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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 63001-33-33-006-2021-00070-01 (2421-2022)

Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández Demandado: Procuraduría General de la Nación, PGN Temas: Sanción de suspensión a servidor público de elección popular convertida en multa

Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.- La demanda

1.1.- Pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, Néstor Fabian Herrera Fernández demandó la nulidad de los actos administrativos sancionatorios de primera y segunda instancia: (i) del 25 de abril de 2019 expedido por la Procuraduría Regional de l Quindío, por medio del cual fue sancionado con destitución en el cargo de concejal de Armenia e inhabilidad general por 10 años, y

por la Procuraduría Regional de l Quindío, por medio del cual fue sancionado con destitución en el cargo de concejal de Armenia e inhabilidad general por 10 años, y (ii) del 25 de agosto de 2020 emitido por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, que modificó la sanción impuesta por suspensión en el ejercicio del cargo por 6 meses, convertida en multa, porque para el momento de su expedición había culminado su período como concejal.

2. A título de restablecimiento del derecho el demandante solicitó que se condenara a la PGN a: (i) pagarle $20000.000 por concepto de daño emergente, referidos a los gastos incurridos en la defensa técnica en el proceso disciplinario, (ii) pagarle 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMLMV, por los daños morales

1 Previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

CPACA.2

Radicado: 63001-33-33-006-2021-00070-01 (2421-2022) Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández que le ocasionaron las publicaciones que se realizaron en medios de comunicación de la sanción que le fue impuesta, y (iii) pedirle disculpas públicas por la vulneración a sus derechos políticos.

1.2.- Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

3.1. El 18 de agosto de 2016, Emerson Castaño González presentó queja ante la Procuraduría Regional del Quindío contra el entonces concejal de Armenia Néstor Fabian Herrera Fernández, porque el Consejo de Estado - en segunda instancia - le

3.1. El 18 de agosto de 2016, Emerson Castaño González presentó queja ante la Procuraduría Regional del Quindío contra el entonces concejal de Armenia Néstor Fabian Herrera Fernández, porque el Consejo de Estado - en segunda instancia - le retiró su investidura debido a que se posesionó para el periodo 2016 -2019, pese a estar inhabilitado, por cuanto su cónyuge Katherine Pulecio era la contralora del municipio.

3.2. Por medio de auto del 14 de septiembre del 2016 la Procuraduría Regional del Quindío abrió a indagación preliminar por la posible vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidad para el ejercicio público de concejal municipal, providencia que fue notificada por edicto el 4 de octubre de 2016.

3.3. Mediante auto del 14 de marzo del 2017 la Procuraduría Regional del Quindío determinó continuar adelante con el proceso y resolvió negativamente una solicitud de archivo presentada por el investigado.

3.4. A través de auto de l 5 de septiembre de 2018 la Procuraduría Regional del Quindío citó a audiencia en la que decidió tramitar la actuación por el procedimiento verbal y formular un único cargo contra el investigado por haber incurrido a título de culpa gravísima - por desatención elemental -, en la falta gravísima del artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, que alude a «actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses […]». Que para el caso sería la inhabilidad contenida en el artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000 - modificatoria de la

de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses […]». Que para el caso sería la inhabilidad contenida en el artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000 - modificatoria de la Ley 136 de 1994 -, atinente a «quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero d e afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito […]»:

«NÉSTOR FABIÁN HERRERA FERNÁNDEZ, (…) en su condición de Concejal electo en Armenia (Quindío), para el periodo Constitucional 2016 -2019, presuntamente transgredió el régimen de inhabilidades, al inscribirse (23 -07-2015formulario E-6 CO) y ser elegido como Concejal del Municipio de Armenia (Quindío) (25-10-2015), toda vez que al momento de hacerlo, su cónyuge KATHERINE PULECIO GÓMEZ, ejercía el cargo de Contralora Provincial, nivel Directivo, Grado 01 Gerencia Departamental Colegiada Quindío de la Contraloría General de la República, nombramiento que se hizo según Resolución ordinaria No. 811170001062-2015 del 23 de abril de 2015, posesionada según acta del 4 de mayo de3

Radicado: 63001-33-33-006-2021-00070-01 (2421-2022) Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández 2015 (folios 69), cargo que según Resolución No.0215 del 11 de marzo de 2013

(competencias laborales) ejerce au toridad administrativa, situación que lo

Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández 2015 (folios 69), cargo que según Resolución No.0215 del 11 de marzo de 2013

(competencias laborales) ejerce au toridad administrativa, situación que lo inhabilitaba para inscribirse y ser elegido».

