CE - 14 Sentencia 69141GrupoarancelPar 0 20241209105828307

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00870-01 (69141) Actor: Cooperativa de Transportes de Urabá y Occidente Antioqueño y otros Demandado: Nación-Congreso de la República y otro Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Temas: Hecho del legislador / Daño antijurídico - ausencia / daño derivado de la declaratoria de inexequibilidad / arancel judicial - Ley 1653 de 2013.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se demanda la reparación de los daños causados al grupo demandante por el pago del arancel judicial creado por la Ley 1653 de 2013 y que fue declarado inexequible en la sentencia C-169 de 2014 de la Corte Constitucional.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la proferida el 23 de agosto de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda de reparación de perjuicios causados a un grupo 1 presentada el 27 de mayo de 2014 2, por la Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente Antioqueño y otros, en

Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda de reparación de perjuicios causados a un grupo 1 presentada el 27 de mayo de 2014 2, por la Cooperativa de Transportadores de Urabá y Occidente Antioqueño y otros, en contra de la Nación-Congreso de la República y la Rama Judicial, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables por el pago que efectuaron los miembros del grupo mientras estuvo vigente el arancel judicial.

2. Los actores solicitaron una indemnización por concepto de perjuicios materiales consistente en la devolución debidamente actualizados de los dineros pagados para todos aquellos que lo acreditaran3.

3. Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró -en síntesis -, que el Congreso de la República creó el arancel judicial mediante la Ley 1653 de 2013; no obstante, la norma se declaró inexequible a través de sentencia C-169 de 2014. Por esta razón, los miembros del grupo pagaron el referido arancel sin tener que hacerlo, entre el 15 de julio de 2013 y el 1° de abril de 2014.

1 El grupo se delimitó por todos aquellos que pagaron el arancel judicial establecido en la Ley 1653 de 2013, mientras estuvo vigente. 2 Folios 1-7, 80-81 del cuaderno 1. La demanda y su reforma fueron debidamente admitidas a través de autos de 9 de junio y 24 de octubre 2014. 3 “1. Declarar administrativamente responsables a la Nación -Rama Judicial y a la Nación -Congreso de la República de los perjuicios causados a los miembros del grupo al haber expedido -el primero una ley (sic) -

3 “1. Declarar administrativamente responsables a la Nación -Rama Judicial y a la Nación -Congreso de la República de los perjuicios causados a los miembros del grupo al haber expedido -el primero una ley (sic) - ilegítima e inconstitucional y al haber recaudado -el segundouna contribución parafiscal contenida en una ley declarada inconstitucional. 2. Como consecuencia de lo anterior, los demandados deberán pagar solidariamente a los miembros del grupo demandante las sumas que éstos a su vez pagaron con fundam ento en la ley inconstitucional, de acuerdo a los montos que se prueben dentro del proceso. 3. Las sumas reconocidas en la sentencia deberán ser debidamente actualizadas”.Radicación: 05001-23-33-000-2014-00870 01 (69141) Actor: Cooperativa de Transportes de Urabá y otros Demandado: Nación-Congreso de la República y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

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4. Según la demanda, el extremo pasivo de la litis es responsable por falla en el servicio, dado que se expidió una ley que trasgredía las disposiciones constitucionales4.

La defensa

5. El Congreso de la República 5 se opuso a las pretensiones. Manifestó que los perjuicios no estaban demostrados, porque en el evento de que los demandantes resultaran beneficiados en el proceso judicial donde pagaron el arancel, el demandado finalmente debía retribuir el valor pagado a través de las costas, de conformidad con el inciso 4°6 del art. 6° de la Ley 1653 de 2013.

6. Bajo estas consideraciones, propuso las excepciones de: i) “ineptitud sustantiva

conformidad con el inciso 4°6 del art. 6° de la Ley 1653 de 2013.

