CE - 130012333000201500427011SENTENCIA20230802085511

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020)

Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba

Demandado: Nación —Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de

Prestaciones del Magisterio—

Tema: Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes . Madre dependiente económicamente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 13 de diciembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora María del Socorro Díaz de Córdoba, mediante apoderado, formul ó demanda en orden a que se declare la nulidad de las

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora María del Socorro Díaz de Córdoba, mediante apoderado, formul ó demanda en orden a que se declare la nulidad de las Resoluciones 0156 del 15 de enero de 2013 y 2465 del 9 de abril del mismo año, expedidas por la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, en nombre y

1 Folios 4 al 232

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020) Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la pensión post mortem de la

docente María Georgina Córdoba Díaz.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho , pidió condenar a la accionada a i) reconocer y pag ar la pensión de sobrevivientes establecida en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, por favorabilidad, a partir del 25 de junio de 2012, día siguiente del fallecimiento de la causante, en la cuantía que resulte, de conformidad con el inciso 2 del artículo ibidem; ii) pagar los reajustes previstos en el ordenamiento jurídico, las mesadas adicionales que se causen y los demás valores que se logren demostrar dentro del proceso; y iii) cumplir la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes se relataron los siguientes:

demás valores que se logren demostrar dentro del proceso; y iii) cumplir la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes se relataron los siguientes:

1. La señora María Georgina Córdoba Díaz se desempeñó como docente durante 18 años y 2 días , en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez , hasta la fecha de su deceso . En el momento de su fallecimiento , no tenía esposo, compañero permanente ni hijos. Se encontraba activa en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y para ese momento se encontraban vigentes el régimen especial de los docentes, previsto en el artículo 7 del Decreto 224 de 1972 y el sistema general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993.

1. La causante, en vida, convivió con su madre y un hermano incapaz, quienes dependían económicamente de ella para su manutención, alimentos y gastos médicos, a pesar de ser estos beneficiarios de una pensión mensual vitalicia de jubilación compartida, como sustitutos del pensionado Manuel Salvador Córdoba Marulanda, esposo y padre , respectivamente. La mesada percibida resultaba insuficiente para los gastos personales, manutención y salud de una persona de avanzada edad y la otra incapaz.3

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020)

Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba

1. El 21 de agosto de 2012 , la demandante solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de una pensión post

Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba

1. El 21 de agosto de 2012 , la demandante solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de una pensión post mortem, la cual fue negada mediante la Resolución 0156 del 15 de enero de 2013, porque la causante no cumplía con el requisito de tiempo de servicio requerido en el Decreto 224 de 1972.

1. Contra dicho acto se interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por medio de la Resolución 2465 del 9 de abril de 2013, confirmando la decisión.

1. La demandante, María del Socorro Díaz de Córdoba nació el 12 de septiembre de 1926 y a la fecha de presentación de la demanda contaba con 88 años de edad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Como disposiciones violadas se señalaron los artículos 1, 2, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; y 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993.

Al desarrollar el concepto de violación , el apoderado de la actora expuso los siguientes argumentos:

1. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en aplicación del principio de favorabilidad, han definido que el régimen especial en materia de pensió n post mortem solo debe ser aplicado cuando resulte conveniente para el grupo de beneficiarios del docente, pues, cuando la aplicación del régimen especial produce un tratamiento discriminatorio, se ha de privilegiar la aplicación de la Ley 100 de

1993.

1. Al contrastar el régimen especial con el general, se observa que aunque regulan

beneficiarios del docente, pues, cuando la aplicación del régimen especial produce un tratamiento discriminatorio, se ha de privilegiar la aplicación de la Ley 100 de 1993.

1. Al contrastar el régimen especial con el general, se observa que aunque regulan la misma materia y tienen la misma naturaleza, se presenta una marcada diferencia en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, puesto que el Decreto 224 de 1972 exige la prestación del servicio del docente por más de 184

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020) Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba años, mientras que la Ley 100 de 1993, solo exige 50 semanas de cotización dentro de los tres (3) últimos años anteriores a su muerte.