3.5. La audiencia pública inició el 27 de septiembre de 2017 y continuó los días 2, 8, 19 y 22 de octubre de 2018. En ella el demandante presentó escrito de descargos, la autoridad disciplinaria decretó y practic ó pruebas y el disciplinado presentó alegatos.

3.6. El 25 de abril de 2019 en audiencia y luego de agotarse todas las etapas procesales, se emitió el acto administrativo sancionatorio de primera instancia en el que se declaró probado el cargo único formulado y se determinó como consecuencia jurídica, la destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 10 años.

3.7. En la audiencia Néstor Fabian Herrera Fernández interpuso recurso de apelación contra la decisión sancionatoria. Al día siguiente, 26 de abril de 2019, sustentó la alzada y propuso nulidad por falta de competencia de quien emitió la sanción.

3.8. El 16 de julio del 2020 Néstor Fabian Herrera Fernández presentó una solicitud de reconocimiento de silencio administrativo positivo a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa , en aplicación del artículo 52 del CPACA, porque transcurrió más de 1 año desde el momento en el que sustentó el recurso de apelación y aún no se había resuelto.

para la Vigilancia Administrativa , en aplicación del artículo 52 del CPACA, porque transcurrió más de 1 año desde el momento en el que sustentó el recurso de apelación y aún no se había resuelto.

3.9. El 25 de agosto del 2020, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa emitió decisión administrativa de segunda instancia, notificada el 02 de octubre del 2020 por medios electrónicos , en la cual modificó la sanción para finalmente imponerle al disciplinado una suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 6 meses, convertida en multa por cesación de las funciones en el cargo.

3.10. Sobre la nulidad por falta de competencia, la referida providencia sancionatoria de segunda instancia la rechazó porque (i) fue el procurador regional del Quindío quien emitió la decisión de instancia y se le garantizó al disciplinado el dere cho al debido proceso y defensa; (ii) aunque se presentó una disparidad de criterios, este, fue dirimido de conformidad con la resolución 074 de 2017 del procurador general de la Nación , pues, al ser el disciplinado un funcionario de elección popular y por tratarse de un proceso de trascendencia hubo necesidad de someter el criterio inicial del fallo proyectado por el procurador Regional del Quindío a una sala de procuradores regionales para discutir y resolver el asunto, es decir, garantizar una decisión colegida, la cual, de acuerdo con la resolu ción precitada se conformó por la Procuraduría Regional del Quindío y la Procuraduría Regional de Risaralda, no obstante, ante la falta de unanimidad en los criterios se designó a un tercer4

la Procuraduría Regional del Quindío y la Procuraduría Regional de Risaralda, no obstante, ante la falta de unanimidad en los criterios se designó a un tercer4

Radicado: 63001-33-33-006-2021-00070-01 (2421-2022) Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández procurador para desempatar la controversia y adoptar la decisión.

3.11. Frente a la petición de reconocimiento del silencio administrativo positivo, se negó por cuanto el procedimiento disciplinario esta regulado por una ley especial y no le son aplicables las disposiciones del régimen sancionatorio contenido en el CPACA.

3.12. Finalmente, el título de culpabilidad se varió lo que dio origen a la modificación de la sanción porque el operador de instancia la calificó como gravísima por desatención elemental, sin embargo, se acreditó que el disciplinado ante el conocimiento de que posiblemente podía estar incurso en una causal de inhabilidad acudió al concepto de profesionales del derecho, no obstante, se conformó con tales manifestaciones y no acudió a otros medios para dilucidar sus dudas y evitar eludir o violar la ley y los principios de la función pública , por lo tanto, a juicio de la autoridad de segunda instancia se debía calificar como culpa grave.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 52 del CPACA y 128, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002.