6. Bajo estas consideraciones, propuso las excepciones de: i) “ineptitud sustantiva de la demanda por falta de justificación sobre la procedencia de la acción de grupo”, porque las personas naturales no hacían parte del grupo, pues no tenían condiciones uniformes con las personas jurídicas; ii) “errónea interpretación del sujeto pasivo de la Ley 1653 de 2013”, en tanto que quien pagaba el arancel era la parte vencida; y, iv) “falta de derecho subjetivo de la cooperativa ‘Cootransuroccidente’ y de la empresa Emprestur S.A. por la no existencia de perjuicios”, dado que no se acreditó un fallo que negara las pretensiones.

7. La Rama Judicial7 pidió que se negaran las pretensiones, porque el arancel no fue reclamado por los interesados en el curso de los procesos en donde fue pagado.

Además, precisó que la erogación no era ilegal, pues se cobró cuando la norma se encontraba vigente. Como excepciones propuso las de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que el arancel fue creado por el Congreso de la República y su recaudo solo se debió por el cumplimiento de la ley; y, ii) pleito pendiente, dado que el pago realizado por los representantes del grupo podía reclamarse ante los juzgados en los cuales cursaban los procesos en los que erogó el arancel.

8. Luego de surtirse el debate probatorio 8, en la oportunidad para alegar, la parte demandante precisó que se demostró el monto derivado del recaudo por arancel judicial en el territorio nacional y enfatizó en que hubo una falla en el servicio por

demandante precisó que se demostró el monto derivado del recaudo por arancel judicial en el territorio nacional y enfatizó en que hubo una falla en el servicio por parte de la Rama Judicial al no devolverlo, y del Congreso por la equivocada función legislativa que desplegó. El Congreso de la República y la Rama Judicial reiteraron lo dicho con el escrito de contestación, mientras que el Ministerio Público guardó silencio9.

4 Este fue el único argumento de la imputación. 5 Folios. 57-63 del cuaderno 1. 6 “El arancel se tendrá en cuenta al momento de liquidar las costas, de conformidad con lo previsto en los artículos 393 del Código de Procedimiento Civil y subsiguientes. Al momento de liquidar las costas solo se tendrá en cuenta el valor indexado del arancel judicial, excluyendo del mismo las sanciones previstas en el parágrafo 1° del artículo 5° de la presente ley”. 7 Folios 67-69, 71-72 del cuaderno 1. 8 Mediante auto de 18 de junio de 2015, se abrió el periodo probatorio, dentro del cual se decretaron los siguientes medios de prueba: 1. Las documentales allegadas con la demanda y la contestación. 2. Se libraron oficios: i) al Juzgado 30 Administrativo de Medellín para que remitiera el auto de 4 de diciembre de 2013, la constancia de pago del arancel judicial y la certificación de si se dictó fallo antes del 23 de mayo de 2014 en el proceso 2013-01083; ii) al juzgado 5° Administrativo de Medellín para que remitiera el auto de 14 de noviembre

constancia de pago del arancel judicial y la certificación de si se dictó fallo antes del 23 de mayo de 2014 en el proceso 2013-01083; ii) al juzgado 5° Administrativo de Medellín para que remitiera el auto de 14 de noviembre de 2013, la constancia del pago del arancel judicial y la certificación de si se dictó fallo antes del 23 de mayo de 2014 en el proceso 2013 -00301; iii) a la Corte Constitucional para que certificara la ejecutoria de la sentencia C-169 de 2014; iv) al Consejo Superior de la Judicatura para que remitiera copia de la circular PSAC14 -7 de 2014 y la DEAJC 14 -45 de 2014, así como de todos aquellos relacionados con las directrices para lograr el recaudo del arancel judicial. Folios 125.126 del cuaderno 1. 9 Índices 145 a 149 del Samai del Tribunal.Radicación: 05001-23-33-000-2014-00870 01 (69141) Actor: Cooperativa de Transportes de Urabá y otros Demandado: Nación-Congreso de la República y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

