CE - 130012333000202300185011SENTENCIA20231026160855

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Título
CE - 130012333000202300185011SENTENCIA20231026160855
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 130012333000202300185011 Recurso de apelación contra la sentencia de 6 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar

Solicitante: LUIS CARLOS MURILLO MARMOL

TESIS: SE CONFIRMA EL DECRETO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA

DE CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO (BOLÍVAR), AL

INCURRIR EN INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS,

LUEGO DE SUSCRIBIR CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE

ANCHETAS QUE INCLUÍAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REGALOS DE

NAVIDAD CON DESTINO A PERSONAS NATURALES DE ESE ENTE TERRITORIAL, TRANSGREDIENDO LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 355 CONSTITUCIONAL Y 41, NUMERAL 7, DE LA LEY 136 DE 1994, ASÍ

COMO EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD DEL GASTO

PÚBLICO POR ORDENAR LA EROGACIÓN DE UN OBJETO O ACTIVIDAD

NO INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionado contra la sentencia de 6 de julio de 2023, proferida por la Sala Plena

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionado contra la sentencia de 6 de julio de 2023, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se decretó la pérdida de investidura del concejal del municipio de

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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2 Cantagallo (Bolívar) , señor ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA , por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano LUIS CARLOS MURILLO MARMOL, actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del concejal del municipio de Cantagallo (Bolívar), señor ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA , por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la causal de pérdida de investidura establecida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 2, y 48, numeral 4, de la 617 de 6

pérdida de investidura establecida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 2, y 48, numeral 4, de la 617 de 6 de octubre de 2000 3, esto es, por indebida destinación de dineros públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de pérdida de investidura invocada:

Indicó que el accionado fue elegido concejal del munici pio de Cantagallo (Bolívar), para el período constitucional 2020-2023, cargo del cual tomó posesión el 20 de enero de 2020 y fue elegido presidente el 18 de noviembre de ese año.

2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 3 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas p ara la racionalización del gasto público nacional”.Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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3 Manifestó que como representante legal y ordenador del gasto del

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3 Manifestó que como representante legal y ordenador del gasto del Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar), el citado concejal suscribió el contrato de suministro núm. 02-2020 de 15 de diciembre de 2020 con la sociedad PROFESIONALES INTEGRALES SERPROINT CONTA S.A.S., cuyo objeto fue el suministro de 13 anchetas y 375 regalos para niños desplazados de la zona rural, el cual fue cumplido y pagado al contratista.

Adujo que los recursos con los cuales se pagó el valor de este contrato, provienen del rubro denominado ‘GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/MATERIALES Y SUMINISTRO’ lo que prueba que el accionado, como presidente del Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar), destinó dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, toda vez que el objeto no guarda relación alguna con el funcionamiento de esa corporación, sumado a que no existe norma que habilite a los concejos la compra de anchetas y regalos destinados a niños desplazados de su población.

Agregó que la entrega de recursos en dinero o especie a privados está prohibida por el artículo 355 de la Constitución Política, por lo que resulta preciso afirmar que el accionado también transgredió el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617.

Sostuvo que el accionado actuó con dolo porque suscribió el citado contrato conociendo la imposibilidad de pactar ese tipo de objetos con recursos que han sido destinados , exclusivamente, para el

artículo 48, numeral 4, de la Ley 617.

Sostuvo que el accionado actuó con dolo porque suscribió el citado contrato conociendo la imposibilidad de pactar ese tipo de objetos con recursos que han sido destinados , exclusivamente, para el funcionamiento del Concejo del municipio de Cantagallo (Bolívar) , siendo, por demás, una persona con amplio conocimiento de laNúmero único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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4 Constitución Política y la ley, cuya función es pre cisamente respetarlas.

I.3.- El concejal, a través de apoderad o, presentó escrito de contestación en el que se opuso a la pretensión de la solicitud, para lo cual alegó que celebró el contrato de suministro núm. 02-2020 de 15 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta todos los manuales de contratación y demás normas atinentes a la referida adquisición, la cual está amparada por los principios constitucionales y legales, y en la moralidad administrativa que arropa todas las actuaciones en las que se comprometen recursos públicos.

Señaló que sin lucrarse personalmente ni pretender dádivas para un tercero, procuró un beneficio para la comunidad desplazada y menos favorecida, amén de la situación excepcional que se vivía para la época de celebración del contrato, como se evidencia en el

tercero, procuró un beneficio para la comunidad desplazada y menos favorecida, amén de la situación excepcional que se vivía para la época de celebración del contrato, como se evidencia en el expediente contractual con las pruebas documentales, -fotografías-, en las cuales se hizo entrega en época navideña a los menores de edad de anchetas con alimentos para morigerar un poco la situación vivida por esta población.