5. En cuanto al concepto de violación, el demandante sostuvo en primer lugar, que el acto administrativo de segunda instancia se expidió sin competencia y se debió aplicar el silencio administrativo positivo, porque la autoridad disciplinaria tardó más

5. En cuanto al concepto de violación, el demandante sostuvo en primer lugar, que el acto administrativo de segunda instancia se expidió sin competencia y se debió aplicar el silencio administrativo positivo, porque la autoridad disciplinaria tardó más de 1 año para emitir decisión de segunda instancia dentro del proceso administrativo sancionatorio, puesto que, el 25 de abril de 2019 interpuso el recurso de apelación contra el acto administrativo de primera instancia notificado en audiencia pública, debidamente sustentado el 26 de abril del 2019 y la decisión de segunda instancia fue adoptada el 26 de agosto de 2020 , notificada el 2 de octubre de 2020 . Precisó que aunque la Ley 734 de 2002 no regula el plazo que tiene el operador disciplinario de segunda instancia para resolver el recurso de apelación , al sub judice resultan plenamente aplicable las disposiciones del CPACA sobre el procedimiento general sancionatorio y las consecuencias del silencio administr ativo, máxime, porque cumplió con los presupuestos señalados en tales disposiciones para hacerse beneficiario del silencio administrativo positivo , allegando los respectivos documentos a la entidad demandada, no obstante, su petición fue descartada con el argumento de que el procedimiento disciplinario de la Ley 734 es de naturaleza especial, sin tener en cuenta que, precisamente, respecto a esta situación el ordenamiento especial no tiene una norma expresa.

6. En segundo lug ar, el demandante adujo la expedición irregular del acto administrativo porque no hubo certeza probatoria sobre la existencia de la falta, debido a que el concepto jurídico del Ministerio Público en el proceso de nulidad5

6. En segundo lug ar, el demandante adujo la expedición irregular del acto administrativo porque no hubo certeza probatoria sobre la existencia de la falta, debido a que el concepto jurídico del Ministerio Público en el proceso de nulidad5

Radicado: 63001-33-33-006-2021-00070-01 (2421-2022) Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández electoral seguido en su contra, la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 3 de junio de 2016 dentro del radicado 63001-23331-000-2015-00377-00 y la d iscrepancia interpretativa de responsabilidad disciplinaria al interior de la misma PGN, demuestran la inexistencia de la inhabilidad o por lo menos la di ferencia de interpretaciones requerida para la certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad disciplinaria, no obstante, la autoridad disciplinaria llegó a conclusión diferente porque no valoró los documentos antes mencionados, es decir , sin apreciar la totalidad de las pruebas existentes en el proceso administrativo.

2.- Contestación de la demanda

7. La entidad demandada se pronunció en forma extemporánea2

3.- La sentencia apelada3

8. El Tribunal Administrativo de Quindío mediante sentencia proferida el 10 de diciembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda . Para

tal efecto, se pronunció en estos términos:

8.1. Aunque la Ley 734 de 2002 señala un término para la adopción del fallo de segunda instancia, no estableció consecuencia alguna en caso de que no se diera

tal efecto, se pronunció en estos términos:

8.1. Aunque la Ley 734 de 2002 señala un término para la adopción del fallo de segunda instancia, no estableció consecuencia alguna en caso de que no se diera cumplimiento a los plazos fijados para tal efecto, razón por la cual a la actuación surtida por la PGN le es aplicable las disposiciones del CPACA, norma general que suple los vacíos de regulaciones especiales que no disponen reglas particulares sobre procedimiento sancionatorio, en consecuencia, hubo un desconocimiento de la entidad demandada frente al artículo 180 de la Ley 734, toda vez que el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo sancionatorio se resolvió por fuera del plazo de 10 días, prorrogable por 10 más en caso de requerirse la práctica de pruebas -evento que no ocurrió -, por lo que el per íodo para resolver el recurso culminó el 13 de mayo de 2019, pero la decisión se adoptó el 25 de agosto de 2020 y se notificó el 02 de octubre de 2020, fecha para la cual el funcionario ya había perdido competencia para resolver el recurso y ya había operado el silencio administrativo positivo lo que implicaba que el recurso se entendería fallado a favor del recurrente.