3 La sentencia recurrida

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia10 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el pago del arancel judicial no significó un daño antijurídico. Al respecto precisó que mientras la decisión que saca la norma del ordenamiento jurídico no haya modulado sus efectos hacia el pasado -ex tunc-, los administrados se encontraban en el deber de cumplirla mientras estuvo vigente11. Por ello, era plausible el cobro y pago del arancel judicial hasta que se declaró inexequible en

jurídico no haya modulado sus efectos hacia el pasado -ex tunc-, los administrados se encontraban en el deber de cumplirla mientras estuvo vigente11. Por ello, era plausible el cobro y pago del arancel judicial hasta que se declaró inexequible en providencia que tuvo efectos a futuro -ex nunc-12.

10. Enfatizó que el daño era eventual, dado que la norma que creó el arancel judicial estableció que estaba a cargo de la parte vencida a través de las costas, y a favor del contribuyente cuando el juez no cumpliera los términos judiciales. Dicha situación era clara si se tenía en cuenta que, mediante la circular DEAJC14 -45 de 2014, se fijó un procedimiento para su devolución.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

11. En su apelación13, la parte actora cuestionó que para la fecha de presentación de la demanda no existía el precedente citado por el a quo; por el contrario, la tesis pacífica propendía por la antijuridicidad del daño al advertirse una declaratoria de inexequibilidad. Por esta razón, se dio una “aplicación retroactiva” que conllevó a menoscabar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, sin escatimar que en reiteradas decisiones se procuró por no emplear tesis jurisprudenciales que no estaban vigentes al momento en que se acudió a la jurisdicción14.

12. Discutió que el a quo erró al considerar que la circular DEAJC14 -45 de 2014 estableció un procedimiento para la devolución del arancel judicial atinente a este caso, pues bastaba con su lectura para concluir que el proceso ahí establecido se supeditó solamente para aquellos ca sos en los que el arancel se hubiere pagado

estableció un procedimiento para la devolución del arancel judicial atinente a este caso, pues bastaba con su lectura para concluir que el proceso ahí establecido se supeditó solamente para aquellos ca sos en los que el arancel se hubiere pagado después de notificada la sentencia C-169 de 2014.

13. Debatió que el daño era cierto, en tanto que con ocasión de la inexequibilidad del arancel igualmente se suprimieron las causales de “devolución” referidas al pago conforme a las costas y a favor del contribuyente por la vulneración de términos judiciales, por lo que materialmente era imposible que los afectados con dicha erogación pudieran recobrarlo en el proceso judicial.

14. Al pronunciarse sobre el recurso15, la Rama Judicial insistió en los argumentos esbozados a lo largo del proceso, mientras que el Ministerio Público pidió que se confirmara el fallo de instancia. En su criterio la sentencia que declaró inexequible el arancel judicial tuvo efectos a futuro, por lo que su cobro no era antijurídico mientras estuvo vigente. Además, el grupo podía solicitar la devolución del mismo,

10 Índice 150 del Samai del Tribunal. 11 Sobre el particular citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de marzo de 2018, exp. 28769, M.P.: Danilo Rojas Betancourth. 12 Sobre la excepción de inepta demanda, sostuvo que el grupo debía ser determinable no determinado, por lo que de la demanda podía establecerse una causa común al daño. La de pleito pendiente la descartó, porque no existía otro proceso por la misma causa. 13 Índice 154 del Samai del Tribunal.

que de la demanda podía establecerse una causa común al daño. La de pleito pendiente la descartó, porque no existía otro proceso por la misma causa. 13 Índice 154 del Samai del Tribunal. 14 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2020, exp. 39947, M.P.: Martín Bermúdez; sentencia de 30 de abril de 2021, exp. 2020-0406801 AC, M.P.: Ramiro Pazos Guerrero. 15 En los términos del art. 12 de la Ley 2213 de 2022, se corrió traslado del recurso de apelación a las partes y al Ministerio Público, mediante auto del 17 de marzo de 2023. Índice 12 del Samai.Radicación: 05001-23-33-000-2014-00870 01 (69141) Actor: Cooperativa de Transportes de Urabá y otros Demandado: Nación-Congreso de la República y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

4 pues el procedimiento establecido en la circular DEAJ14 -45 de 2014 no se limitó a los pagos efectuados después del fallo de constitucionalidad 16. Los demás intervinientes del proceso guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

15. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación17.

