CE - 130012333000201500784011SENTENCIA20240119164555

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)

Demandantes: Rafael Enrique Pretel Martínez Demandado: Procuraduría General de la Nación, PGN Tema: Sanción de destitución e inhabilidad general a servidor público de elección popular por parte de la Procuraduría General de la

Nación

Sentencia de segunda instancia __________________________________________________________________

Asunto

La Sal a decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 28 de mayo del 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de decisión 1, que negó las pretensiones de la demanda.

I.- Antecedentes

1. La demanda

1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, Rafael Enrique Pretel Martínez, demandó la nulidad de los siguientes actos administrativos sancionatorios:

→ Acto administrativo del 27 de mayo del 2015 emitido por la Procuraduría Provincial de Cartagena, a través del cual se dispuso sancionarlo con destitución

sancionatorios:

→ Acto administrativo del 27 de mayo del 2015 emitido por la Procuraduría Provincial de Cartagena, a través del cual se dispuso sancionarlo con destitución e inhabilidad por el término de 15 años, en su condición de concejal de Turbaco Bolívar 2012-2015 y presidente de esa corporación para el período 2012 , por haber extendido el Acuerdo 021 del 30 de noviembre de 2012 «por medio del cual se aprobó el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Turbaco para la vigencia 2013 », consignando en él modificaciones sustanciales contrarias a la realidad, que se tradujeron en la creación, eliminación, reducción y adición de partidas presupuestales, que no fueron aprobadas por el Concejo municipal de Turbaco.

1 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.2

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)

Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez

→ Acto administrativo del 24 de julio del 2015 emitido por la Procuraduría Regional de Bolívar, en el que al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión administrativa sancionatoria.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la PGN : (i) restituirlo en el cargo de concejal para el cual fue elegido, (ii) pagarle los honorarios dejados de percibir como consecuencia de la destitución, así como, las sumas correspondientes a seguridad social, (iii) eliminar la sanci ón de los registros y

restituirlo en el cargo de concejal para el cual fue elegido, (ii) pagarle los honorarios dejados de percibir como consecuencia de la destitución, así como, las sumas correspondientes a seguridad social, (iii) eliminar la sanci ón de los registros y antecedentes disciplinarios que obren en los sistemas de información del órgano de control y (iv) el pago de costas.

1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se destacan los siguientes:

El 16 de noviembre de 2012, a través de la Secretaría General de la Alcaldía de Turbaco, Myron Martínez Ramos, alcalde municipal para ese momento, presentó ante el concejo el «proyecto de presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Turbaco para la vigencia fiscal de enero 1 a diciembre 31 de 2013» documento recibido el 20 de noviembre de 2012 en dicha corporación2.

Para el estudio y aprobación del proyecto fue designada la Comisión Tercera de Presupuesto integrada por los concejales Oscar Carrillo Carrillo, Rayzza Ahumada Ochoa, Leonardo Cabarcas Marrugo, Juan Cantillo Acuña y Rafael Pretelt Martínez, siendo este último el ponente del mismo, según consta en el acta 943 de sesión del concejo del 20 de noviembre de 2012, en la que también consta que el presupuesto enviado a través del proyecto estaba incompleto y que hacían falta las asignaciones civiles.

Según el inf orme del 2 5 de noviembre de 2012 4 que rindió la citada Comisión respecto del primer debate al proyecto, éste fue aprobado casi en su integridad como lo había presentado el alcalde municipal, salvo por los artículos 51 y 59 que

respecto del primer debate al proyecto, éste fue aprobado casi en su integridad como lo había presentado el alcalde municipal, salvo por los artículos 51 y 59 que no fueron aprobados y el artículo 44 al que se le sugirieron algunas modificaciones;

2 Índice 2 de Samai , expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1 folios 191 al 224 3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1 folios 111 al 129 4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1 folios 130 al 1423

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022) Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez junto con el informe se relacionaron como anexos el presupuesto de ingreso, financiación gastos de financiamiento y financiación gastos de inversión.

El segundo debate al proyecto de acuerdo con tentivo del presupuesto se surtió en la plenaria del Concejo el 30 de noviembre de 2012 en el que fue aprobado el Acuerdo 021 «por medio del cual se aprueba el presupuesto general del municipio de Turbaco Bolívar para la vigencia fiscal 2013», en las mismas condiciones que en el primer debate, según consta en el acta No 1025.