8.2. Así, pese a que desde el 17 de marzo hasta el 25 de mayo de 2020, según se colige de la Resolución 204 de 2020 estuvo suspendido los términos para adoptar la decisión para cuando se adoptó dicha medida ya había finiquitado el plazo

2 Según constancia secretarial visible a Índice 2 de samai, expediente digital, archivo

la decisión para cuando se adoptó dicha medida ya había finiquitado el plazo

2 Según constancia secretarial visible a Índice 2 de samai, expediente digital, archivo ED_ENVIOCE_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, documento 0013PasoDespacho 3 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo ED_ENVIOCE_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, documento 028Sentencia1Instancia6

Radicado: 63001-33-33-006-2021-00070-01 (2421-2022) Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández especial con el que contaba la entidad para proferir la decisión de segunda instancia y ya se había cumplido el término de un año de que trata el artículo 52 del CPACA para proferir y notificar la decisión sobre el recursos, pues fue decidido y notificado 1 año, 5 meses y 6 días después de haber sido interpuesto . En conclusión, era procedente la aplicación del artículo 52 del CPACA en atención al principio de favorabilidad que es de carácter constitucional.

8.3. En cuanto a la expedición irregular del acto administrativo, la PGN si analizó el material probatorio aportado por Néstor Fabián Herrera, distinto es que no le hubiese otorgado el valor que éste le pretendía endilgar. Además, de que no l e asistía razón a la parte demandante, pues en últimas lo que se pretendía era reabrir el debate en torno a la existencia o no de una inhabilidad, discusión, que había sido zanjada a través del fallo emitido por el órgano de cierre de e sta jurisdicción el 28 de julio de 2016, el cual hizo tránsito a cosa juzgada. Igualmente, los elementos de

zanjada a través del fallo emitido por el órgano de cierre de e sta jurisdicción el 28 de julio de 2016, el cual hizo tránsito a cosa juzgada. Igualmente, los elementos de prueba cuya valoración se discute, comportan decisiones o criterios de interpretación que no eran definitivos en la controversia, de una parte porque: (i) los conceptos que emiten los Procuradores no son obligatorios para la autoridad judicial o administrativa ante los cuales se presentan, (ii) la decisión emitida por esta Corporación en primera instancia dentro del proceso de nulidad electoral, era pasible de ser revocada o modificada y (iii) la existencia de criterios interpretativos al interior de una sala de decisión no implica que una u ot ra posición esté errada , en otras palabras , los documentos alegados como desconocidos no tenían la virtualidad o el alcance probatorio que la parte demandante les atribuye.

8.4. En cuanto al restablecimiento del derecho , se negaron las pretensiones de reparación de los daños materiales y morales reclamados, porque frente a los honorarios del abogado no devienen de una carga desproporcionada, pues la apertura de la actuación disciplinaria adelantada por la PGN se ajustó a sus obligaciones y tuvo fundamento en un comportamiento previsto en la norma como falta, sumado a que no aparece a creditado tal gasto pues el testimonio de Jaime Andrés López Gutiérrez -abogado defensorno tenía la virtualidad de demostrar cuál fue el monto pactado por sus servicios y si bien afirmó que recibió la suma de dinero, lo cierto es que del expediente administrativo se deduce que en un inicio hubo otro abogado representando los intereses del disciplinado y no se aportó

cuál fue el monto pactado por sus servicios y si bien afirmó que recibió la suma de dinero, lo cierto es que del expediente administrativo se deduce que en un inicio hubo otro abogado representando los intereses del disciplinado y no se aportó ningún respaldo documental a su versión.

8.5. Frente al perjuicio moral por las publicaciones de las sanciones , éste, no se acredito y en todo caso no le eran atribuibles a la entidad demandada, en tanto, no fue la que realizó las publicaciones y en cuanto a la valoración de la historia clínica se demostró que el disciplinado estaba siendo tratado por un diagnóstico de depresión que no tenía un único hecho generador, por lo que no e ra dable atribuir como única y exclusiva causa del desarrollo de la enfermedad la actuación legítima de la entidad demanda ; finalmente, en cuanto a que producto de la sanción de7

Radicado: 63001-33-33-006-2021-00070-01 (2421-2022) Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández primera instancia se le impidió al disciplinado ser electo en el 2019 es un evento incierto y meramente especulativo, pues el solo hecho de que tuviera una aspiración a un cargo de elección popular al que ya había sido electo antes, no era garantía de su reelección.