1. Los actos administrativos acusados violan los artículos 1 y 2 de la Carta Política, por cuanto al negar el reconocimiento de la pensión post mortem de la docente fallecida, solicitada por la demandante, en su calidad de madre, se incumple n los fines esenciales del Estado, cuales son el derecho a la seguridad social, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en ella.

1.2. Contestación a la demanda

La accionada no contestó la demanda.2

1.3. La sentencia apelada3

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora, con sustento en las siguientes consideraciones:

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2019, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora, con sustento en las siguientes consideraciones:

1. La Sala advierte que entre el Decreto 224 de 1972 y la Ley 100 de 1993, pese a que las prestaciones allí consagradas tienen la misma naturaleza, existe una evidente diferencia en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues, mientras la primera exige la pre stación del servicio docente por un tiempo mínimo de 18 años, la segunda solo exige que le causante hubiese cotizado al menos 50 semanas en los 3 años previos a su fallecimiento.

Además, esta normativa amplió el margen de los beneficiarios de la pensión, pues en el régimen especial solo son beneficiarios el cónyuge y los hijos, y en el régimen general se tienen como beneficiarios a otros miembros del grupo familiar. En este

2 Informe secretarial obrante a folio 67 3 Folios 192 al 198.5

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020) Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba orden, resulta más favorable el previsto en la Ley 100 de 19 93 y, por ello, es procedente el estudio de la pensión solicitada bajo los requisitos de esta última, por cuanto la causante falleció bajo su vigencia.

1. Las pruebas aportadas al expediente dan cuenta de que la señora María Georgina Córdoba Díaz falleció el 24 de junio de 2012; laboró como docente oficial por 18 años y 2 días, cumpliendo con ello el requisito de semanas mínimas exigidas por el

Córdoba Díaz falleció el 24 de junio de 2012; laboró como docente oficial por 18 años y 2 días, cumpliendo con ello el requisito de semanas mínimas exigidas por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993; y era hija de la demandante. Además, no existe prueba de que al momento del fallecimiento , la cau sante tuviera cónyuge, compañero permanente o hijos con derecho.

1. Al proceso se allegó copia de la Resolución 0250 del 25 de enero de 2006, por medio de la cual la Alcaldía de Montería reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a la de mandante, en calidad de cónyuge , y al señor Salvador Córdoba Díaz , en calidad de hijo invalido , del señor Manuel Salvador Córdoba Marulanda, en cuantía de $ 461.815 para cada uno. También se aportaron declaraciones extraprocesales de dos testigos que conocían de vista, trato y comunicación a la causante y aseguraron que su mamá y su hermano dependían económicamente de esta y vivían bajo el mismo techo en la casa de su propiedad.

Sin embargo, tales declaraciones por sí solas no dan cuenta de la real dependencia económica que pudiera existir por la demandante respecto de la causante, pues no describen con detallen circunstancias de tiempo, modo y lugar que revelen dicha dependencia. Es tal el grado de desconocimiento de la situación real de la demandante que las testigos ni siquiera sabían que esta devengaba una pensión en sustitución de su cónyuge fallecido.

Por otra parte, en los hechos de la demanda tampoco se describe la insuficiencia

demandante que las testigos ni siquiera sabían que esta devengaba una pensión en sustitución de su cónyuge fallecido.

Por otra parte, en los hechos de la demanda tampoco se describe la insuficiencia económica de la demandante, pues si bien se señaló que lo que percibe p or la pensión de su cónyuge fallecido no es suficiente para una persona de la tercera edad y para cubrir los gastos de su hijo en estado de incapacidad absoluta, lo cierto es que se no detallan con claridad los gastos de cada uno, máxime si se tiene en6

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020) Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba cuenta que vivían en una casa de su hija fallecida y tiene más hijos.