El 31 de enero de 2013 6, Alonso Ignacio Torres Espinosa, presentó queja ante la

Turbaco Bolívar para la vigencia fiscal 2013», en las mismas condiciones que en el primer debate, según consta en el acta No 1025.

El 31 de enero de 2013 6, Alonso Ignacio Torres Espinosa, presentó queja ante la Procuraduría Provincial de Cartagena en contra de Rafael Pretelt Martínez, en su condición de presidente del Concejo en el período 2012, en la que señaló que este «adulteró o falseó una gran cantidad de los ítems o rubros de manera dolosa en el Acuerdo No. 021 del 30 de noviembre de 2012 "POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIP IO DE TURBACO BOLÍVAR PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013", (…); cabe resaltar que todas las adulteraciones o falsedades están ubicadas dentro de los numerales 1) y 2) del artículo 2° del citado acto administrativo» y relacionó dichas adulteraciones en los siguientes rubros:

«1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEPTO: Gastos de funcionamiento y transferencias municipales; transferencias organización de control; funcionamiento del concejo municipal; gastos de funcionamiento, servicios personales indirectos, honorarios profesionales; remuneración servicios técnicos; gastos generales del sector central; adquisición de servicios; mantenimiento de activos fijos; seguros; servicios públicos; arrendamiento de bienes inmuebles; gastos de trans porte concejales zona rural; gastos de seguridad industrial; transferencias de ley; transferencias corrientes; pago de vigencias anteriores personería y concejo municipal; sentencias y conciliaciones; pago vigencia anterior déficit funcionamiento; consejo Municipal de paz; transferencias de funcionamiento IMDERT.

2. GASTOS DE INVERSION

transferencias de ley; transferencias corrientes; pago de vigencias anteriores personería y concejo municipal; sentencias y conciliaciones; pago vigencia anterior déficit funcionamiento; consejo Municipal de paz; transferencias de funcionamiento IMDERT.

2. GASTOS DE INVERSION SECTOR/PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTO: EDUCACIÓN: calidad educativa; construcción infraestructura educativa; mantenimiento infraestructura educativa; dotación material didá ctico; capacitación estudiantes (pre -icfes);transporte escolar; programa seguro estudiantil; transporte escolar; bilingüismo -recurso regalías; cátedra local-recursos de regalías; pagos déficit vigencias anteriores educación. SALUD: REGIMEN SUBDIDIADO: auditoria interventoría régimen subsidiado; SALUD PÚBLICA: riesgos profesionales, salud infantil convenio ESE Hospital; PAl programa ampliado de inmunización; otros gastos de funcionamiento en salud; Pagos de vigencias anteriores salud; OTROS SECTORES: Planes estratégicos para la ciudad vial, plan de tránsito y apoyo logístico; sector defensa y seguridad; sector vivienda: programa y proyectos de

5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1 folios 111 al 129 6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1 folios 1 al 94

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022)

Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez

1 al 94

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022) Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez vivienda popular; programa de adquisición, legalización y titularización de predios: desarrollo institucional: revisi ón y ajuste POT; escuela de formación ciudadana; concesión amoblamiento urbano.»

El 28 de febrero de 2013, con fundamento en la queja y sus añexos, la autoridad disciplinaria decidió dar apertura a la indagación preliminar 7 contra Rafael Pretelt Martínez por las presuntas irregularidades consistentes en las modificaciones al presupuesto contenido en el Acuerdo 021 del 30 de noviembre de 2012, en razón a que, el acuerdo enviado a la Alcaldía para su sanción fue diferente al aprobado por el Concejo en la sesión del 30 de noviembre del 2012.

