determinada para la reconstrucción de las instalaciones existentes [hecho probado 8.1]. El 3 de noviembre de 2009, el Alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe del Norte ordenó suspender las obras por no tener las licencias de construcción ni de intervención del espacio público [hecho probado 8.2]. El 20 de diciembre de 2012, el distrito levantó la medida de suspensión de las obras de construcción, porque cesaron las causas que motivaron la suspensión [hecho probado 8.3]. El 26 de diciembre siguiente, el distrito levantó los sellos de suspensión de las obras [hecho probado 8.4].

11. Según el artículo 243 CGP, documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad o el desconocimiento, de conformidad con el artículo 244 CGP. El mérito probatorio de

es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad o el desconocimiento, de conformidad con el artículo 244 CGP. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 176 CGP. 11.1. Obran en el expediente las Resoluciones n. 2193 y n. 3880 del alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe del Norte (f. 72-78, 104-112 c. 2). Conforme los documentos, el 16 de abril de 2010, el alcalde impuso a la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda. multas sucesivas por $98.800.000 por intervenir y ocupar el espacio público sin licencia de construcción, ni licencia de intervención y ocupación temporal de playas marítimas y terrenos de baja mar. Además, ratificó la medida de suspensión de las obras de construcción y ordenó la demolición del cerramiento de la obra. El 26 de julio de 2011, el distrito revocó la Resolución n. 2193 respecto de las multas impuestas a la demandante, y mantuvo la medida de suspensión de las obras de construcción que ejecutaba la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda. 11.2. También obra en el expediente la orden de levantamiento de la medida suspensión proferida por el alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe del Norte8 Expediente n. 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones

suspensión proferida por el alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe del Norte8 Expediente n. 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones (f. 136-139 c. 2). Según el documento, las obras de construcción ejecutadas por la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda. no requerían licencia de construcción por no estar ubicadas en zonas de playas o considerada baja mar, sino en aguas marítimas, y únicamente necesitaba concesión, permiso o autorización, cuyo otorgamiento le correspondía a la Dirección General Marítima-DIMAR o al Instituto Nacional de Concesiones-INCO. Las resoluciones y el acta de levantamiento de la medida de suspensión son documentos públicos, pues los suscribió el alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe del Norte en ejercicio de sus funciones y existe certeza sobre la persona que los elaboró, pues no se tacharon de falso ni se desconocieron (art. 243 CGP). Los documentos dan cuenta de que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias ordenó suspender las obras de construcción que ejecutaba la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda. —por no tener licencia de construcción ni de intervención de espacio público— y, posteriormente, levantó la medida porque las obras no requerían licencias. A pesar de que la alcaldía impuso multas por la vulneración del espacio público —que luego revocó- los documentos no especifican si la demanda efectivamente pagó tales multas. Así las cosas, los documentos aportados al proceso no acreditan la efectiva disminución de las ventas del establecimiento, ni la pérdida de la clientela como

especifican si la demanda efectivamente pagó tales multas. Así las cosas, los documentos aportados al proceso no acreditan la efectiva disminución de las ventas del establecimiento, ni la pérdida de la clientela como consecuencia de la suspensión de las obras, pues no es posible valorarlos en conjunto con otras pruebas que acrediten los ingresos y gastos reales durante el tiempo en que, según la demanda, ocurrió el hecho dañoso. En efecto, no es posible establecer los costos y gastos asociados al negocio para determinar su utilidad operacional, es decir, el costo de ventas menos los gastos de administración, los gastos de ventas y los gastos extraordinarios asociados a la operación. No se aportaron libros auxiliares de contabilidad, ni tampoco las cuentas o asientos contables del establecimiento.

12. Conforme a las pruebas, el alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias-Localidad Histórica y del Caribe del Norte ordenó suspender las obras de construcción que ejecutaba la sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Posteriormente, el distrito levantó la medida y retiró los sellos de suspensión de la obra. No se demostró, entonces, una disminución real en los ingresos de la9 Expediente n. 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones demandante, como consecuencia de la suspensión de la obra, pues no se acreditaron los ingresos y gastos reales durante el término de suspensión de la obra frente a las cifras contables de los años anteriores y posteriores. Tampoco se acreditó que esa fuera la causa de una disminución en las ventas del club náutico. La parte demandante, entonces, no probó un daño o perjuicio cierto y no

obra frente a las cifras contables de los años anteriores y posteriores. Tampoco se acreditó que esa fuera la causa de una disminución en las ventas del club náutico. La parte demandante, entonces, no probó un daño o perjuicio cierto y no hipotético, esto es, una disminución de su patrimonio como consecuencia directa de la suspensión de las obras. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor — si excepciona— debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones?. En concordancia, el artículo 167 CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos 211 y 306 CPCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como no se probó el daño imputado al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias por la orden de suspensión de las obras de construcción que ejecutaba la demandante, la Sala confirmará la sentencia apelada.

13. En el recurso de apelación, la demandante alegó que el Tribunal debió decretar una prueba de oficio para esclarecer los puntos oscuros del dictamen pericial aportado con la demanda. El artículo 213 CGP dispone que en cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad, que se deberán decretar y

pericial aportado con la demanda. El artículo 213 CGP dispone que en cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad, que se deberán decretar y practicar con las pruebas pedidas por las partes. Al momento de decidir, la Sala también podrá decretar pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros de la controversia. Como el decreto de pruebas de oficio no procede a solicitud de parte, sino que el juez por iniciativa propia decide si las decreta!?', el Tribunal no tenía el deber de decretar prueba alguna.

14. El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se 9 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia ael 13 de febrero de 1936 [fundamento jurídico párr. 10] en Gaceta Judicial, Tomo XLilI n. 1907 - 1908, pp. 334 - 336 y sentencia del 13 de enero de 1971 [fundamento jurídico IV párr. 4] en Gaceta Judicial. Tomo CXXXVIII, n. 2340 a 2345, p. 24. 10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007, Rad. n. 32.004 [fundamento jurídico 11] y auto del 8 de junio de 2021, Rad. n. 64.650 [fundamento jurídico 4].10

Expediente n. 61.057

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo

Demandante: Sociedad Club Náutico Cartagena Ltda.

Niega pretensiones ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo 365.1 CGP, norma vigente para la época en que se interpuso la demanda, ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo n. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda —hoy Acuerdo n'. 10554 de 2016-, las agencias en derecho se tasarán en el 0.1% del valor de las pretensiones en atención a la naturaleza de este proceso, la calidad, duración y utilidad de la gestión ejecutada por el apoderado. Como las pretensiones se estimaron en $18.474.245.975 la demandante pagará la suma de $18.474.245,00 por concepto de agencias en derecho. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: CONFÍRMASE la sentencia del 27 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la parte demandante a pagar a favor de la parte demandada las costas del proceso y FÍJASE la suma equivalente a dieciocho millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco mil pesos ($18.474.245,00), por concepto de agencias en derecho.

demandada las costas del proceso y FÍJASE la suma equivalente a dieciocho millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco mil pesos ($18.474.245,00), por concepto de agencias en derecho.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ICOLAS ll.

Presidente de la Sala A U

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE Aclaro voto

GOG/0AO