1.4. El recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones del libelo. E xpuso las siguientes razones de inconformidad:

1. Con la decisión d el a quo se vulnera el derecho que le asiste a la actora como beneficiaria legal de la pensión post mortem en razón al fallecimiento de su hija soltera sin hijos, María Geo rgina Córdoba Díaz, desconocido por la parte demandada, en aplicación del principio de favorabilidad a los docentes del régimen general de la Ley 100 de 1993 , comoquiera que las pruebas documentales y testimoniales aportadas acreditan que en el momento de la muerte de la causante, el día 24 de junio de 2012, su madre, la señora Díaz de Córdoba, dependía

testimoniales aportadas acreditan que en el momento de la muerte de la causante, el día 24 de junio de 2012, su madre, la señora Díaz de Córdoba, dependía económicamente de su hija, con la cual convivía en una residencia de propiedad de esta, ubicada en la ciudad de Cartagena.

1. Tal como s e señaló en la demanda , la actora y su hijo inválido d ependían económicamente de la causante, para su manutención, alimentos y gastos médicos, pues, a pesar de ser estos beneficiarios de una pensión mensual vitalicia de jubilación compartida como sustituto s del pensionado fallecido Manuel Salvador Córdoba Marulanda, la mesada resulta insuficiente.

1. L a demandante cuenta en la actualidad con más de 94 años de edad, es hipertensa, con mucha dificultad para caminar , teniendo que hacerlo básicamente en silla de ruedas, lo cual no le permite realizar ninguna otra actividad productiva que la haga autosuficiente económicamente, de tal manera que a pesar de contar con una pensión sustitutiva mínima, dependía económicamente de su hija fallecida María Georgina Có rdoba Díaz, ya que a pesar de tener otros seis (6) hijos, estos son personas de avanzada edad con sus propias responsabilidades en sus hogares y no cuentan con los recursos económicos que le permitan brindarle a su madre un7

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020) Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba mejor estar.

1. Si bien las testigos declararon no tener conocimiento de que la demandante era

Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba mejor estar.

1. Si bien las testigos declararon no tener conocimiento de que la demandante era beneficiaria de una pensión sustitutiva , lo cierto es que esta nunca ocultó la existencia de ese beneficio , por el contrario, con la demanda se anexó prueba de dicho reconocimiento. Así mismo, el hecho que las declarantes no conozcan todas las cuestiones familiares no demerita sus testimonios, pues son personas vecinas de su lugar de residencia en la ciudad de Cartagena, que no tienen por qué conocer todos los detalles al interior de la fami lia, pero que s í eran conocedoras de lo fundamental: que la hija causante y un hermano incapaz vivían con ella, y era quien los sostenía económicamente , como complemento de la pensión que le fue sustituida con ocasión del fallecimiento de su cónyuge.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte demandante reiteró los planteamientos expuestos en las diferentes etapas del proceso.4 Por su parte, la demandada guardó silencio.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De acuerdo con la sentencia y los argumentos del recurso de apelación , la controversia se contrae a establecer si la demandante acreditó el requisito de dependencia económica respecto de la causante, conforme lo prevé el literal d) del

4 Samai, índice 248

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020)

dependencia económica respecto de la causante, conforme lo prevé el literal d) del

4 Samai, índice 248

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020) Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y, en consecuencia, si tiene derecho a que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes.

2.2. Marco normativo

2.2.1. La pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional

En lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su objetivo es garantizar a la población el amparo contra las eventualidades derivadas d e la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las mismas y las demás prestaciones que se determinan en la citada ley.

Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador previó una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

En este orden de ideas, esta Sala de Subsección, ha aclarado que si bien la pensión de sobreviviente y la su stitución pensional tienen la misma finalidad de evitar que los beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste

En este orden de ideas, esta Sala de Subsección, ha aclarado que si bien la pensión de sobreviviente y la su stitución pensional tienen la misma finalidad de evitar que los beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste les brindaba, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio, la pensión de sobreviviente es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la pensión.9

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020) Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba De acuerdo con lo anterior, lo que se controvierte en este proceso es el derecho a la pensión de sobrevivientes, debido a que la señora María Georgina Córdoba Díaz falleció sin cumplir los requisitos mínimos para acceder a la pensión de jubilación.