Vencida la etapa de indagación preliminar , el 15 de octubre de 2013 , se abrió investigación disciplinaria8 en contra del citado y de Oscar Carrillo Carrillo, Rayzza Ahumada Ochoa, Leonardo Cabarcas Marrugo, Juan Catillo Acuña, Juan González Muñoz, Luis Lambis Gutiérrez, Andrés Marsiglia Cantillo, Donaldo Montes Marriaga, Olivia Santoya Arnedo, Alfredo Arnedo Carrasquilla, Beatriz Buelvas Galván, Paola Rossi Gonzalez e Ivan Gonz ález Burgos, concejales del Municipio de Turbaco , porque de las pruebas recaudadas al parecer se adulteraron varios ítems o rubros en el proyecto de acuerdo presupuestal por parte del Concejo municipal, sin que se siguiera el conducto establecido legalmente para modificar, reducir, eliminar o

porque de las pruebas recaudadas al parecer se adulteraron varios ítems o rubros en el proyecto de acuerdo presupuestal por parte del Concejo municipal, sin que se siguiera el conducto establecido legalmente para modificar, reducir, eliminar o aumentar algún rubro o cuantía de dicho proyecto. Lo anterior, como resultado de la comparación entre el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde, el aprobado en primer y segundo debate en el Concejo y el suscrito por Rafael Pretelt Martínez y Yazmina Arrellano Torres, presidente y secretaria del concejo respectivamente, y enviado para sanción del alcalde.

El 16 de julio de 2014 se adicionó la decisión anterior 9, en el sentido de vincular a la investigación disciplinaria a Myron Martínez Ramos en su condición de alcalde de Turbaco, por cuanto su responsabilidad podría verse comprometida en los hechos materia de investigación.

El 21 de enero de 2015, se evaluó el mérito de la investigación10, formulándose un cargo único a Rafael Pretelt Martínez, en su condición de concejal del municipio de Turbaco y presidente de esa Corporación para el período 2012, por haber incurrido

7 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 1, Cdno 1 folios 108 al 110 8 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «25_130012333000201500784012EXPEDIENTEDIGI20220223102933», Cuaderno 2, Cdno 2 folios 270 al 273 9 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado

«25_130012333000201500784012EXPEDIENTEDIGI20220223102933», Cuaderno 2, Cdno 2 folios 270 al 273 9 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «25_130012333000201500784012EXPEDIENTEDIGI20220223102933», Cuaderno 3, Fol. 585 -856 10 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado « 26_130012333000201500784013EXPEDIENTEDIGI20220223102935», Cuaderno 4, Fl 812 -8355

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022) Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez a titulo de dolo en la falta gravísima del artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002 que alude a «Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley cómo delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o cómo consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo» en este caso la prevista en el artículo 286 del Código Penal11, como, falsedad ideológica en documento público que sanciona con prisión de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses al «servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una

falsedad o calle total o parcialmente la verdad» lo anterior, porque:

«extendió el Acuerdo No. 021 del 30 de noviembre de 2012, por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Turbaco para la vigencia 2013, consignando en ese documento modificaciones sustanciales

«extendió el Acuerdo No. 021 del 30 de noviembre de 2012, por medio del cual se aprueba el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Turbaco para la vigencia 2013, consignando en ese documento modificaciones sustanciales contrarias a la realidad, que se traducen en la creación, eliminación, reducción y adición de partidas presupuestales, que no fueron aprobadas por el concejo municipal de Turbaco.»

En relación con el resto de investigados se resolvió archivar la investigación, porque se encontró acreditado que, respecto a los demás concejales estos solo participaron y aprobaron la modificación efectuada en el artículo 44 y no aprobaron los artículos 51 y 59 del citado acuerdo como consta en los informes y actas de sesión y en cuanto al alcalde si bien dentro de sus funciones le correspondía sancionar u objetar el proyecto de acuerdo , la función de objetar es discrecional y las modificaciones realizadas al proyecto que se convirtió en Acuerdo No. 021 del 30 de noviembre de 2012 ocurrieron en el trámite al interior del Concejo Municipal una vez aprobado por la plenaria en segundo debate, es decir, en el momento en que se suscrib ió dicho acuerdo por el presidente y la secretaria del cuerpo colegiado y se remitió para su sanción a través del oficio HCM-133A-2012 del 4 de diciembre de 2012, etapa en la que no intervino el alcalde.