Aspecto preliminar

16. De conformidad con la causa petendi, la responsabilidad patrimonial tuvo origen en el daño antijurídico causado por el pago del arancel judicial entre el 15 de julio

Aspecto preliminar

16. De conformidad con la causa petendi, la responsabilidad patrimonial tuvo origen en el daño antijurídico causado por el pago del arancel judicial entre el 15 de julio de 2013 y el 1° de abril de 2014, es decir, desde el momento de la vigencia de la Ley 1653 de 2013 y hasta su declaratoria de inexequibilidad conforme la sentencia C-169 de 2014. Además, la imputación se hizo a título de falla del servicio derivada de la “expedición” de una ley que trasgredía la Constitución Política -CP-.

17. La responsabilidad expuesta en esos términos no tiene por finalidad señalar que el daño haya tenido por causa una actuación de la Rama Judicial, pues el menoscabo aquí deprecado obedece a la expedición de una ley, cuya competencia está restringida al Congreso de la República -art. 150 de la CP-.

18. Aunque en la pretensión primera 18 del libelo se señaló que la Rama Judicial debía responder por haber “recaudado” el arancel judicial, lo cierto es que la pretensión resarcitoria no se atribuyó a una causa distinta a la de haber expedido la ley declarada inexequible. Así, el hecho generador del daño no devino del cobro del arancel judicial, en la medida en que la ent idad se limitó a cumplir la disposición legal.

19. Por estas razones, no existe criterio ni fundamento fáctico de imputación que permita vincular la conducta o comportamiento de la Rama Judicial para con los actos o hechos que concretaron el daño, por lo que solamente el Congreso de la República se encuentra materialmente legitimado para conformar el extremo pasivo,

permita vincular la conducta o comportamiento de la Rama Judicial para con los actos o hechos que concretaron el daño, por lo que solamente el Congreso de la República se encuentra materialmente legitimado para conformar el extremo pasivo, según lo expuesto en la causa petendi, por lo que en relación con el primer ente público se confirmará la decisión de primera instancia19.

El objeto del recurso de apelación

20. Como se ha reseñado, el objeto de la apelación se circunscribe a verificar si debe aplicarse la jurisprudencia vigente al momento de presentación de la demanda para concluir que el daño alegado es antijurídico. Por otro lado, se debe analizar si el trámite consagrado en la circular DEAJC14 -45 de 2014 era procedente para el

16 Índices 10 y 16 del Samai. 17 El daño se atribuye al pago por el arancel judicial que efectuó el grupo. Este fue creado con la Ley 1653 de 2013 y declarado inexequible con la sentencia C -169 del 19 de marzo de 2014. Por lo anterior, la demanda presentada el 27 de mayo de ese mismo año fue oportuna, pues se presentó dentro del término de 2 años establecido en el literal h, numeral 2° del art. 164 del CPACA. 18 “1. Declarar administrativamente responsables a la Nación -Rama Judicial y a la Nación -Congreso de la República de los perjuicios causados a los miembros del grupo al haber expedido -el primero una ley (sic) - ilegítima e inconstitucional y al haber recaudado -el segundouna contribución parafiscal contenida en una ley declarada inconstitucional”. 19 De conformidad con el art. 282 del CGP, el operador judicial en cualquier tipo de proceso debe declarar

ilegítima e inconstitucional y al haber recaudado -el segundouna contribución parafiscal contenida en una ley declarada inconstitucional”. 19 De conformidad con el art. 282 del CGP, el operador judicial en cualquier tipo de proceso debe declarar oficiosamente las excepciones, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa.Radicación: 05001-23-33-000-2014-00870 01 (69141) Actor: Cooperativa de Transportes de Urabá y otros Demandado: Nación-Congreso de la República y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

5 reclamo del grupo y, por esa vía, desatar igualmente si el arancel podía ser reembolsado a través de las costas.