4.- El recurso de apelación

9. La entidad demandada interpuso recurso de apelación4 y lo sustentó así:

9.1. Se propone analizar la situación desde una perspectiva analógica del derecho a una solución oportuna en las controversias judiciales a los procedimientos administrativos, en tanto, se comparten principios y derechos f undamentales

9.1. Se propone analizar la situación desde una perspectiva analógica del derecho a una solución oportuna en las controversias judiciales a los procedimientos administrativos, en tanto, se comparten principios y derechos f undamentales aplicables tanto al contexto judicial como al administrativo sancionatorio . En ese sentido, argumenta que la falta de celeridad en las decisiones judiciales n o necesariamente vulnera las garantías del debido proceso, puesto que, para que se considere una vulneración del debido proceso, es necesario que las garantías vulneradas afecten el conjunto que lo conforma y, por ende, obstaculicen la realización del derecho a una justicia oportuna.

9.2. En el caso particular, la respuesta oportuna del operador disciplinario no solo depende de la diligencia del funcionario, sino también de condiciones propicias, las cuales pueden verse afectadas por circunstancias externas como la pandemia de Covid-19, condiciones, que no fueron completamente consideradas por el juez de primera instancia, sin analizar l a tensión entre la necesidad de celeridad en las decisiones y el derecho al debido proceso.

9.3. En consecuencia, l a declaración de nulidad por pérdida de competencia del operador disciplinario obstaculiza el proceso disciplinario y genera resistencia frente a la función disciplinaria de la PGN, que al igual que la función judicial depend e no solo de la diligencia del operador sino de otras circunstancias a la que se adicionaría dicha declaratoria de nulidad , que podría convertirse en una amenaza adicional . Que, en efecto la pérdida de competencia por incumplimiento del término eventualmente debe ser discutida no solo por las partes en un proceso inter partes, sino por todos los actores con el fin de desarrollar legislación que llene el vacío legal

Que, en efecto la pérdida de competencia por incumplimiento del término eventualmente debe ser discutida no solo por las partes en un proceso inter partes, sino por todos los actores con el fin de desarrollar legislación que llene el vacío legal encontrado por el a quo frente a las consecuencias de no fallar en los términos legales, sin que sea aplicable en esta discusión.

9.4. Asimismo, que la jurisprudencia de las Altas Cortes 5, a diferencia de lo manifestado por el juez de primera instancia, ha señalado que el no cumplimiento

4 Índice 2 de samai, expediente digital, archivo ED_ENVIOCE_RVENVIOEXPEDIENTE(.msg) NroActua 2, carpeta 030RecursoApelacion, documento Recurso de Apelación 5 Sentencias SU 910 de 2005 de la Corte Constitucional y del del 31 de enero de 2018 en el proceso con radicación 1001-03-25-000-2012-00089-00 (0365-2012) del Consejo de Estado8

Radicado: 63001-33-33-006-2021-00070-01 (2421-2022) Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández de los términos establecidos en la norma no implica per se que los actos administrativos puedan ser considerados como nulos por vulneración al debido proceso. Lo que sí implica, es una probable responsabilidad del operador disciplinario por dicho incumplimiento.

9.5. En suma, que los actos demandados fueron expedidos con el cumplimiento de los requisitos legales para tal fin, esto es, que se encuentran debidamente motivados, fueron emitidos por funcionario competente, con respetó de las garantías

9.5. En suma, que los actos demandados fueron expedidos con el cumplimiento de los requisitos legales para tal fin, esto es, que se encuentran debidamente motivados, fueron emitidos por funcionario competente, con respetó de las garantías procedimentales y obedecieron al procedimiento legal est ipulado por la norma especial – Ley 734 de 2002 –, sin demoras o dilaciones injustificadas, y teniendo en cuenta las circunstancias especiales acaecidas como consecuencia de la declaratoria de la emergencia social y sanitaria por Covid-19.

5.- Pronunciamiento en segunda instancia

10. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad.