Recordó que con el avenimiento de la pandemia y en el marco de las medidas de contención que determinaron los gobiernos nacional y municipal, como fue el caso del confinamiento obligatorio (cuarentena), se limitó el accionar operativo y de camp o de las dependencias en la medida en que, frente a la amenaza y riesgos de contagio, se imponía la prudencia, el aislamiento de la población en general y la suspensión de diferentes tipos de actividades, en especial en la primera fase de la emergencia , lo que trajo comoNúmero único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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5 consecuencia la baja ejecución presupuestal de las alcaldías municipales de todo el país.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 6 de julio de 2023, decretó la pérdida de investidura del accionado, para lo cual anunció que encontró acreditada la causal prevista en el artículo 48, numeral 4,

El Tribunal, a través de sentencia de 6 de julio de 2023, decretó la pérdida de investidura del accionado, para lo cual anunció que encontró acreditada la causal prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617, esto es indebida destinación de dineros públicos, por cuanto el concejal ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA , como ordenador del gasto, ejecutó el presupuesto de gastos de funcionamiento asignados a l Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar) en propósitos diferentes a los cuales dichos dineros se encontraban asignados, empleándolos en el suministro de anchetas y regalos navideños a personas desplazadas de la zona rural del ente territorial, finalidad que no atiende a las necesidades del Concejo Municipal o el cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política y la ley.

Mencionó que el accionado en calidad de presidente del Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar), suscribió el contrato de suministro núm. 02 -2020 de 15 de diciembre de 2020 con la sociedad PROFESIONALES INTEGRALES SERPROINT CONTA S.A.S. , por un plazo de tres días, por valor de siete millones de pesos ($7.000.000), cuyo objeto fue el “[…] SUMINISTRO DE TRECE (13) ANCHETAS Y (375) REGALOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS DESPLAZADOS ZONA RURAL, VEREDAS PATICO ALTO, BAJO, ZINZONA Y EL CEDRO […]” , a cargo del presupuesto de renta y

ANCHETAS Y (375) REGALOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS DESPLAZADOS ZONA RURAL, VEREDAS PATICO ALTO, BAJO, ZINZONA Y EL CEDRO […]” , a cargo del presupuesto de renta y gastos de la vigencia fiscal de la época, en el rubro “GastosNúmero único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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6 funcionamiento código 2.2.1.2, Descripción-materiales y suministro, valor $7.000.000”, según el certificado de disponibilidad presupuestal de 15 de diciembre de 2020, suscrito por la Secretaria General del Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar).

Señaló que al revisar la descripción de la necesidad en los estudios previos del citado contrato de suministro, se evidenci ó que el accionado destinó los gastos de funcionamiento en propósitos diferentes a los que dichos dineros se encontraban asignados, como el suministro de anchetas y regalos navideños a personas desplazadas, lo que configuró el elemento objetivo.

En cuanto al elemento subjetivo, indicó que también se configuró por cuanto el ejercicio del cargo de concejal, y en especial el de presidente de dicha Corporación , exige a quien lo ostenta un conocimiento de la normatividad en materia presupuestal, debiendo saber las limitaciones legales en la destinación de los recursos públicos, como aquellos previstos para los gastos de funcionamiento

presidente de dicha Corporación , exige a quien lo ostenta un conocimiento de la normatividad en materia presupuestal, debiendo saber las limitaciones legales en la destinación de los recursos públicos, como aquellos previstos para los gastos de funcionamiento y las consecuencias que podrían derivarse de su empleo en otras actividades distintas a las previstas en la ley, sin previo traslado o autorización para ello; y sin que pueda a legarse como justificación válida la situación generada por la pandemia, en atención a que el objeto contractual tampoco tuvo relación con las necesidades asociadas a esta última, como serían la adquisición de tapabocas, alcohol, toallas de papel, antibacteriales, entro otros el ementos propios para la prevención del virus.Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El accionado interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, en el que solicita revocar la decisión del a quo y, en su lugar, denegar la pérdida de investidura, con fundamento en que hubo una ‘omisión en la valoración del elemento subjetivo de la conducta’, toda vez que el a quo analizó, únicamente, el acervo probatorio de manera objetiva y con base en presunciones legales, contrarias a la buena fe.

Manifiesta que si bien es cierto y está probado en el expediente la

conducta’, toda vez que el a quo analizó, únicamente, el acervo probatorio de manera objetiva y con base en presunciones legales, contrarias a la buena fe.

Manifiesta que si bien es cierto y está probado en el expediente la suscripción del contrato de suministro núm. 02 -2020 de 15 de diciembre de 2020, su objeto y finalidad se vieron orientados por la satisfacción e interés superior de todos los menores en condición especial de desplazamiento residentes en la zona rural y de difícil acceso del municipio de Cantagallo (Bolívar), el cual, por su iniciativa personal, en un acto desinteresado y de buena fe, autorizó la suscripción de dicho contrato ún icamente impulsado por la consecución de un bien mayor de interés social.

Sostiene que son dignos hechos de valoración subjetiva las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo los cuales se desarrolló y ejecutó dicho contrato, que data del año 2020, per íodo en que, a nivel mundial, nacional, departamental y municipal, la humanidad presenciaba una emergencia económica, social y sanitaria sin precedentes; y que en Colombia todos los estamentos del sector público, en marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, fueron llamados a optimizar recursos públicos y facultados para utilizar dineros presupuestados en rubros distintos a losNúmero único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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8 orientados, a atender emergencias en salud o en general en atender las necesidades de las poblaciones más vulnerab les, como los son niños, niñas, desplazados, víctimas, discapacitados, adultos mayores, etc.