El 27 de mayo de 2015, luego de resolver se negativamente 12 una solicitud de nulidad presentada por Rafael Pretelt Martínez en el escrito de descargos13, en acto administrativo sancionatorio emitido por el procurador provisional de Cartagena se

El 27 de mayo de 2015, luego de resolver se negativamente 12 una solicitud de nulidad presentada por Rafael Pretelt Martínez en el escrito de descargos13, en acto administrativo sancionatorio emitido por el procurador provisional de Cartagena se dispuso sancionar al demandante con destitución e inhabilidad por el término de 15

11 En adelante CP 12 En auto del 13 de febrero de 2015, que obra en Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI2022022310292 7», Cuaderno 5, Parte 1 cuaderno 5, Cdno5 folios 870 al 872, decisión contra la que se interpuso el recurso de reposición y resuelto 26 de febrero de ese año en el sentido de no reponer la decisión, visible a Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 5, Parte 1 cuaderno 5, Cdno5 folios 889 al 892 13 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado « 26_130012333000201500784013EXPEDIENTEDIGI20220223102935», Cuaderno 4 , Fl 836-8696

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022) Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez años, decisión que fue apelada 14 y confirmada por la Procuraduría Regional de Bolívar en decisión el 24 de julio de 201515.

Por último, en auto del 20 de agosto de 201516 se negó la solicitud de aclaración de

años, decisión que fue apelada 14 y confirmada por la Procuraduría Regional de Bolívar en decisión el 24 de julio de 201515.

Por último, en auto del 20 de agosto de 201516 se negó la solicitud de aclaración de la decisión administrativa sancionatoria , porque estaba dirigida a controvertir aspectos sustanciales del debate jurídico resuelto por el órgano de control.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 29, 40 inciso 5, 121,123 inciso 2, 124,313 numerales 1,2, 4, 5, 315 numerales 3,5 y 6 de la Constitución Política; 4, 5, 6, 9, 13, 19,20, 21, 128, 129, 141, y 142 de la Ley 734 de 2002; 3 numerales 5, 23 literal C, 30, y 32 numerales 7 y 10, de la Ley 136 de 1994 ; 59, 60,63, 64 y demás que regulan el proceso presupuestal del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Organico del Presupuesto y el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Turbaco constituido por el Acuerdo 018 de 1999.

En el concepto de violación el demandante argumentó, en esencia, que los actos administrativos sancionatorios se expidieron mediante falsa motivación, porque, la Procuraduría desconoció que el alcalde Myron Martínez Ramos , delegó su representación en el asesor Edwin Murillo Valdelamar, luego su actuación estuvo respaldada por el mandato que le ha bía sido encomendado al asesor, de ahí que,

Procuraduría desconoció que el alcalde Myron Martínez Ramos , delegó su representación en el asesor Edwin Murillo Valdelamar, luego su actuación estuvo respaldada por el mandato que le ha bía sido encomendado al asesor, de ahí que, al afirmar la autoridad disciplinaria que los ajustes realizados en el informe de la comisión de presupuesto no tenían fundamento legal por no haber sido aprobados por el secretario de Hacienda, quien para la Procuraduría era el único que podía autorizar los ajustes dados en los anexos, se desconoció el mandato constitucional en cabeza del alcalde con relación al presupuesto según el cual es el quien tiene el deber funcional de elaborar y presentar al concejo municipal, el proyecto de presupuesto, para su aprobación y que los montos de ingresos y rentas del proyecto de presup uesto por el presentado, no pueden ser modificados sin su concepto previo y favorable y que en este sentido delegó a l asesor quien participó en la elaboración del citado informe, de manera que s í se presentó alguna modificación ésta fue avalada por la administración municipal.

14 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 5, Parte 3 cuaderno 5, Cdno 5 folios 1038 al 1044 15 Índice 2 de Samai , expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 5, Parte 4 cuaderno 5, Cdno 5, folios 1069 al 1108 16 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado

cuaderno 5, Cdno 5, folios 1069 al 1108 16 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo denominado «24_130012333000201500784011EXPEDIENTEDIGI20220223102927», Cuaderno 5, Parte 4 cuaderno 5, Cdno 5 folios 1115 al 11207

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022) Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez Se violó el artículo 9 de la Ley 734 de 2002 referente a que la duda razonable se debe resolver a favor del investigado , porque, en las pruebas recaudadas se presentaron dudas a su favor, a tal punto que todos los concejales a quienes se le recibió declaración bajo juramento manifesta ron no recordar muchos de los aspectos investigados, no saber sobre hechos y situaciones que se dieron en los debates.