En cuanto a la ley que gobierna la sustitución pensional, esta Subsección en diferentes oportunidades ha considerado que las disposiciones aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante. Así las cosas, como el deceso de la señora Córdoba Díaz ocurrió el 24 de junio de 2012 , frente a la sustitución pensional estaba vigente el Decreto 224 de 1972, por el cual se dictaron normas especiales relacionadas con el sector docente, respecto de aquellas personas que no lograron concretar su derecho pensional por la circunstancia

sustitución pensional estaba vigente el Decreto 224 de 1972, por el cual se dictaron normas especiales relacionadas con el sector docente, respecto de aquellas personas que no lograron concretar su derecho pensional por la circunstancia insuperable de su fallecimiento. Su artículo 7 dispuso:

Artículo 7. En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pens ión equivalente al 75 % de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte o el hijo menor cumpla la mayoría de edad.

En innumerables oportunidades se ha determinado que los docentes no están gobernados por un régimen especial en materia pensional y que al respecto deben observarse las reglas contenidas en la Ley 91 de 1989, que remiten a la aplicación de las normas generales vigentes antes de su expedición para los pensionados del sector público. Sin embargo, d ebe recordarse que los docentes gozan de especialidad en la regulación normativa de algunos derechos prestacionales como la pensión que, por virtud del Decreto 224 de 1972, se consagró para el cónyuge e hijos menores del docente fallecido, cuando este últi mo no lograba alcanzar el tiempo mínimo de vinculación y cotización al sistema pensional para acceder a la pensión de jubilación o para habilitar una pensión sustitutiva para sus beneficiarios.

hijos menores del docente fallecido, cuando este últi mo no lograba alcanzar el tiempo mínimo de vinculación y cotización al sistema pensional para acceder a la pensión de jubilación o para habilitar una pensión sustitutiva para sus beneficiarios.

Por otra parte, el artículo 1 de la Ley 12 de 1975 «por el cu al se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación» prevé la pensión de jubilación post mortem, destinada a proteger al cónyuge o compañero permanente10

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020) Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba e hijos menores e inválidos del docente que falleciere antes de cumplir la edad para acceder a la prestación, pero que hubiere completado el tiempo de 20 años de servicio exigido. Esta preceptiva debe interpretarse en armonía con Ley 71 de 1988, en cuanto consagró que el derecho a la pensión de jubilación lo tienen las mujeres de 55 años de edad y los hombres de 60 años de edad que acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias de las entidades de previsión social del orden nacional o territorial o en el Instituto de Seguros Sociales

[artículo 7], además de que extendió el grupo de beneficiarios a los padres y hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, cuando faltaren el cónyuge o compañera(o) permanente del causante y los hijos menores o inválidos [artículo 3].

En similar sentido, el De creto 1160 de 1989 prescribe la sustitución pensional de forma vitalicia a favor i) del cónyuge o compañero permanente e hijos menores de

inválidos [artículo 3].

En similar sentido, el De creto 1160 de 1989 prescribe la sustitución pensional de forma vitalicia a favor i) del cónyuge o compañero permanente e hijos menores de edad o incapacitados para trabajar por estudios o invalidez y ii) en subsidio, a favor de los padres o hermanos inváli dos que dependan económicamente del causante que al momento del fallecimiento gozaba de pensión o había consolidado el derecho a pensionarse por jubilación, invalidez o vejez.