Caso concreto

21. La Sala señala que los cargos planteados por la recurrente no están llamados a prosperar, por lo que confirmará la sentencia apelada.

22. Debe dejarse claro que la aplicación de la jurisprudencia de unificación obedece a lo que en ella se define, por lo que no media un derecho o expectativa a conservar una regla preponderante al momento de presentación de la demanda de cara al futuro ejercicio de la función unificadora del Consejo de Estado.

23. La tesis según la cual se asignaba responsabilidad por falla en el servicio al Congreso de la República en el año 2014 -fecha de presentación de la demandano era pacífica y, por tanto, no era la preponderante en la jurisdicción contenciosa administrativa.

24. Múltiples decisiones se expidieron en casos similares para la época de presentación de esta demanda. Por ejemplo, en fallo de 24 de octubre de 201320, la

administrativa.

24. Múltiples decisiones se expidieron en casos similares para la época de presentación de esta demanda. Por ejemplo, en fallo de 24 de octubre de 201320, la Subsección B de la Sección Tercera de la Corporación negó las pretensiones de la demanda porque el daño carecía de antijuridicidad dado que los efectos del fallo de inexequibilidad eran a futuro. El 26 de marzo de 2014 21, esta misma subsección determinó que la antijuridicidad del daño no dependía de los efectos de su inexequibilidad y aunque esta conclusión fue reiterada por otras subsecciones22, lo cierto es que fue dejada sin efectos en sede de tutela al concluir que el daño dependía de los efectos del fallo de constitucionalidad 23. El 20 de octubre de ese mismo año, se volvió sobre la primera tesis24.

25. Las discrepancias antes reseñadas conllevaron a que el 13 de marzo de 201825, la Sección Tercera de la Corporación unificara su jurisprudencia en lo que hace a los daños derivados del hecho del legislador por la declaratoria de inexequibilidad de una norma. Precisó en esa oportunidad la Sala que para determinar la responsabilidad en estos casos debían tenerse en cuenta los efectos del fallo de constitucionalidad en procura de establecer si la parte tenía el deber o no de soportarlo.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subección B, sentencia de 24 de octubre de 2013, exp. 26690, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. “ En vista de lo anterior, el pago efectuado por la parte demandante al Estado de conformidad con lo establecido en los artículos consagrados

de octubre de 2013, exp. 26690, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. “ En vista de lo anterior, el pago efectuado por la parte demandante al Estado de conformidad con lo establecido en los artículos consagrados en la Ley 633 de 2000, y que posteriormente fueron declaradas inexequibles, no resultó antijurídico y, por lo tanto no puede desconocerse por parte de esta jurisdicción los efectos de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, quien al ser la única que puede modular los efectos de sus fallos, lo hace bajo unos parámetros que responden a la ‘necesidad imperan te de garantizar, en determinados casos, el respeto a la supremacía constitucional y la defensa de los derechos fundamentales. Siendo la Constitución la norma jurídica principal y primordial del ordenamiento jurídico’, o que en palabras de la Corte “los ef ectos concretos de la sentencia de inexequibilidad dependerán entonces de una ponderación, frente al caso concreto, de los principios encontrados: la supremacía de la Constitucional – que aconseja atribuir a la decisión efectos ex tunc (…) - y el respeto a la seguridad jurídica –que, por el contrario, sugiere conferirle efectos ex nunc”. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de marzo de 2014, exp. 28741, M.P.: Enrique Gil Botero. 22 Consultar, entre otras, sentencia de 29 de enero, 9 de abril y 11 de junio de 2014, exps. 26072, 28496, 29901, M.P.: Hernán Andrade Rincón. 23 Decisión de 7 de abril de 2016, en la cual se amparó el derecho fundamental al debido proceso del Congreso

M.P.: Hernán Andrade Rincón. 23 Decisión de 7 de abril de 2016, en la cual se amparó el derecho fundamental al debido proceso del Congreso de la República y de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, exp. 11001-03-15-000-2014-02171-00, M.P.