Por último , la autoridad disciplinaria al manifestar que la discrecionalidad administrativa de que goza el alcalde, lo exime de responsabilidad en el evento de que sin su autorización se hubiere cambiado el presupuesto, consignado partidas y rubros no autorizados ni sugeridos por él como jefe de la administración, a pesar de saber que no fue lo asignado en el proyecto de presupuesto que remitió al Concejo para su aprobación , desconoce que de haberse ajustado el presupuesto sin su autorización a este le asistía el deber legal de objetarlo y no lo hizo, contrario a ello lo sancionó.

2. Contestación de la demanda

La PGN se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

La conducta del concejal objeto de investigación es independiente al hecho de el

lo sancionó.

2. Contestación de la demanda

La PGN se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

La conducta del concejal objeto de investigación es independiente al hecho de el alcalde no hubiese objetado el acuerdo, pues pese a que éste no encontró inconvenientes o contrariedades frente a la constitución y a la ley respecto de las modificaciones introducidas en los rubros de presupuesto de inversión y funcionamiento por lo que lo sancionó, se probó que el disciplinado como presidente del Concejo municipal falto a la verdad al expedir el acuerdo incluyendo aspectos que no fueron aprobados por los miembros de ese cuerpo colegiado , además, la sanción del acuerdo en cabeza del alcalde no lleva consigo la legalidad de la actuación del concejal.

Aunque el demandante manifestó que el informe de la comisión fue elaborado de manera conjunta con Edwin Murillo, asesor del alcalde, por lo que se entendía que las modificaciones habían sido avaladas por la administración municipal, lo cierto es que el asesor no tenía facultades para modificar los rubros y partidas presupuestales, pues la competencia para tales efectos recae exclusivamente en el secretario de Hacienda.

Ahora, de aceptarse que las modificaciones en los rubros de funcionamiento e inversión se hubiesen hecho de manera concertada con el referido asesor, en el informe de la comisión no se señal aron, ni se pusieron en conocimiento de los8

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022) Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez demás concejales, conducta reprochada por el operador disciplinario, pues allí solo

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022) Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez demás concejales, conducta reprochada por el operador disciplinario, pues allí solo se relacionaron las objeciones referentes a los artículos 44, 51 y 59 del proyecto presentado por el alcalde.

Finalmente, la valoración de los testimonios fue integral y de ellos se evidenció que Rafael Pretelt Martínez como integrante de la comisión tercera de presupuesto y como ponente del proyecto de acuerdo, no puso en conocimiento de la comisión las modificaciones efectuadas a los rubros y/o apropiaciones del proyecto a fin de someterse a discusión en primer debate, de confo rmidad con l o dispuesto en el artículo 87 del reglamento interno del Concejo Municipal en el que se señala que en la discusión de la ponencia, «el ponente intervendrá para dar explicaciones, aclara los temas debatidos, se consideraran las modificaciones propuestas por el ponente, y las que puedan ser presentadas por el concejal o autoridades municipales con derecho a voz» , contrario a ello, los concejales coincidieron en afirmar que las únicas modificaciones realizadas fueron las acordadas en las respectivas actas.

Por lo que, del material probatorio allegado al expediente se probó que el disciplinado en su condición de presidente de la Corporación, al atender el Acuerdo 021 del 30 de noviembre de 2012, discrecionalmente incorporó las modificaciones presupuestales incurriendo en la descripción típica de falsificación ideológica en documento público, conclusión a la que se llegó no solo del análisis de los testigos sino también de las actas de plenaria del Concejo y en el informe de la comisión de

presupuestales incurriendo en la descripción típica de falsificación ideológica en documento público, conclusión a la que se llegó no solo del análisis de los testigos sino también de las actas de plenaria del Concejo y en el informe de la comisión de presupuesto.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Bolívar, negó las pretensiones de la demandada con fundamento en que:

De las pruebas recaudadas en el proceso administrativo sancionatorio y de su valoración se observ ó que la conclusión a la que llego la autoridad disciplinaria resultó coherente, congruente y clara, pues quedo demostrado que quien suscribió la remisión del proyecto aprobado para su sanción fue el demandante en su condición de p residente de la Corporación , quien sin razón lógica o justificación introdujo modificaciones al documento diferentes a las aprobadas por el consejo , asimismo, se super ó toda duda razonable a favor del demand ante, pues, l a valoración de las mismas fue más allá d e simples inferencias y conjeturas que permitieron obtener el grado de certeza exigido por la ley para decretar responsabilidad disciplinaria.