Anota que impulsado por la consumación de un beneficio mayor al servicio de su comunidad, finalizando el primer año de su per íodo constitucional, teniendo a disposición recursos que estaban llamados a ayudar a las poblaciones más vulnerables, y en vigencia de una de las fechas más simbólicas y emotivas para los feligreses de la fe católica como lo es la navidad y el nacimiento del sagrado niño Jesús, no hay culpabilidad en su actuar pues su única finalidad fue la de llevar algo de esperanza y genuina felicidad a niños de esas poblaciones.

Señala que nunca percibió utilidad o favorecimiento para sí o para terceros durante la ejecución de dicho contrato, por cuanto se descarta de plano que su conducta haya estado encaminada en un actuar doloso o gravemente culposo, toda vez que este fue exitosamente ejecutado y los únicos beneficiados fueron los niños de la zona rural de las veredas Patico Alto, Bajo, Zinzona y Cedro en el municipio de Cantagallo (Bolívar).

De igual forma, alega la ‘vulneración del principio de buena fe en la valoración de la conducta’, toda vez que de manera desafortunada y

municipio de Cantagallo (Bolívar).

De igual forma, alega la ‘vulneración del principio de buena fe en la valoración de la conducta’, toda vez que de manera desafortunada y en una omisión implícita del principio de buena fe, ante lo manifestado en la contestación de la solicitud, se acreditó la comisión de una conducta no cometida bajo las calidades que le imputan, en la cual no existe rasgo de culpabilidad alguna, y porque no es posibleNúmero único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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9 omitir situaciones concretas de cada caso en particular cobijadas bajo el principio de buena fe.

Agrega que carece de estudios profesionales, que solo culminó el bachillerato, fue ayudante de obras civiles y se desempeñaba en oficios varios, pero que su iniciativa, aptitud y carisma lo llevaron a sacar adelante su proyecto político en el máximo órgano de control político de su municipio, -con el respaldo de miles de votantes que confiaron en sus calidades y dignidades-, por lo que su inexperiencia y desconocimiento evidencian ausencia de dolo o culpa grave.

Por último, aduce que el fallo incurrió en ‘violación del principio de justicia rogada’ al resultar incongruente con la solicitud, toda vez que en la providencia se desarrolló extensivamente la supuesta configuración del elemento subjetivo pero el solicitante era quien tenía esa carga argumentativa que omitió; y que el Tribunal no solo

justicia rogada’ al resultar incongruente con la solicitud, toda vez que en la providencia se desarrolló extensivamente la supuesta configuración del elemento subjetivo pero el solicitante era quien tenía esa carga argumentativa que omitió; y que el Tribunal no solo subsanó la carga que le correspondía al solicitante sino que tampoco hizo una valoración probatoria íntegra y adecuada, afectando así los principios de debido proceso y justicia rogada.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14, numeral 3, de la Ley 1881, no fue descorrido por el solicitante ni por el Agente del Ministerio Público.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídicoNúmero único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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10 En los precisos términos de la solicitud de desinvestidura, en consonancia con lo sostenido tanto en su contestación como en el recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala establecer si el concejal del municipio de Cantagallo (Bolívar), señor ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA , durante el ejercicio de su período constitucional 2020 -2023, incurrió en la comisión de la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos,

MARÍA BENJUMEA GARCÍA , durante el ejercicio de su período constitucional 2020 -2023, incurrió en la comisión de la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos, prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, a partir de la celebración del contrato de suministro núm. 02 -2020 de 15 de diciembre de 2020 con la sociedad

PROFESIONALES INTEGRALES SERPROINT CONTA S.A.S.

V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como causal de pérdida de investidura de concejal4

Con relación a la controversia sometida al estudio de l a Sala, se advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] Ley 136

Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los concejales perderán su investidura por: (…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

“[…] Ley 617

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación 50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación 50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación

de radicación 50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación 50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación 66001233300020180024601.Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: (…)

4. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3 de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los concejales, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados; b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; c. Cuando aplica los dineros a objet os, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento. d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas. f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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12 g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros […]”5 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista

de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 2012, señaló que, aunque la causal no es tá definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en las normas legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha definido. La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el concejal destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos […]”6 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 20037 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 20037 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera ponente María Claudia Rojas Lasso. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera ponente Olga Inés Navarrete Barrero.Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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13 pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí

traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal

de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de 20058 señaló: “[…] Para la configuración de la causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero ponente Tarsicio Cáceres Toro.Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01

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14 artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos como son la conducta y el fin […]”

En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede demandar la pérdida de investiduraes necesario, que el

dos elementos como son la conducta y el fin […]”

En el primero –como se exige para las demás causales por las que se puede demandar la pérdida de investiduraes necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al destinar los recursos públicos a materias, actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceras personas, etc. […]” (Negrillas y subr

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