Martha Teresa Briceño de Valencia. Esta decisión fue confirmada en sede de impugnación por la Sección Quinta de la Corporación en providencia de 25 de agosto de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate. La sentencia de reemplazo fue proferida el 31 de octubre de 2016, M.P. Guillermo Sánchez Luque. 24 Exp. 29355, M.P.: Jaime Orlando Santofimio. 25 Exp. 28769, M.P.: Danilo Rojas Betancourth.Radicación: 05001-23-33-000-2014-00870 01 (69141) Actor: Cooperativa de Transportes de Urabá y otros Demandado: Nación-Congreso de la República y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

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26. Explicó el fallo de unificación que si la decisión tuvo efectos retroactivos, esto es, si se entendía que la ley desapareció desde su expedición, las consecuencias patrimoniales que pudo causar serían antijurídicas. Por el contrario, si tuvo efectos a futuro, es decir, la ley solo se retiró a partir de la sentencia de constitucionalidad, ciertamente no tendría efectos antijurídicos, pues desde su expedición y hasta su declaratoria de inexequibilidad fue válida y aplicable.

27. Así mismo, se determinó que en estos casos la demanda de reparación directa era procedente, pues si bien existía un procedimiento para la devolución de

declaratoria de inexequibilidad fue válida y aplicable.

27. Así mismo, se determinó que en estos casos la demanda de reparación directa era procedente, pues si bien existía un procedimiento para la devolución de obligaciones aduaneras y tributarias -arts. 850 a 865 del Estatuto Tributario -, lo cierto es que en este tipo de procesos se buscaba la indemnización de un daño antijurídico.

28. Esta decisión de unificación tiene plena aplicabilidad al medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo cuando tenga origen en un asunto de responsabilidad extracontractual del Estado, pues la especialidad de su proceso y el número plural de actores con condiciones específicas que pueden concurrir, no desdice que su fuente continúe en el art. 90 de la CP, mismo sobre el cual se fundó la unificación referida

29. Por lo anterior, el a quo aplicó el criterio vigente frente a la responsabilidad por el hecho del legislador y, por tanto, no debía imponerse el razonamiento que estimaba el recurrente según la fecha de presentación de su demanda.

30. Si bien el recurrente cuestionó que en varias oportunidades esta Corporación decidió acudiendo a tesis jurisprudenciales vigentes al momento de presentación de la demanda26; lo cierto es que aquellas situaciones versaban sobre la procedibilidad de una demanda frente a la pretensión que, a la luz de la nueva interpretación, imponían una declaratoria que afectaba el acceso a la administración de justiciaacción improcedente, caducidad, entre otros-27.

31. Dicha situación es distinta a la del sub examine, en la medida en que el cambio jurisprudencial no afectó la procedibilidad de la demanda interpuesta, sino el criterio

acción improcedente, caducidad, entre otros-27.

31. Dicha situación es distinta a la del sub examine, en la medida en que el cambio jurisprudencial no afectó la procedibilidad de la demanda interpuesta, sino el criterio de imputación atribuido al hecho de legislador y la configuración de la antijuridicidad del daño, circunstancia que, a falta de una modu lación por parte del fallo de unificación, es de aplicación inmediata.

32. Agotados los cargos frente a la aplicación de la jurisprudencia en el tiempo, la Sala determinará la configuración o no del daño como elemento de la responsabilidad deprecada, en procura de definir si fue cierto y antijurídico, como lo propuso el recurrente.