En el expediente obran pruebas suficientes para sustentar la conclusi ón a la que llego el ente de control, como el oficio de remisión del acuerdo, el proyecto de9

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022) Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez acuerdo, las actas de debate y los testimonios , últimos que guardaron estrecha relación en sus dichos, pues todos fueron coincidentes en afirmar que aprobaron el proyecto tal como fue presentado por iniciativa del alcalde en su momento, es decir,

acuerdo, las actas de debate y los testimonios , últimos que guardaron estrecha relación en sus dichos, pues todos fueron coincidentes en afirmar que aprobaron el proyecto tal como fue presentado por iniciativa del alcalde en su momento, es decir, sin modificaciones; de manera que no se advirtieron dudas o inconsistencias en sus declaraciones ni en sus perfiles que restaran mérito a estos elementos de juicio, por lo que se les dio el valor probatorio pertinente.

Revisado el reglamento interno del Concejo Municipal de Turbaco se extra jo como presunción de hecho que el demandante como ponente, tenía la obligación legal de revisar el acuerdo aprobado y como presidente de redactarlo y enviarlo al representante legal del ente territorial para su sanción, por lo que no es de recibo el argumento de la existencia de una duda razonable que indique que este último no fue el que realizó las modificaciones, siendo su deber redactar y enviar el acuerdo aprobado, como en efecto se probó.

En lo que tiene que ver con la argumentación de que el alcalde debió objetar el acuerdo por no ser el éste el que presentó, se tiene que el artículo 78 de la ley 136 de 1996 establece que este puede objetar los proyectos de acuerdo aprobados por el concejo, es decir, se trata de una facultad discrecional de dicho funcionario; razón por la que la consideración realizada por el demandante carece de sustento por ser potestad del alcalde y no su ob ligación. C ontrario a ello , se tiene que el fue el ponente del proyecto de acuerdo, al igual que la persona que suscrib ió el acuerdo para su respectiva aprobación, por lo que le correspondía la custodia como presidente del Concejo del acuerdo aprobado, y era su deber verificar que tanto el

ponente del proyecto de acuerdo, al igual que la persona que suscrib ió el acuerdo para su respectiva aprobación, por lo que le correspondía la custodia como presidente del Concejo del acuerdo aprobado, y era su deber verificar que tanto el proyecto como el acuerdo fueran acordes en lo estudiado y aprobado en los diferentes debates, máxime que de conformidad con los estatutos de funcionamiento del Concejo era su deber redactar el acuerdo aprobado.

En concl usión, las consideraciones de la Procuraduría fueron ciertas, en el entendido de que al proyecto de acuerdo aprobado se le realizaron modificaciones, sin las competencias y procedimientos establecidos en la ley y no se desvirtuó la responsabilidad disciplinaria del demandante.

4. Recurso de apelación

Rafael Enrique Pretel Martínez, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el que reiteró que los actos administrativos sancionatorios se expidieron mediante falsa motivación y que la valoración probatoria fue inadecuada, porque:10

Radicado: 13001-23-33-000-2015-00784-01 (0844-2022) Demandante: Rafael Enrique Pretel Martínez En el acta No. 094 del día 20 de noviembre del 2012 quedo evidenciado que el proyecto de presupuesto enviado por el alcalde estaba incompleto. En ese sentido, la entidad demandada omitió la valoración integral del acta en la que consta que el Concejal Iván González Burgos indicó la falta de las asignaciones civiles, por lo que fue necesario que la comisión se reuniera con el alcalde para que reso lviera el asunto, y que por ello la concejal Raiza Ahumada, el concejal Oscar Carrillo y el

Concejal Iván González Burgos indicó la falta de las asignaciones civiles, por lo que fue necesario que la comisión se reuniera con el alcalde para que reso lviera el asunto, y que por ello la concejal Raiza Ahumada, el concejal Oscar Carrillo y el como miembro de la comisión, acompañados de los concejales Donaldo Montes y Juan Pico Saavedra acudi eron al despacho del alcalde y le pusi eron en conocimiento las falencias del proyecto presentado.

Que como consecuencia de lo anterior el alcalde delegó y autorizó a Edwin Murillo Valdelamar en calidad de asesor en materia presupuestal del Municipio, para que se reuniera con la comisión y presentara los ajustes para e l estudio del proyecto , como quedo consignado en su declaración.

Que Edwin Murillo Vald