6.- El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado, emitió concepto en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia, con fundamento en:

11.1. Frente al estudio de tipicidad de la conducta adujó que si bien fue un asunto ampliamente analizado por los integrantes de la Sala Territorial Disciplinaria, dando lugar a diversidad opiniones, en atención a diferentes conceptos y jurisprudencia tendientes a definir el contenido de la denominada «autoridad administrativa» que ostentaba la cónyuge del investigado y señalada como causal inhabilítate para inscribirse, ser elegido y ejercer el cargo de concejal, este disenso fue zanjado en la sentencia proferida en la segunda instancia en el medio de control de nulidad electoral del 28 de julio de 2016 en la que el Consejo de Estado realizó el análisis referido a la determinación objetiva de las funciones asignadas a la cónyuge del actor, como Contralora Provincial . Además, en segunda instancia se estableció

electoral del 28 de julio de 2016 en la que el Consejo de Estado realizó el análisis referido a la determinación objetiva de las funciones asignadas a la cónyuge del actor, como Contralora Provincial . Además, en segunda instancia se estableció también que entre las disposiciones vulneradas por la conducta d e Néstor Fabian Herrera se encontraba el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de las prohibiciones de los servidores público que contiene el incumplimiento de deberes, por lo que al incurrir en una inhabilidad catalogada como falta en materia disciplinaria también incurrió en otras contenidas en el artículo 23 ejusdem, esto es, faltó a los deberes y a las prohibiciones establecidos para los servidores públicos.

11.2. En este caso se presentó un c oncurso ideal de faltas, es decir, que con una misma acción de manera homogénea el sujeto disciplinable vulnera varias disposiciones disciplinarias y para la dosificación de la sanción era dable aplicar los criterios establecidos en el numeral 2 del artículo 47 de la Ley 734 de 2002.9

Radicado: 63001-33-33-006-2021-00070-01 (2421-2022)

Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández

11.3. En cuanto los argumentos de la defensa sobre la modalidad de culpa a título de culpa gravísima , la autoridad disciplinari a en segunda instancia no estuvo de acuerdo con la modalidad de culpa gravísima por de satención elemental imputada en primera instancia, en tanto, consideró que el actuar culposo del disciplinado se dio en la modalidad de culpa grave, por la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común y/o cualquier servidor público imprime a sus

en primera instancia, en tanto, consideró que el actuar culposo del disciplinado se dio en la modalidad de culpa grave, por la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común y/o cualquier servidor público imprime a sus actuaciones, en unas circunstancias similares, razón, para modificar la sanción.

11.4. Por consiguiente, que el proceso disciplinario adelantado se encuentra debidamente ajustado a las disposiciones constitucionales y legales que fac ultan a la entidad d emandada para sancionar al investigado por la conducta que le fue señalada en el pliego de cargos y que a la fecha de expedición de la decisión del recurso de apelación la acción disciplinaria no ha bía caducado, pues las disposiciones q ue se citan para la declarar la caducidad son las que regulan el régimen sancionatorio general desconociendo que la Ley 734 de 2002 es la norma especial y autónoma aplicable que co ntienen reglas específicas que regulan e l procedimiento sancionatorio disciplinario de los servidores públicos.

II. Consideraciones

7.- Los problemas jurídicos

12. Se circunscriben a los siguientes: ¿la PGN al momento de emitir la decisión de segunda instancia, había perdido la competencia para ello, de acuerdo con el artículo 52 del CPACA? y ¿la PGN expidió en forma irregular los actos acusados al no tener en cuenta para adoptar la decisión (i) el concepto jurídico 011 presentado por el agente del Ministerio Público el 11 de abril de 2016 dentro del proceso de nulidad electoral instaurado contra Néstor Fabian Herrera Fernández , (ii) la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal A dministrativo del Quindío

por el agente del Ministerio Público el 11 de abril de 2016 dentro del proceso de nulidad electoral instaurado contra Néstor Fabian Herrera Fernández , (ii) la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal A dministrativo del Quindío el 3 de junio de 2016 en el proceso radicado 63 -001-23331-000-2015-00377-00 y (iii) la discrepancia interpretativa en torno a la responsabilidad disciplinaria que le otorgara la certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad disciplinaria?

8.- Sobre la inconvencionalidad de la facultad de la PGN para investigar, sancionar, destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular

13. Pese a las dudas planteadas en la Asamblea Nacional Constituyente 6, los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución atribuyen al procurador general de la

6 De acuerdo con lo discutido en la sesión del 24 de abril de 1991 en el seno de la Comisión Cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre la competencia disciplinaria de la PGN respecto de los funcionarios públicos de ele cción popular, la verdadera intención del constituyente primario no10

Radicado: 63001-33-33-006-2021-00070-01 (2421-2022) Demandante: Néstor Fabian Herrera Fernández Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, entre otras, las funciones de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, para efectos de adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.

de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, para efectos de adelantar l