26 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2020, exp. 39947, M.P.: Martín Bermúdez; sentencia de 30 de abril de 2021, exp. 2020-0406801 AC, M.P.: Ramiro Pazos Guerrero. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2011, exp. 19957, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio. “[E]l acceso efectivo a la justicia no puede asegurarse sobre la base de criterios inciertos acerca de la manera como se pueden hacer valer las pretensiones. De ahí que si la jurisprudencia de un órgano de cierre, en un momento determinado señaló un derrot ero y este es seguido por el usuario de la administración de justicia en materia de la acción pertinente para demandar, no puede luego

jurisprudencia de un órgano de cierre, en un momento determinado señaló un derrot ero y este es seguido por el usuario de la administración de justicia en materia de la acción pertinente para demandar, no puede luego sorprenderse a éste último con abruptos cambios jurisprudenciales, que en últimas comprometan el núcleo esencial de su derecho fundamental de libre acceso a la jurisdicción”.Radicación: 05001-23-33-000-2014-00870 01 (69141) Actor: Cooperativa de Transportes de Urabá y otros Demandado: Nación-Congreso de la República y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

7 El arancel judicial, su inexequibilidad y la circular DEAJC14-45 de 2014

33. Mediante la Ley 1653 de 2013 se creó el denominado arancel judicial cuya naturaleza correspondía a una “contribución parafiscal” que buscaba sufragar los gastos de inversión de la administración de justicia. Para tal fin, impuso aquella carga sobre quien fungiera como demandante en los procesos cuyas pretensiones28 fueran dinerarias. Dicha erogación, que correspondía al 1.5% de las pretensionessin superar el tope de 200 SMMLV-, debía ser consignada antes de la presentación de la demanda, pues con ella debía allegar el comprobante de consignación -arts. 2 a 6-.

34. El arancel judicial podía ser reintegrado al extremo activo 29, o devolverse el comprobante para hacerlo valer en otra oportunidad, a través de las costas o cuando el operador judicial en cualquiera de las instancias no fallara en los términos procesales fijados en la ley30. El reembolso se realizaba directamente o a través de

comprobante para hacerlo valer en otra oportunidad, a través de las costas o cuando el operador judicial en cualquiera de las instancias no fallara en los términos procesales fijados en la ley30. El reembolso se realizaba directamente o a través de títulos valores destinados al pago de tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

35. En sentencia C-169 de 2014 se declaró inexequible la Ley 1653 de 2013, porque vulneraba el principio de equidad, en tanto el arancel judicial no consultaba con la capacidad de pago del contribuyente, lo cual introdujo un trato desigual e injustificado entr e sujetos con distinta capacidad económica. Entre otras, el fallo concluyó que aquello representaba una restricción inequitativa para el acceso a la administración de justicia, declarándolo inexequible sin que la Corte Constitucional modulara sus efectos, es decir, no le dio una aplicabilidad retroactiva.

36. Con ocasión del mencionado fallo de inexequibilidad, el Consejo Superior de la Judicatura expidió la circular DEAJC14-45 del 9 de abril de 2014, mediante la cual estableció que la Dirección Ejecutiva y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial debían recibir, tramitar y ordenar las devolucione s del arancel contemplado en la Ley 1653 de 2013. Con este fin, definió que se hacía necesario que se presentara una declaración jurada en donde constara que no se habían efectuado otras solicitudes de devolución por el mismo rubro, ni que ya se hubiera pa gado; igualmente se exigió copia original del comprobante de pago, documento de identidad, entre otros.

37. Vale precisar que la circular no supeditó la devolución a los pagos realizados

hubiera pa gado; igualmente se exigió copia original del comprobante de pago, documento de identidad, entre otros.

37. Vale precisar que la circular no supeditó la devolución a los pagos realizados después de la declaratoria de inexequibilidad; por el contrario, incluso llegó a estipular aquellos eventos en los que se había pagado y no se había presentado la demanda. Por esta razón, era plenamente aplicable al grupo actor.

38. No obstante lo anter