Luego, con la expedición de la Ley 100 de 1993, se estableció dentro del Régime n General de Seguridad Social la denominada «pensión de sobrevivientes» que prevé, además de la sustitución de la pensión ya percibida o consolidada por el trabajador fallecido, el reconocimiento de dicha prestación para sus beneficiarios , pese a no haber logrado el estatus pensional en el momento del fallecimiento, siempre y cuando hubiese efectuado un mínimo de cotizaciones establecido por el legislador.

Esta norma, respecto de los beneficiarios prevé lo siguiente:

Artículo 47. Beneficiarios de la pens ión de sobrevivientes. <Expresiones «compañera o compañero permanente» y «compañero o compañera permanente» en letra itálica CONDICIONALMENTE exequibles> <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: […]11

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020)

Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba

siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: […]11

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020) Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este;

[…]

Y el artículo 279 estableció el personal exceptuado de su aplicación, así:

El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regi do por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. […]

Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-461 de 1995, «siempre que su aplicación no vulnere el principio de igualdad»; por ende, al momento de resolver cada caso, el juez debe analizar tanto la norma especial como el régimen general y en caso de que este sea más favorable, debe proceder a su aplicación.

de 1995, «siempre que su aplicación no vulnere el principio de igualdad»; por ende, al momento de resolver cada caso, el juez debe analizar tanto la norma especial como el régimen general y en caso de que este sea más favorable, debe proceder a su aplicación.

Por otro lado, en lo referente a la aplicación de sus disposiciones, el artícu lo 288 prescribió que todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho «a la vigencia de la presente ley» a que le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta ley.

En este orden, aunque, en principio, la Ley 100 de 1993 no resulta aplicable a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entre otros servidores, por estar expresamente excluidos, dicho personal puede beneficiarse de sus mandatos, por virtud del principio de favorabilidad; ello, claro está, tratándose de situaciones jurídicas que se consoliden a partir de su entrada en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de esta ley.12

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020)

Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba

En este orden, como en el régimen especial no se previó nada en relación con el derecho de la pensión de sobrevivientes a favor de los padres, se debe acudir a la normativa general contenida en la Ley 100 de 1993, que sí los incluyó en el orden de beneficiarios de dicha prestación.

2.2.2. De la dependencia económica

normativa general contenida en la Ley 100 de 1993, que sí los incluyó en el orden de beneficiarios de dicha prestación.

2.2.2. De la dependencia económica

La dependencia económica fue definida por esta Subs ección como «aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su modus vivendí. Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiado o amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero desprendida de ostentación o suntuosidad alguna. […]».5

Por su parte, la Corte Constitucional, mediante sentencia C – 111 de 2006, 6 al pronunciarse sobre el alcance de l a dependencia económica en la protección constitucional de los derechos fundamentales de los beneficiarios de la pensión, consideró lo siguiente:

[…] la dependencia económica supone un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económ ica no siempre es total y absoluta como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario.

Con fundamento en lo anterior, la Corte declaró inexequible la expresión «de forma

los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario.

Con fundamento en lo anterior, la Corte declaró inexequible la expresión «de forma total y absoluta» y estableció las reglas jurisprudenciales que permi ten determinar si una persona es o no dependiente económicamente de otra , en los siguientes términos:

5 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2012. Núm. interno: 0448-2012. 6 M.P. Rodrigo Escobar Gil.13

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00427 01 (3380-2020)

Demandante: María del Socorro Díaz de Córdoba

[…] la jurisprudencia [ha diseñado] un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente 7, a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos:

1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.8

2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.9

3. No constituye independencia económica recibir otra prestación 10. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.11

otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.11

4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.12

5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.13

6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica.14

Posteriormente, la Corte Constitucional , en la sentencia C –066 de 2016 ,15 nuevamente se refirió a la exigencia de la dependencia económica para los padres del pensionado, en el siguiente sentido:

7 Sobre la materia se acoge el concepto proferido por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, del pasado 19 de agosto de 2004, Consejero Ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce. Radicación No. 1579. 8 Sentencia T-574 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 9 Sentencia SU-995 de 1999, M.P.